Luego del desalojo de miles de mineros ilegales, los problemas sociales y ambientales no han sido solucionados en el sector de Buenos Aires.
Redacción IMBABURA
La minería ilegal no ha sido extirpada por completo de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Esta zona, ubicada en el cantón Urcuquí, hasta 2019 se convirtió en uno de los sitios más grandes de explotación ilegal de oro en todo el Ecuador, donde en promedio llegaron a habitar hasta 10.000 personas, en un sector donde antes, normalmente, no llegaban ni a los 2.000 habitantes.
Sin embargo, mineros y personas que comenzaron a lucrar de negocios paralelos a esta actividad ilegal, no se instalaron en la parte urbana de Buenos Aires, sino que construyeron una suerte de ciudad con palos, techos y paredes de plástico en medio de las montañas.
Así como fue creciendo la cantidad de personas que llegaban de a poco, desde mediados de 2017, fueron aumentando las necesidades, por lo que era común ver ‘carpas’ con todo tipo de servicios para los mineros, desde sexuales hasta la capacidad de hacer transferencias bancarias dentro y fuera del país sin tener que salir de la ‘ciudad de plástico’.
Proceso del negocio
Según testimonios de quienes trabajaron en Buenos Aires, la labor consistía en picar artesanalmente las rocas, durante el día y la noche.
Luego, trataban de vender los bultos del material a los negociantes, que en un inicio los movilizaban hasta Portoviejo, principalmente. Pero luego, la estrategia fue procesar el material en la misma montaña de donde salía, lo que se evidenció con grandes piscinas de productos químicos y moledoras gigantes de rocas instaladas en las montañas de Buenos Aires.
Desalojados
En julio de 2019, un operativo nunca antes visto, tras una declaratoria de estado de excepción por parte del Gobierno Nacional exclusivamente para la parroquia de Bueno Aires, miles de policías y militares comenzaron a desalojar a los mineros de los campamentos improvisados de plástico.
En uno de los reportes de las autoridades nacionales de ese entonces, se dijo que el operativo logró que alrededor de 5.000 personas, de distintas nacionalidades y edades, salieran de manera voluntaria de Buenos Aires, de los cuales resultaron alrededor de 30 detenidos, por distintas causas.
Además, como una muestra de la capacidad operativa que tenían los mineros en la zona, se decomisaron decenas de armas de fuego, municiones, motos, más de 100 galones de combustible, más de 2.000 gramos de oro sólido, droga, alrededor de 200 generadores de energía, unos 50 motores de polea, bombas de agua, entre otros elementos usados para el proceso de extracción y procesamiento del oro.
Hasta diciembre de 2021, la minería ilegal no se había extirpado del todo, pues pequeños grupos han sido localizados en los operativos en Buenos Aires, que aún mantienen los militares, pero en un porcentaje mucho menor al reportado hasta 2019.
Problemas ambientales sin remediación
De igual manera, hasta la fecha, la actividad minera ilegal en Buenos Aires deja secuelas de todo tipo, desde sociales hasta ambientales-
En la parroquia todavía existe división y criterios totalmente opuestos sobre el tema de la minería ilegal y también sobre la que es regulada por las concesiones legales que otorga el Estado.
Sobre lo ambiental, por otra parte, aún no existe una remedición en áreas que fueron deforestadas totalmente para instalar campamentos y picar las rocas. Además, al ser un asentamiento improvisado de personas, no se contaba con los sistemas adecuados para recolectar todo tipo de desechos que se generaban, desde químicos por el procesamiento del oro, hasta humanos, por lo que iban a parar al hueco más cercano.
En uno de los últimos recorridos por la zona donde se explotaba el material y vivían las personas, en febrero de 2021, Gerardo Canacuan, de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, expuso que el impacto ambiental negativo que deja la minería ilegal es evidente, mencionando la pérdida de cobertura vegetal, erosión del suelo, afectación paisajística y posibles daños hídricos que han dañado la biodiversidad.
Por otra parte, peritos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, así como del Ministerio del Ambiente, luego del desalojo de los mineros ilegales de Buenos Aires, reportaron que en ciertos campamentos localizaron químicos y combustibles nocivos para el medio ambiente, que eran tratados de forma antitécnica, como ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio, así como molinos, cilindros amalgamadores, tanques de cianuración, entre otros.
En ese entonces, se aseguró que se levantaría un informe técnico para entregarlo a la Fiscalía General del Estado, “para continuar con las acciones correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales del país”; pero dos años más tarde nada ha pasado, según los comuneros de Buenos Aires.
A través de sus testimonios, se conoce que las minas donde se explotaba masivamente el oro quedaron casi abandonadas, pero sin mayores labores del Estado para remediar los daños ambientales, principalmente.
“Sacaron los costales que estaban amontonados cuando hubo el operativo en 2019, pero de ahí del resto de cosas no han topado nada. Aún hay basura, plásticos, motores, poleas y todo tipo de cosas en la ‘ciudad de plástico’, que no van a degradarse con el tiempo ni nadie más las moverá”, comentó uno de los moradores, que pidió guardar su nombre.
También mencionan que es común ver a pequeños grupos o a personas solas que se dirigen a los lugares de explotación del oro, quienes, en algunos casos, son detenidos en los operativos militares y policiales, pero en otros sí logran continuar explotando la tierra ilegalmente.
En dos años, los focos de minería ilegal pasaron de 500 a 600 en todo el Ecuador. Las pérdidas llegan a sumar más de $900 millones al año.
“Sacaron los costales que estaban amontonados cuando hubo el operativo en 2019, pero de ahí del resto de cosas no han topado nada”. Gerardo Canacuan, de la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente.
