Santiago Olmedo: ‘Mi sentencia hace pensar a todos los policías dos veces antes de actuar’

Santiago Olmedo es oriundo de la provincia de Imbabura.

El policía Santiago Olmedo advierte que su sentencia por abatir a dos antisociales es un mensaje claro a favor de la delincuencia.

El cabo segundo de Policía Wilson Santiago Olmedo atraviesa un proceso judicial que, este 25 de agosto de 2022, lo condenó a más de 13 años de prisión por abatir a dos delincuentes en medio de un asalto, el 11 de junio de 2021.

Se lo acusa de extralimitación de la fuerza, tras disparar más de una docena de veces a quienes intentaron escapar luego de amenazar a un menor de edad, como se puede apreciar en videos captados por cámaras de seguridad cerca de donde ocurrieron los hechos, en la ciudad de Riobamba.

En diálogo con LA HORA, cuenta los pormenores de lo que ha tenido que pasar desde entonces, ratificando que él simplemente quiso cumplir su labor de proteger a la ciudadanía de la delincuencia.

Pregunta: ¿Cómo han sido estos meses viviendo con una sentencia por matar a dos personas?

Respuesta: Estamos en este problema judicial desde el 11 de junio del 2021 exactamente. Ha sido un problema, no solo a nivel personal, familiar o a nivel laboral, porque esto va mucho más allá.

Siempre es una preocupación el hecho mismo de estar en este tipo de procesos legales, que involucra no solo a la parte afectiva, la parte emocional, psicológica, incluso física, sino también la parte económica.

Sin embargo, creo que hemos sido bastante fuertes en ese sentido de afrontar esta realidad que estamos viviendo, pero creo que más allá de todo eso, nos queda la satisfacción del deber cumplido, al tener con vida a una persona menor de edad que estaba siendo víctima de un robo a mano armada, así como a mis propios compañeros y a mí también, porque ustedes recordarán que los delincuentes también quisieron atentar contra mi vida y contra la vida de mis compañeros.

P: ¿Ha recibido el apoyo de la Policía y del Gobierno Nacional?

R: Sí. Hemos tenido el apoyo del señor Presidente de la República, obviamente del alto mando institucional y de los casi 50.000 servidores policiales. Todo el apoyo también de la ciudadanía, que ha sido bastante importante en ese sentido.

P: ¿Sigue cumpliendo labores policiales o fue separado de la institución?

R: Actualmente sí estoy brindando mis servicios dentro de la Dinased, que es una unidad investigativa en la Policía Nacional.

Esto se da porque a nivel administrativo policial también se llevó a cabo una investigación para determinar si hubo o no errores, fallos, o si se cumplió o no con el procedimiento, con el protocolo que se maneja en estos casos.

A nivel policial esta investigación dio como resultado que no hubo ningún error, ningún fallo en el procedimiento a nivel policial y administrativo, es por ello que en el sumario administrativo institucional salí absuelto y se resolvió archivar el caso, lo que me permite hoy por hoy tener la dicha de seguir protegiendo a la ciudadanía y seguir trabajando en favor de la gente dentro de la Policía Nacional.

P: ¿Es decir que la Policía resolvió que se actuó según el protocolo de procedimientos, pero la Justicia es la que dice que hay extralimitación de la fuerza?

R: Exactamente. A nivel policial nosotros tenemos que cumplir los procedimientos con protocolos y manuales, los cuales son muy rigurosos. En ese sentido se comprobó que no hubo ningún error, ningún fallo, por ello se ratificó mi estado de inocencia dentro del ámbito administrativo policial.

P: ¿Cómo hace la Policía este tipo de evaluaciones sobre los procedimientos que aplican? 

R: Cada investigación se realiza más o menos como se hace en la parte penal, para tener una idea. Hay algo similar a un Fiscal y hay un Juez, donde obviamente también está la parte procesada.

Hay que acudir a una audiencia para el sumario administrativo, en donde se ponen pruebas de cargo y de descargo, tal como la parte penal. Y ahí se resolvió, como les digo, que yo quede absuelto de dicha investigación y se archivó la causa.

P: ¿Qué tipo de medidas le impusieron tras ser investigado penalmente por este caso?

R: Para mí son hasta cierto punto indignantes esas medidas, así como para toda la institución policial, porque actualmente yo soy la cara de la Policía Nacional. Es decir, nosotros representamos a nuestra institución y es indignante para todos nosotros, especialmente para mí, el portar más de un año un grillete electrónico. 

Como otras medidas sustitutivas a la prisión preventiva, tengo prohibición de salida del país, la presentación dos veces por semana ante la autoridad competente, pero a más de ello se sumó también la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de mis cuentas.

Yo sinceramente no sé por qué hay capricho creo yo, o no sé de las autoridades judiciales en ese sentido, de que a un servidor policial que cumplió con su deber se le tenga que poner tantas medidas, tantas trabas, que realmente sí nos da mucho que pensar y es enorme la indignación que tenemos.

P: Tras una segunda sentencia, ¿qué espera de las instancias siguientes a las que acudirán para evitar tu condena?

R: Lo que sí estamos convencidos es que vamos a demostrar, a meterle en la cabeza a la autoridad judicial que se cumplió, que se hizo bien el trabajo, se cumplió el uso progresivo de la fuerza, donde lastimosamente en el procedimiento fallecieron dos personas. Y es muy lamentable el hecho de la muerte de una persona, es absolutamente lamentable, pero nosotros simplemente cumplimos con defender a la ciudadanía.

Después de todo, para ello está la institución policial, para ello estamos los servidores policiales, para defender a cada uno de ustedes en las calles y eso es lo que queremos demostrar y hacer caer en cuenta a la autoridad judicial, de que si sentencian a Santiago Olmedo, si ratifican la sentencia a Santiago Olmedo literalmente están condenando a toda la ciudadanía o todo un pueblo, que lo que realmente exige es justicia, es seguridad en las calles para toda la gente. Y creo que eso es lo mínimo que podemos dar como autoridades judiciales.

P: El presidente Guillermo Lasso ha manifestado que tendrá todo el apoyo necesario. ¿Están cumpliendo con lo prometido?

R: Sí. De hecho hoy por hoy se sumó un grupo de abogados delegados de la Presidencia al caso también, entonces contamos con la asesoría legal delegada de la Presidencia directamente, a más de mí defensa particular, a los que también se suman la parte de defensa institucional de la Policía.

P: ¿Cómo mira la situación de seguridad del país desde que se dio su caso?

Bueno, ahora están juzgando a alguien por defender a un ciudadano menor de edad de un robo, entonces yo no sé qué mensaje quieren dar los jueces a la ciudadanía, donde yo siempre resalto que si sentencian a Santiago Olmedo están sentenciando prácticamente a todo un pueblo, a toda la ciudadanía, porque sin duda es un mensaje claro para la delincuencia también.

Si sentenciamos de esta forma a los servidores policiales que actúan, que defienden a la ciudadanía, entonces literalmente les decimos a los delincuentes que pueden hacer lo que les da la gana.

De hecho, en un poco más de un año que hemos estado en el proceso judicial, han habido muchísimos casos de delincuencia absolutamente violenta en todas las ciudades de nuestro país, entonces es un claro llamado de atención para las autoridades. Lo único que nosotros exigimos es que haya justicia de parte de los operadores judiciales, que actúen de acuerdo a lo que la ciudadanía exige.

No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos ver para un lado la realidad, porque la gente, la ciudadanía, el pueblo, es a quienes al final todos los servidores públicos nos debemos y ellos están exigiendo seguridad.

Todos exigen el respeto a la vida, exigen el respeto al bien ajeno y por eso no podemos quitar la vista de la realidad que está ocurriendo en nuestro país, pero para ello tenemos que tener el amparo legal, donde una de las situaciones que nosotros logramos con el amparo legal es precisamente poder actuar cuando sea necesario, poder simplemente trabajar, porque para ello está la Policía, sino para qué estamos.

Lastimosamente esta cruda realidad nos tocó vivir a mi y a mi familia, pero a la vez eso creo que nos da más fuerza de seguir adelante y de demostrar que los servidores policiales estamos capacitados para tomar los procedimientos, pero lastimosamente son las autoridades judiciales quienes deciden el futuro de nosotros y por ende el futuro de nuestro país. (FV)

En otra entrevista con LA HORA, Olmedo contó los pormenores de aquel día en el que decidió intervenir en el asalto. Da clic aquí para leerla. 

Amplían sentencia contra policía que mató a dos delincuentes

El 11 de junio impidió un asalto y ahora se pretende juzgarlo por extralimitación de la fuerza.

El cabo Santiago Olmedo recibió una nueva condena, tras apelar la que le impusieron en primera instancia. 

Nuevamente la Justicia falla en contra del policía Santiago Olmedo, tras intervenir en un asalto donde dos delincuentes fueron abatidos. 

La audiencia de apelación a la condena que le impusieron en primera instancia, que era de tres años y cuatro meses de prisión, comenzó a las 10:30 de este 25 de agosto de 2022, en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.

Olmedo, junto a su equipo legal, llegaron a la cita con la convicción de que la pena impuesta se reduciría y que se lo declararía inocente, tras ser condenado por extralimitación en el uso de la fuerza en un robo a un menor de edad en Riobamba hace más de un año, pero sucedió todo lo contrario. 

Hugo Espín, abogado particular de Olmedo, tras terminar la audiencia, declaró que los jueces provinciales decidieron aumentar la condena a 13 años y cuatro meses, mostrando un notable descontento con esta decisión judicial.

“Se incrementó la pena y la multa desatendiendo todos los recaudos procesales. Realmente es muy preocupante. Hay un voto salvado que reduce la pena, es decir no hubo uniformidad en el criterio del tribunal”, dijo, al tiempo de explicar que dos de los tres jueces fueron los que votaron a favor del incremento de la condena a Olmedo.

Añadió que, según su criterio, “hay una inconsistencia total entre lo que se manifestó por parte del tribunal y los recaudos procesales”, exponiendo que “ni siquiera la misma Fiscalía estableció la existencia de agravantes para que se incremente la pena como se lo hizo”.

Tras esto, anunció que acudirán a la Corte Nacional de Justicia, donde continuará la defensa de Olmedo. 

“El mismo tribunal no tiene un fallo unánime. Cuando existen este tipo de fallos es muy común el tener un fallo unánime, pero aquí hubo un juez, de los tres, que tuvo una decisión en la que reducía la pena y que encontraba incluso incongruencias en el manejo del proceso”, dijo. 

Intervino sin estar de servicio

Santiago Olmedo, en su momento, en diálogo con LA HORA, relató que el asalto en el que intervino fue el 11 de junio de 2021, día en el que con sus compañeros se encontraba en la ciudad de Naranjal, en la provincia de Guayas, realizando labores investigativas para desarticular una banda delincuencial, como parte de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro).

“Estábamos regresando de Naranjal a Quito para hacer uso de nuestro franco (día libre), pero en el transcurso del camino, en Riobamba, más o menos a unos 200 a 300 metros antes de llegar al bypass, ya sobre la carretera, nos percatamos que un ciudadano estaba atentando contra la vida de otro, con un arma blanca”, expuso.

En ese momento, decidieron bajarse del vehículo, que es de uso policial pero no un patrullero, para tomar el procedimiento, pero el sujeto que amenazaba al menor de edad, corrió, siendo perseguido por Olmedo.

“Yo miro que el menor cae al piso y el delincuente corre, entonces salgo detrás de él, con el fin de detenerlo. Al llegar a una esquina justo ha estado esperando otro infractor de la ley, en una motocicleta, más un tercero, con un arma de fuego. Ahí vi en riesgo mi vida por lo que tuve que hacer uso progresivo de la fuerza y me tocó hacer uso de mi arma de fuego”, dijo.

Uno de los delincuentes logró escapar, otro murió en la esquina donde sucedieron los hechos y el tercero falleció en el hospital, luego de ser atendido por los paramédicos que llegaron al lugar con ambulancias.

Más de un año con grillete electrónico 

Desde entonces a Olmedo le pusieron un grillete electrónico, le prohibieron salir del país, enajenar sus bienes, le ordenaron presentarse dos veces por semana en la Unidad Judicial de Imbabura, donde tiene su lugar de residencia, entre otras medidas sustitutivas a la prisión.

Sin embargo, dijo que sigue prestando sus servicios en la Policía Nacional, con el grillete electrónico, añadiendo que en la institución también se le siguió un proceso administrativo, donde se resolvió que el procedimiento policial se ejecutó de forma adecuada. Pero la Justicia ordinaria piensa lo contrario.

“A nivel administrativo policial se llevó a cabo una investigación, para determinar si hubo errores, fallos o se cumplió con el protocolo en este caso, resolviendo que no hubo nada de eso, por ello salí absuelto, se resolvió archivar el caso y por eso tengo la dicha de seguir protegiendo a la ciudadanía dentro de la Policía Nacional”, explicó.

Sobre la decisión desfavorable de los jueces en su contra, ha resaltado que “es un mensaje claro para toda la ciudadanía y la delincuencia”. 

“Si sentencian a Santiago Olmedo por cumplir su labor policial, están sentenciando prácticamente a toda la población, literalmente dejando que los delincuentes puedan hacer lo que quieran. De hecho, en todo este tiempo que estamos en el proceso judicial, ha habido muchísimos casos de delincuencia absolutamente violenta en todas las ciudades de nuestro país”, enfatizó, antes de la audiencia de este 25 de agosto.

Asamblea ratifica el texto original en 20 de los 21 artículos del proyecto que regula el uso progresivo de la fuerza

Con 96 a favor la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de los textos originales.

Al límite del plazo, la Asamblea resolvió la objeción parcial al proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El parlamento aceptó 1 observación presidencial y rechazó las otras 20, ratificando el texto que originalmente se aprobó

Este sábado 6 de agosto, la Asamblea Nacional retomó el debate en el que se debía brindar una resolución a las 21 objeciones del presidente Guillermo Lasso sobre el Uso Progresivo de la Fuerza. Con 123 votos  la Asamblea negó el veto de 20 de las 21 observaciones que envió el Ejecutivo, allanándose solo a la objeción quinta del artículo 14, relacionada con el nivel de uso legítimo de la fuerza ante una amenaza, donde se establece que podrán emplearse de manera combinada, con el objeto de lograr la neutralización de la resistencia o agresión de la persona intervenida.

El texto de la Asamblea establecía que para hacer uso diferenciado de la fuerza se podrían aplicar subniveles, párrafo que fue eliminado por el gobierno y aceptado por la Comisión, que se allanó en este tema.

Después de un extenso debate, el Parlamento realizó dos votaciones: una para el allanamiento y otra la ratificación. Los votos para este segundo punto vinieron de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID). El pleno necesitaba cumplir con al menos 92 votos, se consiguieron 96.

El paso 7 de julio de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional 21 objeciones al proyecto de Ley que se había aprobado el 7 de junio.

Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encontraban temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones, rendición de cuentas,  participación de militares en estado de emergencia y excepción, fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza, y, que los servidores (policías y militares) regulados por la ley no cometen infracción penal en el cumplimiento de su deber legal. Ninguna de estas objeciones fueron aceptadas.

Sin embargo, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática), presidente de la Mesa de Soberanía, dijo en varias ocasiones que se debía hacer un “análisis profundo” de la propuesta presidencial ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza. (MP)

 

El uso progresivo de la fuerza será con armas de perdigones

Patricio Carrillo, ministro del Interior.

La medida sería en respuesta a la identificación de manifestantes con armas de fuego. De las cinco muertes durante el paro nacional, tres son en Pichincha. 

Patricio Carillo, ministro del Interior, confirmó cinco muertes en el marco del paro nacional que inició el 13 de junio de 2022.

Y agregó que ven con preocupación que existen protestantes que usan armas de fuego, lo que ya ha provocado que haya 12 policías heridos, aunque no registran ninguna víctima mortal dentro de la institución. 

Ante esta situación, Carrillo señaló que analizan el pasar a una segunda fase del uso progresivo de la fuerza: policías con armas de perdigones. 

Aunque es una medida que está en evaluación, el Ministro dijo que “de ser necesario” podrían implementar esta medida “hoy mismo”. De ser ese el caso, la Policía deberá informar con antelación que harán uso de este tipo de armamento.  (AVV)

Muertes durante el paro nacional 

  • 20 de junio: un hombre cayó a una quebrada. La autopista señala que murió por traumatismo por precipitación. / El hecho no tuvo que ver con las manifestaciones. El hombre intentaba cruzar la quebrada. (PICHINCHA)
  • 22 de junio: un hombre murió por laceración encefálica más hemorragia cerebral. Se estudia si el objeto que lo mató es de la Policía Nacional.  (PUYO)
  • 23 de junio: se denuncia en las redes sociales la muerte de un hombre (se dijo que en enfrentamientos policiales) pero la autopsia determina que fue por insuficiencia respiratoria aguda por cirrosis hepática. (AZUAY)
  • 24 de junio: Dos muertes. Uno, la de un hombre, en el parque El Arbolito. La autopsia dice hemorragia aguda interna y laceración pulmonar por paso y penetración de múltiples proyectiles de perdigones de arma de fuego (PUYO). Carrillo señaló que la Policía no usa estos elementos. Dos, sujetos atacaron a militares. Y un hombre murió por hemorragia interna por proyección de arma de fuego. El hombre, señala Carrillo, sería miembro de una banda delincuencial en San Antonio de Pichincha (PICHINCHA).

 

 

Lasso da luz verde para el uso progresivo de la fuerza y pide que las comunidades regresen “por su seguridad”

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Para el Presidente, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, perdió el control de las manifestaciones. Lo califió de «irresponsable».

El presidente Guillermo Lasso dio un pronunciamiento, a las 16:00 de hoy 24 de junio del 2022. Pese a que tiene Covid positivo, continúa al frente del país y ha estado plenamente enterado de los hechos violentos de ayer.

El Presidente ofreció esta intervención luego de que se dieron hechos lamentables en los alrededores de la Casa de la Cultura y en San Antonio de Pichincha, muy cerca del monumento a la Mitad del Mundo. El gesto de paz fue respondido con violencia extrema. Disparos, explosivos, dos fallecidos. Según la Policía, delincuentes lideraron la protesta en esos puntos.

 

El Presidente dijo que sí han tenido contacto con “varios delegados” de Iza desde las 13:00 de ayer. “En principio se había llegado a un consenso”, dijo Lasso.

“Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Iza es el derrocamiento del gobierno”, dijo.

Para el Presidente esto le dejó en claro que el líder de la Conaie “nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido”.

“El señor Iza ya no puede controlar la situación”

“La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos”, dijo Lasso. Habló acerca de las advertencias de que se infiltrarían grupos vandálicos que buscan sembrar el terror.

Entonces, vino el mensaje central de su intervención. “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia, aspiración de cientos de miles de ciudadanos que han demostrado con sus voces en calles y plazas de todo el país, su defensa en favor de la paz y su derecho a prosperar”, dijo.

También hizo un pedido a las personas que llegaron de fuera de Pichincha para la protesta, quienes, dijo, fueron engañados. “A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos, por su seguridad y la de sus familias, regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional, para advertir del intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Asimismo, a las organizaciones de Derechos Humanos, “para que se mantenga supervisando este proceso, que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas”.

El diálogo sigue en pie para Lasso

Guillermo Lasso dijo que han dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. “Hemos dado todas las muestras de buena fe, y les decimos a todos aquellos dirigentes, organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado, que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados”.

Saludó el compromiso de la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la Bancada del Acuerdo Nacional y los asambleistas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. “La unidad de todos los demócratas debe prevalecer”, señaló.

“Vamos a recuperar la paz para el Ecuador”, finalizó el Presidente Lasso. (DLH)

 

Proyectos sobre seguridad se acumulan en la Asamblea

La proliferación de armas de fuego entre delincuentes es un motivo general de preocupación.

El presidente Lasso envió el 25 de enero una iniciativa legal para tratar el tema de la inseguridad ciudadana; otras ya están en tratamiento.

Las propuestas han llegado siempre tras una crisis. Los políticos presentaron iniciativas legales luego de las manifestaciones violentas de octubre de 2019, las repetidas masacres carcelarias y la ola de violencia  que ya deja cerca de 243 muertos en menos de 25 días de este 2022, a escala nacional.

La última iniciativa la propuso el propio presidente Guillermo Lasso. El martes 25 de enero de 2022 arribó a la Asamblea el proyecto bautizado como Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Ahí se plantean 46 artículos que buscan hacer frente a la violencia interna. Entre el articulado se encuentran la delimitación del uso de la fuerza letal.

La propuesta debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y pasará a la Comisión de Seguridad. Ahí, ya existe una matriz en la que se analizan otras tres iniciativas que ya hablan directamente sobre el uso de fuerza letal por parte de la Policía. Así se busca dejar sin vacíos jurídicos el actuar de los uniformados. En un caso reciente, el policía Santiago Olmedo fue sentenciado por extralimitación de la fuerza.

Visiones encontradas sobre la idea

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, dice que en lugar de enviar un nuevo proyecto, el Ejecutivo debió fortalecer el análisis de los proyectos que ya están en revisión.

En cambio, el legislador Rodrigo Bajardo (ID) señala que ya existe un cronograma para presentar los informes. Se prevé tener un borrador en marzo. También advierte que ya hay normativas que reglamentan el uso de la fuerza en el Código Penal vigente, los reglamentos de la Policía, el Código de Entidades de Seguridad, entre otros. Añadió que los legisladores de esa mesa buscan unificar en un solo cuerpo legal todo lo que está regado en la jurisprudencia.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por su parte, cuestiona el trabajo de los legisladores. Dice que en ocho meses de Gobierno no ha visto avances o, por lo menos, una propuesta de primer debate del Código de Seguridad, la Ley de la Policía, la Ley de Inteligencia y la normativa sobre el uso progresivo de la fuerza. “No tenemos las herramientas necesarias”, dijo esta semana.

Qué dicen las propuestas

Guillermo Lasso. Su propuesta se presentó el 25 de enero de 2022
Guillermo Lasso. Su propuesta se presentó el 25 de enero de 2022

Guillermo Lasso

Establece cinco niveles para el uso progresivo de la fuerza. El quinto avala el uso de fuerza letal.

Aclara que dependerá de la actuación del presunto infractor, por tanto un Policía puede iniciar su reacción “en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente”.

Se investigarán las lesiones o muertes que puedan causarse en el acto de servicio. Se partirá del principio que el uso de la fuerza fue legal.  La investigación no implica responsabilidad y no acarreará sanciones hasta una sentencia ejecutoriada.

Plantea reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para conformar el Consejo Nacional de la Política Criminal, un organismo asesor del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Será presidido por el titular del Ministerio de Gobierno. Dice que en la ejecución de tareas para prevenir o combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia que genera, la Policía como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas.

Sobre el patrocinio en investigaciones y procedimientos penales señala que los servidores policiales “tienen derecho a recibir asesoría jurídica en las investigaciones”.

César Litardo patrocinó una iniciativa de la Policía el 28 de abril del 2021
César Litardo patrocinó una iniciativa de la Policía el 28 de abril del 2021

César Litardo

 La iniciativa surgió de la Policía y el Ministerio de Gobierno, entonces liderados por Tannya Varela y  Gabriel Martínez

Plantea el uso necesario de la fuerza para neutralizar el nivel de amenaza, riesgo, resistencia y ataque, de uno o más personas

Indica que la Policía empleará armas de fuego con munición letal cuando se encuentren frente a una amenaza grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas o la propia.

También establece cinco niveles del uso de la fuerza. El último prevé un procedimiento letal para “neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas”

En caso de manifestaciones, se prevé el uso de  tecnologías y munición letal, cuando las personas detectadas dentro de una multitud generen acciones que puedan causar lesiones graves o muerte a otras personas, para neutralizar las agresiones y minimizar los riesgos o amenazas existentes, verificando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad.

Los servidores que, como consecuencia del cumplimiento de su misión usen fuerza letal, recibirán patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del Estado.

César Solórzano entregó su iniciativa a la Asamblea el 8 de febrero de 2021
César Solórzano entregó su iniciativa a la Asamblea el 8 de febrero de 2021

César Solórzano

Faculta a los servidores al uso de la fuerza y armas de dotación, en el desempeño de sus funciones.

Sobre el fuego potencialmente letal, el policía debe observar principios  excepcionales,  progresivos, adecuados y proporcionales.

El uso de armas de fuego con munición letal se justificará en estos casos: defensa propia o de otras personas; en caso de riesgo actual, real, ilegítimo e inminente de lesiones graves o de muerte; y para evitar la comisión de un delito que particularmente sea una seria amenaza para la vida.

Se pide a los agentes procurar causar el menor daño posible y que procedan de tal modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos, en caso de ser necesario, a las personas heridas o afectadas.

Los disparos de advertencia no se considerarán práctica aceptable

Tras herir de gravedad o matar a una persona, se presentarán informes para conocer si se cumplió con la ley; si se establece que no se usó de manera legal, el funcionario será investigado.

Quienes hayan causado muerte o lesiones graves, al haber cumplido con la normativa, recibirán por parte de su institución de manera obligatoria la inmediata evaluación médica y psicológica y su debido tratamiento si el caso así lo amerita. También ofrece el respaldo legal.

Marcela Holguín, asambleísta por el correísmo, planteó sus articulados el 5 de noviembre del 2021
Marcela Holguín, asambleísta por el correísmo, planteó sus articulados el 5 de noviembre del 2021

Marcela Holguín

En su proyecto legal, se concentra únicamente en prohibir el uso de animales por parte de la Policía Nacional para el restablecimiento del orden público e intervención y control en ocupaciones arbitrarias, en aquellos casos en que pueda verse vulnerado su bienestar.

Se entiende por bienestar animal aquel estado de salud emocional y físico del animal que le permita estar en armonía con su entorno. Hace referencia a perros y caballos que son utilizados por las fuerzas del orden.

Presidente anuncia uso progresivo de la fuerza como medida para enfrentar crisis carcelaria

Guillermo Lasso durante su mensaje a la nación sobre la situación carcelaria.

El Presidente anunció el uso progresivo de la fuerza y la tipificación de un nuevo delito para enfrentar crisis carcelaria.

Luego del anuncio de las siete medidas que tomará el Ejecutivo en el marco de la crisis carcelaria y los enfrentamientos de la Penitenciaría del Litoral, que dejaron 61 muertos, el presidente, Guillermo Lasso, envió un mensaje a la nación.

En este comunicado, el Primer Mandatario detalló estas medidas enfatizando en que la «seguridad ciudadana pasará a ser la prioridad número uno del despacho presidencial».

Además, explicó que, una de las acciones será la tipificación de un nuevo delito de «autoría por domino de organización», con la finalidad de sancionar de manera más severa a los ‘jefes de las mafias’.

En el comunicado, el Primer Mandatario comentó que lo que vive el país en la actualidad, son consecuencias de la politización y la corrupción de la seguridad ciudadana. «Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune», señaló y recalcó que se aprobarán normas para el uso progresivo de la fuerza. 

La cooperación internacional también fue un punto clave de su discurso. El Ejecutivo expresó su agradecimiento a Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido y España por ser Gobiernos aliados en la «lucha contra esta matanza».

En relación al proceso de mediación, resaltó que este se realizará a través de «destacados y respetables ecuatorianos», quienes mediarán entre bandas «sin negociar ni ceder nada por parte del Estado».

Finalmente, hizo un llamado a las fuerzas políticas, poderes del Estado y ciudadanía, para unirse a sus esfuerzos de lucha contra la inseguridad y violencia que vive el país. (MFU)

 

La Asamblea demora el trámite de la Ley de Uso progresivo de la fuerza; policías, desprotegidos

HECHO. Policías han sido acusados de mal uso de las armas de dotación

La delincuencia avanza, pero no el trámite de ley para permitir a los policías el uso de la fuerza cuando estén en peligro.

Nuevamente entra en debate el uso progresivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional. La discusión surge sobre si los policías tienen garantías para actuar en contra de la delincuencia, o si sus actuaciones son sancionadas cuando hieren o matan a un delincuente por defender a la población.

El debate vuelve a la palestra luego de que el 11 de junio del 2021, el cabo segundo de la Policía, Santiago Olmedo, interviniera en un robo a mano armada, en una de las calles de Riobamba, y donde tuvo que usar su arma de dotación para proteger a quien estaba siendo asaltado. Durante los hechos dos de los delincuentes fueron abatidos, uno en el lugar y otro falleció en el hospital, como lo reseñó LA HORA.

Defensa en libertad

Desde el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional se buscó dar a los elementos policiales la confianza de que están respaldados en su accionar contra la delincuencia, siempre que el mismo esté apegado a las normas legales y constitucionales.  Es así, que se incluyeron reformas al Código Orgánico Integral  Penal (COIP) y que fueron aprobadas en diciembre del 2019 por la Asamblea Nacional.

Así lo recuerda el exasambleísta Henry Cucalón, quien formó parte de la Comisión de Justicia que tramitó las reformas. indicó que entre los cambios están justamente que los policías podrán defenderse en libertad,  con medidas sustitutivas y no habrá prisión preventiva. Además, se incluyó  que el uso progresivo o racional de la fuerza del personal policial se aplicará observando los siguientes principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Análisis del caso

Por su parte, la expresidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, dijo a este Diario, que está bien que se lleve adelante una investigación para determinar si el policía actuó con dolo.

 “Si existía peligro contra la vida de una persona y el policía actuó en defensa, lo que opera es lo que se denomina una causa de exclusión de la antijuridicidad, es decir, el policía no respondería por existir una justificación a la lesión de un bien jurídico, que en este caso es la vida”, explicó.

Criterios con los que coincide el abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Ramiro Román. Cree que en el caso del policía, la investigación debe darse sobre la base de los hechos suscitados y estableciendo si su accionar estuvo enmarcado dentro de los parámetros establecidos para el uso progresivo de la fuerza.

“En el derecho penal hay un principio universal que es la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. La Fiscalía y los jueces deben analizar pormenorizadamente los hechos y tomar una resolución. No es de asustarse porque se haya abierto una investigación, es un procedimiento reglado por ley”, sostuvo el jurista.

Una ley en trámite

El 13 de abril de 2021, el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez y la comandante general de la Policía, Tannya Varela, presentaron el proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Cuenta con 50 artículos, dos disposiciones generales y tres transitorias.

“Nuestro objetivo es entregar a la Policía una ley que genere certezas en momentos de incertidumbre, cuando se debe emplear el uso progresivo de la fuerza. Certezas para el policía, para que tenga una norma que regule su actuación; certezas para los ciudadanos y también para los jueces, cuando tengan que analizarla”, dijo Martínez en abril de 2021.

El objetivo de la Ley  es “regular el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza como facultad privativa del Estado, para su ejercicio a través de la Policía Nacional”.

La propuesta

Entre los artículos propuestos se justifica la utilización de fuerza letal ante una amenaza. “Es la utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la o del servidor o de un tercero”.

Además, establece los niveles del uso “legal, proporcional, adecuado y necesario de la Fuerza”, por parte de la Policía, pero ante multitudes. En el último grado se prevé el uso de municiones reales.

El presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, dio a conocer que hasta diciembre de 2021 estará listo el informe para primer debate del proyecto de Uso Progresivo de la Fuerza. (RR)

Casos de policías en el que se ha usado la fuerza

Lo que ocurre con  Santiago Olmedo, cabo segundo de la Policía, no es el único que se ha suscitado en el país. El 19 de noviembre de 2003 se produjo un asalto en una farmacia en el norte de Guayaquil. Hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Ocho de estos últimos fallecieron.   continuó luego de que cambió de nombre por ‘Las Dolores’, que hace referencia a las tres mujeres que denunciaron la desaparición y asesinato se sus esposos por parte de miembros policiales. Los gendarmes  fueron sentenciados en noviembre de 2014.

El 23 de agosto del 2018, en un enfrentamiento con pobladores del Valle del Chota, en el control de Mascarilla,  provincia de Imbabura, un Policía del GOE disparó a un hombre, quien falleció. Luego de cuatro meses en la cárcel, el policía quedó en libertad.

El 28 de noviembre del 2018, en el sector del Quicentro Sur en Quito, cuatro individuos que portaban un arma de fuego y tres cuchillos asaltaron un vehículo de transporte público. Este hecho fue repelido por un sargento de la Policía, que hirió a uno de ellos en el pecho con su arma de fuego. El policía, tras seguir el procedimiento de Ley, quedó en libertad.

 

 

 

 

Inicia el trámite de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza

El CAL calificó el proyecto de Ley del Uso Progresivo de la Fuerza. Con esto inicia el trámite de esta normativa en la Asamblea Nacional.

El anuncio lo hizo el propio ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en Twitter. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, para su análisis en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.

Martínez entregó la propuesta el 13 de abril para el análisis en la Asamblea Nacional.

«El objetivo \de este proyecto es regular las acciones de la Policía, de manera técnica y sustentados en una Ley», en el uso progresivo y racional de la fuerza, dijo Martínez. Hasta la fecha, «no hay una norma con rango de Ley, solo existe un reglamento», agregó.

La comandante de la Policía, Tannya Varela, que actuó como testigo de la entrega de proyecto, dijo que este busca regular las potestades, competencias y atribuciones otorgados por el Estado, «para así ejercer con transparencia y profesionalismo, evitando la discrecionalidad en los procedimientos por parte de sus servidores».

Y comentó que «es necesaria la creación de una Ley que regule las actuaciones de los servidores de entidades de seguridad estatales, municipales y metropolitanas, que no están incluidas en el reglamento actual, que solo rige para la Policía». LGP-EFE

DATO: La Comisión tiene entre 15 y 45 días para emitir el primer informe. Pueden pedir una prórroga de 20 días adicionales. El 14 de mayo se posesiona la nueva Asamblea