Organizaciones indígenas y transportistas bloquearon vías en varios puntos de Imbabura. Tienen un pliego de solicitudes para el Gobierno.
Redacción IMBABURA
Al menos siete sectores de la Panamericana, en la provincia de Imbabura, amanecieron bloqueados ayer. La protesta, protagonizada por organizaciones indígenas y transportistas, se dio al siguiente día de la posesión del nuevo presidente, Guillermo Lasso.
La medida de hecho fue justificada como una manera para presentar sus propuestas al nuevo Gobierno.
“Es necesario dar a conocer lo que está sintiendo la población, las dificultades que vivimos en este momento, la crisis que estamos pasando”, dijo Manuel Catucuago, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador (FICI).
“Lamentablemente, el Gobierno que acaba de salir ha impuesto muchas medidas económicas, decretos que afectan directamente al pueblo ecuatoriano, más aún a quienes no tenemos recursos, ni siquiera para alimentarnos”, mencionó en una rueda de prensa que dio en medio de la paralización.
Explicó que, de manera pacífica, los dirigentes y comuneros se movilizaron en varios puntos del territorio, para que el Gobierno entrante escuche sus propuestas desde el primer día.
Salud y educación, entre las exigencias
Como primer punto dentro de sus exigencias y propuestas, la FICI pide que no quiten el subsidio a los combustibles, para que no suban los pasajes, no suban los precios de los productos de primera necesidad.
Otro de los pedidos inmediatos es declarar emergencia nacional en el tema de salud y educación, porque dentro de las comunidades viven dificultades por estos temas.
“Durante toda esta pandemia muchos de nuestros niños, en las comunidades, en los pueblos, no han tenido acceso a la educación, porque no hay computadoras, ni celulares, peor aún señales”, expuso Catucuago.
Entre las demandas también se pide al Gobierno que, dentro del sector financiero, se bajen intereses, se extiendan plazos o se congelen las deudas. “Toda la ciudadanía está endeudada, tiene préstamos, pero no hay de donde pagar. Sin embargo, están embargadas nuestras casas, nuestros bienes. Nos vamos a quedar sin nada”, añadió el dirigente.
Sobre el manejo de la pandemia, el pedido va direccionado a no imponer mayores confinamientos, al menos sin estrategias de reactivación económica, que aseguran los empuja a ahondar la crisis.
Amenazan con tomar otras medidas
En caso de no ser escuchadas sus propuestas, se dijo que las paralizaciones aumentarán de manera progresiva.
Catucuago afirmó que “si el Gobierno Nacional no escucha, no va a ser nuestra responsabilidad, porque la ciudadanía es la que está pidiendo. Incluso, nosotros nos sentimos presionados por la población de que tenemos que hacer escuchar la voz del pueblo”.
Los pedidos expuestos fueron recogidos en un documento, que se entregó a los asambleístas electos de Pachakutik, como Mario Ruiz, para que lo hagan llegar a las autoridades ejecutivas y legislativas.
Ruiz, tras recibir el documento, dijo que no serán “asambleístas de escritorio, sino de territorio, junto a nuestras organizaciones”.
“Le decimos al Gobierno entrante que, efectivamente, le tomamos la palabra, de conversar, de dar soluciones a las propuestas, a las necesidades. No queremos entrar a un conflicto, inmediatamente de la posesión del Presidente (Lasso), pero sí queremos conversar y decirle que el pueblo está de pie, para enfrentar cualquier política que vaya en contra del pueblo ecuatoriano, pero también para apoyar las que vayan en beneficio”, agregó.
El tránsito en la Panamericana se vio interrumpido por al menos seis horas, en sectores como San Roque, Natabuela, San Luis, González Suárez, San Rafael, Eugenio Espejo…
Piden derogar tres decretos
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se explicó que el cierre de vías es “parte de las medidas de hecho anunciadas por organizaciones sociales, indígenas y campesinas de la provincia de Imbabura, que exigen la derogatoria de los decretos 1054, 1158 y 1183”, firmados por Lenín Moreno.
El decreto 1054 se refiere al reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo, donde Petroecuador realiza, hasta el día 10 de cada mes, los cálculos en función de los costos de la abastecedora de combustibles y de los precios de venta del mes anterior, para que, a partir del día 11 se reflejen los nuevos precios de los combustibles en cada una de las estaciones de servicios públicas y privadas a escala nacional.
Por otra parte, el decreto 1158 establece el mecanismo que permite la importación de derivados del petróleo por parte del sector privado, con el propósito de que asuman progresivamente los costos de importación.
Y, el 1183, establece que “con el fin perfeccionar la metodología del sistema de banda de precios y el cálculo de los precios de los combustibles, es necesario que los precios referenciales que recogen las fluctuaciones de los mercados y las bandas sean fijados por el ente de control y no por un actor de la cadena de comercialización”, es decir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC).