Paolina Vercoutere Quinche llevará su caso al Tribunal Contencioso Electoral, tras tres años de denuncias sin oídos en otras instituciones estatales.
Redacción IMBABURA
La concejala del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, Paolina Vercoutere Quinche, presentará este lunes, 30 de mayo de 2022, una denuncia en contra del alcalde, Mario Conejo Maldonado, por violencia política de género.
El caso llegará, con una serie de documentos que respaldan la acusación, al Tribunal Contencioso Electoral, organismo que el 22 de abril de 2022 dictó la primera sentencia por una denuncia de este tipo en Ecuador.
En primera instancia, uno de los jueces del Contencioso Electoral falló a favor de Jennyfer López, vicealcaldesa del cantón Paltas, en la provincia de Loja, dictaminando que fue víctima de violencia política de género por parte del alcalde Jorge Luis Feijoó, ordenando su destitución del cargo.
En diálogo con LA HORA, Paolina Vercoutere Quinche mencionó que el proceso que se seguirá contra el Alcalde otavaleño es similar al del de Paltas, enfatizando que la violencia política es algo totalmente naturalizado en el país, con poco apoyo de quienes se tienen que encargar de velar por los derechos ciudadanos. Aquí su testimonio y reflexiones:
P: ¿Cómo nacen sus problemas con el Alcalde de Otavalo?
R: Quiero decir que todo este caso y toda esta acción de violencia política de género que viene ejerciendo el alcalde de Otavalo, Mario Conejo Maldonado, con su equipo, se da sobre todo a razón de mi lucha por la paridad de género, que yo hago desde la primera sesión de Concejo Municipal. El 15 de mayo del 2019, en el parque de Otavalo, me permití exigir que se dé el cumplimiento de la paridad de género en el caso de designación y elección de la Vicealcaldía por parte de una mujer, así como lo establece la normativa legal. Yo vivo violencia política y la vengo denunciando desde hace tres años.
P: Desde entonces, ¿qué situaciones se presentaron?
R: Hay un sinnúmero de actos que están documentados, donde se impide y se vulneran mis derechos, para que yo no pueda cumplir con mi trabajo como concejala. Estas acciones han sido desde la marginación en la representación de las comisiones, la imposibilidad de acceder a la información pública. También he sido maltratada por varios funcionarios, para que no pueda expresarme y ejercer el debate parlamentario en el seno del Concejo Municipal, donde se me han cerrado los micrófonos, tanto en las sesiones presenciales como en las sesiones virtuales.
P: ¿Cómo ha reaccionado el resto del Concejo Municipal a estas acciones?
R: Somos nueve concejales. Hay cinco que democráticamente tenemos una línea distinta a la del Alcalde, pero solo una concejala me ha presentado su apoyo directo, quien también ya está viviendo episodios de violencia política. Incluso, uno de los concejales me ha tratado despectivamente como feminazi. Me han dicho, y lo tengo en actas de Concejo Municipal, que yo milito por el hembrismo, con una serie de epítetos absolutamente grotescos que desconocen e irrespetan la lucha histórica de las mujeres en este país y de las mujeres en el mundo.
P: Hablamos que las denuncias usted las ha presentado desde el 2019. ¿Cómo ha sido la respuesta de las instituciones del Estado?
R: Yo tengo que decir que lastimosamente las mujeres políticas en el Ecuador, y no solamente las mujeres políticas sino las mujeres en general y las poblaciones más vulnerables, estamos totalmente desprotegidas. En nuestro caso, la violencia política está tan naturalizada, que está tipificada en el Código Penal y Código de la Democracia, pero, a pesar de eso, no existe la normativa pertinente para que efectivamente pueda ser sancionada y se deje de violentar a las mujeres cuando acceden a estos espacios de representación popular. Yo me he sentido totalmente vulnerada tanto en mi salud física, en mi salud emocional y la imposibilidad de cumplir con el mandato que me dio la gente. Hasta aquí no tengo ninguna respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo y creo que eso, una vez más, dice la ausencia del Estado y lo desprotegidas que estamos las mujeres para poder alcanzar y llegar a la Justicia. Ahora, espero que se pueda revisar toda la documentación que yo he sustentado, a través de actas y documentos oficiales, donde yo pongo en evidencia todas las vulneraciones que realmente impiden que yo pueda realizar el trabajo que la gente me encomendó.
P: ¿Cuáles han sido las instancias a las que ha llegado?
R: Lo que he hecho es activarme en una vocería pública, empezando a construir también una vocería nacional con varias concejalas del Ecuador. Ya somos más de 100 que estamos agrupadas en una red y que denunciamos este tipo de prácticas en todos los 221 municipios del Ecuador, pero lastimosamente no hemos tenido eco. Por otra parte, la falta de claridad sobre qué camino encontrar, también ha tomado tiempo. Por ejemplo, yo primero iba a hacer la denuncia a través de la Justicia ordinaria, en un proceso penal, que iba a ser muy desgastante, iba a costar muchísimo a nivel económico, político y familiar. Después, intenté con la Defensoría del Pueblo, pero no me dieron respuestas. Y ahora lo haremos por el Tribunal Contencioso Electoral, este lunes.
P: ¿Cuál será el procedimiento en el Tribunal Contencioso Electoral?
R: Vamos a presentar, junto a mi equipo de abogadas, toda la documentación recopilada para que se tramite la denuncia contra el alcalde Mario Conejo, pidiendo reparación, disculpas.Pido justicia al Estado ecuatoriano y que eso sea no solamente para mí, sino también sea una justicia reparadora para mis compañeras y todas quienes seguimos viviendo esa violencia política desde que empezamos esta lucha por la paridad de género. Queremos que en realidad se sienten precedentes en Ecuador, para que exista una normativa, para ir más allá y que la violencia política contra la mujer no esté como un literal ahí olvidado, sin ninguna repercusión en las leyes ecuatorianas.
P: ¿El Alcalde de Otavalo ha tenido alguna reacción a sus denuncias?
R: Siempre buscan deslegitimar mi figura política, a través de decir que lo único que hago con esto es buscar protagonismo. O sea, creen que denunciar los derechos, denunciar el maltrato, es simplemente porque quiero protagonismo político, cuando realmente lo que estamos haciendo es duro, porque implica una serie de afectaciones a nivel familiar, afectaciones psicológicas, emocionales y físicas que yo he tenido. (FV)
P: Tenemos ya un antecedente del primer caso sancionado de violencia política en Ecuador, que pasó en Loja. ¿Su caso es similar?
R: Para mí, el poder recabar todos los argumentos y piezas para demostrar mi caso ha sido difícil. En Loja hubo un elemento distinto, que fue que a la Vicealcaldesa le quisieron destituir de su cargo, mientras yo vengo viviendo una violencia política desde hace tres años, que debo probar debidamente, pero quienes tenían las pruebas, como actas oficiales, precisamente eran los funcionarios municipales, quienes en un documento se tardaron más de tres meses.
Yo sí quiero enfatizar también de manera muy clara en que hemos tenido toda la institucionalidad de los municipios del Ecuador, a la Asociación de Municipalidades (AME), en una posición sesgada en contra de las concejalas que estamos llevando los temas de violencia política.
Cuando llevamos todos los casos de paridad de género, ellos nos mandaron a su sistema jurídico para que luchan en contra de la paridad, para que litiguen en los tribunales de las localidades en contra del derecho que tenemos de la paridad.
P: ¿Cuál podría ser una propuesta de control, o al menos del inicio de una especie de control, contra la violencia política de género, tomando mucho más en cuenta que se vienen unas elecciones y procesos de campaña electoral.
R: Nosotros hemos hecho vocería. Y lo que se ha hecho desde el 2019, por lo menos, es incorporar el tema de violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nos faltan sanciones, donde la sanción más grande es la suspensión de los derechos políticos de los infractores, o sea que no puedan presentarse como candidatos, en este caso.
Y creo que esto no debe solamente limitarse a la infracción electoral que está ahora en el Código de la Democracia, sino que tiene que estar en el Código Penal con sanciones, para que todas las mujeres que quieran hacer organización, que quieran hacer actividades políticas, sea o no partidista, puedan acceder a espacios sin violencia.
Lo otro que nos parece fundamental es que se pueda ir normando más a los partidos políticos, se los vaya sancionando por no prevenir la violencia política, porque son antidemocráticos, donde las mujeres no somos dueñas de los partidos, sino son nuestros compañeros hombres y ellos deciden quién va y quién no va. Y ahí sucede un sin número de violencias también.
Y finalmente creo que hay una gran responsabilidad del Estado, en el seguir hablando y visibilizando este tema, sobre qué es lo que estamos haciendo, con más formación política, más espacios para que las mujeres que llegamos a la representación popular tengamos todas las herramientas para poder denunciar y para poder cumplir con un rol que realmente haga la diferencia y que marque la calidad de la representación política de las mujeres. (FV)
En el 2019, Paolina Vercoutere Quinche se convirtió en la primera mujer del pueblo kichwa en ser designada gobernadora de Imbabura. Estuvo seis meses en el cargo.
“Queremos que haya un precedente, que aquí en las localidades los alcaldes dejen de ser dictadores, por el poder que les da la ciudadanía, que dejen de violentar a las mujeres que nos atrevemos a hacer nuestro trabajo”.
“Pido justicia para mí y para todas las mujeres que estamos viviendo violencia de algún tipo. En este caso, queremos demostrar que el estar en el espacio político no significa sufrir tanta violencia, no significa que veamos afectada toda nuestra salud, nuestra familia”.