La empresa de agua potable atraviesa por una crisis tanto económica como de abastecimiento del líquido para la ciudad.
Redacción IBARRA
Mal administrada, sin liquidez, sobre endeudada y con multas por pagar por temas de impacto ambiental es la realidad que vive la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapa-I).
José Moncayo, vocero de la institución, admitió a medios locales que la Emapa-I atraviesa no solo por déficits económicos, sino también por la falta de agua potable que se requiere para abastecer a toda la ciudad.
Ibarra produce actualmente 600 litros por segundo, pero la necesidad real es de 690 litros, existiendo un déficit de 90 litros.
Según Moncayo, esas deficiencias se han solucionado con mantenimientos a cinco pozos, labor que aseguró no se habría hecho hace cinco años, por temas políticos. “Esto implica parar el servicio por 48 horas o más, entonces por temor a quedar mal con la gente no se lo hacía”.
Multados, piden intervención de la Contraloría
Desde diciembre de 2020, Reinaldo Díaz asumió la gerencia de la Emapa-I, reemplazando a Gustavo Andrade, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2019.
Díaz afirma que la falta de toma de acciones oportunas de la administración pasada desencadenó procesos sancionatorios para la Emapa-I, por parte del Gobierno Provincial de Imbabura (GPI), en cuanto a temas ambientales.
Explicó que en su momento hubo varias advertencias de parte del GPI, que no se tomaron en cuenta y ahora deben desembolsar nuevos recursos para cubrir las multas por temas de ruido y de licencia ambiental en las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada junto al río Tahuando.
Esto desencadenó en que Díaz, junto al concejal e integrante del directorio de la empresa, Leonardo Yépez, soliciten a la Contraloría General del Estado que se efectúe un examen especial a las actividades y omisiones administrativas de las cuales se desprenden los procesos sancionadores impuestos por el GPI.
Yépez dijo que en los análisis realizados a los procesos emitidos por el GPI, en contra de la Emapa-I, se detectaron errores y además que no se realizó el seguimiento correspondiente por parte de la anterior administración.
“Hubo una inacción a las recomendaciones de la autoridad ambiental y ante esa situación se decidió pedir a la Contraloría que sea la entidad encargada de encontrar respuestas a la inacción de la anterior administración de la empresa”, insistió Yépez.
Pero este no es el único dolor de cabeza que esta planta de tratamiento le trae a la Emapa-I, pues el 80% del déficit presupuestario se da por cubrir el crédito de $24 millones para esta obra, que se adjudicó desde 2014.
“Quisiéramos poder tener los recursos suficientes y una varita mágica para solucionar todo y rápido. Algunas deudas no se han pagado desde 2019, contando actualmente con un déficit de $2’400.000, donde el 80% corresponde a la deuda de la planta de tratamiento de aguas residuales junto al río Tahuando”, expuso Moncayo.
“Incluso la Alcaldesa de Ibarra ha acudido al Ministerio de Finanzas para que esta deuda de la planta de tratamiento tenga un diferimiento más amplio y ojalá con años de gracia para no tener que desembolsar tantas recursos, por parte de una empresa que no ha subido el agua desde el 2012 y que tiene que operar con recursos limitados”, agregó.
Sin embargo, según Moncayo, “la planta de tratamiento de aguas residuales no es un problema, sino que es una inversión bien planificada y ejecutada en su época, pero lamentablemente no se vio la forma de autofinanciarse”, añadiendo que hay otras ciudades que quisieran tener una planta como la de Ibarra, pero sin restar que sea un tema económico complejo y que necesita soluciones.
No descartan una revisión a la tarifa de agua potable
El presupuesto anual de la Emapa-I bordea los $14 millones, pero hasta agosto de 2021 reporta un déficit de alrededor de $2 millones y medio, por lo que sus directivos no descartan un incremento de la tarifa de agua potable.
“La ciudad ha crecido, las necesidades cada vez son más grandes, más altas, entonces habría que pensarlo, pero esa es la última opción, porque pensamos que las primeras opciones deben ser autogestión con organismos nacionales y de cooperación internacional”, dijo José Moncayo, vocero de la Emapa-I.
Agregó que para cubrir las soluciones económicas más urgentes se necesitaría cerca de$3 millones, con lo que se podría proyectar obras emergentes para mejorar el abastecimiento de la ciudad.
“Se necesita solo $1 millón para construir dos pozos más en Yuyucocha, para solucionar los problemas al menos en el centro de la ciudad”, refirió, agregando que el proyecto Pesillo-Imbabura será una obra que solucionará algunos de los problemas de agua potable, esperando que termine en 2022.
Emapa-I tiene 52 años de creación, desde el 12 de agosto de 1969.