Acción de protección contra amnistías de la Asamblea

Representantes de la sociedad civil se reunieron este 11 de marzo de 2022.

Representantes de la sociedad civil y empresarial de Quito anunciaron que darán «una pelea constitucional» por los daños que la capital sufrió en octubre de 2019.

Indignados, así se describieron 16 quiteños que anunciaron que el martes 15 de marzo de 2022 presentarán una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

El motivo: las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional, la madrugada del 10 de marzo de 2022, a 268 personas; entre ellas, quienes lideraron y participaron de las protestas y desmanes y violencia de octubre de 2019.

Judicializados por protestas de octubre 2019 fueron perdonados

Entre los beneficiados de las amnistías se encuentran la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, y el político Virgilio Hernández.

Acción de protección

“Cuando hablamos de amnistía, hablamos de perdón y olvido”, dijo el abogado Andrés Castillo, quien es uno de los 16 quiteños que promueve la acción de protección.

Si se da paso a la acción de protección, explica Castillo, la amnistía queda disuelta y el proceso continúa. De no darse, acudirán a la Corte Provincial.

El grupo de representantes de la sociedad civil, empresas y gremios no descartan realizar movilizaciones pacíficas así como también, impulsar un proceso de revocatoria contra los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de las amnistías.

Para Diego Vivero, director de la Confederación de restaurantes del Ecuador, dijo que es necesario sentar un precedente para que no exista impunidad a favor de quienes, con el paro nacional de 2019, generaron graves afectaciones económicas al país y especialmente a Quito.

Según el Banco Central del Ecuador, octubre de 2019 dejó daños y pérdidas por $821,68 millones.

Esas pérdidas económicas hicieron, aseguró Vivero, que muchos negocios y emprendedores, no tuvieran un respaldo económico para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.

Finalmente, luego de los anuncios de acciones legales y constitucionales, se formó una mesa de trabajo, para analizar qué otras medidas se pueden tomar para “defender a Quito”. (AVV)