Prisión preventiva para exnovio de periodista ecuatoriana asesinada

El cuerpo de Johana Guayguacundo fue encontrado en el norte de Quito. Foto: Redes

El cuerpo de la periodista Johanna Gabriela Guayguacundo Tingo fue encontrado en una zanja en el norte de Quito, el miércoles 2 de febrero de 2022. 

Este 11 de febrero de 2022, la jueza Janeth Chauvín acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado y rechazó el recurso de apelación y ratificó la prisión preventiva para Carlos Fernando E., procesado como presunto responsable del femicidio de la periodista Johanna Guayguacundo.

El cuerpo de la periodista Johanna Gabriela Guayguacundo Tingo, de 29 años de edad, fue encontrado en una zanja en el norte de Quito, el miércoles 2 de febrero de 2022.

Al día siguiente, los agentes de la Policía especializada en muertes violentas (Dinased) capturaron a Carlos Fernando E., expareja de la periodista.

El jefe de la Dinased en Quito, Iván Naranjo, informó que tras la autopsia se determinó que la muerte de la joven se dio por extrangulación. “Se encontró una bufanda como elemento constrictor que provocó su muerte”, indicó el oficial. (AVV)

Juez dicta prisión preventiva para prófugo Fernando Alvarado

El ex secretario de Comunicación de Rafael Correa no ha sido localizado desde su huida.

El ex secretario de Comunicación de Rafael Correa es acusado de incumplir orden legítima de autoridad por quitarse el grillete electrónico en 2018. 

El juez Giovanni Freire acogió este 4 de febrero de 2022 el pedido de la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva para el ex secretario de comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado, quien se encuentra prófugo.

La medida fue dictada dentro del proceso que se sigue en contra de Alvarado por Incumplimiento de Orden Legítima de Autoridad al haberse quitado, el 20 de octubre de 2018, el grillete electrónico que portaba por ser uno de los investigados por el caso Sobornos y huir del país.

El ex funcionario correísta estaba convocado para asistir de manera presencial a la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes en la Unidad Judicial Norte, en Quito. Esto luego de que el pasado 28 de enero, ni Alvarado ni sus abogados comparecieron en forma alguna (telemática o presencial).

Al momento de su fuga del país, Alvarado afrontaba una investigación por supuesta malversación de fondos públicos por la contratación de equipos para la producción de los enlaces ciudadanos desde el año 2013 hasta el año 2017. Por este proceso, fue declarado inocente en 2020 por la Corte Nacional de Justicia.

Tres días después de su fuga, el ex secretario de comunicación publicó un video en YouTube en el que indicó que se encontraba “asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente”.

La fuga de Alvarado levantó sospechas del funcionamiento de los grilletes y sobre la posible complicidad de personas que trabajaban en el monitoreo. (DLH)

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381 paquetes de droga en un camión

EVIDENCIAS. Los bloques de droga tenían marcado KK.

El conductor quedó en prisión preventiva. La Jueza dispuso instrucción fiscal durante 30 días.

La Policía Nacional armó un operativo para frenar la marcha de un camión que circulaba con sustancias sujetas a fiscalización por la vía Alóag – Santo Domingo.

Trabajos de inteligencia permitió conocer que el alcaloide fue movilizado desde la ciudad de Quito. Los gendarmes recibieron la alerta y neutralizaron al medio de transporte en la jurisdicción de la parroquia Alluriquín.

La tripulación estaba conformada por dos personas, entre ellas un menor de edad (17 años). Fueron trasladados hasta el UPC más cercano, donde verificaron que existía un doble fondo en el vehículo pesado.

Hallazgo

Al procedimiento se sumaron agentes antinarcóticos y en conjunto con el personal preventivo detectaron 381 paquetes rectangulares, en cuyo interior existía una sustancia polvosa.

A través de los reactivos químicos se comprobó que era clorhidrato de cocaína. Los bloques estaban embalados con cinta y cada uno tenía impreso el logotipo KK.

La droga estaba encaletada en este camión.
La droga estaba encaletada en este camión.

Judicializados

El conductor fue identificado como Ricardo E., de 24 años. Ayer, miércoles 19 de enero de 2022, se desarrolló la audiencia de flagrancia en la Unidad Judicial de Santo Domingo.

La Jueza dispuso prisión preventiva para Ricardo E. Además, se autorizó la explotación de los dos celulares decomisados en el procedimiento, la incautación del camión, prohibición para enajenar bienes y que inicie el trámite para la destrucción de la droga. (JD)

¿Para el extranjero?
No se descarta que el cargamento pretendía ser sacado del Ecuador, ya que en el exterior el precio es mucho más alto. Cada paquete pesa aproximadamente un kilo.
El dato
El menor de edad quedó libre.

En Chile aún están detenidos 144 manifestantes de 2019

Chile vivió meses de manifestaciones que se iniciaron a raíz del alza de la tarifa del metro y que derivaron en una asamblea constituyente.

El informe policial fue entregado a la Presidenta del Senado en el marco de un proyecto para indultar a quienes protestaron hace casi dos años.

Redacción SANTIAGO

La Gendarmería chilena informó este 11 de enero que 144 manifestantes continúan en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019 en Santiago de Chile y se propagó posteriormente a otras partes del país.

«Actualmente existen 144 detenidos por delitos de violencia asociados al estallido social, sujetos a la medida de prisión preventiva«, ha indicado la entidad en un informe recogido por el diario ‘El Mercurio’.

En el desglose se detalla que hay 1.255 personas procesadas por causas vinculadas a las manifestaciones que tuvieron lugar en diversos puntos del país entre octubre de 2019 y marzo de 2021, de las cuales 67 se encuentran cumpliendo condena.

El informe fue entregado a la presidenta del Senado, Ximena Rincón, que a su vez lo ha enviado al presidente saliente, Sebastián Piñera, en el marco del proyecto de ley que se discute en el Congreso y que busca el indulto de los manifestantes que participaron en la ola de protestas sociales. (EUROPAPRESS)

La Corte Nacional regula el uso de la prisión preventiva

La Corte Nacional es el máximo órgano de justicia ordinaria en el país.

Entre los considerandos para emitir la resolución 14-2021 se menciona la crisis carcelaria y la aplicación «arbitraria y generalizada» de esta medida. 

En un documento de 16 hojas, los jueces que integran la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvieron emitir cuatro artículos para aclarar cuándo se debe aplicar la prisión preventiva. En el texto, firmado por 18 magistrados, se reconoce que esta medida se ha dictado de manera “arbitraria y generalizada”.

 

La prisión preventiva está normada en el art. 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, los jueces  nacionales señalan que hay inconvenientes a la hora de aplicarla. En los considerandos, para emitir la resolución 14-2021, se menciona que incluso el abuso de esta figura ha contribuido a la crisis carcelaria.

“Este excesivo uso de la prisión preventiva, sumado a otros aspectos, ha provocado hacinamiento y crisis en el sistema carcelario y, como ya ha quedado dicho, la consiguiente violación de los derechos humanos de las personas procesadas”, indica la Corte.

Por esto, los magistrados emitieron cuatro artículos para que se tomen en cuenta a la hora de usar la figura.

Art.1.- La prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional, debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterios de última ratio, y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz.

Art. 2.- La Fiscalía al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP, evidenciando el riesgo procesal y que las mediadas alternativas no son suficientes para evitarlo.

Art. 3.- La resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP y contendrá al menos:

  1. Una relación de cómo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada, se ajustan a un delito de acción penal pública sancionado con una pena privativa de libertad superior a un año.
  2. Que los elementos aportados por Fiscalía permiten, razonadamente, concluir que es probable que la persona procesada sea autor o cómplice del hecho imputado.

La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva.

  1. La justificación de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal, y que la prisión preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Art. 4.- Esta resolución tendrá el carácter de general y obligatoria y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. (DP)

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Decretos contra el hacinamiento carcelario aportan poco

Los decretos de Guillermo Lasso benefician a infractores de tránsito y reos con enfermedades graves.

Los casos contemplados en los indultos implican sanciones breves, en muchos casos, y, además, sus beneficiarios no son muchos. 

El presidente Guillermo Lasso suscribió los Decretos Ejecutivos 264 y 265 a través de los cuales concedió el indulto presidencial a Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo ciertas condiciones.

Por una parte, de acuerdo con el comunicado presidencial, el Decreto 264 busca indultar a Personas Privadas de la Libertad que hayan sido sentenciadas por las infracciones previstas en los artículos 383 y 386 del Código Integral Penal (COIP), que correspondan a infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones.

Dichos artículos (383 y 386) establecen una pena privativa de libertad de cinco a 15 días y, de tres días, respectivamente.

Por ejemplo, en el artículo 383 se sanciona a quienes conduzcan un vehículo con llantas en mal estado. En el caso de ser transporte público, la pena de libertad es el doble, es decir, hasta un mes.

Mientras que el artículo 386 castiga a quienes realicen contravenciones de tránsito de primera clase: personas que conduzcan sin haber obtenido la licencia, a quien falte de obra a la autoridad o agente de tránsito o quien exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente.

Para el abogado penalista Nicolás Salas, el Presidente tiene a su alcance el otorgar indultos por razones humanitarias y, la medida en la cual estos indultos ayuden a controlar el hacinamiento es importante.

Sin embargo, el experto enfatiza en que este decreto no contribuye en mayor medida a una solución; «no creo que las personas que salgan mediante este indulto vaya a reducir el hacinamiento carcelario. No tengo cifras exactas pero no creo que pase de unos cientos de personas las personas encerradas por estas causas».

Para acceder a este indulto, las PPL deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener sentencia condenatoria ejecutoriada por una de las infracciones referidas en el artículo 1 y, no tener procesos penales pendientes en su contra.

Indulto a personas con enfermedades catastróficas

Por su parte, el Decreto 265 determina que se indultará a quienes padezcan de una o más de las siguientes condiciones:

  • Enfermedades catastróficas
  • Enfermedades terminales
  • Tuberculosis multidrogorresistentes
  • Coinfección TB- VIH

El comunicado presidencial cita que en los casos señalados, se establecerá el perdón total de las Personas Privadas de la Libertad y «no extingue la obligación de la reparación integral que cada uno de los receptores del indulto tenga a su cargo manteniéndose inclusive, aquellas de naturaleza pecuniaria.

Según el analista, el problema radica en la cantidad para la que está hecho el sistema carcelario y la medida en la que «ayudan» este tipo de decretos. Considera que el mayor aporte debería venir del sistema judicial.

«El esfuerzo principal debería venir de la función judicial limitando el uso de la prisión preventiva. Esa es una solución considerable. Recordemos que alrededor del 40% de las PPL tienen prisión preventiva«, destaca el analista.

Con él coincide Joffre Campaña, otro experto en temas penales, quien, a través de su cuenta de twitter, expresó que el decreto 264 es una ‘tomadura de pelo’. «Más tardará el trámite burocrático que las penas que perdona», escribió.

Para acceder al indulto del Decreto 256, las PPL deberán: tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no tener procesos penales pendientes en su contra y no estar condenada por delitos como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, secuestros, entre otros. (MFU)

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Prisión preventiva para delincuente por asaltar a un hombre con un cuchillo

ATAQUE. Un juez dictó prisión preventiva para un delincuente que robó con violencia a su víctima.

Un juez dictó prisión preventiva por 30 días para Julio César V. de 19 años, quien asaltó a un hombre y lo agredió con un cuchillo.

En la audiencia de flagrancia, la Fiscalía presentó las pruebas recabadas para acusar al sospechoso, quien fue procesado por el delito de robo con violencia. La instrucción fiscal durará 30 días.

 

Antecedentes

El hecho violento ocurrió durante el feriado, la mañana del martes 2 de noviembre de 2021, cerca de las 10:00.

Dos delincuentes amenazaron e hirieron a un hombre que caminaba por las escalinatas de la 13 de Abril, a la altura de la calle Floreana II y Manuel de Quiroga.

La víctima, era un funcionario municipal que se dirigía hasta la plaza Urbina, en donde se desarrolló la Feria de Finados.

Según el testimonio que el hombre dio a la Policía, uno de los delincuentes lo sujetó del cuello, ahorcándolo, mientras le rebuscaba los bolsillos y le quitaba el celular.

Mientras tanto, el ahora procesado, Julio César V. lo amenazó con un cuchillo.

La víctima intentó defenderse forcejeando con el ladrón y recibiendo dos cortes en la mano izquierda.

A pocos metros caminaban varios compañeros del afectado, quien pidió auxilio a gritos.

En ese momento, los ladrones salieron corriendo lanzando al piso el teléfono y el cuchillo.

Uno de los ladrones se metió a una vivienda cercana, la Policía Nacional llegó y atrapó al sospechoso, Julio César V.

 

Dato jurídico

Según el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de un bien ajeno, “sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (APQ)

Prisión preventiva para conductor de bus interprovincial accidentado en Colta

Accidente. El siniestro dejó nueve muertos.

El Juez Multicompetente de Colta dictó prisión preventiva para Jorge Fidelito V. M. como presunto responsable del delito de muerte culposa, tras el accidente de tránsito que dejó nueve fallecidos y 22 heridos.

La decisión del Magistrado incluyó determinar la retención del vehículo accidentado, la prohibición de enajenar bienes hasta por 100mil dólares y la prohibición de enajenar las acciones y derechos que posee el procesado en la Cooperativa de Transportes Trasandina.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del cantón, Jorge Tenemaza Ponce, relató que los hechos ocurrieron el domingo 17 de octubre de 2021.

Un bus que cubría la ruta Guayaquil-Ambato, conducido por el hoy procesado, se accidentó a causa de la pérdida de carril de circulación, produciéndose un volcamiento, al llegar a la parroquia Juan de Velazco, Chimborazo.

En el hecho fallecieron nueve personas, dos niños, tres mujeres y cuatro hombres.

Fiscalía justificó el inicio del proceso penal con elementos de convicción de cargo como las actas de levantamiento de cadáveres, el informe de reconocimiento técnico mecánico del vehículo y la identificación de los nueve cadáveres en la morgue del anfiteatro de Riobamba.

Además, de los respectivos informes de reconocimientos médicos legales de los heridos que fueron trasladados al Hospital del IESS de Riobamba, al Hospital Policlínico, entre otros.

Información jurídica

El delito de muerte culposa está tipificado en el artículo 377, numerales 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Dictan prisión preventiva para un sospechoso de violación en Baños

CASO. Un hombre de 25 años permanecerá en prisión preventiva por presunta violación.

Carlos Jimmy L., de 25 años estará bajo prisión preventiva por la presunta violación a una adolescente de 15 años, el hecho fue reportado el sábado 2 de octubre de 2021 en Baños de Agua Santa.

La instrucción fiscal durará 30 días, así lo determinó el juez multicompetente del cantón, luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Antecedentes

El viernes 1 de octubre, la víctima y sus amigas salieron a las calles Eloy Alfaro y Eugenio Espejo, a una discoteca.

En el lugar, conocieron a otras personas, con quienes habrían compartido bebidas alcohólicas hasta que los bares cerraron.

Luego las habrían llevado al hotel en donde se hospedaban, sin embargo, al despertar se percataron que la adolescente no se encontraba, por lo que dieron aviso a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

En horas de la tarde, la adolescente fue ubicada, estaba desorientada, sin poder mantenerse en pie acompañada por el Carlos Jimmy, quien fue aprehendido luego de que se verificara la existencia de un presunta violación. La menor fue atendida en un centro de salud.

EL DATO: El delito de violación es sancionado con pena privativa de libertad 
de 19 a 22 años cuando la víctima es menor de edad.

 

Audiencia

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno, Alexandra Sánchez, presentó como elementos de convicción: el informe del examen médico-legal practicado a la víctima, el informe ginecológico, que evidencia una agresión sexual reciente, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el parte policial de aprehensión, versiones, entre otras evidencias.

Dato jurídico

Este caso se procesa por el delito de violación, tipificado en el artículo 171 que menciona que: quien cometa agresión sexual será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la víctima sea menor de edad. (APQ)