Miles de bultos de minería ilegal se decomisan cada mes en Imbabura

Evidencias. En los campamentos mineros se encuentran mecanismos artesanales instalados para extraer el material mineral.
Evidencias. En los campamentos mineros se encuentran mecanismos artesanales instalados para extraer el material mineral.

Esto es una muestra de que las actividades extractivas ilícitas no logran ser controladas del todo en la zona norte del Ecuador.

Redacción IMBABURA

Los tentáculos de la minería ilegal tienen en la región norte del Ecuador como uno de sus sitios más amenazados. Las provincias de Imbabura y Carchi continúan siendo escenarios de extracción de minerales de forma irregular, sin controles, permisos o procedimientos técnicos.

A pesar de que desde el Ejército y la Policía se enfatiza en que se ejecutan controles permanentes en regiones rurales de ambas provincias, donde se ha identificado focos de minería ilegal, el problema parecer rebasar sus capacidades de respuesta. En sectores como Buenos Aires (Urcuquí), Lita (Ibarra), El Cielito (Mira), entre otros, no desaparece por completo este tipo de actividades, así como sus efectos colaterales.

Decomisos mensuales

En promedio, solo en Imbabura se incautan 1.000 bultos de material minero ilegal cada mes, tanto en campamentos que los militares encuentran en sus recorridos por sectores montañosos, en medio de la espesa vegetación de la zona, en pequeños centros clandestinos de acopio y en carreteras, a través de controles a camiones que circulan por caminos aledaños.

Desde el Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi, acantonado en Imbabura, informaron que tentativamente los 1.000 bultos representan 30.000 kilogramos de material aurífero, valorado en alrededor de $80.000, que tras ser procesado se obtiene oro.

Militares y policías coinciden en que este tipo de actividades no responden a ciudadanos comunes que se dedican a la explotación artesanal, sino a estructuras criminales con gran poder económico y organizativo.

Muestra de ello son los mecanismos que han encontrado en los campamentos, que a pesar de ser rudimentarios para la explotación minera, son sofisticados para los sectores donde se instalan.

Entre las evidencias, por ejemplo, se han encontrado tacos de dinamita, pólvora, cordón detonante, decenas de poleas y motores de plantas de luz, trituradoras y piscinas con químicos para procesar el material mineralizado.

Según Jaime Guerra, quien en su momento comandó el Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, en Carchi, en los campamentos ilegales abordados por los militares, en la mayor parte de los casos, no hay reportes de personas detenidas porque precisamente “tienen su propia seguridad, con lo que están atentos a las actividades que realizan las Fuerzas Armadas en cada sector”, logrando evadirlos y evitar detenciones.

Sin embargo, se advirtió que se decomisa todo lo encontrado en los campamentos, que posteriormente se destruye, incluso clausurando los bocaminas abiertos para extraer el material minero, así como las poleas que trasladan los bultos, gracias a las plantas de luz que logran llevar a zonas donde solo se puede ingresar a pie.

En el 2019, en Buenos Aires (Imbabura) se declaró un estado de excepción, por la situación de violencia y todo tipo de delitos que se cometían como consecuencia de la minería ilegal.
El artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al delito de actividad ilícita de recursos mineros, en su inciso 2, con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Moradores atemorizados

En zonas como Buenos Aires (Imbabura) y El Cielito (Carchi) la tranquilidad de sus moradores, en su mayoría históricamente dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, se vio interrumpida tras la proliferación de actividades mineras ilegales.

Incluso, hablar del tema les resulta incómodo, asegurando ser víctimas de amedrentamientos por parte de quienes han llegado a despojarlos de sus terrenos para montar sus campamentos ilegales.

La minería ilegal también ‘explota’ la corrupción

Los organismos de control resaltan que en torno a la actividad ilícita minera se generan delitos conexos como el lavado de activos, la corrupción de entes de control, el tráfico de armas e hidrocarburos, el tráfico de madera, fundamentalmente generando enormes pérdidas económicas para el Estado y la población en general.

Una prueba de ello es la sentencia a tres años de prisión emitida en agosto de 2022 por el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura a un excapitán del Ejército, como coautor del delito de actividad ilícita de recursos mineros.

Según la Fiscalía, José Luis F., quien en octubre de 2019 cumplía funciones de jefe del subsector en la parroquia Buenos Aires, estuvo involucrado en el transporte de material minero ilegal en Imbabura, a través de vehículos oficiales del Ejército, obligando a sus subordinados a cumplir también estas tareas.

“En 2019, en ese lugar, cuatro militares fueron detenidos transportando el material en un vehículo militar, quienes fueron procesados previamente por su responsabilidad en el hecho. Ellos formaban parte del personal del Ejército que se encontraba en la localidad para evitar que continúen las actividades de minería irregular y cuidar el mineral de posibles robos o saqueos”, expusieron desde la Fiscalía.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, mencionó que “esta es la triste realidad de no contar con recursos económicos que permitan que los procesos de control sean sostenibles. El retorno de grupos estructurados, solventes y efectivos de la minería ilegal se concreta”, puntualizando que Buenos Aires es un ejemplo cercano a Quito, pero en el suroriente las actividades ilícitas son un problema diario; y no se ven acciones para frenarlo.

En diciembre de 2021, LA HORA reportó que se estima que en los últimos dos años, las pérdidas para el Estado ecuatoriano por la minería ilegal llegan a sumar más de $900 millones anuales.