La no despenalización del aborto en casos de violación genera reacciones

SEP, 19, 2019 |

PROVIDA. Grupos católicos realizaron marchas en la ciudad los meses anteriores. (Foto: Archivo La Hora)

Redacción IBARRA

El artículo 150 del Código Integral Penal (COIP), que trata sobre el aborto, no se modificó. La votación sobre su despenalización en caso de violación concluyó con 65 a favor, 59 en contra y 6 abstenciones. Es decir. Faltaron 5 votos para llegas a los 70 que se necesitaban para aprobarla. Con esta medida, solo una mujer que padezca discapacidad mental y quede embarazada como producto de una violación puede abortar sin ser criminalizada.

Las reformas al artículo 150 tuvo los votos en contra del asambleísta de Imbabura Marcelo Simbaña, la ausencia de José Chala y los votos a favor de Diego García, Silvia Salgado y de la asambleísta nacional Gabriela Rivadeneira. Por Carchi, los asambleístas René Yandún, Javier Cadena y Juan Carlos Yar votaron en contra. Igual que el legislador nacional Fernando Burbano.
 

Aplaude la decisión

Iván Onofre, vicario general de la Diócesis de Ibarra, indicó que la decisión de la Asamblea es un logro para las personas que estiman la vida desde la concepción. “Ha sido lamentable que asambleístas en quienes nosotros pusimos la confianza, hayan dado el voto a favor de la despenalización, cuando en su momento lo que se tuvo que haber tratado en la Asamblea era cómo se va a castigar a quienes cometen violación. Endurecerles las penas. Yo estoy a favor de que a un violador de un niño le den cadena perpetua”.

El padre indicó que va a orar por los asambleístas que votaron a favor de la despenalización. Y señaló que, en caso de que se llegue a rever la decisión, plantearían movilizaciones con la comunidad civil de la provincia. “Cuando han buscado nuestro apoyo, el de la Iglesia Católica, siempre hemos estado dispuestos a apoyar las nobles causas en defensa de la vida”.


Anuncian movilizaciones

Para Gisela Caranqui, activista y comunicadora del colectivo feminista “Más de 8”, la decisión de la Asamblea no fue bien recibida. “El país perdió una oportunidad histórica para el avance de los derechos de las niñas y mujeres. Existe indignación colectiva de quienes conocemos casos cercanos de mujeres y niñas que son obligadas a parir hijos de violadores. Seguiremos realizando acciones para que en Ecuador se despenalice el aborto”.

A esta opinión se suma la abogada y catedrática universitaria Angélica Porras. Ella dijo que es triste que los asambleístas no hayan considerado que en el país hay tres mil personas, menores de 14 años, que cada año son obligadas a tener hijos de quienes las violaron. “Lo que quería es que a la mujer que decida abortar, por haber sido violada, no se le procese penalmente. O sea, que no vaya a la cárcel”.

Sobre el argumento de decir que lo que se debe discutir es la cadena perpetua para los violadores, Porras indicó que esta postura es una confusión. “Una cosa es la violación, que es un delito del victimario, no de la víctima. Si alguien violó, tiene que ser procesada e ir a la cárcel. Y nada tiene que ver con el embarazo”, subrayó. (PTEG) 

Rostro de detenidos en flagrancia

La abogada Angélica Porras indicó que no está de acuerdo con esta medida aprobada por la Asamblea. “Hay un principio fundamental en el derecho constitucional y en el derecho penal, que es el estado o principio de inocencia. Y solo puede ser roto cuando, después de un proceso judicial, se establece que una persona es responsable de un delito”.

La jurista agregó que si bien cambian ciertas circunstancias cuando la persona es detenida en delito flagrante, sobre todo el procedimiento, esto no significa que el rostro del detenido ya pueda ser exhibido como responsable de un delito. “Jurídicamente viola el derecho de defensa y el estado de inocencia de la persona”.

Además, mencionó que la impunidad en el país es un problema porque el sistema de justicia no funciona como deberían. “Este problema no se soluciona poniendo la cara de quienes han cometido un supuesto delito, porque aún no está comprobado. La solución es tener una justicia que responda. Es decir, que procese respetando el debido proceso a quienes están acusados”.

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