La reducción de las emisiones de combustibles fósiles solo es posible con más minería

HECHO. Una planta eólica necesita hasta nueve veces más minerales

Las nuevas tecnologías funcionan con grandes cantidades de minerales. Un auto eléctrico requiere seis veces más de esa materia prima que uno convencional.

Si se quiere reemplazar a los combustibles fósiles, y reducir las emisiones de CO2, se debe invertir en más explotación de minerales para alimentar a las tecnologías eficientes y eco amigables.

Así, por ejemplo, un auto eléctrico necesita más de seis veces la cantidad de minerales que se ocupan en la fabricación de un vehículo que funciona con gasolina. Entre las materias primas más cotizadas están el cobre, níquel, zinc y grafito.

Según la Agencia Internacional de la Energía, una central eólica requiere hasta nueve veces más de esas materias primas (15.000 kilogramos de minerales por megavatio) que una que quema gas.

Lo mismo sucede con la tecnología de generación solar, la cual necesita hasta 6.500 kilogramos de minerales por megavatio.

En este contexto, la transición energética, e incluso la meta de emisiones cero de CO2 para 2050, no son posibles sin una inversión intensiva en la explotación e industrialización de la minería.

En Ecuador, aunque solo existan dos minas a gran escala, los minerales ya mueven hasta el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de $1.500 millones al año.

Esos números se dispararán con la creciente demanda mundial, pero desde los movimientos sociales, ecologistas e indígenas se exige que se recorten con los combustibles fósiles y, a la par, se cierre la actividad minera.

A través de redes sociales, por ejemplo, líderes y activistas como Nina Gualinga puntualizó que el anuncio presidencial sobre la nueva reserva marina de las Galápagos es valioso, pero insuficiente.

Por una parte, recalcaron que, “necesitamos dejar los combustibles fósiles como el petróleo bajo tierra y una transición justa a energías renovables y a una economía que respeta la vida y la selva viviente”. Sin embargo, también mostraron una oposición radical al desarrollo minero, e incluso representantes indígenas y ambientalistas ya han presentado demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 151.

Mediante ese decreto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca fomentar la inversión privada para que despegue la explotación de minerales en el país.

No existe actividad con impacto cero

Roberto Mendoza, economista e ingeniero ambiental, explicó que cortar la fuente petrolera, y al mismo tiempo negar cualquier desarrollo minero, se convierte en la fórmula perfecta para generar más pobreza y menos crecimiento.

“Para que la sociedad pueda crecer y desarrollarse necesita una fuente de energía confiable y barata. La transición energética pasa por elaborar soluciones cada vez más eficientes con ayuda de los minerales”, acotó

Según Mendoza, en la normativa ecuatoriana está claramente establecido dónde no se puede hacer minas, y eso se debe respetar. Pero, en el resto de los espacios no se puede prohibir la actividad porque significa que el país se quedaría atrás de la nueva economía que está surgiendo; además perdería recursos necesarios para salir de la crisis.

“Países como Australia han desarrollado tecnología para minimizar los riesgos. No se puede garantizar impacto cero. El mayor impacto ambiental actualmente está dado por la minería ilegal, aunque a veces se quiera poner todo en el mismo saco”, acotó.

El precio de los minerales ha estado subiendo en los últimos meses. Esa tendencia se mantendrá de cara a la transición energética. Según María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, Ecuador debe decidir si aprovecha la oportunidad.

“Los metales son vitales para transportarnos, comunicarnos, para diagnósticos médicos, entre otros. Hay tecnología para minimizar el impacto ambiental; pero si no apuntalamos la actividad formal se disparará la informalidad porque hay buen negocio”, dijo. (JS)

Actualmente, los principales minerales de exportación ecuatoriana son oro, plata, cobre y plomo.
A nivel mundial, menos del 5% de la generación de energía es de fuentes renovables

La transición energética es cara

Para cumplir con las metas de cero emisiones de CO2 para 2050, todas las economías mundiales tienen que afrontar un alto costo en inversiones, gastos adicionales e incluso un encarecimiento de la producción y transporte.

La revista ‘Nature’ publicó la estimación de que, sin un cambio tecnológico profundo, la transición energética significaría una cuenta, solo en Estados Unidos, de más de $11.279 por persona y año hasta 2050.

Objetivos menos ambiciosos resultan mucho más asequibles. Así, recortar las emisiones un 20% apenas tendría un coste anual de $75 dólares por persona; y hacerlo en un 60%, de $1.913 por persona).

En países como Ecuador, el objetivo de reducir en 22,5% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2025, como paso previo para descarbonizar en 2050, podría costar más de $250 por persona al año.

Por eso, se debe trabajar en mecanismo de financiamiento internacional como los bonos azules o fideicomisos de compensación para evitar estallidos sociales.

Esos estallidos han estado ligados a la eliminación del subsidio a los combustibles, a pesar de que, en ese caso, el impacto real en el costo de la vida es mucho menor.

Ambientalistas critican política petrolera del Gobierno

La explotación petrolera de Guillermo Lasso tiene grandes cuestionamientos internos

El sector naturalista cuestiona que no exista un plan de transición ecológica y, contrario a lo expresado previamente, se busque aumentar la frontera petrolera.

A través de un comunicado, el colectivo Yasunidos expresó su frustración con respecto a la nueva política petrolera emitida por el presidente Guillermo Lasso, a través del decreto No 95 del 7 de julio 2021.

«El Gobierno de Lasso se enuncia como el de la transición ecológica, pero en el momento de la verdad, se pliega a los intereses petroleros«, dice el colectivo.

Una de las principales críticas es que, a pesar de lo dicho en campaña, hasta ahora no hay ningún plan, ni siquiera una mención en el decreto, sobre la transición progresiva a energías más limpias. Por el contrario, todos los esfuerzos se encaminan a la meta de  duplicar la explotación hidrocarburífera, sin cambiar, en lo sustancial, el enfoque de los Gobiernos de los últimos 20 años.

«Esta política va dirigida contra los pueblos y nacionalidades indígenas que se verán afectadas por la ampliación de la frontera petrolera en el suroriente de la Amazonía y en el Yasuní; el evidente irrespeto de sus derechos como el de la consulta previa libre e informada, así como a los de la naturaleza y todos sus animales», aseguran los Yasunidos.

¿Buen negocio para el Estado?

Otro cuestionamiento está dirigido al cambio en la modalidad de contratación petrolera, pasando de la prestación de servicios al de participación. Verónica Aguirre, economista con especialización en manejo ambiental, explicó que está construyendo un esquema en donde cada vez más porcentaje se quedará con las empresas privadas, y menos pasará al Estado.

Todo esto en nombre de hacer «más atractivas y llamativas» las inversiones petroleras. De acuerdo con Yasunidos, el porcentaje que quedará no será ni siquiera suficiente para cubrir los costos sociales y ambientales de ampliar la explotación hacia zonas con gran presencia de comunidades indígenas.

Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, afirma que las inversiones en petróleo se vuelven cada vez más riesgosas y caras, debido, entre otras cosas, a las crecientes presiones a nivel mundial para reducir las emisiones de C02.

Esto hace que cualquier compañía que decida poner su capital en proyectos en Ecuador pida más rentabilidad en comparación a los niveles anteriores.

Sin embargo, según norma constitucional, el Estado debe recibir, al menos, el 50% de las utilidades de cualquier explotación petrolera.

Más dudas que certezas sobre concesiones y ventas

En el decreto No 95 se dispone que se hagan todos las modificaciones legales necesarias para viabilizar y facilitar que activos del Estado pasen a manos privadas para mejorar la eficiencia y eliminar gastos improductivos para el país.

Sin embargo, no hay claridad de bajo qué criterios se escogerá que se concesiona o no. El Gobierno anterior dejó a medias los procesos de entregar la administración de la Refinería de Esmeraldas y de campos petroleros como Sacha.

En ninguno de esos casos se han hecho públicos informes técnicos u otro tipo de sustentos sobre qué resulta mejor para el país.

Por parte de los Yasunidos, los cuestionamientos se extienden al anuncio de la venta de las 48 gasolineras de propiedad de Petroecuador.

Al respecto, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), ha puntualizado que esas gasolineras no cumplieron sus objetivos de controlar el contrabando en zonas de frontera; y tampoco han sido rentables para el Estado.

Menos bancos para financiar la explotación petrolera

A inicios de 2021, los bancos europeos Credit Suisse Group, ING Groep NV de Holanda y BNP Paribas SA de Francia anunciaron que dejarán de financiar proyectos de explotación y comercialización de crudo procedente de la Amazonía ecuatoriana.

Esa decisión fue consecuencia de un informe de las organizaciones ambientalistas norteamericanas Stand.earth y Amazon Watch, donde se cuestionaba el financiamiento sin controles sobre los daños a la naturaleza y la vida de las comunidades aledañas a los proyectos.

Este 8 de julio 2021, un nuevo informe pone la alerta sobre instituciones financieras importantes como Natixis, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank, y HSBC.

En este contexto, la industria petrolera está bajo presión para mejorar sustancialmente sus estándares socio ambientales, con el fin de evitar que la explotación se vuelva cada vez más un negocio caro y de alto riesgo. (JS)

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