Algunos medios escritos relatan los recientes acontecimientos de la minería informal. Palpemos otra vez que la actividad minera está prohibida en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, desde el 24 de marzo del 2011. Se quiso evitar que los mineros informales sigan contaminando los ríos con químicos que afectan la vida de los habitantes de las comunidades que consumen agua de las vertientes.
El miércoles 18 de noviembre del 2020 en la parroquia Urbina, del cantón San Lorenzo, murieron cinco mineros y a tres los rescataron con vida de una perforación de 70 metros de diámetro y 40 de profundidad.
Según información verificada, un inversionista ilegal instala los campamentos y compra máquinas, contrata al maquinista con un sueldo de USD 1 200 al mes. Pacta con 24 trabajadores con un sueldo básico. Trabajan 24 horas en dos turnos diarios. Se sospecha que el dueño de uno de estos negocios puede conseguir ingresos mensuales sobre USD 300 000. Más que un político corrupto y tal vez igual a un traficante.
Al mismo tiempo trabajan minadores que ingresan a hurtadillas a las aberturas que hacen las retroexcavadoras. En un día bueno un minero puede extraer USD 300 en oro.
En esas zonas se observan piscinas abandonadas con aguas estancadas y grandes extensiones de tierra donde ya no existe vegetación.
En el país hay minas ilegales en ocho provincias: Carchi, Imbabura, El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo y el norte de Pichincha. El Estado podría recuperar entre USD 15 y 20 millones. Una tontería que no alcanza para pagar médicos que arriesgan la vida en la pandemia.
La minería ilegal en Ecuador causa daños y perjuicios que no se han calculado en dólares tanto en el ambiente, la economía y en la propia industria minera ecuatoriana. Un problema más que el actual Gobierno trata de resolver. «Entre el daño ambiental y el material extraído sobrepasa los 200 millones de dólares cada tres meses», dijo el viceministro cuando se publicó sobre esta actividad ilícita de «Buenos Aires», provincia de Imbabura.
«Son mafias articuladas, relacionadas al narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, armas ilegales, evasión fiscal por frontera». La miseria y el hambre, la falta de empleo, la criminalidad, son algunas causas del trabajo informal en la actividad minera.
La educación y la ubicación geográfica juegan un papel concluyente a la hora de conseguir empleo. Quienes han estudiado la secundaria o a una carrera universitaria, tienen cincuenta probabilidades de conseguir un empleo formal, frente a ninguna alternativa de quienes que solo han completado la primaria o simplemente no han tenido acceso a la educación.
Hasta diciembre del 2019, el 46,7 % de empleados del país se encontraban en el sector informal de la economía. El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) informó que la tasa de desempleo del país creció del 3,8 % al 13,3 % después de la crisis sanitaria.
Esta historia se ha repetido: el trabajo ilegal (informal) ha reinventado el paraíso de contados ilegales y del infierno para los trabajadores que cada día ganan un puñado de dólares con el riesgo de ir a la cárcel, o la muerte con alguna enfermedad catastrófica.