Corruptos dejan las celdas y cumplen sus condenas desde sus casas

Cerca de 16.141 prelibertades y cambios de regímenes a escala nacional calificaron los jueces de garantías penitenciarias, a cargo de estos procesos.

La prelibertad y el régimen semiabierto son las dos figuras que permiten a los presos salir de la cárcel antes de haber cumplido su condena. Desde 2019 hasta el 1 de septiembre de 2021,  el Servicio de Rehabilitación Social (Snai) indicó que 16.141 presos dejaron las cárceles de Ecuador utilizando estos beneficios legales.

Quienes fueron condenados con el Código Penal anterior (derogado en el 2014) usan la figura de prelibertad. Los jueces de garantías penitenciarias, que están a cargo de estos procesos, revisan los requisitos para resolver. Entre las exigencias están: haber cumplido con el 40% de la sentencia, presentar un certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad, tener un informe emitido por el Snai en el que se indique que no son un riesgo para la seguridad de otras personas y adjuntar documentos que indiquen dónde vivirá después de salir de la cárcel.

Para quienes fueron sentenciados con el Código Integral Penal vigente (Coip) y se acogen al régimen semiabierto, los requisitos son similares. La diferencia es que los interesados en usar este beneficio legal deben cumplir al menos con el 60% de su condena al interior de un centro de rehabilitación.

Antes de diciembre del 2020, cuando la Asamblea reformó el COIP, no había restricciones para los que buscaban salir antes de prisión. Es decir, cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de infracción podía acogerse a estos beneficios.

Desde el año pasado, el Legislativo incluyó en el Art. 698 del Coip una lista de delitos que no son sujetos a beneficios penitenciarios. Allí constan, por ejemplo, los procesados por asesinato, femicidio, sicariato. La reforma también impide salir antes de la cárcel a quienes cometieron actos de corrupción como cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito.

¿Por qué salen personas que fueron sentenciadas por corrupción?

La Ley no es retroactiva y las reformas que constan en el Art. 698 del COIP se aplican a quienes hayan sido sentenciados después de la vigencia de los cambios; es decir, a quienes los condenaron desde enero de este año.

Entre las personas que recibieron los beneficios están procesados por actos de corrupción que estallaron en el gobierno de Rafael Correa (ver gráfico) e incluso líderes de mafias criminales como alias JL, asesinado tras su salida de la cárcel hace un año. La figura de régimen semiabierto también se otorgó en 2019 al expresidente de la FEF, Luis Chiriboga, sentenciado por lavado de activos y se usó esta semana para favorecer a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glas.

Casos del correísmo

Nombre: Alecksey Mosquera

Cargo: Exministro de Electricidad

Delito: Lavado de Activos

Sentencia: 5 años.

En 2020 cumplió tres años de su sentencia en prisión

Se acogió al régimen semiabierto.

Nombre: Marco Calvopiña

Cargo: Exgerente de Petroecuador

Delito: Asociación ilícita

Sentencia: Seis años

En febrero de este año se acogió al régimen semiabierto.

Estuvo cuatro años y un mes en prisión.

Nombre: Ricardo Rivera

Acusación: Encargado de recibir coimas para entregar a su sobrino Jorge Glas

Delito: Asociación ilícita

Sentencia: Seis años

En diciembre del 2017 y permanecía hasta ayer en la Regional Guayas.

Nombre: Jorge Glas

Cargo: Ex vicepresidente de la República

Delito: Asociación ilícita y cohecho

Sentencia: 6 y 8 años, respectivamente

Presentó un pedido para unificar sus penas. Una vez resuelto, podrá acogerse a un beneficio penitenciario.

Carolina Llanos fue declara inocente en caso Quinsaloma

El exasambleísta Galo Lara cumplió 4 años de los 10 que le impusieron.

El exasambleísta Galo Lara, quien también fue condenado en este caso, pedirá revisión de su sentencia.

Por unanimidad, los jueces Byron Guillen, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmaron el estado de inocencia de Carolina Llanos Romero en el conocido caso de Quinsaloma. Esto ocurrió tras audiencia de revisión de sentencia interpuesta por la defensa de Llanos.  En este también fue sentenciado el exasambleísta Galo Lara

La audiencia se desarrolló el pasado martes 22 de septiembre y hoy, 29 de septiembre, se dio a conocer la resolución, donde tras la presentación de nuevas pruebas testimoniales y documentales por la defensa técnica de Llanos se confirmó su inocencia.

Los jueces basaron su resolución en las nuevas pruebas presentadas por la defensa técnica de Llanos y se evidenció la utilización de recursos del Estado para perseguir a Galo Lara a través de la exsecretaria Nacional de Inteligencia (Senai).

Llanos, tras conocer la resolución, aseguró que su único delito fue tener tres hijos con el exasambleísta; a uno de ellos  lo mataron en prisión. «Fui una rehén de la política y del manejo de la justicia por parte del Ejecutivo de aquel entonces, sin importales las consecuencias” Además, Llanos preguntó: “¿quién me devolverá a mí hijo, asesinado en prisión y los ocho años injustamente en prisión?».

Con la decisión judicial, Galo Lara presentó un nuevo recurso de revisión de su sentencia. El exasambleísta fue condenado a 10 años de prisión, acusado del triple asesinato en el cantón Quinsaloma (en Los Ríos); sin embargo, tras cumplir el 41% de la pena interpuesta salió de cárcel tras haber sido acogida su solicitud de prelibertad.

A Lara se le dictaron medidas sustitutivas y debe presentarse periódicamente ante un juez. En prisión estuvo cuatro años, un mes y 23 días. (RR)

TE PUEDE INTERESAR:

Cifra de muertos por amotinamiento ya supera el centenar

El alcalde Jorge Yunda será juzgado en ausencia

En Ecuador es más caro indemnizar por despido que en los países vecinos

Hay al menos dos vías para otorgar prelibertad a detenidos

Cerca de 40 mil personas se encuentran detenidas a nivel nacional.

La prelibertad para las personas detenidas en las cárceles del país es un reto de las autoridades. El presidente Lasso anunció que se analiza cinco mil casos.

La idea fue lanzada: conceder la prelibertad, bajo ciertas condiciones, a personas privadas de la libertad (PPL). El objetivo es disminuir el hacinamiento en los 37 centros penitenciarios a nivel nacional que, al 28 de julio de 2021, registran cerca de 40 mil PPL en su interior. Hay un 30% de sobrepoblación, es decir, nueve mil personas más.

Para que se haga efectivo este anuncio, se puede optar, al menos, por dos caminos legales. Uno es el régimen semiabierto  y el otro, los indultos presidenciales. Esta última opción se intentó emplear a días de que culminé el periodo del expresidente Lenín Moreno; sin embargo, por las críticas recibidas se derogó el Decreto Ejecutivo.

Para Jorge Núñez, director de Kaleidos –Centro de Etnografía Interdisciplinaria y miembro de la Alianza contra las Prisiones-, estas medidas podrían disminuir la población carcelaria. Pero explica que el problema de aprobar estos regímenes es político porque el otorgar un indulto no da capital político. “Hay un pánico que tienen los políticos en que una decisión sensata sea leída por su electorado y sus votantes como no (tener) mano dura”.

Asegura que un ejemplo de ello es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha identificado 2.000 candidatos para ser indultados por situación de vulnerabilidad y condiciones de salud; pero cuando se intentó, el proceso se trabó y por cuestiones políticas no se concretó.

Se desconoce cuál será la estrategia que se empleará, ahora, para otorgar la prelibertad de, al menos, 5.000 personas detenidas. En declaraciones públicas, el actual director del SNAI, Fausto Cobo, habló de reformas al Reglamento del Sistema Penitenciario. Pero la entidad encargada de resolver esta situación es el Directorio de Organismo Técnico, conformado por ocho instituciones del Estado. Sus titulares no se han reunido por falta de un Decreto Ejecutivo que nombre a la persona que dirigirá el Directorio.

La anterior semana, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional exhortó al presidente Guillermo Lasso a designar a la autoridad competente para dar una respuesta inmediata a la crisis carcelaria. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.

El 21 de julio se dio la segunda crisis carcelaria del año, la que dejó más de 22 muertos, 41 heridos y una víctima de violencia sexual. (MC)

Requisitos para el régimen semiabierto

  • Cumplir el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos que estén en casación.
  • Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo cinco puntos sobre el cumplimiento de la pena.
  • Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas.
  • Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la máxima autoridad del centro de privación de libertad.
  • Documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona privada de libertad.
  • Informe jurídico del centro que indique que la persona privada de la libertad no tiene otro proceso penal pendiente.
  • Informe psicológico del centro, en el que se concluya las condiciones para la reinserción de la persona privada de libertad.

Tras cumplirse estos requisitos, el informe será analizado por la Comisión Especializada de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos y Repatriaciones.

Luego, este informe será enviado al juez competente para que dicte su resolución.

Indultos

  • Cumplir todos los requisitos anteriores.
  • Luego, la Comisión Especializada emitirá un informe no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos para la concesión de indultos, conmutación o rebaja de penas al presidente de la República.
  • El presidente emitirá un Decreto Ejecutivo motivando el indulto.

TE PUEDE INTERESAR:

Conoce cómo se prepararon nuestros deportistas escuhando nuestros podcast en ‘Salto alto a Tokio