Asamblea tiene dos días para tratar la Ley del aborto por violación

Los colectivos de mujeres han protagonizado plantones para lograr que la normativa sea integral.

La Corte Constitucional (CC) rechazó la solicitud de la Asamblea Nacional de conocer la objeción parcial de le Ley, por improcedente.

La Ley del aborto por violación volvió a la Asamblea luego de que el Pleno de la Corte Constitucional (CC) rechazara por improcedente la solicitud del Legislativo de analizar el veto parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El veto parcial a la Ley fue entregado a la Asamblea a mediados de marzo de 2022 y llegó a la CC el 5 de abril.

Ahora que regresa a la Asamblea se retoma el plazo de 30 días que tiene el Legislativo para tratar el veto, es decir, que el plazo se cumple el 14 de abril de 2022.

En su fallo los ocho jueces de la Corte Constitucional mencionan que “la objeción planteada no fue calificada por el presidente (Guillermo Lasso) como una objeción por inconstitucionalidad. El hecho de que se citen artículos de la Constitución para sustentar los cambios propuestos no faculta a la Asamblea Nacional para que pueda interpretarlo y calificarlo, pues ni la Constitución ni la Ley le han conferido dicha competencia”.

Puntos clave

El veto del Ejecutivo tiene puntos críticos en los que el Presidente hizo cambios.

El primero es el plazo para la interrupción del embarazo en caso de violación. El veto parcial fija 12 semanas como límite para poder acceder a un aborto en caso de violación para todas las niñas, adolescentes y mujeres, sin distinción. Mientras que la Asamblea planteaba que sean 18 semanas para mujeres menores de edad y de áreas rurales.

Además, especifica que la víctima ponga una denuncia o se haga un examen médico legal o tenga una declaración juramentada para acceder. (AVV)

Guillermo Lasso tiene 24 horas para justificar su veto al aborto por violación

La Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en abril de 2021.

La Corte Constitucional solicita al Presidente que especifique si su veto parcial al proyecto de aborto por violación fue por un tema de inconstitucionalidad.

Luego de que el veto parcial al aborto por violación pasara de manos de la Asamblea a la Corte Constitucional (CC), este 7 de abril de 2022, la jueza Karla Andrade dispuso que el presidente Guillermo Lasso especifique si su veto parcial fue por un tema de inconstitucionalidad.

Para esto, la jueza da un plazo de 24 horas, contando a partir de la notificación del auto. La Presidencia no ha detallado si ya recibió la notificación, para así poder determinar cuál es el tiempo exacto para que Lasso se pronuncie.

Además, la CC se determina que se ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado el pronunciamiento del Presidente.

Aborto por violación

El 15 de marzo de 2022, Guillermo Lasso vetó parcialmente el proyecto de ley que regula el aborto por violación, que fue despenalizado en 2021 por la CC.

El proyecto busca permitir que las mujeres embarazadas tras una violación pudieran abortar hasta la semana 12 de gestación, con la excepción para las mujeres, adolescentes y niñas de las zonas rurales o remotas, para quienes el texto daba un plazo de hasta 18 semanas. Pero en su veto parcial, Lasso modificó los plazos: 12 semanas sin excepción.

También estipula que existan requisitos (denuncia, examen médico o declaración jurada) para acceder a un aborto por violación, ya que la Asamblea Nacional no los establece. Además, determina que los médicos podrán objetar de conciencia de forma personal, colectiva o institucional, este último no se dará en hospitales públicos.

Para Virginia Gómez de la Torre, médica y activista de la Fundación Desafío, esto limita el derecho a la salud, ya que los médicos pueden negarse a practicar un aborto a una mujer violada. Esto se agrava más en sectores rurales donde hay un médico por comunidad. Es por eso que los colectivos feministas tildan veto de Guillermo Lasso de misógino y revictimizante. (AVV)

Veto de aborto por violación llega a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en abril de 2021.

El organismo deberá analizar la constitucionalidad del veto parcial del presidente Guillermo Lasso. 

La asambleísta Johanna Moreira mocionó ante el pleno del legislativo para que el veto parcial emitido por, Guillermo Lasso, sobre el reglamento Ley del aborto por violación, pase por la Corte Constitucional (CC).

«Pretender utilizar una objeción parcial para que la Asamblea resuelva conflictos de constitucionalidad sería un error», dijo la legisladora cuya moción obtuvo 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones. Con esto, se suspende el plazo de 30 días que estaba corriendo para que la Asamblea trate y se pronuncie sobre el veto.

Moreira enfatizó en que la objeción parcial del ejecutivo  «incluye la posición personal del Presidente de la República». De esta manera será la CC la que debe pronunciarse sobre el veto o ratificar el texto origina de la Asamblea donde, por ejemplo, los plazos para la interrupción del embarazo eran diferenciados para menores de edad y mujeres rurales (18 semanas de gestación) y para mujeres mayores de 18 años (12 semanas).

Mientras que Lasso, según aseguraron los legisladores, hizo al menos 26 cambios a la Ley.  (AVV)

Feministas tildan veto de Guillermo Lasso de misógino y revictimizante

REALIDAD. Se estima que en Ecuador diariamente siete niñas menores de 14 años dan a luz.

La Asamblea Nacional puede hacerle frente, con 92 votos, al veto parcial de Guillermo Lasso que exige requisitos para acceder al aborto por violación.

Imagine una niña de 14 años que vive en Sabiango, una pequeña parroquia al suroeste de Loja. Ahí no hay notarías, la más cercana está en Sozoranga a 13 kilómetros, pero la mayoría de trámites se hacen en Malacatos a 188 kilómetros, es decir, a 3 horas y 44 minutos de distancia. Mientras que en el subcentro de salud trabajan seis personas y dos son médicos.

La niña es violada y queda embarazada (cada día hay 14 denuncias por violación en Ecuador). La menor decide acceder a un aborto, aunque depende de que uno de los dos médicos no se oponga anteponiendo la objeción de conciencia.

Además, debería viajar a una notaría para hacer una declaración juramentada, por la que tendría que pagar $90, dinero que posiblemente su familia no tiene.

Si no tiene recursos podría presentar una denuncia ante la Fiscalía (que tampoco tiene dependencia en Sabiango) y repetir más de una vez los detalles de la violación. Todo conlleva tiempo, dinero y revictimización. Eso sin contar que si la niña se entera de su embarazo después de las 12 semanas de gestación, no le queda otra opción que ser madre.

Está en manos de la Asamblea Nacional que este caso, no sea una realidad.

 Veto misógino y revictimizante

El 15 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea un veto parcial a la ley del aborto en casos de violación.

Entre sus observaciones está establecer requisitos para acceder a un aborto en casos de violación ya que la Asamblea en su texto detalla que: “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna”. Sin embargo, Lasso exige que se fijen requisitos, sea denuncia, examen médico o declaración jurada. “Se permitirá la práctica del aborto consentido en caso de violación, únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos”, detalla el texto.

La médica y presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, califica al veto como revictimizante y misógino. Con las trabas hacia el acceso del aborto se promueve “la muerte y complicación en la salud integral de la mujeres, porque obstaculiza el acceso al sistema de salud y promueve la clandestinidad”.

Gómez de la Torre destaca además que es ilógico establecer requisitos cuando, incluso por ley, se establece que a toda niña embarazada se la considera víctima de violación. Pero además, destaca que la denuncia es un proceso revictimizante que va en contra de la intimidad de la mujer.

Por su parte, la abogada constitucionalista, Angélica Porras, detalla que determinar requisitos va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional “que prohíbe que se introduzca en la Ley hacer una denuncia o declaración juramentada”.

Gómez de la Torre agrega que el solicitar un examen médico que demuestre la violación no tiene sentido cuando hay niñas y mujeres que son sistemáticamente abusadas y que, al quedar embarazadas, no denuncian el hecho al día siguiente, cuando se podría recabar las pruebas. Además, destaca que “el examen no siempre va a determinar una violación, porque para el sistema hay violación solo si se ven signos de violencia y no, no siempre el abuso sucede así”, detaca.

 “Igualdad” acortando plazos

 En el texto aprobado por la Asamblea, las mujeres mayores de 18 años podían acceder a un aborto por violación hasta la 12 semanas de gestación. Mientras que las niñas y mujeres en la ruralidad tenían un plazo de 18 semanas.

 El veto unifica a 12 semanas para todas. Según esto, garantiza la igualdad ante la ley. Para las expertas en salud y leyes esto muestra un ímpetu por forzar a la maternidad a las niñas y mujeres que han sido agredidas sexualmente.

Las trabas también se detallan en que los médicos podrán objetar de conciencia de forma personal, colectiva o institucional, este último no se dará en hospitales públicos.

Para Gómez de la Torre esto limita el derecho a la salud ya que los médicos pueden negarse a practicar un aborto a una mujer violada. Esto se agrava más en sectores rurales donde hay un médico por comunidad.

Asamblea puede hacerle frente a Lasso

Las observaciones de Guillermo Lasso fueron enviadas a la Asamblea Nacional, que tiene dos caminos: tratar el veto que puede dividirse en allanarse, aceptar el veto parcial y pasar el texto al Registro Oficial, o enmendar el proyecto sobre la base del veto y cambiar ciertos artículos. Para enmendar se requieren  70 votos.

 El otro camino sería ratificarse en el proceso inicial, es decir, el texto elaborado por la Asamblea.  Para esto se requieren votos de las dos terceras partes de los legisladores, o sea 92 votos. (AVV)

  • De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en promedio se reciben   14   denuncias de violación por día, tres de ellas de niñas menores de 14  años.
  • Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido.
  • Ecuador es el segundo país de la región con el índice más alto de embarazo en adolescentes. Además, quienes más enfrentan embarazos no deseados son las niñas y adolescentes más empobrecidas.
  • En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces másque en mujeres mayores de 20 años.

FUENTE: Plan Internacional, OMS

 

“El veto representa una posición misógina y machista desde el Estado. Toda niña embarazada ha sido violada, no hay más prueba que esa”, Virginia Gómez de la Torre, médica y miembro de Fundación Desafío.

“La violación es un delito de investigación pública. Le corresponde a la Fiscalía investigar con o sin denuncia. No se le puede exigir a una niña o mujer violentada que haga una declaración o ir hasta la ciudad más cercana para hacer una denuncia”, Angélica Porras, abogada-constitucionalista.