En Imbabura las clínicas exigen al Estado una solución inmediata, llevan más de un año sin recibir recursos.
Redacción IBARRA
Las deudas que mantiene el Estado con las clínicas de diálisis de Imbabura ponen en peligro la vida de miles de pacientes, que a diario reciben su tratamiento.
Falta de insumos, despido de personal y pagos atrasados con proveedores son las consecuencias de más de un año de retraso en los pagos del Gobierno, por atender estos casos derivados del sistema de salud pública a clínicas privadas.
Zoila Chávez, administradora de una las unidades de diálisis de Ibarra, denunció que los pedidos para igualarse en las cuentas han llegado prácticamente a todos los niveles del Gobierno, pero sin tener respuestas concretas desde hace 13 meses.
“Es algo inhumano. Estamos impagos y al límite. No tenemos insumos, no tenemos medicación. No hay alimento para nuestros pacientes. Nosotros también somos padres y madres de familia, trabajadores que sentimos cómo se disminuye la nómina y no hay autoridades”, dijo.
La deuda, solo en su clínica, bordea 1 millón y medio de dólares. Según expuso, la situación sería similar en otras provincias y con otras clínicas, que según un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador son alrededor de 67 con licencia como centros especializados en salud renal.
“Estamos endeudados porque esos valores también representan créditos bancarios con los que nosotros podemos solventar gastos. Eso significa que estamos atrasados con proveedores, con obligaciones patronales”, dijo Chávez, quien la primera semana de septiembre protagonizó una marcha, con pacientes y trabajadores de las clínicas, hasta la Gobernación de Imbabura
Sin oídos
Entre los pedidos inmediatos, solo está el poder cobrar lo que les deben desde antes de mediados de 2020, para poder seguir brindando sus servicios.
“Nosotros no tenemos con qué pagar a los proveedores ni cumplir las obligaciones patronales. Estamos al límite de despedir trabajadores. Es un drama humano, estamos en terapia intensiva, que nos obliga a protestar en las calles, porque no podemos cruzarnos de brazos y estar indolentes ante una necesidad y ante esta insensibilidad de parte de las autoridades”, explicó Chávez.
Desde los pacientes, Manuel Ubidia, quien necesita al menos cuatro horas de diálisis cada tres días, expuso que “los doctores y enfermeros se desvelan por mantenernos, pero no es posible que estén impagos”.
“Es nuestra salud la que está en riesgo, la que está atrofiada. Pedimos que por favor nos ayuden con los pagos para seguir recibiendo el tratamiento. Para nosotros es difícil soportar y vivir esta vida, que no quisiera que a nadie la pase”, agregó.
Según Ubidia, la falta de pagos ya se nota en la falta de alimentos que les daban en las clínicas, pero los médicos y enfermeros afirman que en poco tiempo se verá en la escasez de insumos médicos y químicos para los procedimientos.
“Nos afecta en la falta de alimentos que nos dan después de cada diálisis, porque salimos como ‘garroteados’, por una máquina que nos hace las transfusiones de sangre. Si no hay pagos se suspenderá todo el tratamiento y prácticamente queda nuestra vida en manos de las autoridades, porque gracias a esto nos mantenemos con vida”, apuntó.
El drama también se vive en las familias de estos pacientes, quienes afirman que si por su cuenta y enfermedad no pueden salir a protestar, ellos serán su voz y seguirán en las calles, si es necesario llegando hasta la Presidencia, confiando en que Lasso cumplirá con este clamor de ayuda, que afirman viene desde el Gobierno pasado, de Lenín Moreno.
“Hemos cruzado los oficios pero hasta ahí han llegado y no hay mayor respuesta, por eso nos vemos obligados con pacientes y trabajadores a salir a las calles. Esperamos que se cancele porque ellos también son padres y madres de familia que necesitan este tratamiento para alargar su vida”, expuso Anita Quinche, quien viaja desde Cayambe (Pichincha) a Ibarra, cada semana, para que uno de sus familiares pueda recibir las diálisis.
“Las autoridades en escritorio y nosotros en territorio y en primera fila de cara al Covid-19. Esa es nuestra realidad, sin pagos y con pacientes que están enfermos, que están en el lecho del dolor”. Zoila Chávez, administradora de una clínica de diálisis
Alrededor de 67 centros especializados en salud renal con licencias emitidas por el MSP existen en el Ecuador. De ellos, 2 están en Imbabura.