Un legislador de Imbabura denunció públicamente que llegaron hasta su casa, con pancartas y consignas.
Redacción IBARRA
Mientras en la Asamblea Nacional se debate la posible destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, el legislador imbabureño del movimiento CREO, Patricio Cervantes, denunció actos de intimidación hacia él y su familia.
“Un grupo de personas del pueblo Karanki ha pernoctado fuera de mi domicilio en la ciudad de Ibarra, con pancartas y gritando con la finalidad de presionar por la decisión que se va a tomar sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso”, dijo, frente al Pleno de la Asamblea Nacional, este 26 de junio de 2022.
Según Cervantes, este tipo de actos no solo han llegado hasta él, si no que se ha sumado a otros legisladores, resaltando que “es necesario que el pueblo ecuatoriano conozca cómo están presionando para torcer la voluntad de los asambleístas”.
“Por más gente que envíen a presionarnos, en nuestras viviendas, como lo han hecho hoy atemorizando a mi familia, no permitiremos un golpe de Estado por un grupo de mafias aliadas al narcotráfico, que quieren destruir el orden público”, agregó.
Respuesta del pueblo Karanki
Tras las declaraciones públicas de Cervantes, el presidente del pueblo kichwa Karanki, Lenin Farinango, mencionó: “En ningún momento hemos intimidado, lo único que hicimos fue ir a pedir su voto, así como ustedes lo hacen en tiempos de campaña”.
Por su parte, Alexandra Farinango expuso que para asegurar y tachar que la movilización indígena es financiada por el narcotráfico, el asambleísta Cervantes debe tener pruebas.
“Caso contrario estaría usted cometiendo los delitos de odio y calumnias con esas aseveraciones falsas en contra del pueblo kichwa Karanki (…). Así como también al decir públicamente que el pueblo está amedrentando a su familia, cuando claramente, con testigos, lo único que se hizo es solicitar su apoyo al pueblo, ponerse de lado de quienes usted un día solicitó su apoyo y con su voto hoy está ocupando su curul”, agregó. (FV)
1.200 efectivos policiales se despliegan en Imbabura, en los ejes preventivos, investigativos y de inteligencia, durante las jornadas de protesta.
Los manifestantes también habrían visitado la casa del asambleísta Luis Marcillo, de la Izquierda Democrática (ID).
Cuatro asambleístas representan a Imbabura: Pamela Aguirre, de UNES; Mario Ruiz, de Pachakutik, quienes votarían por la destitución del presidente Guillermo Lasso; y, Luis Marcillo (ID) y Fernando Cervantes (CREO).
15 denuncias por paralizar la provincia
En 15 días de movilizaciones sin tregua en Imbabura, la Policía Nacional reporta, hasta el 27 de junio de 2022, la apertura de cuatro investigaciones previas y 15 denuncias fiscales.
Los delitos que se investigan son referentes a daños en bienes públicos y privados, por intimidaciones, lesiones, ataque y resistencia, incluso por secuestro.
Norman Cano, comandante de Policía en la provincia, dijo que dentro de las indagaciones por los actos antes mencionados, se tiene a 19 personas identificadas, así como 21 vehículos y dos motos.
Además, agregó que otras cuatro personas fueron aprehendidas por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y otras dos por paralización de servicios públicos.
“La protesta social está constitucionalmente autorizada, la respetamos porque somos una Policía democrática, pero lo que no se puede aceptar son los niveles de abuso y violencia con la que se expresan”, expuso.
“Pedimos transparencia en todas las investigaciones y ofreceremos la colaboración para que esto suceda (…). No olvidemos la cantidad de vidas que se han perdido por falta de atención médica, todos los afectados por no poder acudir a un hospital especializado, la falta de asistencia social y toda la afectación de aquellas personas que no lograron realizar sus actividades de forma normal”, agregó.
Según Cano, a pesar de que en Imbabura se han reportado las movilizaciones más contundentes a escala nacional, la provincia es la que menos complicaciones tuvo con respecto a niveles de violencia, “pero sí sufrimos una afectación muy drástica con el cierre de vías”.
Expuso que la Policía ha iniciado ciertas denuncias, a través de sus labores de inteligencia, pero que también existen denuncias particulares de ciudadanos contra los manifestantes.
“Por ejemplo, por el delito de lesiones, una persona que fue golpeada en Otavalo, ha puesto una denuncia particular. También otras personas a quienes les obligan a cerrar sus negocios, a quienes las han retenido contra su voluntad, han denunciado por secuestro”, refirió.