En la provincia de Imbabura las autoridades locales creen necesario más acciones para combatir este tipo de actividades.
Redacción IMBABURA
A pesar de que el Gobierno Nacional anunció “acciones firmes para combatir la minería ilegal” e incluso catalogó a esta actividad como una amenaza a la Seguridad Nacional, en la provincia de Imbabura continúa la explotación irregular de recursos. Ahora, las autoridades locales piden mayores controles y operativos.
Desde la Gobernación de Imbabura informaron que Maritza Jiménez, intendenta general de Policía, junto a Diego Vega, comandante del Ejército acantonado en la provincia, se reunieron con la coordinación general de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para exponer los problemas de minería ilegal en la provincia.
“En dicha cita, a través de la autoridad de control provincial, se solicitó la activación de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi). Este accionar permitirá combatir la actividad ilícita en contra de los recursos mineros en territorio imbabureño”, señalaron.
Problema permanente
Los problemas de minería ilegal en Imbabura son constantes y se dan a pesar de los controles militares que se ejecutan en zonas de conflicto, como Buenos Aires, en el cantón Urcuquí. Cada semana, en esa zona, se localizan campamentos con materiales para extraer ilegalmente los recursos.
En uno de los últimos operativos, por ejemplo, se reportó el hallazgo de alrededor de 50 bocaminas activas, poleas, generadores de luz, tiendas de campaña y cientos de sacos llenos de material minero.
Desde el Ejército se afirma que cuando se encuentran estos campamentos ilegales, se destruye la infraestructura, cierran las bocaminas y se incauta el material extraído. Los uniformados admiten que la falta de personal es un factor que impide que la zona esté siempre resguardada y se pueda erradicar completamente este tipo de actividades ilícitas.
Otros delitos
Según el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que declaró desde enero de 2023 a la minería ilegal como amenaza para la Seguridad Nacional, hay un gran impacto y daños que actualmente representa esta actividad en el ámbito ambiental, laboral y de seguridad.
Este último tema debido a que, según el Gobierno, la minería ilegal es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos, convirtiéndose en una estructura delincuencial.
Precisamente, desde el Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi, acantonado en Imbabura, en su momento informaron que unos mil bultos de los que se decomisan en los campamentos de mineros irregulares representan alrededor de 30.000 kilogramos de material aurífero, que tendrían un valor estimado de de $80.000, que tras su procesamiento en oro aumenta su valor.
Militares y policías coinciden en que este tipo de actividades no responden a ciudadanos comunes que se dedican a la explotación artesanal, sino a estructuras criminales con gran poder económico y organizativo.
Incluso, desde el año pasado se reportó que uno de los principales grupos delictivos organizados del Ecuador, según un informe policial de inteligencia, estaría operando en la provincia de Imbabura, con actividades de extracción de minería ilegal.
Este febrero de 2022, en un operativo contra la minería ilegal, un grupo de policías fue atacado por más de 50 personas.