Comunidades de Imbabura y Pichincha estarían involucradas en este proceso, que tiene acusaciones de lado y lado.
IMBABURA. – La empresa Servicios Ambientales Rainforest Ecuador (RFEE) rechazó las acusaciones de una supuesta amenaza de despojo de tierras a campesinos de las comunas de Selva Alegre y Quichinche, ubicadas respectivamente en los municipios de Otavalo, provincia de Imbabura; y San José de Minas, provincia de Pichincha.
En respuesta a EFE por una información difundida el pasado sábado a partir de un comunicado de la Fundación ALDEA, la compañía calificó de erradas y difamatorias las acusaciones de despojo de tierras, pirateo de los mercados de carbono y criminalización de los habitantes.
El conflicto se remonta a 2005, cuando la empresa UCPEIN adquirió una propiedad de 80 hectáreas en la parroquia Selva Alegre y, según señaló ALDEA, inscribió «una escritura fraudulenta ‘ampliatoria y aclaratoria'» que supuestamente «modifica enormemente la extensión de una propiedad, pasando de aproximadamente 100 hectáreas a 9.190 hectáreas».
«Con esta escritura fraudulenta la empresa pretendió despojar a propietarios y propietarias locales (por lo menos 162 predios), quienes cuentan su mayoría con escrituras legalizadas e inscritas», indicó la Fundación en su comunicado.
Versiones contrapuestas
Según ALDEA, RFEE «compró» en 2020 la propiedad a pesar de haber sido advertida de estos problemas, algo que niega la presidenta ejecutiva de la empresa, Lilian Jara, y su gerente general, Víctor Hugo Macías, quienes aclararon que la compraventa se hizo en 2021 sin que ellos tuviesen constancia del problema social.
«Los vendedores omitieron todo el problema social que tenía», indicó Jara, que se considera estafada por UCPEIN, contra la que se reservan la posibilidad de emprender acciones legales, algo que reconoce que todavía no han hecho.
Sí emprendieron acciones legales contra un municipio que les retiró el código de catastro y al que apuntan también como responsable del conflicto por haber cobrado las alcabalas de la compraventa, lo que según RFEE no debían haber hecho si existían irregularidades.
«Somos tan víctimas como ellos en este problema, y lo que queremos es dar solución. Nos comprometemos a fraccionar el lote con las personas que tengan papeles de posesión«, señaló Jara, cuya empresa adquirió el lote de terrenos para realizar proyectos de conservación de bosques, reforestación y proyectos de bioeconomía.
«Vamos a fraccionar toda la zona intervenida, para que la gente pueda estar en paz y tranquila, con el fin de conservar el bosque, que realmente está amenazado por el cambio de uso de suelo (para actividades agrícolas de siembra de caña de azúcar)», agregó.
Reforestación y bioeconomía
Asimismo, negó que la empresa haya llevado a juicio a las comunidades para usurparles sus tierras acusándolas de invasoras y secuestradoras, más allá de presentar una denuncia a raíz de que tres personas de la compañía fuesen temporalmente retenidas por miembros de la comunidad durante una inspección de terrenos.
Jara aseguró que esa querella la han dejado en «‘stand-by'» (detenida) con el ánimo de reconducir la relación, pero admitió que hace cerca de un año que no están trabajando en la zona, por lo que se mostró «sorprendida» de que la comunidad haga ahora una «campaña de difamación».
Su intención en la zona es realizar proyectos para la conservación del oso de anteojos, una especie en peligro de extinción ante la pérdida de bosques, por lo que su idea es proteger el bosque aún existente y reforestar más de 2.500 hectáreas que habían sido taladas para implantar cultivos de caña de azúcar, que degradan el suelo.
A la vez piensan implementar proyectos de desarrollo sostenible y bioeconomía, como un proyecto de vainilla y de hongos para suministrar a supermercados, además de un centro de investigación científica en la zona de Pichincha para el rescate de orquídeas endémicas. EFE