Exprefecto de Imbabura acusado de corrupción por la Fiscalía

García fue prefecto de Imbabura de 2009 a 2014 y asambleísta de 2017 a 2021.

Diego García es procesado por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

IMBABURA.- La Fiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra Diego García, exprefecto de Imbabura entre 2009 y 2014 por la Revolución Ciudadana, por su presunta participación en el delito de peculado.

En derecho, el peculado es la “conducta ilícita en la que el funcionario público, arbitrariamente, decide utilizar de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros”.

Desde el 15 de mayo de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso contra García medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la presentación periódica (una vez por semana), prohibición de salida del país y prohibición de enajenar un bien inmueble; y, la retención de sus cuentas en el sistema financiero nacional.

¿De qué se lo acusa?

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía indicó que, en 2009, la Prefectura de Imbabura contrató a seis personas para que se desempeñen como guardias de seguridad del domicilio personal de García.

Dentro de los más de 20 elementos de convicción que fueron recabados durante la investigación previa por parte de la Fiscalía, consta un informe de la Contraloría que determinó irregularidades existentes en la contratación del personal.

Además, se presentaron las versiones de los seis guardias de seguridad, quienes indicaron que cuidaban la casa del entonces prefecto Diego García incluso los fines de semana y feriados.

«También constan los roles de pagos de los sueldos mensuales y de las horas extras, versiones de funcionarios, el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe de la pericia contable (…). El monto del perjuicio económico al Estado superaría los 180.000 dólares (…). La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días», informaron desde la Fiscalía, a través de un comunicado de prensa.

La Revolución Ciudadana lo defiende

El 18 de abril de 2023, cuando se conoció que la Fiscalía en pocos días iba a convocar a Diego García para su audiencia de llamado a juicio, se emitió un comunicado en Twitter desde la dirección provincial de la Revolución Ciudadana, movimiento afín al expresidente Rafael Correa, al que García pertenece desde sus inicios políticos hasta la actualidad.

En la misiva, tachan a este proceso como una “persecución política” que afirman no ha parado, como movimiento político a nivel nacional, desde el “nefasto” Gobierno de Lenín Moreno.

“En las pasadas elecciones del 5 de febrero de 2023, el pueblo ecuatoriano democráticamente depositó su confianza en la Revolución Ciudadana convirtiéndola en la primera fuerza política del país. «Coincidentemente», la persecución se activa en esta ocasión con la Fiscalía General del Estado”, señalan.

En defensa del exfuncionario imbabureño, afirman que «el compañero Diego García Pozo, hace más de nueve años no ostenta la calidad de prefecto de la provincia de Imbabura», agregando que la Contraloría General del Estado, ha ordenado el archivo de los procesos después de seguir en su contra más de 34 exámenes sin determinar indicios de responsabilidad penal.

“Este proceso penal tiene varias etapas y el compañero Diego García no tiene sentencia condenatoria, siendo inocente. Nuestro compañero se encuentra aquí, firme y confiando en la justicia ecuatoriana. Es así, que conjuntamente con su equipo jurídico, estaremos vigilantes de que se respeten las garantías básicas del debido proceso y denunciaremos todo tipo de excesos y arbitrariedades que puedan suscitarse en el proceso”, expusieron.

En el año 2007, Diego García Pozo fue el primer gobernador de Imbabura designado por Rafael Correa.