En dos años 960 personas con discapacidad fueron desvinculadas de su trabajo

FUNCIÓN. Entidades realizan inspecciones a distintas empresas para regular la aplicación de la Ley que les obliga a contratar a personas con discapacidad.

En un recorrido de verificación de cumplimiento del 4% de la nómina a 14 empresas, diez de ellas mantienen en sus nóminas a personas con discapacidad.

Los números para las personas con discapacidad en busca de un trabajo formal no son los mejores en el último año en curso, siendo este el menor de todos los últimos tres periodos respecto a la afiliación en el Seguro Social.

Por ejemplo, en 2019, 2.224 personas con discapacidad se encontraban laboralmente activas en la provincia de Esmeraldas, con la pandemia 424 afiliados fueron desvinculados de las empresas, teniendo para 2020 a tan solo 1.800 empleados.

Aquello no termina ahí, a falta de tres meses para culminar el 2021, las cifras registran a 1.264 ciudadanos con discapacidad asegurados, es decir, otros 536 fueron despedidos. En total, desde 2019 hasta la fecha, 960 personas que mantienen algún tipo de discapacidad y cumplían sus labores dentro de una compañía, hoy no gozan de ingresos para su familia.

Visitas

Durante el último recorrido tripartito entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), el Ministerio del Trabajo y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) se analizó a 14 empresas de la provincia de Esmeraldas para contrastar el cumplimiento del porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad.

De ellas, diez cumplían a cabalidad el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo que determina que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, hoy reflejado en el 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono.

Flavio Bustos, analista Promotor Laboral de la Fenedif, explica que estas empresas constan en los cantones Atacames, Quinindé y Esmeraldas. En estas dos últimas ciudades están asentadas las cuatro restantes que fueron advertidas para que dentro de su nómina contraten a una persona con discapacidad.

Sorpresa

“Nos hemos sorprendido encontrando que, en estas 10 empresas, muchos tenían más de un trabajador”, afirma Bustos, quien lleva una base de datos con 400 postulantes en busca de una oportunidad laboral.

En este proyecto de inserción laboral, en 2018, 15 fueron contratados y en 2019 solo nueve pudieron acceder a una plaza de trabajo. Hoy, del total de postulantes, entre 60 a 70 personas con discapacidad mantienen un empleo formal, de ellas 10 con nombramiento definitivo, lo que permite concentrarse en la inclusión de otros trabajadores.

Durante las inspecciones, los funcionarios de las tres entidades públicas mantienen conversatorios no solo con los propietarios de negocios, sino con los trabajadores con discapacidad, a quienes se les realiza una serie de preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Tu trabajo está acorde a tu discapacidad? ¿Se demoran en los pagos? ¿Te dan los implementos necesarios (uniforme)?, entre otras. (JSG)

Existen 16 mil 023 personas con discapacidad registradas en la provincia de Esmeraldas, según el Conadis. Al menos 10 mil de ellas pueden laborar.

Furukawa suma otro problema legal

Proceso. Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección a favor de 108 trabajadores de la abacalera.

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección a favor de 108 trabajadores de la abacalera.

Que se respeten sus derechos y terminar con lo que denominan una “esclavitud moderna”, motivó a que estas personas inicien acciones legales en contra de la empresa Furukawa.

Hoy, martes 29 de junio, se apostaron desde muy temprano en los exteriores de la Unidad Judicial de Santo Domingo para dar cumplimiento al trámite.

Horas más tarde arribó Zaida Rovira, Defensora del Pueblo subrogante, para comandar la actividad. Puntualizó que la acción de protección también es en contra del Ministerio del Trabajo, ya que considera que existe una falta de control y compromiso para atender las denuncias presentadas por centenares de trabajadores de la abacalera.

“Demandamos para que se reconozca y se declare la vulneración del derecho a la vida digna y al trabajo. Pedimos que se repare el daño causado”, expresó la funcionaria.

Cansados

Daniel Guerrero es parte de los 108 trabajadores que presentaron la acción de protección. Él nació hace 39 años en los campamentos de Furukawa y actualmente continúa prestando su contingente, pero ya se cansó de tantas desigualdades.

Sus padres eran obreros de la abacalera. Cuando tenía 12 años empezó a trabajar para financiar sus estudios, sin embargo, jamás ha sido bien remunerado.

“Nos pagan por avance, a lo mucho sacamos 300 dólares al mes. Nos cansamos de tantas explotaciones, ahora pedimos nuestra indemnización”, expresó.

Primer grupo

Meses atrás 123 trabajadores presentaron la primera acción de protección en contra de Furukawa, proceso que se encuentra en segunda instancia y que ya es analizado por los jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Alejandra Zambrano, jurista de los primeros demandantes, manifestó que la decisión de los magistrados será por ‘mérito al expediente’, que es de 45 cuerpos. Esto significa que no habrá audiencia y que la sentencia será emitida directamente a los representantes legales de las dos partes.

En la primera instancia el fallo fue favorable para los trabajadores. Se dispuso la entrega de 5 hectáreas para cada uno e indemnizaciones económicas.

“Estamos pidiendo al Juez de primera instancia que se designen los peritos para dar inicio a efectivizar y materializar las reparaciones, de la mano que también se sustancia esta fase de la apelación”, manifestó Zambrano a través de una llamada telefónica. (JD)

Dos muertos
En enero de 2021 falleció Vidal Borja, de 70 años. Su compañero de lucha Petronilo Quintero, de 63 años, también dejó de existir el 16 de junio. Los dos eran parte de la primera acción de protección y ahora se busca que la indemnización aplique para sus respectivas familias.
El dato:
Entre los demandantes hay personas mutiladas a causa de accidentes laborales.
Tome nota
Un grupo de estos trabajadores todavía no abandonan los campamentos de la hacienda Isabel, ubicada en el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo.

Fausto Murillo puede recuperar su puesto en el Consejo de la Judicatura

El exvocal fue removido en abril de 2021.

Un nuevo informe del Ministerio de Trabajo establece que el exvocal del Consejo de la Judicatura no tiene impedimentos legales para ocupar el cargo. Esto abre el camino para su regreso a la institución, luego de ser destituido en abril de 2021.

Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitarán a la presidenta del organismo, Sofía Almeida, que convoque de inmediato a una sesión extraordinaria. El objetivo es conocer la resolución del Ministerio de Trabajo sobre el caso del exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo.

Hernán Ulloa, consejero del Cpccs, informó en su cuenta de Twitter que en la cita se conocerá el tema de relevancia nacional y resolverá lo que corresponde en derecho.

El Ministerio de Trabajo resolvió, este viernes 11 de junio de 2021, que a los vocales del Consejo de la Judicatura no se les puede aplicar la Ley Orgánica del Servicio Público, ni el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Por tal motivo, Murillo «no tiene impedimento para el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura».

El pasado 23 de abril de 2021, el Cpccs destituyó a Murillo basado en un informe del anterior ministro de Trabajo, Andrés Isch, en donde se establecía que tenía impedimento de ejercer el cargo, porque luego de ser servidor judicial por 25 años se acogió al plan de desenrolamiento y recibió 30.600 dólares como indemnización económica por los años de trabajo.

El exvocal ha asegurado que espera que el Cpccs se reúna lo más pronto posible y «deje sin efecto mi ilegal remoción».

La moción de esa remoción fue presentada por la presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, con el argumento de que no se podía tener funcionarios de alta jerarquía que tengan dudas sobre su accionar. Al día siguiente Murillo acudió a la Fiscalía a presentar una denuncia en contra de quienes lo cesaron. (JS)

Teletrabajo, no todos cumplen la disposición

Situación. El teletrabajo estará vigente hasta el 20 de mayo.

En el sector privado todavía no se cuenta con los mecanismo para que sus empleados laboren desde casa.

Con el decreto del estado de excepción en 16 provincias del país, incluyendo Tungurahua, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado para informar que el teletrabajo es obligatorio para el sector público y privado.

El trabajo en casa se debía realizar hasta el 20 de mayo, la cartera de Estado informó también que realizarán controles que garanticen el cumplimiento de esta disposición.

Los sectores estratégicos, servicios de salud, exportaciones, trabajadores de medios de comunicación, del sector financiero y bancario, repartidores, entre otros, son en los que esta disposición no se aplica.

 

Realidad

En Ambato no todas las empresas acataron el teletrabajo como una opción para realizar sus actividades diarias en medio de la emergencia sanitaria.

Francisco Carrillo, propietario de una pequeña empresa dedicada a la venta y reparación de computadores, dijo que en su profesión es complicado realizar el trabajo desde la casa, pues todas las herramientas que necesita están en su local.

“Es casi obligación venir y abrir porque si tengo todo cerrado van a pensar que mi negocio ya no existe y pierdo más clientes”, contó.

Dos de sus colaboradores también continúan acudiendo a trabajar en el local, uno de ellos explicó que no puede laborar en casa porque no cuenta con todo lo necesario y que toma todas las medidas de bioseguridad para movilizarse.

Luis Mayorga, quien se dedica a la venta de ropa, dijo que en su área es muy difícil trabajar a “control remoto”, pues para mostrar su mercadería debe abrir su negocio.

“No todos hacemos trabajo de oficina para estar en casa tranquilos, si uno no abre el local un día pierde muchísimo”, aseguró.

Danilo Salazar, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ambato, dijo que no todas las empresas pueden realizar teletrabajo, sin embargo, mencionó que esta modalidad llegó para quedarse, y que las empresas y negocios deberán adoptar los mecanismos necesarios para acoplarse.

“Las empresas y negocios que no tengan claras las metas que quieran alcanzar, no van a poder realizar teletrabajo porque no habrá el control hacia las labores que hace su personal”, explicó.

Salazar mencionó que es necesario ofrecer nuevas alternativas para las empresas cuyos colaboradores no pueden trabajar en casa, esto con el objetivo de no paralizar las actividades completamente y evitar sanciones.

“Se podría realizar un ingreso escalonado para que se pueda contar con el personal estrictamente necesario”, aseguró.

EL DATO
El estado de excepción se instauró a través 
de la firma del Decreto Ejecutivo 1291.

 

Normativa

Fernando Hidalgo, director regional del Ministerio del Trabajo, dijo que las empresas públicas y privadas pueden obtener una justificación que les permitirá realizar trabajo presencial, documento que se puede obtener a través de internet.

Así mismo mencionó que en Ambato no existen personas sancionadas por incumplir la normativa y que se registra una denuncia.

Las sanciones por incumplir el trabajo en casa van entre los 200 dólares y los ocho salarios básicos,

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, en una entrevista televisiva aseguró que los empleados obligados a realizar trabajo presencial tienen la opción de llamar al ECU 911 para denunciar el caso. (RMC)

La modalidad de contratos emergentes retrocede

La producción y la economía no han iniciado el camino de la reactivación en este año

Los contratos de reducción de jornada, que buscaban evitar despidos, se redujeron en 6.000 en el inicio de 2021. Entre enero y abril, se perdieron más de 123.000 contrataciones formales.

Antes de las nuevas medidas restrictivas y el confinamiento de fines de semana en 16 provincias, las ventas del sector privado estaban casi $2.000 millones por debajo de los niveles pre-pandemia. Ahora se deben sumar $1.500 millones más en pérdidas hasta el 20 de mayo.

Esta realidad tiene como consecuencia directa que los niveles de empleo continúan a la baja. Incluso las modalidades de emergencia están retrocediendo. Así, entre el 1 de enero y 23 abril 2021, se registraron 5.987 contratos menos de reducción de jornada laboral.

Esos contratos buscan evitar despidos a cambio de nuevas condiciones y menor remuneración. En este sentido, el hecho de que menos de esos convenios estén vigentes sería positivo si se tradujera en que más trabajadores regresaran a las condiciones anteriores a la crisis sanitaria.

Sin embargo, según las cifras del Ministerio de Trabajo, se han perdido 123.103 contratos formales en términos netos desde el inicio de este año. En otras palabras, se consolida la tendencia de que, por cada nueva contratación, al menos dos personas son despedidas.

Antonio Vera, pequeño empresario, comentó que se están viviendo un fenómeno que denomina agotamiento económico. “Muchos gastamos todos los ahorros y reservas para no cerrar en 2020. Hemos buscado recortar gastos y mantener los despidos al mínimo; pero las ventas siguen bajas. Si las cosas no cambian, cada vez habrá más empresas que opten por desvinculaciones y reducción de operaciones”, acotó.

41% de las contrataciones corresponde a nuevas modalidades

Entre enero y abril 2021, el Ministerio de Trabajo ha registrado 220.267 nuevas actas de finiquito; mientras que los nuevos contratos sumaron 97.164. Un poco más de cuatro de cada diez de esas nuevas vinculaciones corresponde a las modalidades impulsadas desde finales de junio 2020.

Así, durante este año se han firmado 21.318 contratos emergentes (Ley de Apoyo Humanitario); 15.423 contratos de giro de negocio; y 3.574 bajo los formatos más recientes de vinculación (productivo, emprendimiento y joven).

Rocío Mendoza, economista y emprendedora, comentó que las nuevas modalidades han ayudado ha reducir el impacto de la crisis y el número de despidos; pero, mientras la pandemia siga desbordada, no habrá reactivación posible.

“En los primeros cuatro meses de 2021, no solo que la economía no creció, sino que volvimos a retroceder. El consumo sigue más del 40% por debajo de niveles anteriores. Seguimos en el círculo vicioso de menos dinero en el bolsillo, menos consumo, menos producción y menos empleo”, acotó. (JS)

Sectores con más pérdida neta de empleo de enero a abril de 2021

Agricultura 21.814 contratos

Construcción 20.375 contratos

Servicios administrativos y apoyo 16.336 contratos

Industrias 11.983 contratos

Alojamiento y comidas 4.472 contratos

Teletrabajo es obligatorio durante el estado de excepción

Situación. las empresas públicas y privadas deben adoptar esta medida.

Desde el Ministerio de Trabajo se indicó que se desarrollarán operativos de control para que se cumpla con esta medida.

 

Desde hoy, viernes 23 de abril de 2021, a partir de las 20:00 rige un nuevo estado de excepción en 16 provincias del Ecuador como medida para frenar el contagio de covid.

Uno de los puntos que se encuentran en este estado de excepción es la obligatoriedad de que en el sector público y privado se acojan al teletrabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo se explicó a través de un comunicado que esta medida se aplicará para trabajadores y servidores de todas las funciones del sector público, incluyendo la función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social.

Así como también gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y privadas.

El teletrabajo se aplicará desde las 20:00 del 23 de abril hasta las 23:59 del 20 de mayo del 2021 a nivel nacional.

Según se explicó el empleador será el responsable de justificar las funciones esenciales que no podrán ser ejecutadas en teletrabajo, facultando a cada empresa el decidir para sus empleados el teletrabajo o las actividades presenciales.

Además, se indicó que el Ministerio de Trabajo realizará los controles que garanticen el cumplimiento de esta disposición a través de los inspectores a nivel nacional. (FCT)

Las cifras oficiales de empleo no reflejan la realidad de la economía

VACÍO. La última rueda de prensa oficial para explicar las cifras de empleo fue en octubre 2020.

El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) ha cambiado cuatro veces la metodología de la encuesta sobre el mercado laboral en un año.

El viernes, 12 de marzo 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó las cifras mensuales de empleo correspondientes a enero 2021. Sin embargo, no se pueden comparar con toda la información previa y existen grandes contradicciones con otras fuentes oficiales.

Según el INEC, solo habría un aumento del 0,7% en el desempleo durante el primer mes de este año, pero el trabajo adecuado habría aumentado de la mano de una reducción de la informalidad.

Ese panorama es completamente opuesto al que se puede encontrar, por ejemplo, en los datos de contratos laborales dentro del sistema del ministerio de Trabajo. Así, si se toma en cuenta el efecto neto entre contratos creados y finiquitados, más de 44.000 ecuatorianos perdieron su empleo de calidad (al menos $400 mensuales, todos los beneficios de ley y 8 horas de jornada diaria) durante el primer mes de 2021.
Ex directores del INEC, como Byron Villacís y Roberto Castillo, han puntualizado que el mayor problema es que la metodología de la encuesta del mercado laboral se ha cambiado constantemente sin las explicaciones y sustentos necesarios.

En el último año, hasta cuatro veces se han hecho diferentes modificaciones aspectos técnicos importantes como tamaño de la muestra, mecanismo de consulta, desagregación de las estadísticas, entre otros.

A través de un comunicado oficial, la entidad pública ha dicho que los retrasos en la publicación de cifras son consecuencia de que “la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 limitó nuestra capacidad técnica y operativa. Además, asegura que los cambios en la metodología han ido de la mano de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Feliz Casares, economista, lamentó que la inestabilidad y poca claridad en el manejo de las estadísticas esté afectando los índices de confianza del consumidor y de expectativas de las empresas. Esos índices son calculados por el Banco Central y reflejan un ambiente poco propicio para la inversión y el crecimiento.

“Manejo nefasto de las cifras de empleo. Se rompe el histórico en la encuesta y se rompen otros indicadores”, acotó

La reactivación económica no llega
Según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), en enero 2021, las ventas y la actividad económica todavía están muy por debajo de los niveles de años previos.

El sector privado dejó de generar ingresos por $1.942 millones en los primeros 30 días de este año. Quito es la ciudad más golpeada, debido a que concentra el 41,2% de esa pérdida; mientras que en Guayaquil está el 18,6%.

Si se analiza por sectores, las artes entretenimiento y recreación han tenido una contracción del 44%; mientras que las actividades de alojamiento y servicio de comidas cayeron un 43,3%.

Asimismo, los tres mayores generados de empleo tampoco han registrado una reactivación. L agricultura redujo sus ventas en 17,9%; la industria perdió un 10,2% y el comercio al por mayor y menor disminuyó su facturación en casi 10%.

“La información del primer mes del año muestra la realidad del Ecuador, las ventas siguen a la baja y denotan la falta de política por parte del gobierno para impulsar la economía. Las empresas sin importar su tamaño aún no logran alcanzar ventas similares al 2019 y por tanto el empleo no se ha recuperado”, puntualiza un comunicado de CCQ. (JS)