Ante la amenaza del narco-terrorismo debemos: 1) Incorporar al COIP un artículo que establezca: «No comete ninguna infracción, quien como agente de la autoridad, miembro de la fuerza pública o ciudadano en ejercicio de sus derechos, mata o hiere en defensa de su integridad, de su familia, de sus bienes o en defensa de otra persona o bienes públicos o privados, durante la agresión o inmediatamente después, en el mismo lugar, o en otro.»
2) Deslegitimar toda protesta vandálica, porque son actos terroristas.
3) Desconstitucionalizar el narco-comunismo para restablecer el Estado de Derecho, otorgando garantías a la fuerza pública para que recupere la normalidad en el país de modo inmediato, cuando esta sea alterada.
4) Armar a la población civil bajo control del CCFFAA, para que se transforme en fuerza de apoyo, a fin de impedir el agotamiento de la fuerza pública, por la continuidad y dispersión de la violencia terrorista.
5) Investigar y armar prueba de la presencia narco-terrorista en Ecuador, Colombia, Perú, Chile.
6) Establecer que se trata de enemigos, que hay que neutralizar.
7) Invitar a abandonar el país, a profesores, médicos, diplomáticos de países que auspician el terrorismo: Cuba, Nicaragua, Venezuela.
8) Expulsar a todo manifestante extranjero.
9) Convocar permanentemente a la población, a asumir una actitud patriótica, a armarse, a impedir la destrucción de bienes nacionales, a defender bienes públicos y privados, sin esperar la actuación de la fuerza pública que es rebasada por los múltiples eventos terroristas. Si no actuamos de éste modo, pronto lamentaremos nuestra irresponsabilidad. Con el narco-terrorismo no se juega, ni conversa, se lo neutraliza. Los sucesos de Chile, Colombia, Ecuador 2019, son guerras asimétricas de primer nivel, anunciadas. Tenemos la obligación de prepararnos. No hacerlo de inmediato, es una torpeza de alto riesgo.