Licencia para matar

James Bond, personaje de ficción era un agente secreto inglés con “licencia para matar” (el creador del personaje, también agente secreto, en la vida real sí la tenía.) El robo de ganado en el Ecuador deja perjuicios millonarios por lo que los ganaderos, grandes y pequeños, enfrentan crisis debido a las bajas económicas por cada atraco. Roban además caballos para faenarlos y vender su carne. Existe hasta chantaje para devolver los semovientes. Por ello se pide autorización a las Fuerzas Armadas para que los ganaderos porten armas, se entiende de fuego.

En los Estados Unidos, por una Enmienda Constitucional, hay el derecho a portar armas y, desde luego, a utilizarlas. Hay que entender que dicho derecho nace en el siglo XIX en un país inmenso donde los particulares tenían que defender su propiedad y vidas frente a la violencia imperante en una nación que aún no organizaba con eficiencia una Policía que garantice la seguridad y propiedad de sus habitantes. Oscar Wilde cuenta que en los bares se ponía carteles que decían: “Prohibido disparar al pianista”. Hoy se mantiene ese derecho sobre todo para garantizar a la Sociedad del Rifle” la venta de armas de todo calibre a los ciudadanos americanos, con los hechos sangrientos que conocemos.

La realidad es que no solo los ganaderos son las víctimas de tales atentados, en consecuencia, una autorización para portar armas debería tener toda la sociedad ecuatoriana, porque la Ley y las disposiciones secundarias jurídicamente deben ser generales, con la consecuencia que la violencia conduce a la violencia, que los primeros en adquirir armas contundentes van a ser los atracadores, pues somos un pueblo pacífico. El momento de la ira, el enojo, o el dolor, no justifica el autorizar medidas violentas, además que pueden llevar a convertir al país en campo de batalla. Además, aquello no garantiza la disminución de la criminalidad ni de la impunidad.

Corresponde dotar a la Policía de instrucción, armas y servicios adecuados, y exigirle prevención y vigilancia permanente de los bienes y vida de todos los ecuatorianos.

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