En Otavalo se promueven acciones legales por las acciones que atentaron contra los derechos ciudadanos.
Redacción IMBABURA
El cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, fue uno de los fortines de las movilizaciones convocadas por grupos indígenas, en junio de 2022. Durante 18 días, zonas urbanas y rurales de esta zona reportaron una paralización total en vías y actividades de todo tipo.
Con rondas diarias por los sectores comerciales, se obligaba a que supermercados, farmacias, tiendas, bancos, locales de servicios y otros establecimientos no funcionen ni abran sus puertas, bajo amenazas de saqueos.
Se sienten vulnerados
Estas situaciones motivaron a que un grupo de abogados de Otavalo impulse acciones legales contra los dirigentes indígenas, que lideraron el paro en la ciudad y la provincia.
Más de un mes después de terminado el paro, en agosto de 2022, Raúl Chávez expuso que la denuncia se extenderá a la Fiscalía una vez que se decida si se presenta individualmente o en conjunto con todas las personas que se sienten afectadas por las protestas.
Puntualmente, señalan como responsables del paro y sus consecuencias a los directivos de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), que preside Manuel Catucuago. La demanda, sin embargo, será contra Manuel Díaz, quien estuvo a cargo de este organismo tras la movilización de Catucuago a Quito, con grupos de manifestantes.
“La Constitución es muy clara. Todos somos iguales frente a la Ley. Nadie está por encima de un derecho”, dijo Chávez.
“Hemos escuchado el lenguaje utilizado por el señor Manuel Díaz Cajas, alto dirigente de la FICI, quien fue el portavoz y quien estuvo al mando de todo esto. Hay videos y audios donde dice que a él hay que pedirle toda la autorización para poder mover cualquier cosa, sobre las autoridades locales (…). Desconoció a los tenientes políticos, comisarios nacionales, diciendo en un video que esto es de por vida. Utilizó un lenguaje bélico, donde solamente ya en caso de conflicto, como es una guerra, se usan los corredores humanitarios y los salvoconductos”, expuso.
Presuntos delitos
Según el abogado, la denuncia será por diferentes delitos, que deberá investigar la Fiscalía, entre ellos contra la estructura del Estado constitucional. “Hay terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos, incitación a la discordia entre ciudadanos, quienes fueron atropellados en sus derechos constitucionales, amenazados, los locales comerciales obligados a cerrar”.
Enfatizó que estos “son presuntos delitos, porque todos tienen derecho a la presunción de inocencia y no podemos afirmar que estos se hayan cometido, por lo que es Fiscalía la que debe investigar tras poner la denuncia, que está apoyada por los ciudadanos afectados directa e indirectamente”.
Anunció que también se pedirá la comparecencia del alcalde de Otavalo, Mario Conejo, aduciendo que, como autoridad, tenía que haber estado presente para evitar los disturbios y actos vandálicos. “Durante los 18 días de paro el Alcalde desapareció y también tendrá que acercarse a la Fiscalía a dar su versión, como autoridad, porque es Alcalde de todos los otavaleños y tiene el deber jurídico de haber intervenido en esto”.
En todo el país
Chávez dijo que a escala nacional ya se han abierto procesos de investigación referentes a las paralizaciones de junio de 2022, afirmando que hay más de 300 investigaciones, precisamente por presuntos casos de terrorismo, por ataque o resistencia y por paralización de servicios públicos.
“Se desconoció la Constitución, los derechos de los demás ciudadanos. Lo grave es que esto se hizo con conocimiento de lo que estaban haciendo, porque no estaban improvisando, sabían exactamente lo que tenían que decir y hacer, siguiendo una programación, que como ya han dicho en la Asamblea Nacional, se puede tomar como un golpe de Estado fallido”, resaltó Chávez.
Manuel Díaz se defiende
Como parte de la respuesta a la denuncia que se impondrá en su contra, Manuel Díaz aseguró que están esperando que se formalice y notifique cualquier situación, para defenderse junto a un equipo jurídico de las organizaciones kichwa.
El dirigente calificó a la situación como “lamentable”, agregando que actuó como dirigente de la FICI, por encargo del Presidente de la misma. Dijo que siempre se han tomado decisiones colectivas, no a título personal, que espera comprendan quienes pretenden denunciarlo.
“Tenemos compañeros que forman parte de un equipo jurídico. Una vez que se concrete la denuncia en la Fiscalía sabremos defendernos (…). En ningún momento nosotros hemos incitado a la violencia, en ningún momento hemos resuelto para que se hagan saqueos o se exija a la brava participar de la movilización. Lo que hemos hecho es una marcha pacífica, una movilización pacífica”, expuso.
Agregó que si de alguna manera se sienten perjudicados los ciudadanos, “tal vez esas personas deberían identificar a quienes estaban actuando de mala forma, pero a nivel colectivo en ningún momento se ha incitado a actuar en contra de personas que no estaban de acuerdo con la movilización. Tal vez hubo personas que actuaron de forma violenta a nombre de las comunidades, pero eso tienen que identificarlos ellos mismo”.
Además, refirió que quienes cometieron actos vandálicos o de intimidación fueron infiltrados en las marchas y no integrantes de movimientos indígenas.
“No podemos decir que la situación se nos salió de las manos. Estamos conscientes de la realidad que se vivió durante la paralización, pero hubo gente infiltrada, de parte del mismo Gobierno y gente extranjera que estaban actuando para hacer quedar mal a la movilización, a los dirigentes, por lo tanto quienes se sienten perjudicados deben identificar y no generalizar”, argumentó.
En Imbabura se calculan pérdidas que superaron los $5 millones por el paro de junio de 2022.