Frente común

Se ha lanzado la voz de alarma y prevención en torno al coronavirus. A más de los graves efectos que ocasiona la pandemia, arrastra acciones de ciudadanos corruptos que, sin ningún escrúpulo, se aprovechan de las calamitosas circunstancias.

Varios países de Latinoamérica y el Caribe se hallan inmersos en esta situación deplorable al máximo, entre ellos se ha señalado a los de mayor incidencia, en este orden: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, en donde existen altos funcionarios detenidos, prófugos o encausados por tal motivo. La corriente que contamina es la de sobreprecios, en las adquisiciones de materiales de salud, sin trámites habituales por la emergencia, para atender a las poblaciones vulnerables. Para estos actos ilícitos no falta el involucramiento de políticos con empresas opacas y de vínculos personales y familiares.

A tales extremos ha llegado, que la ONU ha visto la necesidad de crear el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina, para garantizar la transparencia en la adquisición de insumos médicos. Colombia ha conformado un frente común, integrado por Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, a fin de salvaguardar los recursos públicos, descubrir y sancionar a corruptos y corruptores.

Estos trabajos conjuntos, dignos de ser imitados, ayudan a detener la ola de pestilencia desatada por el indebido aprovechamiento de recursos que posibilitan volverse potentados, de la noche a la mañana, a sujetos que se hallan en privilegiadas posiciones públicas, sin reunir los elementales requisitos de honorabilidad, mientras se acrecientan las clamorosas necesidades insatisfechas de la sociedad que, en los tiempos actuales, ha llegado al desconcierto.