Contraloría confirma glosas de $243 millones por pérdidas en TAME

La liquidación de la empresa se decretó en mayo de 2020.

Se estableció responsabilidades civiles culposas en contra de siete exgerentes generales de la aerolínea estatal. Los montos de las glosas corresponden a pérdidas entre 2015 y 2020.

El mal manejo de las rutas nacionales e internacionales de TAME provocó que la Contraloría General del Estado (CGE) confirmara responsabilidades civiles por $243’084.840 contra siete exgerentes generales de la empresa pública en liquidación.

Los exfuncionarios, en sus periodos de gestión, no tomaron acciones correctivas, ni implementaron estrategias que contribuyeran a mejorar la gestión de la empresa, de manera que genere más ingresos, se reduzcan costos y que la entidad alcance ganancias, producto de la operación de las rutas.

Los indicadores, obtenidos de los reportes contables de los resultados de la operación mensual y consolidado anual, reflejan que, entre 2015 y mayo de 2020, la rentabilidad sobre el patrimonio fue negativa, por lo que la empresa no generó un rendimiento que al menos asegure el retorno de los fondos propios.

En el mismo periodo, la rentabilidad sobre los activos fue negativa. Es decir, con todos sus activos, TAME no generó utilidades, demostrando ineficiencia en el empleo de los recursos.

La resolución confirmatoria de las glosas también advierte una disminución progresiva del margen bruto de utilidad, hasta porcentajes negativos en el rendimiento de la empresa.

Esto ocurrió debido a que los costos operativos absorbieron y superaron los ingresos, sin dejar margen que permita cubrir los gastos administrativos y de ventas, demostrando un control inadecuado sobre los costos de operación de las rutas.

Cifras en rojo

El margen operacional, que incluye los gastos de administración y ventas, reflejó porcentajes negativos los años 2015 (-13,08 %), 2016 (-10,97 %), 2017 (-39,79 %), 2018 (-44,44 %), 2019 (-59,87 %) y hasta mayo de 2020 (-95,03 %), manifestando que la operación propia de las rutas aéreas, nacionales e internacionales, no fue rentable y su tendencia negativa fue incrementándose.

Aunque los indicadores de rentabilidad reflejaron pérdidas continuas, los exgerentes generales no recomendaron la adopción de medidas, como la fusión, liquidación o extinción de la entidad.

Tampoco se tomaron decisiones que al menos garanticen un punto de equilibrio para la empresa.

Según los auditores de la Contraloría, los alegatos y documentación, entregada en calidad de pruebas de descargo, no evidenciaron una mejora en la rentabilidad de TAME durante la gestión de los exgerentes, lo que derivó en la confirmación de glosas solidarias por el valor de las pérdidas en sus periodos de actuación.

Las responsabilidades varían entre $14’475.343 y $96’377.636. Los exfuncionarios responsabilizados tienen el derecho de impugnar este acto administrativo en la Contraloría General del Estado, solicitando un recurso de revisión o por la vía judicial, en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

TAME es una de las empresa públicas que menos recursos ha recuperado desde que se decretó su liquidación en mayo de 2020. Se ha podido vender un porcentaje mínimo de sus activos de un poco más de $40 millones; mientras se mantienen pasivos (deudas y otras obligaciones) de más de $321 millones. (JS)

Impago 98,8% de deudas de empresas públicas en liquidación

CRISIS. TAME es la empresa en peor situación con 8 veces más pasivos que activos.

Luego de más de un año y medio, solo se ha podido recuperar $4,9 millones de 8 instituciones con pasivos y cuentas por pagar de más de $410 millones.

La expansión del sector público, durante la década correísta, tuvo una de sus partes más oscuras en la acumulación de empresas estatales ineficientes en actividades tan diversas como farmacéutica, textiles, cemento, correos, aviación, ferrocarriles, etc.

Más de un año y medio después del anuncio de la liquidación de ocho empresas públicas, los resultados son mínimos. Los procesos avanzan entre demoras y la escasa recuperación de recursos para cubrir las deudas.

$4,9 millones en ventas

Según un último informe del Observatorio de Gasto Público, en teoría se cuenta con $1.045,7 millones en activos, pero solo se ha logrado vender $4,9 millones.

Esos $4,9 millones representan el 1,2% de los recursos necesarios para saldar todas las cuentas y obligaciones pendientes por $410,6 millones.

En otras palabras, todavía hace falta encontrar mecanismos para responder por el 98,8% del dinero que exigen proveedores, acreedores, exempleados, entre otros.

En el último mes, las autoridades solo se han podido deshacer de $1 millón adicional en bienes.

De acuerdo con Antonio Ruales, economista, docente e investigador, la casi nula planificación y el manejo populista de más de una década siguen pasándole factura al país.

“Solo en dos casos como Ferrocarriles del Ecuador y Tame se produjeron pérdidas acumuladas de casi $160 y $300 millones, respectivamente. Sin embargo, se invirtieron más de tres o cuatro veces esos montos; y ahora no hay suficientes recursos para cubrir todas las deudas”, dijo.

La pandemia obligó a acelerar las decisiones de liquidación definitiva en mayo de 2020, pero el desorden o incluso la inexistencia de balances financieros, entre otra información económica y empresarial, le ha puesto trabas a todos las buenas intenciones y discursos.

Según la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), cuando se completen todos los procesos de liquidación, se ahorrarán al menos $250 millones anuales en gasto público. 

¿Dónde se han vendido más activos?

De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público, la Empresa de Medios Públicos es la que más recursos generó tras su liquidación. En total, se han conseguido $2,3 millones como resultado de la venta de equipo tecnológico, vehículos y bienes inmuebles.

Esta empresa contaba con un patrimonio de $22,9 millones, con base en activos por $50,7 millones y poco más de $27,7 millones de pasivos o deudas.

Cuatro meses después del anuncio de la liquidación, el expresidente Lenín Moreno emitió un decreto donde se creó una nueva Empresa Pública de Medios Públicos.

La segunda entidad con más recursos recuperados es Tame. Alrededor de $1,2 millones se han hecho efectivos mediante la venta de equipos de aviación. Sin embargo, la exaerolínea estatal tiene los mayores problemas de liquidez.

Sus activos totales llegan a $40,8 millones; pero las deudas suman $321 millones. En otras palabras, lo recuperado no cubre ni el 0,5% de lo que se tiene pendiente por pagar.

En agosto de 2020, un grupo de exempleados de TAME presentaron una propuesta para comprar rutas y activos de la empresa. Esa propuesta, como otras que se han hecho públicas en los últimos meses, no han recibido respuesta de las autoridades.

$1,1 perdido por cada $1 invertido

En los últimos 9 años, el Gobierno central inyectó casi $750 millones en las ocho empresas públicas actualmente en liquidación; pero a cambio se generaron pérdidas acumuladas de cerca de $692,4 millones.

Así, por cada $1 invertido en esas instituciones, se perdieron $1,1. Un mal negocio en toda regla para el país. Con esos $750 millones se podrían pagar las cuentas pendientes con proveedores externos de la salud pública o completar más de 10 veces la dotación de medicinas que actualmente faltan.

El ministro de Economía, Simón Cueva, durante una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, reconoció los pésimos resultados en esas empresas públicas.

Además, puntualizó que, como resultado de una auditoría realizada a los estados financieros, se evidenciaron varias irregularidades: balances sin cifras respaldadas con sustentos reales; patrimonios totales sin auditar y sin valoración cierta, entre otros hallazgos.

Solo en el caso de Ferrocarriles de Ecuador, que ha vendido $780.000 de sus activos (terreno), existe un plan de rehabilitación mediante inversión extranjera.

Otras empresas como Ecuador Estratégico o la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) siguen en el proceso de liquidación con una pequeña recuperación de recursos de $232.331 y $418.105, respectivamente. (JS)

De un total de 24 empresas públicas registradas, 3 están extintas, 8 en liquidación y 13 activas.

Las empresas públicas en liquidación tienen $429 millones de deudas

PROCESO. TAME es una de los negocios quebrados por malos manejos.

La terminación de las liquidaciones, que se decretaron a mediados de 2020, deberá ser asumida por el próximo Gobierno. Se ha vendido el 30% de los activos y temas laborales pendientes

 

El próximo presidente, luego de asumir el mando del país el 24 de mayo de 2021, tendrá, entre las tareas urgentes de su agenda, que gestionar la terminación de los procesos de liquidación de 6 empresas públicas: Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Centros de Alto Rendimiento, Correos del Ecuador, Medios Públicos y Siembra.

Esos procesos han tenido tropiezos y demoras. Así, por ejemplo, el gobierno entrante heredará pasivos, entre deudas y obligaciones por pagar, de $429 millones.

La venta de los activos es la principal fuente para ir cerrando esos compromisos pendientes. Sin embargo, solo se ha podido vender el 30%. Uno de los principales problema es que los terrenos no estaban registrados a ningún nombre. Por eso tuvieron que iniciar trámites para que sean de propiedad de las empresas.

Asimismo, en el caso de Ferrocarriles, el 80% de los bienes no se pueden comerciar, porque son considerados patrimoniales. Eso ha provocado que se tenga que continuar con gastos de mantenimiento de los trenes, con el fin de evitar su deterioro.

CASO. Los ferrocarriles generaron pérdidas para el país.

Por su parte, los aviones de Tame han ido perdiendo su valor. Además, tres de ellos eran arrendados y otros dos cumplieron su vida útil. Según las autoridades, el verdadero patrimonio de esta empresa son las rutas, las cuales se mantendrán en poder del Estado y servirán en caso de que, en los próximos años, se considere volver a tener una aerolínea nacional pública.

El personal se redujo en 85%

Entre 2017 y 2021, el personal de las empresas públicas en liquidación pasó de 6.174 a 900 personas, es decir, una reducción del 85%. Los pagos de liquidaciones no se han completado hasta que se terminen los procesos de cierre.

Sin embargo, en el caso de los 3.957 trabajadores que salieron hasta junio de 2020, cuando se decretó la liquidación, los recursos necesarios están financiados y se desembolsarán progresivamente.

Por otro lado, todavía no se ha determinado la fuente para el financiamiento de las desvinculaciones de los que todavía están en funciones. Ese compromiso requería alrededor de $7 millones adicionales, los cuales deberán ser gestionados por el próximo Gobierno.

Un caso particular es el de Correos del Ecuador que, a pesar del proceso de liquidación, no ha dejado de operar su servicio postal, debido a la cantidad de paquetería pendiente de envío. Según el decreto ejecutivo 1244, se ordenó que crear una nueva empresa solo para ese servicio, la cual operará, desde octubre 2021, con 230 de los 890 trabajadores que se tuvo en su momento. (JS)

Mal negocio para el país

Entre 2017 y 2021, las empresas en liquidación acumularon pérdidas por $300 millones. A pesar de eso, los saldos en rojo se redujeron en los últimos dos años. En 2019, se perdieron $80 millones y en 2020 se contabilizaron $18 millones más. Si no se hubiera emprendido los procesos de cierre, se estima que el perjuicio al Estado habría sido de $150 millones durante el año pasado.

Verónica Burbano, economista e investigadora, comentó que esas entidades nunca tuvieron estándares de calidad, controles efectivos de gasto y de productividad. “El dinero que venía desde el Estado hacía que las pérdidas no sean una preocupación real para los administradores de turno. Con la pandemia, los problemas se hicieron aún más evidentes porque, en casos como Tame y Ferrocarriles del Ecuador, las actividades se paralizaron completamente”, acotó.

En 2017, el Gobierno de Lenín Moreno recibió 21 empresas públicas, y, para mayo de 2021, 12 quedarán operativas, con un patrimonio de $35.000 millones, lo que representa $2.000 millones más que hace 4 años.