Rusia multa a Wikipedia por contenido «falso» sobre la guerra

El portal rechazó la sanción y alegó que lo que debe hacer Rusia es incluir información desde su perspectiva.

Un tribunal moscovita aplicó una multa de $40 mil a la fundación que patrocina el portal por siete artículos en referencia a la guerra en Ucrania.

MOSCÚ. Un tribunal de Moscú impuso este 26 de abril de 2022 una multa de 3 millones de rublos (unos 40.000 dólares o 38.000 euros) a Wikimedia, organización sin ánimo de lucro matriz de Wikipedia, por contenido «falso» sobre la guerra en Ucrania, llamada por Rusia operación militar especial.

Según la agencia oficial TASS, el tribunal halló culpable a Wikimedia de la negativa a borrar información prohibida en Rusia.

De los materiales leídos en el tribunal, se deduce que siete artículos de Wikipedia fueron el motivo de la multa, incluidos los relacionados con la operación militar de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, los «acontecimientos» en Bucha y la «destrucción» del hospital de maternidad y el teatro en Mariúpol.

Ucrania ha acusado a Rusia de crímenes de guerra en Bucha, donde se han descubierto 412 cuerpos de ciudadanos que fueron asesinados, algunos con signos de «tortura y de ejecuciones sumarias», según las autoridades locales.

También ha denunciado el bombardeo de una maternidad y del teatro de Mariúpol, en cuyo sótanos se encontraban unas 1.500 personas.

Rusia ha negado ambas acusaciones.

Esta es la primera vez que se responsabiliza administrativamente a Wikimedia en virtud de este artículo del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa.

Un representante de Wikimedia argumentó que el requisito de eliminar todos los artículos es irrazonable y basta con agregarles el punto de vista contrario, que es consistente con los principios de la libertad de expresión. EFE

Pagarán medio millón de dólares por la muerte de Efraín Ruales

El presentador de televisión Efraín Ruales tenía 36 años cuando murió.

Dos de los asesinos materiales del presentador de televisión, Efraín Ruales, fueron sentenciados y deberán pagar más de 1.000 salarios mínimos como reparación. ¿Qué pasa si no cuentan con la suma de dinero?

Álvaro Bolívar C. A., alias ‘Alvarito’, junto a Alexis Paúl C. V., alias ‘Casquete’, deberán cumplir una pena de 34 años y 8 meses de cárcel, pues se los encontró culpables como autores del asesinato de Efraín Ruales, presentador de televisión.

Ambos no actuaron solos. Carlos M. C, alias ‘Chiclo; Karla M. M.; Jorman V. S.; y, Juan Carlos R. Q., por otra parte, recibieron una sentencia de 17 años con 4 meses de prisión.

Pese a eso, el autor intelectual no ha sido descubierto. 

 

 

Reparación

La sentencia para ‘Alvarito’ y ‘Casquete’ incluye el pago de 1.333 salarios básicos, es decir: $566.525.

A eso se suman $200.000 adicionales, por cada uno como, reparación integral a los familiares de la víctima.

Para los otros sentenciados, la multa es de 666 salarios básicos: $233.050, a los que se suma una reparación integral de $100.000 a la familia.

Pero todas las personas identificadas como culpables pertenecen a núcleos de bajos recursos e incluso tienen antecedentes penales, por lo que su historial laboral es mínimo. Es por eso que los sentenciados podrían declararse en insolvencia, lo que imposibilita a las autoridades a hacer el cobro.

Las multas las imponen los jueces basados en los ingresos de la víctima (Efraín Ruales).

Efraín Ruales fue asesinado mientras conducía, en Guayaquil, con al menos 10 
disparos, el 27 de enero de 2021.

Multa de $127.500 por problemas en relleno sanitario de Quito

Existen denuncias de que el relleno sanitario de El Inga tiene filtraciones.

La empresa encargada de los desechos en Quito tendrá 15 días para presentar un nuevo plan de acción. En 72 horas deberá remediar las áreas afectadas.

El Ministerio del Ambiente informó sobre la notificación de multa a la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP), entidad encargada de la disposición final de la basura que se produce en Quito y que maneja el relleno sanitario de El Inga.

La cartera de Estado la declaró responsable de infracción ambiental, justamente en relación con el manejo del relleno y la sancionó con una multa de $127.500.

Inspecciones

El Ministerio del Ambiente realizó inspecciones en agosto y diciembre de 2021. Los informes concluyen que “se verifican hallazgos e incumplimientos a los planes de acción, planes de manejo ambiental y licencia ambiental”.

“Se ha demostrado que sus plantas de tratamiento (del relleno) no funcionan adecuadamente, pues en varias inspecciones en distintos periodos de tiempo, dichas plantas se encontraban paralizadas”, dice el documento.

El Ministerio de Ambiente dispuso un plazo no mayor a 15 días, para que Emgirs presente un nuevo Plan de Acción Emergente, exclusivamente para el tratamiento de los lixiviados (líquidos producidos por la descomposición de los desechos) en el relleno sanitario.

También se solicitó a Emgirs la obtención del Registro de Generador de Desechos Peligrosos, pues el que tiene en trámite en el Sistema Único de Información Ambiental no cumpliría con la exigencia y se dispuso que en el relleno sanitario de El Inga “se inicie de inmediato un plan de remediación en las áreas afectadas, en un plazo no mayor a 72 horas desde la notificación de esta resolución”.

LA HORA tenía pactada una entrevista con Maricruz Hernández, gerente de Emgirs, este 28 de enero de 2022 para hablar de este y otros temas. Sin embargo, horas antes fue cancelada señalando que la funcionaria tiene problemas de salud. (AVV)

TE PUEDE INTERESAR:

Cuerpo atado y con un disparo en la cabeza fue hallado en la av. Simón Bolívar

Ecuafútbol dice que se respetó aforo en partido contra Brasil

Departamento en Quito era usado para explotación sexual de mujeres

300 mil ancianos griegos no vacunados pagarán multa de $57

La multa en febrero si el anciano insiste en no vacunarse será de $114.

Este lunes venció el plazo dado por el gobierno griego para que los mayores de 60 años se inmunicen contra el coronavirus que causa el COVID-19.

ATENAS. Alrededor de 300.000 griegos mayores de 60 años se verán obligados a pagar una multa de 57 dólares por no aplicarse la vacuna contra el COVID-19, ya que este lunes (17 de enero de 2022) venció el plazo que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis había dado en noviembre a este grupo de edad para que se inocule contra el coronavirus.

La multa será solo de 57 dólares para enero, ya que la medida entró en vigor a mediados del mes, pero a partir de febrero, los mayores de 60 años que sigan sin ponerse la inyección pagarán una multa de 114 dólares por cada mes pase sin que lo hagan.

Mitsotakis había anunciado ésta medida el 30 de noviembre, en medio de una escalada de contagios y un aumento en la presión hospitalaria.

El primer ministro heleno justificó entonces la imposición de la obligatoriedad de vacunación a los mayores de 60 años por el hecho de que la mayor parte que necesita tratamiento hospitalario son personas no vacunadas de esta franja de edad. Según los expertos, la vacunación de una persona de 70 años equivale a 34 vacunaciones de gente más joven en lo que afecta a la sanidad pública.

El 30 de noviembre, cuando la medida fue anunciada, un 17% de los griegos mayores de 60 años permanecía sin recibir la vacuna; esto es alrededor de 520.000 personas.

Actualmente, el 10%, unos 300.000, griegos de esta franja de edad siguen inoculados, lo que significa que desde que el Gobierno anunció la obligatoriedad alrededor de 220.000 mayores de 60 años fueron a vacunarse algo menos de la mitad de los requeridos.

Las multas serán impuestas por la autoridad independiente encargada de los ingresos públicos (AADE según sus siglas griegas) y el dinero recogido se destinará a una cuenta especial para apoyar la sanidad pública.

El próximo 1 de febrero entra en vigor otra medida según la cual el pasaporte covid griego caducará a los siete meses –y no a los nueve como sucede con el pasaporte covid europeo– si no se ha puesto una vacuna de refuerzo.

Esta norma, que hasta ahora tan solo se aplicaba a los mayores de 60 años, pretende reforzar la inmunidad de toda la población, ya que se aplicará a todos los mayores de 18 años.

Actualmente, alrededor del 95% de los casos de COVID-19 en Grecia son de la variante ómicron y los expertos esperan que para finales de mes la situación de contagios mejorará sensiblemente.

La tasa de vacunación entre los griegos permanece bajo el promedio europeo, con el 67% de la población con la pauta completa y el 40% la inyección de refuerzo. EFE

TE PUEDE INTERESAR:

Quito y su eterno problema de movilidad sin resolver

Del caso Odebrecht, solo Jorge Glas continúa en la cárcel

La desorientación vocacional perjudica al estudiante y al país

Municipio rectifica sobre multa a quienes no tengan carnet

Los usuarios que no tengan carnet de vacunación deberán usar otros medios de transporte.

NOTA ACTUALIZADA A LAS 17:20 DEL 13-I-2022

El secretario de Movilidad de Quito dijo que los usuarios del transporte sin carnet serían multados. La entidad aclaró que la pena es por no portar mascarilla.  

Durante una rueda de prensa efectuada este 13 de enero de 2022, el secretario de Movilidad de Quito, Ricardo Pozo, habló sobre la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación en buses, paradas de transferencia y transporte institucional en la capital.

Aunque en inicio, Pozo manifestó que habría sanciones económicas, minutos después, la Secretaria emitió un mensaje diciendo: “realizamos la siguiente precisión: No hay sanción para la persona que no porte el carnet de vacunación”.

Y agregó que para la persona que no utilice la mascarilla (tanto al interior de la unidad como fuera de ella) la multa es del 25% de un salario básico unificado; es decir $106,25.

Mientras que la operadora, de incumplir con las normas de bioseguridad, puede incurrir en una sanción de hasta cuatro Salarios Básicos Unificados.

Medida

La presentación del carnet de vacunación tiene un tiempo de socialización de ocho días a partir del 14 de enero hasta el 21 de enero. “Desde el 22 de enero de 2022 aplicarán las respectivas sanciones”, dice la secretaría pese a manifestar que no habrá sanciones.

Quienes no tengan carnet de vacunación, dijo el Secretario, no serán admitidos y deberán usar otro tipo de medios de movilización. (AVV)

TE PUEDE INTERESAR:

Retorno presencial a las aulas será voluntario

EE.UU. no dará, por ahora, información sobre ‘narcogenerales’

Bill Clinton apadrinará este viernes ampliación de reserva marina en Galápagos

Contraloría establece irregularidades en la adjudicación y ejecución de contrato de fotoradares

CONFIRMADO. La Contraloría comprueba anomalías ante el funcionamiento de radares.

Mediante un comunicado, la Contraloría General del Estado confirmó las irregularidades en la concesión del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito en Ambato, a través de los fotorradares.

Esta conseción se entregó a la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES).

También se observó procesos sospechosos sobre infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.

Informes

Desde 2016, la Contraloría aprobó tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato suscrito por el Municipio de Ambato, en 2014. Además, se ejecuta un examen al cumplimiento de las recomendaciones a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.

Contratación

En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.

Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.

En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión.

Esta concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes, dice el informe de Contraloría.

 

Rechazo de multas

Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el municipio deje de percibir 50 mil 405 dólares del porcentaje de participación que le correspondía, según los términos del contrato.

Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó luego rechazar otras 227 infracciones, por 29.534 dólares.

Se habría argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Otra observación es la de las infracciones que fueron notificadas de forma extemporánea, sin cumplir el debido proceso.

Además, otras notificaciones no se realizaron, lo que provocó que el Municipio no reciba 91 mil 789 dólares.

Retiro de radar

Hasta la media noche de hoy, 6 de enero de 2022, tenía plazo la empresa concesionaria Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), para retirar el fotorradar de la avenida Bolivariana entre avenida Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto. (CNS)

Si recibe el año 2022 en París, deberá usar mascarilla

Quienes infrinjan la disposición recibirán una multa de $152,69. Los controles se reforzarán.

Las autoridades de la capital francesa restablecieron la obligación de usar mascarilla al aire libre ante el aumento de contagios de Covid-19.

PARÍS. Con una tasa de incidencia disparada de más de 2.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, la delegación del Gobierno de la región parisina impuso a partir de mañana, 31 de diciembre, la obligación de usar mascarilla en las zonas exteriores de París.

El decreto establece una multa de 152,69 dólares para quienes lo incumplan y alerta de que habrá un refuerzo de los controles policiales para que se cumpla la ley.

Las excepciones en las que no se aplicará será en los dos grandes parques adyacentes a París, el Bois de Boulogne y el de Vincennes, y las zonas de los aeropuertos de Charles de Gaulle, Orly y Le Bourget.

Tampoco afecta esta normativa a los menores de 11 años y a quien vaya dentro de un automóvil particular, a los ciclistas y otros conductores de vehículos de dos ruedas y a quienes practiquen una actividad deportiva.

París, la ciudad más poblada de Francia, con 2,1 millones de habitantes, es uno de los epicentros de la quinta oleada de Covid-19 en el país. EFE

TE PUEDE INTERESAR:

El mundo registra récord de 1,3 millones de contagios de Covid-19

Ecuador se las verá y deseará para logra financiamiento en 2022

La mitad de los adolescentes encarcelados está acusado de violación

Corre el plazo para retirar noveno fotorradar

Situación. Más de 362 mil conductores fueron sancionados por este fotorradar.

Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se dispuso a la Municipalidad de Ambato que se retiren los fotorradares que funcionan sin autorización en la ciudad.

El dispositivo con más conflictos es el noveno radar ubicado en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, cerca del redondel de Terremoto.

La disposición del MTOP menciona que la municipalidad tiene cuatro días para retirar estos fotosensores.

Antecedentes

Desde 2015, que entraron en funcionamiento los fotorradares, se han generado varios cuestionamientos no solo por la legalidad del contrato sino también por la ubicación y la recaudación que se generan por los dispositivos.

Solo hasta 2021, cuando se conoció sobre la millonaria recaudación de un solo fotorradar, fue cuando la ciudadanía presionó a las autoridades para que se revisen estos dispositivos, sus procesos de multas y la gestión de la empresa concesionaria.

La polémica nace debido a que, en agosto de este año, se subieron las multas generadas por más de 60 millones de dólares.

Este monto es lo que la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES) prevé cobrar por multas a 362 mil conductores que excedieron el límite de velocidad, solo en el noveno radar ubicado en la en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja.

Sin embargo, el alcalde Javier Altamirano aseguró que este fotosensor estaría operando arbitrariamente por lo cual se generó un largo proceso judicial.

53 millones 128 mil 108 dólares fue la recaudación neta hasta junio 
de 2021, esto sin contar los más de 60 millones que se pretende 
cobrar con el noveno radar.

Denuncias

Robinson Loaiza, concejal de Ambato, manifestó que luego de un largo proceso de acercamientos y reuniones, la Viceministra del MTOP comunicó que se ha dispuesto a la Municipalidad, a través del Alcalde, que se retire el noveno fotorradar en un término de cuatro días.

Además, indicó que las autoridades del Ministerio de Transporte aseguraron que se dará el seguimiento respectivo ya que desde 2019 se han dispuesto algunas puntualizaciones con estos dispositivos, las mismas que no han sido cumplidos.

“Ahora se está ya poniendo plazos, cuatro días, para que se realice este retiro”, dijo.

Según el Concejal ahora es importante observar cuál va a ser la respuesta de la Alcaldía de Ambato.

De acuerdo con Loaiza, la disposición incluiría el retiro del fotorradar ubicado en la avenida Bolivariana e Hipócrates cerca del intercambiador del Paso Lateral de Ambato.

“Este maltrato y esta recaudación ilegal que viven los ambateños deben terminar”, dijo al tiempo de asegurar que seguirán todos los procesos judiciales porque se debe devolver los recursos a los usuarios. (FCT)

 

Proceso judicial

Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. Safenforvia, en julio de 2021 ingresó una acción de protección en la provincia de Los Ríos en contra del Municipio de Ambato, para que la autoridad judicial determine una resolución legal sobre las multas generadas por el fotorradar de la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja (sector Terremoto).

En esta se menciona que la Municipalidad estaría vulnerando su derecho al trabajo por la novena cámara del fotosensor.

Así la jueza Jenny Patricia Freire en Quevedo, falló a favor de la empresa concesionaria y dio luz verde para que se suban al sistema y cobrar las multas desde enero de 2022.

Actualmente el proceso se encuentra en trámite en segunda instancia y Venus Loor, presidenta de la Corte Provincial de Los Ríos, indicó que el proyecto de sentencia está siendo estudiado por los miembros de la Sala y una vez que se analice en su totalidad se pondrá en conocimiento de las partes involucradas.

Adicionalmente, ante las presuntas irregularidades que se dieron dentro del proceso en primera instancia, el Municipio de Ambato pidió acciones disciplinarias en contra de la jueza de la Unidad Penal de Quevedo Jenny Patricia Freire y su secretario.

Multa de $3.600 a cirujana por amputar la pierna equivocada

Imagen referencial. La sentencia aún puede ser apelada por la médica acusada.

La defensa de la médica procesada alega que no se trató de un fallo individual, sino de la acumulación de errores en la preparación de la cirugía.

VIENA. Una cirujana austríaca pagará una multa de $3.600, de los cuales solo deberá pagar la mitad, por realizar la amputación, en mayo pasado, de la pierna equivocada a un paciente de 82 años, en lo que la defensa de la acusada calificó de fallo humano causado por errores en la planificación de la intervención.

En la sentencia, que aún no es firme, se concede también a la viuda del paciente, que falleció antes de que comenzara el proceso, una indemnización de $5.667.

El juez del caso recriminó en su dictamen a la condenada que debería haber revisado mejor los preparativos de la operación, informa la agencia APA.

El paciente tenía que someterse a la planeada amputación de la pierna izquierda en un hospital de la ciudad de Linz. Antes de la intervención, la cirujana marcó sin embargo la derecha, un error del que nadie en el equipo se percató.

Durante el juicio, la cirujana reconoció que sabía que la pierna a amputar era la izquierda y, al ser preguntada por el juez por qué marcó la derecha, se limitó a repetir: «Simplemente, no lo sé».

La equivocación pasó desapercibida hasta que dos días después se cambió el vendaje al paciente.

La defensa de la doctora argumentó que no se trata de un «fallo individual», sino que se trató de una acumulación de irregularidades en el control y preparación de la operación.

La condenada trabaja actualmente en otro hospital. EFE

TE PUEDE INTERESAR:

EE.UU. exigirá test negativo anticovid a todos los turistas desde el 6 de diciembre

Fiscalía ‘afina’ protocolos para búsqueda de mujeres desaparecidas

Nuevo régimen de microempresas permite pagar menos impuestos