Mesas de trabajo buscan frenar el tráfico de migrantes en Carchi

Preocupación. La provincia de Carchi es usada por bandas delictivas para el tráfico ilegal de migrantes hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Preocupación. La provincia de Carchi es usada por bandas delictivas para el tráfico ilegal de migrantes hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El problema preocupa a autoridades locales y nacionales, así como organizaciones internacionales.

Redacción CARCHI

El destino final, normalmente, es Estados Unidos. Sin embargo, la provincia de Carchi, al norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, se ha convertido en uno de los sitios de paso de los migrantes ilegales.

El cierre de las fronteras terrestres oficiales, por alrededor de 20 meses por la pandemia de COVID-19, puso en evidencia un negocio que involucra a bandas delictivas organizadas internacionales, con tentáculos prácticamente en todos los países de Sudamérica.

Ante la situación, este 8 de febrero de 2022, instituciones del Estado, junto a organizaciones internacionales, establecieron mesas de trabajo para abordar el tema, donde también se incluye un plan de acción contra la trata de personas.

Coralía Sáenz, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dijo que la trata de personas suele ser confundida con el tráfico ilícito de migrantes, pero ambos tienen fines distintos.

Desde la Fundación Alas de Colibrí, Verónica Supliguicha agregó que a la trata de personas se la conoce como la esclavitud moderna, teniendo como fin último la explotación del ser humano en cualquiera de sus formas, sea laboral, sexual, delictiva, entre otras.

Mientras que sobre el tráfico ilícito de migrantes, mencionó que el objetivo es ofrecer un servicio ilegal a precios excesivos para trasladar a personas de un país a otro evadiendo controles migratorios y fronterizos.

La forma en que operan

Como parte del modo de operaciones de quienes trafican con migrantes ilegales, las autoridades han investigado fachadas de agencias de viajes, en donde se ofertaba los servicios de traslado de personas desde distintos países hasta Centroamérica o Estados Unidos.

En Carchi los ‘coyoteros’ reciben a los migrantes que intentan cruzar a Colombia, los cuales normalmente llegan desde zonas del sur del continente, para luego avanzar a sus destinos finales.

En esta provincia se ha identificado que las redes de tráfico de viajeros operan dando hospedaje, alimentación y traslado hasta Colombia, evadiendo los controles migratorios, por caminos de tercer orden, conocidos como ‘trochas’, por costos que bordeaban los $200.

Hace menos de tres meses se detuvo a 16 personas en Tulcán, capital de Carchi, tras 12 allanamientos por presuntamente formar parte de una organización delictiva dedicada al traslado de personas, en su mayoría haitianos, desde la terminal terrestre hasta Ipiales (Colombia), a través de caminos de tercer orden.

Además, en el lado colombiano se ha identificado una disputa entre bandas delictivas por el control del delito de tráfico de migrantes, que hace menos de dos semanas registró un atentado en la comunidad San Miguel, fronteriza entre Ecuador y Colombia, que puso en alerta a los poblados tanto de Carchi como de Nariño.

Trabajo conjunto

En las mesas de trabajo organizadas este 8 de febrero, se reunieron representantes de la Gobernación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Policía, Fiscalía, gobiernos locales, ministerios de Gobierno, Salud, de Educación, entre otros, donde trataron ejes relacionados a la investigación de casos de tráfico de migrantes, gobernanza, judicialización y prevención.

Aracely Martínez, funcionaria del Ministerio de Gobierno, dijo que la principal respuesta del Estado, respecto a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, es la normativa legal, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como ordenanzas en diferentes ciudades, que se deben aplicar contra los responsables de estos casos.

Además, mencionó la conformación de comités locales, donde participan instituciones públicas y privadas, en provincias como Loja, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y El Oro, con el objetivo de trabajar de manera coordinada las acciones puntuales para abordar esta problemática.

Como parte de las estadísticas, dijo que desde el 2017 hasta el 2021, se ha detenido a un total de 217 personas por casos relacionados al tráfico ilícito de migrantes, mientras que se ha rescatado a 524 víctimas.

Desde la Gobernación de Carchi, por otra parte, se afirmó que se alistan reformas legales, donde se propone sancionar con 15 salarios básicos a los conductores de transporte público y privado que transporten a migrantes sin haber registrado su ingreso legal al país, además de extender los controles migratorios a otros pasos fronterizos, no sólo en el puente de Rumichaca.

El delito de tráfico ilícito de migrantes se sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.