Guatemala archiva ley contra aborto y diversidad sexual

Ciudadanos guatemaltecos protestan contra la ley antiaborto y antiminorías.

La norma había sido aprobada la semana anterior y produjo una reacción social negativa que llevó al Congreso guatemalteco a dar marcha atrás.

CIUDAD DE GUATEMALA. El Congreso de Guatemala archivó la noche del martes (15 de marzo de 2022) la polémica ley que había aprobado hace una semana y con la que buscaba combatir el aborto y a «grupos minoritarios» que son «incongruentes con la moral cristiana».

Los diputados guatemaltecos dieron así marcha atrás a sus objetivos de promover la ley, ante la presión de sectores sociales e internacionales que manifestaron en sus últimos días su oposición a la nueva normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia.

El polémico nuevo estatuto contra el aborto y las minorías fue aprobado el 8 de marzo con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y ocho en contra (la mayoría de la agrupación política Semilla), además de 50 ausentes.

Sin embargo, fue el mismo Giammattei el que indicó en un mensaje a la población el pasado 10 de marzo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.

La decisión de archivar la ley fue tomada este martes con el voto de 119 de los 160 diputados que componen el Organismo Legislativo del país centroamericano, incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado la normativa el pasado 8 de marzo.

El diputado Bernardo Arévalo, de la agrupación política de oposición Semilla, aseguró este martes ante el pleno del Parlamento que «la vergüenza no va a pasar rápido» para los legisladores que aprobaron inicialmente la ley.

«La vergüenza la conoce el pueblo de Guatemala, que sabe quienes votaron en contra de esto y sabe quienes aprobaron un texto que era inconstitucional y que lleva al presidente a pedir que lo archiven», dijo Arévalo, cuya agrupación nació de la lucha anticorrupción en Guatemala durante 2015.

La ley archivada

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 por el partido conservador Viva hasta su aprobación el 8 de marzo pasado, aumentaba las penas de cárcel para mujeres que abortaran, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y elevaba los castigos a penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.

De igual forma, la normativa prohibía enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Congreso aseveró el 8 de marzo que la ley debía aprobarse «considerando» la «existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana».

Pese a que Giammattei dijo el 10 de marzo que vetaría el nuevo estatuto, expertos legales en el tema insistían en que existía la posibilidad de que el Congreso aprobara la ley sin el voto de respaldo del presidente, como establece la Constitución guatemalteca.

Sin embargo, los diputados finalmente dieron marcha atrás este martes a la normativa, decretada un día antes de que Guatemala fuera designado por un congreso cristiano como «Capital Iberoamericana Provida».

En dicho Congreso, cuya jornada inaugural tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) estuvieron presentes Giammattei y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

«¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas», aseguró el mandatario guatemalteco durante su intervención en el evento.

Alrededor de un centenar de personas se presentaron en las afueras del Congreso guatemalteco, en la capital del país, para exponer su inconformidad con la nueva ley y celebraron el archivo de la misma.

La organización humanitaria Amnistía Internacional había indicado la semana pasada mediante la directora para América, Erika Guevara Rosas, que la normativa aprobada por el Congreso guatemalteco fomentaba «el odio y la discriminación» y no protegía «a las familias ni a las vidas». EFE

Congreso de Guatemala penaliza matrimonio igualitario y el aborto

La Ley aumenta a 25 años las penas por abortar, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y hablar de diversidad sexual en las escuelas.

El Congreso de Guatemala aprobó ayer (8 de marzo de 2022), una ley que sanciona el aborto con pena de cárcel de hasta 25 años y establece la prohibición del matrimonio igualitario (entre personas del mismo sexo), así como enseñar sobre diversidad sexual en las escuelas.

La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, propuesta por el partido conservador VIVA, fue aprobada la noche del martes por una amplia mayoría de legisladores, incluyendo algunos de partidos aliados del presidente Alejandro Giammattei, que la sacaron de la congeladora en la que estaba desde 2018.

La polémica normativa, que aún debe ser publicada en el diario oficial para entrar en vigor, prohíbe fomentar «en la niñez y adolescencia» programas para promover la diversidad sexual, «la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad».

El texto, aprobado en el Día Internacional de la Mujer, señala también que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente «por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género».

El procurador de derechos humanos de la nación centroamericana, Jordan Rodas, condenó la decisión de los legisladores, al igual que organizaciones de personas LGBTIQ, y anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.

«Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades», afirmó Rodas a periodistas afuera de la sede del Congreso.

La norma eleva, además, las penas de prisión para las mujeres que aborten, que antes iban de 5 a 10 años y ahora se elevaron a hasta 25 años, y aunque mantiene la posibilidad de interrumpir el embarazo solo cuando esté en peligro la vida de la madre, endurece las condiciones para practicarlo.

Algunos diputados de izquierda se manifestaron en contra de la ley y dijeron que promueve el odio, la homofobia y criminaliza a las mujeres. (DLH)

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Penas de 20 años para manifestantes en Cuba

En la foto, decenas de personas se manifiestan en favor de las protestas en Cuba frente a la embajada cubana en Madrid.

Entre los primeros sentenciados por las protestas del año pasado hay cinco menores de edad. Los juicio continúan.

Redacción LA HABANA

Un tribunal de Cuba sentenció a penas de hasta 20 años de cárcel a un total de 20 personas, entre ellas cinco menores de edad, que participaron en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 tras ser declarados culpables de cargos de sedición, según la organización Justicia 11J.

«En las últimas horas hemos accedido a las sentencias de 20 manifestantes acusados del delito de sedición en la provincia de Holguín, cinco menores entre ellos», indicó la organización a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

La organización apuntó que la Justicia cubana redujo las penas de varios condenados y señaló que son «gestos del Estado ante la fuerte presión nacional e internacional».

«Sin embargo, Justicia 11J insiste en el reclamo de absolución como vía legal, en el caso de las personas que han sido sentenciadas, o serán próximamente juzgadas».

La Fiscalía de Cuba presentó cargos en enero contra 790 personas, 55 de ellas con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, por «actos vandálicos» y «graves alteraciones del orden público» durante las protestas. (EUROPAPRESS)