Mesas de trabajo buscan frenar el tráfico de migrantes en Carchi

Preocupación. La provincia de Carchi es usada por bandas delictivas para el tráfico ilegal de migrantes hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El problema preocupa a autoridades locales y nacionales, así como organizaciones internacionales.

Redacción CARCHI

El destino final, normalmente, es Estados Unidos. Sin embargo, la provincia de Carchi, al norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, se ha convertido en uno de los sitios de paso de los migrantes ilegales.

El cierre de las fronteras terrestres oficiales, por alrededor de 20 meses por la pandemia de COVID-19, puso en evidencia un negocio que involucra a bandas delictivas organizadas internacionales, con tentáculos prácticamente en todos los países de Sudamérica.

Ante la situación, este 8 de febrero de 2022, instituciones del Estado, junto a organizaciones internacionales, establecieron mesas de trabajo para abordar el tema, donde también se incluye un plan de acción contra la trata de personas.

Coralía Sáenz, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dijo que la trata de personas suele ser confundida con el tráfico ilícito de migrantes, pero ambos tienen fines distintos.

Desde la Fundación Alas de Colibrí, Verónica Supliguicha agregó que a la trata de personas se la conoce como la esclavitud moderna, teniendo como fin último la explotación del ser humano en cualquiera de sus formas, sea laboral, sexual, delictiva, entre otras.

Mientras que sobre el tráfico ilícito de migrantes, mencionó que el objetivo es ofrecer un servicio ilegal a precios excesivos para trasladar a personas de un país a otro evadiendo controles migratorios y fronterizos.

La forma en que operan

Como parte del modo de operaciones de quienes trafican con migrantes ilegales, las autoridades han investigado fachadas de agencias de viajes, en donde se ofertaba los servicios de traslado de personas desde distintos países hasta Centroamérica o Estados Unidos.

En Carchi los ‘coyoteros’ reciben a los migrantes que intentan cruzar a Colombia, los cuales normalmente llegan desde zonas del sur del continente, para luego avanzar a sus destinos finales.

En esta provincia se ha identificado que las redes de tráfico de viajeros operan dando hospedaje, alimentación y traslado hasta Colombia, evadiendo los controles migratorios, por caminos de tercer orden, conocidos como ‘trochas’, por costos que bordeaban los $200.

Hace menos de tres meses se detuvo a 16 personas en Tulcán, capital de Carchi, tras 12 allanamientos por presuntamente formar parte de una organización delictiva dedicada al traslado de personas, en su mayoría haitianos, desde la terminal terrestre hasta Ipiales (Colombia), a través de caminos de tercer orden.

Además, en el lado colombiano se ha identificado una disputa entre bandas delictivas por el control del delito de tráfico de migrantes, que hace menos de dos semanas registró un atentado en la comunidad San Miguel, fronteriza entre Ecuador y Colombia, que puso en alerta a los poblados tanto de Carchi como de Nariño.

Trabajo conjunto

En las mesas de trabajo organizadas este 8 de febrero, se reunieron representantes de la Gobernación, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Policía, Fiscalía, gobiernos locales, ministerios de Gobierno, Salud, de Educación, entre otros, donde trataron ejes relacionados a la investigación de casos de tráfico de migrantes, gobernanza, judicialización y prevención.

Aracely Martínez, funcionaria del Ministerio de Gobierno, dijo que la principal respuesta del Estado, respecto a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, es la normativa legal, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como ordenanzas en diferentes ciudades, que se deben aplicar contra los responsables de estos casos.

Además, mencionó la conformación de comités locales, donde participan instituciones públicas y privadas, en provincias como Loja, Imbabura, Carchi, Azuay, Cañar y El Oro, con el objetivo de trabajar de manera coordinada las acciones puntuales para abordar esta problemática.

Como parte de las estadísticas, dijo que desde el 2017 hasta el 2021, se ha detenido a un total de 217 personas por casos relacionados al tráfico ilícito de migrantes, mientras que se ha rescatado a 524 víctimas.

Desde la Gobernación de Carchi, por otra parte, se afirmó que se alistan reformas legales, donde se propone sancionar con 15 salarios básicos a los conductores de transporte público y privado que transporten a migrantes sin haber registrado su ingreso legal al país, además de extender los controles migratorios a otros pasos fronterizos, no sólo en el puente de Rumichaca.

El delito de tráfico ilícito de migrantes se sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

Ambateño sentenciado a siete años de cárcel por ‘coyoterismo’

Caso. Policía Nacional realizó varios operativos y allanamientos para detener a los involucrados.

El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua declaró culpable a William Giovanni S.U., como autor directo del delito de tráfico de migrantes y lo sentenció a siete años de pena privativa de libertad.

Las autoridades también dispusieron el pago de una multa y de una reparación integral a favor de la víctima, la misma que continúa desaparecida desde abril de 2020.

Antecedentes

El pasado 27 de octubre de 2020 la Unidad Antitrata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional capturó a cuatro ‘coyoteros’ que cobraban, entre 12 y 15 mil dólares, por trasladar de manera ilegal a las personas hacia Estados Unidos.

En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía detuvo y formuló cargos a cuatro personas más, quienes habrían participado en tres casos diferentes, operando bajo la misma modalidad.

EL DATO
Se puede denunciar estos casos al 1 800 DELITO (33 54 86).

 

En la audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Jorge Basantes, relató que los hechos ocurrieron en marzo de 2020, cuando William Giovanni S. U. le ofreció a Carlos Eduardo L. un viaje a Estados Unidos.

La víctima y su esposa le entregaron 4 mil dólares, el 14 de marzo y emprendió el viaje, llegando en avión hasta México y vía terrestre a Estados Unidos, en abril. Desde ahí tuvo último contacto con su familia.

La Fiscalía demostró tanto la materialidad del delito como la responsabilidad del hoy sentenciado, con la presentación de varias pruebas.

Entre las evidencias se incluyen: la denuncia presentada por la esposa de la víctima, informes de movimiento migratorio, informe de fluidos de la madre del afectado, mismos que fueron cotejados con cadáveres en México.

Además de la pericia informática de mensajes de redes sociales y WhatsApp, informes de la Embajada Americana, que establecen que la víctima no tenía visa; los reportes telefónicos que evidenciarían el contacto y acuerdos con el hoy sentenciado; tablas de amortización de los préstamos realizados para cubrir gastos del viaje, certificaciones bancarias, entre otras.

TOME NOTA
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el
artículo 213, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
y sanciona el delito con pena privativa de la libertad de siete 
a diez años.

 

Otros casos

A decir de las autoridades, tres personas más, quienes habrían participado en tres casos diferentes, operando bajo la misma modalidad por lo que continúa la investigación. (FCT)

‘Coyoteros’ pedían hasta $16 mil para llevar ecuatorianos a EE.UU.

Dinero, letras de cambio y escrituras son algunas de las pruebas recabadas en los allanamientos.

Siete allanamientos se efectuaron anoche en Quito, Cuenca y La Troncal. Los operativos dejaron nueve detenidos. 

Nueve personas han sido detenidas en Ecuador en siete allanamientos realizados anoche en el marco de operativos contra el tráfico de migrantes, informó este 7 de septiembre de 2021 el Ministerio de Gobierno.

Los operativos realizados por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía Nacional junto con la Fiscalía, se ejecutaron en La Troncal, Cuenca y Quito.

En los allanamientos se encontraron dispositivos móviles, dinero en efectivo y varios documentos como escrituras públicas, recibos y letras de cambio.

Según las investigaciones, la organización llevaba dos años operando en el país y captaban a personas del Austro y centro del país, a las que les ofertaban pasajes aéreos, paquetes turísticos a México para luego, presuntamente, llevarlos a EE.UU.

Los ciudadanos que decidían viajar, «eran llevados a Quito, se los alojaba en hostales por días o semanas, donde se les ayudaba a tramitar sus documentos para salir del país», detalla un comunicado del Ministerio.

Añade que las rutas que la organización utilizaba eran Quito-México; Quito-Bogotá-Panamá-México. «Además contrataban vuelos chárters desde Quito a Guatemala y los cruzaban por tierra a México, para desde ahí pasar al país norteamericano».

El mayor Medardo Silva, de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía Nacional, manifestó que la organización cobraba entre 10.000 y 16.000 dólares por persona para llevar a los ciudadanos a EE.UU.

Este grupo tendría contactos en México para ayudar en el traslado, finaliza el escrito.

Exigencia de visado

Entre las más recientes acciones internacionales para evitar la migración riesgosa, el Gobierno de México decidió solicitar visado a los ecuatorianos, una medida que entró en vigor desde el pasado sábado (4 de septiembre).

La medida, que en las últimas semanas generó fila en el consulado mexicano en Quito por la urgencia de aquellos que ya habían comprado pasajes, se debió a que los flujos de desplazamiento de ecuatorianos a ese país cambiaron en los últimos meses y, detrás, hay un peligroso fenómeno de «coyoterismo», dijo recientemente a Efe el canciller, Mauricio Montalvo.

«De un universo mayor a 50.000 ecuatorianos en el primer semestre de este año, 38.000 se han quedado; o sea, 7 de cada 10 están ahí, muchos de ellos retenidos en la frontera, con todas las consecuencias que esto implica», detalló.

Comentó que «el giro tan grande» se dio este año y que «responde a situaciones vinculadas a estas redes internacionales de trata de personas», que conducen a los ecuatorianos a través de México hacia la frontera con Estados Unidos.

Un fenómeno que puede originarse en «factores coyunturales» relacionados con la pandemia y la crisis socioeconómica que ha arrastrado.

«Ya hemos visto desenlaces, muy trágicos, dolorosos, tristes», destacó el canciller al explicar que exigir el visado fue una decisión «unilateral de México», anunciada el pasado 20 de agosto.

También destacó que no es una medida generalizada, sino que, como toda visa, tiene en cuenta «medidas de facilitación migratoria», por ejemplo para aquellos que tengan vigente la visa o residencia permanente en EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El mismo beneficio aplica para los países del espacio Schengen.

Los demás deberán acceder a la página web de la Embajada de México en Ecuador y tramitar una cita para obtener la llamada «Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas».

La visa será requisito obligatorio hasta el 4 de marzo de 2022, un período de seis meses en el que Montalvo espera que desaparezca la coyuntura del primer semestre que llevó a su imposición.

En este período los ministerios de los dos países estarán en contacto para ver si se eliminan los factores que produjeron la introducción del requisito migratorio.

En Ecuador solo 3 de cada 10 ciudadanos tienen empleo adecuado, según la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, publicada el 22 de julio de 2021, y los niveles de pobreza se han incrementado en los últimos 18 meses debido a la pandemia.

La Cancillería ecuatoriana lidera entre hoy y mañana un encuentro para analizar la problemática sobre la migración riesgosa en pospandemia, a fin de establecer líneas de acción concretas y medibles, en un diálogo de encuentro con distintos actores nacionales e internacionales. EFE

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Procesado por tráfico ilícito de migrantes

Caso. Policía Nacional realizó varios operativos y allanamientos para detener a los involucrados. (Foto Archivo)

Luego de varios meses en los que las autoridades recabaron información y con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el Juez de Garantías Penales de Tungurahua llamó a juicio a William S., uno de los acusados de ‘coyoterismo’ en Tungurahua.

A William S., se lo procesa como presunto autor directo del delito de tráfico de migrantes, además, se ratificó las medidas cautelares en su contra, como presentación periódica y prohibición de salida del país.


Antecedentes

El pasado 27 de octubre de 2020 la Unidad Antitrata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional capturó a cuatro ‘coyoteros’ que cobraban entre 12 y 15 mil dólares por trasladar de manera ilegal a las personas hacia Estados Unidos.

En coordinación entre la Fiscalía y Policía Nacional, se detuvo y formuló cargos a cuatro personas más, quienes habrían participado en tres casos diferentes, operando bajo la misma modalidad.

En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Álex González, relató que los hechos sucedieron en el mes de marzo de 2020.

El procesado habría ofrecido a Carlos Eduardo L., un viaje a Estados Unidos, para lo cual, la víctima y su esposa le habrían entregado 4 mil dólares.

Con fecha 14 de marzo de 2020, Carlos Eduardo L. habría llegado, vía aérea, hasta México y en abril arribó, vía terrestre, a Estados Unidos. Allí mantuvo el último contacto con su familia y desde ese momento no se conoce su ubicación.

Fiscalía presentó como principales elementos de convicción: la denuncia presentada, el movimiento migratorio de la víctima, los fluidos de su madre, que fueron cotejados con cadáveres en México; la pericia informática de mensajes de redes sociales y WhatsApp, los reportes telefónicos que se evidenciarían el contacto y acuerdos con el procesado, tablas de amortización de los préstamos solicitados, certificaciones bancarias, entre otros.

El proceso e investigaciones continuarán, familiares de la víctima piden justicia. (FCT)

Se puede denunciar estos casos al 1 800 DELITO (33 54 86).
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona el delito con pena privativa de la libertad de siete a 10 años.