¿Anticorrupción?

La lucha contra la corrupción tiene que repensarse desde las universidades de este milenio porque implica el retoque del factor educativo en la vida cotidiana. Una política pública con sustento académico para que la investigación científica, las tecnologías digitales y la ética sean el fundamento del cambio social. Sin duda, hay que enmendar el Código Penal y otras normas para evitar la impunidad atroz y que, como hoy, presos que nunca devolvieron lo robado empiecen a salir. Un batiburrillo de resoluciones de una (in) justicia impostora que asusta, se reproduce y conmueve a un país saqueado y atónito.

Muchos jueces liberan a narcotraficantes, criminales y ladrones en un precipicio sin fin. La medicina resulta peor que la enfermedad para solucionar la crisis carcelaria actual. Todo vale: enfermos, moribundos o sanos, con tal de calificar en la política de exoneración del delito. De ahí, la impunidad trágica que se cultiva tras la mediocridad de las instituciones de control. Una Asamblea que censura y destituye al Superintendente de Compañías por su inacción en el caso Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía). La comprobada estafa pública demostrada en las cortes de EEUU, pero que no retrata la realidad de la educación superior local, que permite una universidad seudoprivada, deudora de los policías jubilados, vigorosa a vista y paciencia del control estatal.

Varios periodistas enfrentamos procesos judiciales por denunciar actos de corrupción que con el tiempo fueron comprobados -Odebrecht, arroz verde, dispendio Yachay, clan Yunda, repartición de hospitales, caso Isspol, entre otros-. La idoneidad del periodismo veraz fue confundida con injurias y calumnias contra intocables, malos servidores públicos y pésimos rectores universitarios. Pero, ese dilema de la libertad de expresión busca intimidar a la prensa como caballo de batalla. Una corrupción heredada que silencia, esconde investigaciones y desvalija al periodista de coraje y profundidad.

Empero, las instituciones a cargo de la educación superior tienen que reinventarse, transparentar la actuación de funcionarios y rectores que se perpetúan en sus cargos sin evaluación de sus actuaciones pero siguen bajo la retina de la opinión pública. Tal vez los medios audiovisuales, sin abandonar la reportería clásica, tienen la misión de desenmascarar a los corruptos de la justicia y a los deudores de la seguridad social de todos los ecuatorianos. Al final, así se podría abastecer con medicinas los hospitales y evitar que los ladrones no salgan de las cárceles sin devolver lo robado.

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