La única cárcel para toda la provincia está ubicada en la ciudad de Ibarra, donde el hacinamiento supera el 50% de su capacidad.
Redacción IMBABURA
Las brigadas encargadas del censo penitenciario, que se desarrollará durante tres meses en las 36 cárceles de todo el Ecuador, se tomaron dos días para censar a los reclusos de la cárcel de Ibarra, en la provincia de Imbabura.
Erika Machado, directora del centro de rehabilitación, dijo que fueron 497 personas censadas en la localidad, a quienes se les pidió datos del ámbito sociodemográfico, personal, familiar y legal.
¿Qué les preguntan?
Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), a los privados de libertad les toma de 20 a 30 minutos completar el proceso, donde son entrevistados por los técnicos de organismos como el INEC y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Las preguntas que les hacen, por ejemplo, tienen que ver con temas sobre las condiciones en las que se encuentran en cada centro carcelario, sobre las condenas que han recibido, el tiempo que llevan en prisión, si tienen hijos, preferencias sexuales, nivel de educación…
“El primer filtro es del INEC, donde se les pregunta su nombre, datos de su familia, el tema de estudios, la situación de vivienda, su estado social”, explicó Machado.
“Luego pasan a las preguntas del Registro Civil, para saber cómo se encuentra su situación en cuanto a documentos, toma de huellas, donde también se encuentra Criminalística. De ahí van a otro espacio, con miembros del SNAI. También son valorados médicamente, para crear una historia médica por parte del Ministerio de Salud”, agregó.
Además, les preguntan sobre cómo están las instalaciones carcelarias, por ejemplo baños, duchas, espacios para recreación, cómo es el trato de los guías y directivos de la cárcel.
Pablo Ramírez, director general del SNAI, afirmó que “existe la predisposición de la población penitenciaria para entregar información”, enfatizando en que “el levantamiento de información sociodemográfica, de la situación jurídica y de la vinculación con los ejes de tratamiento permitirá gestionar la atención de las necesidades específicas de las personas privadas de la libertad, con el firme propósito de mejorar su calidad de vida”.
Hacinamiento
Para Ramírez, uno de los principales objetivos es la reducción del hacinamiento penitenciario, que a la fecha se ubica en 7.52% en promedio nacional, con una meta fijada del 0% hasta diciembre de 2022.
Sin embargo, en cárceles como la de Imbabura el hacinamiento sobrepasa la media nacional, superando el 50%, pues al momento la población penitenciaria bordea los 500 presos, mientras el espacio de la cárcel de Ibarra es de 300.
Ante esto, Ramírez señaló que la crisis penitenciaria debe enfrentarse no solo desde una visión gubernamental sino estatal, “por eso la importancia de incorporar a Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública al directorio del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, pues son entidades que forman parte del ciclo jurídico penitenciario”.
Además, expusieron que el censo en las cárceles es parte del “impulso de un sistema de gestión y prestación de servicios penitenciarios mediante la clasificación de los centros de privación de libertad, según infraestructura instalada, recursos humanos y logísticos, población objetivo y nivel de seguridad”.
“A esto se suma la desconcentración administrativa, operativa y financiera proyectada en cinco mega zonas con una intervención en infraestructura, equipamiento y tecnología”, mencionó Ramírez. (FV)
El censo penitenciario arrancó en Carchi, para seguir en Imbabura y en el resto de provincias, esperando finalizar en Guayas.