Luis Fernando Ruiz, principal de la institución que rige el tránsito en 10 cantones del norte del país, denunció que un agente civil lo amenazó.
Redacción IBARRA
En su oficina, rodeado de su equipo de trabajo, el gerente de la Empresa Pública de Movilidad (EPM – Movidelnor), Luis Fernando Ruiz, recibió una amenaza de muerte por parte de un agente civil de tránsito, quien es investigado por faltas disciplinarias.
“Hay amenazas que últimamente las hemos recibido de manera anónima y otras de manera directa, como la del 6 de abril de 2022, cuando una turba de ciudadanos vino a amenazar que iba a correr sangre para que no haya concursos y entren de manera directa a la institución”, indicó.
“Pusimos la denuncia en la Fiscalía, pero este 15 de septiembre último, uno de los accionantes, precisamente de una acción de protección interpuesta en San Lorenzo, entró a mi despacho y me amenazó de muerte a mí y a mi equipo de trabajo. Hay vídeos”, agregó.
Juicio contra agentes
Estos hechos, de acuerdo con la versión de Ruiz, están relacionados a la acción de protección de garantías constitucionales interpuesta días atrás por 110 agentes civiles, en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas), en contra de Movidelnor.
Los uniformados hacen referencia a la vulneración del derecho a la igualdad formal y no discriminación, en relación al sueldo que percibe un agente de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, por lo que reclaman una homologación salarial retroactiva por los haberes no percibidos desde su ingreso, hace siete años, más beneficios de ley.
Podrían quebrar
Según detallaron desde la EPM, si la sentencia falla a favor de la acción interpuesta, la institución está obligada a pagar una indemnización económica que llevaría a la disolución de toda la empresa pública, donde laboran unas 700 personas, en 10 cantones de provincias como Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha.
“Lo que vamos a hacer como EPM es dar a conocer toda nuestra argumentación jurídica, nuestra argumentación técnica. La audiencia será el lunes 26 de septiembre de 2022 (…). El juez se refiere a siete años de retroactivo desde que iniciaron los agentes civiles, que sería una suma astronómica y prácticamente la institución tendría que liquidarse”, dijo Ruiz.
Explicó que en el caso de los sueldos de los agentes civiles de tránsito, los temas de alguna homologación salarial los trata el Ministerio de Trabajo, como ente rector, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde lo que hacen es “poner techos y pisos”. Luego, cada directorio de las mancomunidades o municipalidades hace el análisis técnico-financiero y establece los valores.
Faltas disciplinarias
Añadió que en la medida jurídica también se menciona “hostigamiento” a los agentes civiles de tránsito, a lo que Ruiz respondió que seguramente se refieren a las medidas sancionatorias impuestas a uniformados por faltas disciplinarias.
“Será acaso los 30 regímenes disciplinarios que hemos levantado en 14 meses, precisamente por incumplimientos de la ley de algunos de los uniformados. Será acaso porque hay casos de flagrancia donde agentes han salido en los medios de comunicación y ahora son investigados, lastimosamente, por la Fiscalía y los jueces por cometer actos que están fuera de la ley. Posiblemente ese sea el hostigamiento al cual hace referencia”, apuntó.
Dentro de las sanciones, entre las más extremas constan tres destituciones y otras tres suspensiones de un mes sin sueldo a los agentes civiles de tránsito.
Además, Ruiz criticó el accionar de la Justicia, al emitir fallos que van en contra de “quienes quieren hacer cumplir la ley”.
“No puede ser que quienes queremos sanear las instituciones seamos amenazados de muerte. No puede ser que quienes estamos trabajando para cumplir la ley seamos demandados por hacer concursos de méritos y oposición para escoger a los mejores agentes civiles de tránsito”, declaró.
Desde el equipo jurídico de Movidelnor añadieron que las medidas cautelares dictadas sobre esta acción de protección detuvieron, por orden judicial, los concursos de méritos y oposición que se llevaban adelante para beneficiar a los agentes civiles de tránsito de la cuarta promoción de la Mancomunidad de Tránsito Norte, así como al personal administrativo, pues los 110 uniformados demandan la entrega de nombramientos definitivos sin necesidad de concurso de méritos.
La EPM seguirá con el proceso judicial ante las amenazas recibidas y ante la acción de protección interpuesta. La audiencia será el 26 de septiembre de 2022.
“Si al gerente de la institución un agente civil de tránsito le amenaza de muerte en su oficina, cómo serán en las calles”.
Luis Fernando Ruiz
Gerente de la Empresa Pública de Movilidad