Galápagos no se vende

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    La agremiación pesquera del Ecuador, en conferencia de prensa, manifestó su disgusto y su oposición sobre la solicitud del canje de deuda de la compañía Ocean Finance Company (OFC), propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, para ampliar el área de la reserva marina de Galápagos.

    Los gremios de la industria pesquera ecuatoriana manifestaron su oposición y disgusto sobre la solicitud de una compañía norteamericana, respaldada por grupos ambientalistas internacionales, al Gobierno ecuatoriano y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de canjear la deuda externa del país por la ampliación de la reserva marina ecuatoriana.

    Según los agremiados, si el Gobierno Nacional permite la entrega del mar territorial ecuatoriano en manos extranjeras, violaría la Constitución y afectaría la soberanía territorial marítima y alimentaria del país.

    Para, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería Ecuador, la reserva marina de las Islas Galápagos tiene 133.000 kilómetros cuadrados de área protegida, que no es negociable.

    “Por la prensa nos enteramos de esta propuesta que pretende pasar, de una reserva marina de la distancia ya indicada, a un área protegida de 435.000 kilómetros cuadrados. Entonces, analizando el tema, vimos que la propuesta no tiene ningún sustento técnico”, comentó el empresario.

    Además, afirmó que la solicitud es inconstitucional y es ilegal, porque viola el artículo 3, numeral 2, de la carta magna, donde habla que el Estado debe promover la soberanía alimentaria, por eso, ningún espacio territorial del país es negociable.

    Según Leone, también concuerdan con su disgusto y oposición los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda Berrú.

    Por su parte, Eduardo Abudeye, representante de las organizaciones pesqueras artesanales de Galápagos, explicó que existe una fijación con los pesqueros y nadie revisa lo que sucede con el sector turístico en las Islas.

    “Hay un examen especial de la Contraloría Nacional que objeta más de 20 operaciones turísticas”, indicó el directivo.