Eduardo Bonilla Salcedo deja el cargo de Secretario de Comunicación

Bonilla fue designado para el cargo el 21 de mayo de 2021;  tres días antes de que el jefe de Estado asumiera oficialmente la presidencia de la República.  

Eduardo Bonilla Salcedo, secretario de Comunicación del Gobierno, anunció hoy,  jueves 16 de junio de 2022,  en su cuenta oficial de Twitter su decisión de dejar el cargo.

“Ha sido un honor, Guillermo Lasso, trabajar a su lado para conseguir la Presidencia y cumplir importantes metas este año de gobierno”, escribió Bonilla en su red social.

Al mismo tiempo agradeció al mandatario por su confianza hasta la última gestión en la Cumbre de las Américas que se desarrolló del 6 al 10 de junio de este año en Los Ángeles (Estados Unidos). “Listo para los nuevos desafíos en el proyecto político”, anticipó.  (SC)

SIP renovó directiva y su compromiso con la libre expresión

El presidente de la SIP dijo que la economía y las amenazas son los actuales desafíos de los medios.

Jorge Canahuati fue ratificado como presidente. Gabriela Vivanco Salvador, de diario LA HORA, fue designada secretaria de la organización continental de medios.

Al término de su septuagésima séptima (77) Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) renovó parte de su directiva. Jorge Canahuati continuará presidiendo el organismo que agrupa a los medios libres del continente hasta octubre de 2022, algo que el periodista y empresario hondureño agradeció.

Lo acompañarán en la directiva: Michael Greenspon (primer vicepresidente), de The New York Times, de EE.UU.; Roberto Rock (segundo vicepresidente), de La Silla Rota, de México; Juan Pablo Illanes (tesorero), de El Mercurio, de Chile; y Gabriela Vivanco Salvador (secretaria), de LA HORA, de Ecuador.

Adicionalmente, se eligieron a los nuevos 20 directores de la Junta (compuesta por 60 miembros) y a nuevos presidentes de las comisiones de Finanzas, Libertad de Prensa, Impunidad y más.

Durante el discurso de cierre, Jorge Canahuati hizo hincapié en la dicotomía que viven en la actualidad los medios y en el daño causado por la pandemia.

Según Canahuati, mientras los medios fueron reconocidos como nunca por las audiencias y como el sostén de la democracia, la Covid-19 los debilitó económicamente a ellos y a los anunciantes.

El presidente de la SIP mencionó un dato de la ONU,: que en 2020 hubo pérdidas de 30.000 millones de dólares solo para los periódicos, para decir que las empresas del sector están «en emergencia».

Así mismo, la Asamblea General en sus conclusiones utilizó frases como «hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo cada vez es más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente».

Nicaragua, Cuba y Venezuela aparecen en los informes de la SIP como los países del continente donde el derecho fundamental de Libertad de Expresión no existe y por eso merecieron cada uno una resolución de la 77 Asamblea.

Sin embargo, en la mayoría de los países hay restricciones y solo dos de 22 (Uruguay y Chile) alcanzan el nivel de libertad de prensa plena, según el Índice de Chaputelpec, que es elaborado por expertos de la Universidad venezolana Andrés Bello para la SIP. (EUROPAPRESS-EFE)

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Plan de seguridad de Quito está ‘estancado’ en el Concejo Metropolitano

Formación. Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad de Quito, es abogada y criminóloga.

Desde el 2020 se anunció una ordenanza para sancionar el porte de armas blancas en la capital; pero los concejales no la han aprobado.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad, conversó con LA HORA y dice que el Concejo Metropolitano se quedó sin quórum el día que se debía debatir y aprobar el plan de seguridad de Quito.

Valarezo lo presentará nuevamente, hoy, 21 de octubre de 2021. La Secretaria de Seguridad tiene  19 meses para poner ‘la casa en orden’ y dice que el eje central será el orden público en el centro histórico y la iluminación de más de 40 parques.

También habla sobre cómo se prepara la capital, ante el anuncio de movilizaciones.

 ¿Cómo encontró el Municipio en cuestiones de seguridad?

 Creo que pudo haber mejores articulaciones entre la Empresa Pública de Seguridad (emseguridad) y la Secretaría de Seguridad, porque esta es la que emite las políticas de control y actuación; pero los recursos son sumamente limitados y son las empresas públicas las que manejan los recursos que ingresan por concepto de tasa de seguridad.

Los recursos están en una empresa pública y se debe realizar una sesión de directorio para saber a qué se van a asignar y se vuelve complejo, por lo burocrático.

 Emseguridad  adquirió cámaras que no cruzan su información con la Policía ¿qué va a pasar con estas cámaras?

 Sí, para anclar el sistema de operatividad de las cámaras con la Policía Nacional o el ECU 911 se necesita algún tiempo para que los sistemas se anclen.

Pero no es solo el problema de estas cámaras sino de muchas otras que hay en Quito, que están manejadas de manera dispersa, hay que retomar todas y que sean parte de un sistema integrado de seguridad.

Durante la gestión de Jorge Yunda (mayo 2019-septiembre 2021), la Alcaldía adquirió 119 cámaras de reconocimiento facial, con un costo de $2 millones, que no cumplen su función.

¿Quién manejará las cámaras?

 Algunas se manejarán, obviamente, con sistemas a los que no podemos tener acceso por disposición normativa de la Policía Nacional para hacer seguimientos criminales. Otras las manejará el Ecu 911, para atención inmediata a respuestas y otras también para atender desórdenes en el espacio público. Pero para que todas puedan unirse necesitamos un proyecto grande que estamos trabajando.

A la administración de Jorge Yunda se le criticó por no ‘defender’ a la ciudad ante manifestantes. ¿Cómo lo harán ustedes?

 Hay que decirles a los quiteños que el derecho a la protesta social pacífica está consagrado en la Constitución.

El alcalde, Santiago Guarderas, ha dispuesto que estemos atentos a los operativos que lidera la Policía Nacional. Y, en este caso, con el estado de excepción está el uso de las Fuerzas Armadas en espacios donde hay mayor inseguridad.

El control del orden público corresponde a la Policía Nacional y lo que hemos hecho es tener a los Agentes Metropolitanos de Control en permanente contacto con la Policía Nacional.

 ¿Además del Centro Histórico que otros sectores son prioridades?

Estamos haciendo operativos de un polígono que va ubicado, en las calles 24 de Mayo, Flores, y la Cuenca, donde tenemos trabajo de sensibilización, indicando a las personas (vendedores informales) cómo regularizarse.

A parte haremos controles en cuatro puntos específicos donde los limpiaparabrisas tienen actitudes violentas. Estamos de manera reactiva en la Plaza Argentina, Naciones Unidas y  10 de agosto, en la calle Rumiurco y en los exteriores del Quicentro del Sur.

Santiago Guarderas dijo que iluminar parques y calles es parte de la seguridad. ¿Trabajan en eso?

Si, la falta de iluminación genera inseguridad. Y sí, se han hecho proyectos de iluminación. Lo que sucede es que cuando nosotros ingresamos y quisimos implementar en más zonas de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas –Epmmop– , que es la encargada de los parques, nos dijo que se había finalizado su contrato con la empresa eléctrica.

¿Ya retomaron el contrato?

 Hemos hecho las gestiones con la Empresa Eléctrica para que sea un convenio directo y poder decir cuáles son los puntos de inseguridad, para que intervenga y cambie las luminarias.

¿Cuántos espacios iluminarán?

Serán 44 hasta que se termine el año. Son todos parques y canchas. En el siguiente año tendremos la planificación para otros espacios.

¿Qué pasó con la ordenanza que sanciona el uso de armas blancas?

Está en la Comisión de Seguridad y es ahí donde hay que consultarles cuándo las van a motivar para que el Concejo Metropolitano la apruebe.

Hemos motivado para que se agiliten, pero habría que preguntarle a las personas de la comisión, cuándo van a salir.

Tampoco aprueban todavía el plan de seguridad

 Lo presentamos la semana anterior y no fue aprobado. Esperamos hacerlo en la convocatoria extraordinaria (hoy 21 de octubre de 2021).

 ¿Por qué no se aprobó el plan?

 En la sesión hubo observaciones de algunos concejales que duraban entre 15 y 20 minutos cada una y llegó un momento en el que los concejales dejaron el Concejo.

 ¿Cuál será el proyecto tangible de su gestión?

El Centro Histórico. Volver a tener el Centro Histórico que todos conocimos, esa será la acción más importante que tengamos en estos meses.

Ediles piden salida de la Secretaria del Concejo de Quito

La secretaria encargada del Concejo de Quito puso su cargo a disposición del legislativo capitalino.

La secretaria encargada del Concejo Metropolitano ha sido señalada por “dilatar” procesos que involucran al Alcalde.

Damaris Ortiz fue designada secretaria encargada del Concejo Metropolitano en octubre de 2019.

Fue designada por Jorge Yunda, alcalde de Quito, quien es el único que puede presentar una terna para asignar a ese cargo.

Este 17 de junio de 2021, el concejal Eduardo del Pozo solicitó la remoción de Ortiz y que una terna sea presentada para designar a otra personas. Acusó a Ortiz por sus falencias en procesos vinculados a Yunda.

Pozo dijo que la edil Paulina Izurieta no fue convocada a la sesión de este día. La concejala ha sido señalada por la defensa de Yunda por, supuestamente, haberse oficializado de manera “ilegal”.

A más de esto, Ortiz ha sido señalada por no haber enviado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la documentación en orden, por lo que el pedido de remoción de Yunda ha sido aplazado.

La secretaria encargada se defendió y dijo que si la mayoría del Concejo no está cómoda con su trabajo, ella renunciaría. Bernardo Abad mencionó que le toma la palabra pero que antes envié la documentación, hasta esta tarde, al TCE.

Antecedentes de Ortiz

Otra anomalía administrativa en la que estuvo involucrada la secretaria encargada ocurrió en abril de 2021. Entonces, el vicealcalde Santiago Guarderas denunció la dilatación del proceso de remoción contra Yunda, pues Ortiz, quien tenía 48 horas para remitir el pedido, lo notificó a las 23:34 del último día plazo.
Guarderas indicó que pidió inmediatamente se convoque a una sesión del Concejo. Sin embargo, Ortiz señaló que no se efectuará la convocatoria ya que se había elevado una consulta a Santiago Jaramillo, entonces procurador síndico de la Alcaldía, sobre la potestad de Guarderas para convocar a la sesión; esto pese a que así lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). (AVV)

Remoción de Yunda, detenida por ‘errores’ en el expediente

El Alcalde de Quito fue removido con el voto de 14 concejales la madrugada del 3 de junio pasado.

La secretaría de Concejo entregó hojas simples y sin organización cronológica. Mientras no se solucione, el TCE no puede pronunciarse sobre la remoción y el plazo no corre. 

Han pasado siete días desde que la defensa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, elevó a consulta (apeló) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al proceso de remoción en el que el Concejo Metropolitano votó a favor, el 3 de junio de 2021.

El TCE tiene 10 días para pronunciarse, pero los plazos no han empezado a correr porque el juez sustanciador de la causa, Arturo Cabrera, aún no ha admitido la causa de la denuncia.

Un expediente incompleto 

La demora se debe a la entrega incompleta de la documentación que se debía enviar desde la secretaría del Concejo Metropolitano.

El TCE solicitó a la secretaría que se entreguen los documentos originales o una copia certificada – pues se envió en hojas simples que no pueden ser consideradas por un Juez–. También se solicitó documentos foliados y organizados cronológicamente.

Para la edil Luz Elena Coloma es inexplicable que no haya orden en la entrega de la información, lo que detiene el pronunciamiento del TCE sobre la continuidad o no de Yunda en la Alcaldía de Quito.

El concejal Fernando Morales dice que mientras los ediles han cumplido con un trabajo de fiscalización y apegarse a lo que manda la norma de un proceso de remoción, hay elementos – vinculados al actual Alcalde– que «están buscando a dirigentes barriales y haciendo que funcionarios municipales les están queriendo obligar para firmar cartas hacia el TCE haciéndose pasar como organizaciones sociales».

Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional (UIDE), indica que Cabrera está actuando de manera correcta pues no puede pronunciarse sin tener toda la documentación. «Es un proceso tan grande y tan complejo que requiere de prolijidad», detalla el abogado y experto electoral.

Un llamado de atención sin plazos 

En la decisión del TCE no se emite un tiempo para que la secretaría del Concejo devuelva el expediente en orden. La secretaría del Concejo debe corregir los errores marcados y volver a emitir la documentación.

Pero sin un plazo ¿cómo garantizar que se envíe el expediente y no se dilate más? Ron explica que esta es una primera notificación para determinar los errores y subsanar. «Si no los subsana y no hay un pronunciamiento del Concejo ya le pides que subsane bajo prevenciones de Ley».

Las prevención del ley significa que el Juez podría solicitar una investigación en Fiscalía o pedir la sanción de por incumplimiento de orden legal.

 

 

No es la primera vez

No es la primera vez que Damaris Ortiz, secretaria del Concejo Metropolitano, es señalada por ‘blindar’ un proceso contra el Alcalde.

En abril de 2021, el vicealcalde, Santiago Guarderas, denunció la dilatación del proceso de remoción contra Yunda, pues Ortiz, quien tenía 48 horas para remitir el pedido, lo notificó a las 23:34 del último día plazo.

Guarderas indicó que pidió inmediatamente se convoque a una sesión del Concejo. Sin embargo, Ortiz señaló que no se efectuará la convocatoria ya que se había elevado una consulta a Santiago Jaramillo, entonces procurador síndico de la Alcaldía, sobre la potestad de Guarderas para convocar a la sesión; esto pese a que así lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Yunda fue quien nombró a Ortiz como secretaria, dice Morales y dice que hoy se están jugando «al gato y al ratón (…) esta demoras no son inocentes. Estas demoras permiten el cabildeo político», añade el edil.

DATO:

A las 10:30 de este 16 de junio de 2021, grupos ciudadanos protestarán a fuera del TCE para pedir celeridad y transparencia en el proceso de remoción contra Jorge Yunda. 

DATO:

Si la secretaría del Concejo Metropolitano continuara retrasando la entrega del expediente el juez podría solicitar una investigación en Fiscalía o pedir su sanción por incumplimiento de orden legal.

«Como Juez si no tienes el expediente bien formulado, no vas a poder conocer del tema, ni tener un conocimiento adecuado de las circunstancias. Arturo Cabrera (juez del TCE) necesita tener todos los elementos para que pueda hacer el juzgamiento», Esteban Ron,abogado- experto electoral.