Acción de protección contra amnistías de la Asamblea

Representantes de la sociedad civil se reunieron este 11 de marzo de 2022.

Representantes de la sociedad civil y empresarial de Quito anunciaron que darán «una pelea constitucional» por los daños que la capital sufrió en octubre de 2019.

Indignados, así se describieron 16 quiteños que anunciaron que el martes 15 de marzo de 2022 presentarán una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

El motivo: las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional, la madrugada del 10 de marzo de 2022, a 268 personas; entre ellas, quienes lideraron y participaron de las protestas y desmanes y violencia de octubre de 2019.

Judicializados por protestas de octubre 2019 fueron perdonados

Entre los beneficiados de las amnistías se encuentran la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, y el político Virgilio Hernández.

Acción de protección

“Cuando hablamos de amnistía, hablamos de perdón y olvido”, dijo el abogado Andrés Castillo, quien es uno de los 16 quiteños que promueve la acción de protección.

Si se da paso a la acción de protección, explica Castillo, la amnistía queda disuelta y el proceso continúa. De no darse, acudirán a la Corte Provincial.

El grupo de representantes de la sociedad civil, empresas y gremios no descartan realizar movilizaciones pacíficas así como también, impulsar un proceso de revocatoria contra los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de las amnistías.

Para Diego Vivero, director de la Confederación de restaurantes del Ecuador, dijo que es necesario sentar un precedente para que no exista impunidad a favor de quienes, con el paro nacional de 2019, generaron graves afectaciones económicas al país y especialmente a Quito.

Según el Banco Central del Ecuador, octubre de 2019 dejó daños y pérdidas por $821,68 millones.

Esas pérdidas económicas hicieron, aseguró Vivero, que muchos negocios y emprendedores, no tuvieran un respaldo económico para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.

Finalmente, luego de los anuncios de acciones legales y constitucionales, se formó una mesa de trabajo, para analizar qué otras medidas se pueden tomar para “defender a Quito”. (AVV)

Lasso considera injusta amnistía general otorgada por la Asamblea

El Presidente de la República rechazó en redes que entre los amnistiados estén quienes protagonizaron desmanes durante las protestas de octubre de 2019.

El presidente Guillermo Lasso, consideró este jueves (10 de marzo de 2022) que la Asamblea Nacional «cometió un acto de injusticia» al otorgar amnistía a 268 personas, entre ellos indígenas, activistas y defensores ambientales, procesados por la Justicia por presuntos delitos en protestas sociales.

Desde Santiago de Chile, donde el Mandatario ecuatoriano se encuentra para asistir el viernes (11 de marzo) a la investidura de su homólogo chileno Gabriel Boric, Lasso manifestó en redes sociales que «el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros».

El Presidente ecuatoriano se refirió más explícitamente a la amnistía decretada para 60 procesados por la ola de protestas que vivió el país en octubre de 2019 y que tuvo su epicentro en el casco antiguo de la capital, con la sede de la Contraloría incendiada por los manifestantes.

«Olvidaron Quito en llamas. Familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», expresó Lasso en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Las amnistías fueron aprobadas por el pleno de la Asamblea en una sesión que culminó en la madrugada de este jueves, gracias a los 99 votos a favor de los 125 parlamentarios presentes en la cámara.

Además de los 60 procesados por las protestas de octubre de 2019, el mayor grueso de amnistiados son 153 que estaban judicializados por protestas en defensa de territorios comunitarios, mientras que 43 son defensores ambientales y otros 12 habían sido criminalizados por administrar justicia indígena.

Entre los beneficiados por esta decisión del Legislativo está Leonidas Iza, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), así como a la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y varios «defensores del agua».

Precisamente, Iza sostuvo en redes sociales que con esta amnistía «se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia» y remató con que «la lucha contra el neoliberalismo continúa».

Si bien la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, opinó que las amnistías «van a reconciliar» al país, esta decisión puede ser un impulso para nuevas protestas en un momento donde el Gobierno de Lasso intenta sacar adelante importantes reformas en materia laboral y de la seguridad social. EFE