El Concejo Municipal de Ibarra mantuvo el segundo debate de una nueva ordenanza que se aplicará en el cantón.
Redacción IBARRA
Con seis votos a favor, uno en blanco, otro en contra y dos ausencias, se aprobó este 16 de mayo de 2022 la ordenanza de seguridad que impone nuevas restricciones y sanciones en Ibarra.
El cuerpo normativo aborda temas referentes a ocupación de espacios públicos, con énfasis en consumo de licor y drogas, así como movilidad de motocicletas y tricimotos, donde se endurecen las sanciones económicas para los infractores.
Las sanciones
Tras el segundo debate, se establecieron multas económicas para quienes incumplan los artículos que contempla la ordenanza, divididas en niveles leves, graves y muy graves.
En cuanto a lo económico, las multas van desde un salario básico, que actualmente es de $425, hasta tres salarios básicos por reincidencias ($1.275). En las disposiciones generales de la ordenanza se obliga a invertir todo lo recaudado por conceptos de sanciones en temas referentes a seguridad en el cantón.
Sin embargo, la alcaldesa, Andrea Scacco, aclaró que durante 45 días se hará una campaña de socialización e información de las nuevas normas, así como de las sanciones, para luego de ese tiempo aplicar las multas referidas en cada caso.
“No vamos a ir directo a sancionar, sino que primero vamos a educar, a dar las indicaciones de que existe esta ordenanza y que van a ser sancionados en el caso de ser nuevamente infractores”, dijo.
“Seguramente, muchos desconocen que pueden ser sancionados económicamente, por ejemplo, por libar en la vía pública, porque si supieran que por hacer mal uso del espacio público van a ser multados, seguramente ya no lo harían”, agregó.
Dentro de estos casos, por libar en la vía pública, en la nueva ordenanza, la multa es del 50% de un salario básico, es decir $212,50 (ver relativas).
Prohíben dos personas en una moto
El artículo 42 de la nueva ordenanza de seguridad prohíbe que circulen dos personas del sexo masculino en una misma motocicleta. También se aborda el tema de retención de motocicletas sin placas.
Esto, tras los casos de robo y sicariato registrados en lo que va de 2022 en Ibarra, donde incluso, en su momento, el Ministerio del Interior habló de un negocio de alquiler de armas y motocicletas para delinquir en la ciudad.
Dentro de la norma aprobada en Ibarra, se exceptúa de esta prohibición a los adultos que viajen con niños mayores de siete años y menores de edad.
“Una vez aprobada la ordenanza tenemos que notificar de manera inmediata a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La retención de las motocicletas está a cargo de la Empresa Pública de Movilidad (Movidelnor) y sus agentes civiles de tránsito, quienes las llevan a sus patios. Para retirar una moto que ha sido retenida, se debe cancelar el valor de la tasa administrativa”, expusieron desde la Procuraduría Síndica del Municipio de Ibarra.
Como parte de las sanciones, la primera vez que se incumpla la ordenanza se retiene la moto por 48 horas, mientras si es reincidencia serán 96 horas y sanción monetaria de un salario básico unificado ($425).
Castigo por libar en ningún espacio público
La presencia de personas que ingieren licor en espacios públicos, como parques y veredas, se ha convertido en un problema en Ibarra. A diario, el personal policial retira a decenas de ciudadanos de diferentes sitios.
Ante esto, el artículo 27 prohíbe ocupar los espacios públicos para pernoctar o libar.
Pero esto último, en el artículo 29, extiende la prohibición del consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas de moderación, en cualquier espacio público, extendiéndose a la negativa de tomar licor al interior de los autos particulares y privados.
En estos casos, las sanciones irán tanto a los libadores como a los propietarios de locales que consientan esta actividad de consumo fuera de sus establecimientos, aunque tengan permiso para venta de licor.
Las multas van desde la mitad de un salario básico ($212,50), aumentando según la gravedad y reincidencia.
Dentro de la misma línea, el artículo 39 norma la seguridad en lugares con permisos para expendio de bebidas alcohólicas, como bares, discotecas, karaokes y centros de tolerancia, manifestando que obligatoriamente deben contar con personal de seguridad propia en el ingreso y en el interior de los locales.
Este personal tiene la obligación de evitar el consumo y expendio de drogas, de bebidas en los exteriores, porte de armas, estando además prestos y capacitados para garantizar la seguridad y orden de todos los clientes.
La concejala Miryam Salgado mencionó que con las sanciones no se terminarán los problemas, añadiendo que se debe planificar las denominadas ‘zonas rosa’ de la ciudad, donde se concentran los sitios de diversión nocturna.
“Si no se regula su ubicación, llegan a los barrios y zonas residenciales, donde comienzan los problemas, que también se considera un tema de control y seguridad que se debería considerar”, dijo.
Registro de contratos de arriendo
La obligatoriedad de registro de los contratos de arriendo en la Dirección de Avalúos y Catastros también consta dentro de la ordenanza.
Según Edwin Erazo, procurador síndico, esta es una medida que ayudará tanto al arrendatario como al inquilino, pues permitirá tener registros de quién habita un inmueble en la ciudad y poder acudir con la fuerza pública para desocupar un inmueble, en caso de ser necesario, por ejemplo por desmanes o falta de pagos.
“El propietario viene a la municipalidad esperando sacar de la casa a un inquilino que no le paga más de tres meses de arriendo, pero no tiene ni registrado un contrato, que es una realidad diaria”, dijo.
“Considerando que es una ordenanza de seguridad, en vista de los antecedentes, existen viviendas donde se arrienda a una persona, un cuarto, pero viven más de diez. Como municipalidad, el propietario tiene la obligación de venir a inscribir el contrato de arrendamiento, pero no vamos a violar derechos de propiedad privada”, agregó.
El 21 de mayo de 2022 se presentará la ordenanza a la ciudadanía.
Bimestralmente, la Dirección de Seguridad Ciudadana deberá presentar estadísticas y análisis técnicos de la aplicación de la ordenanza al Consejo de Seguridad.
“Este instrumento legal ahora hay que entregar al Ejecutivo en las manos y poner plazos para que se ponga en marcha con todas las instituciones públicas”.
Lucía Posso
Concejal de Ibarra
“La seguridad es competencia y responsabilidad del Estado, del Gobierno Nacional. Este es un problema de país y la exigencia va hacia allá, a pesar de nosotros crear estrategias por la situación que atraviesa la ciudad”.
Myrian Salgado
Concejal de Ibarra
“Esto no se ha dado en una o dos sesiones. Han sido horas y horas de debates, reuniones, análisis, con la presencia de todos los actores responsables de la seguridad ciudadana”.
Andrea Scacco
Alcaldesa de Ibarra