‘Coyotero’ sentenciado a dos años de cárcel

ILUSTRACIÓN. El hombre fue enjuiciado y finalmente fue sentenciado por ‘coyoterismo’

Dos años y cuatro meses de cárcel fueron dictados en contra de Marco Y., por complicidad en el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes.

Legal

El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua, dictó sentencia contra el acusado, toda vez que, en la diligencia se encontraron los indicios necesarios para procesarlo y condenarlo.

Mientras que el hermano del ya procesado y autor de este delito, Luis Y., se encuentra prófugo de la justicia.

Antecedentes

En la audiencia se conocieron los pormenores del caso. El fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Jorge Basantes, explicó que los hechos se suscitaron en marzo de 2020.

En ese entonces, los hermanos judicializados, les propusieron a Roberto M. y a su esposa, un viaje a Estados Unidos por el que debían cancelar un monto de 15 mil dólares.

Los incautos, cancelaron un total de 6 mil dólares, acordando pagar el resto del efectivo en el transcurso del viaje.

Para el 5 de marzo de ese mismo año, Roberto salió del país por Huaquillas. 14 días después llegó a la ciudad de Juárez, en México, donde tuvo el último contacto con sus allegados.

Ilícito

Con estos antecedentes, la Fiscalía logró demostrar la materialidad del delito, así como la responsabilidad de Marco y su hermano.

El movimiento migratorio de la víctima coincidía con lo relatado. Mensajes realizados a través de redes sociales, donde se configuraba la ilegal transacción, también se presentaron como pruebas de descargo ante los jueces.

Así como el informe de los contactos permanentes que los acusados mantenían con las víctimas.

‘Coyoterismo’

El 27 de octubre de 2020, la Policía ejecutó varios allanamientos. Cuatro personas fueron arrestadas como sospechosas de este delito.

Para sustentar la ilícita actividad de estas personas, se adjuntaron tres casos más del mismo tipo, en los que estarían involucrados, pues la modalidad de la infracción era la misma.

Uno más ya está procesado

El 20 de enero de 2022, uno de los integrantes de esta organización delictiva fue judicializado. Un total de siete años de cárcel le fueron impuestos. (MAG)

Jueces usan y abusan de las acciones de protección

CASO. Sofía Almeida, del Cpccs, interpuso una acción de protección en Guayas.

Autoridades, funcionarios y empresas contratistas con el Estado piden las medidas cautelares en jurisdicciones lejanas a los juzgados donde se llevan las causas principales.

Una disputa política terminó en el ámbito judicial. La jueza Karly Alvarado Vargas, de Samborondón (Guayas), aceptó una acción constitucional de medidas cautelares que presentó Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así evitó que un pedido de destitución en contra de Almeida prosperara.

La figura de las acciones constitucionales de protección no son nuevas. En 1996 y 1998 ya habían figuras similares conocidas como amparos constitucionales. Sin embargo, fue en 2008 que se cambió el ordenamiento jurídico y se otorgó a los jueces de primer nivel que puedan otorgar medidas cautelares en caso de alguna vulneración. Por eso, aparecen casos de jueces de tránsito o de la familia que dictan medidas a favor de procesados en temas tan distintos, como corrupción. 

Para el constitucionalista André Benavides, hoy se observa que “muchos funcionarios públicos están mal utilizando y desnaturalizando las acciones de protección”. Indicó, por ejemplo, que autoridades han utilizado estas figuras para permanecer en sus cargos.

Una pugna política en Quito se resuelve en Samborondón

Sofía Almeida se aferra a la presidencia del Cpccs. Por el momento está tranquila, porque la jueza multicompetente del cantón Samborondón (Guayas), Karly Vargas Alvarado, aceptó la medida cautelar a su favor, que ordenó suspender los procesos de remoción que se habían activado en su contra en Quito, donde está la sede del organismo.

En parte de su análisis, Vargas concluyó que el marco legal vigente le otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la competencia de designación de representantes de varias autoridades de instituciones públicas, pero no le permite remover o destituir a su máxima autoridad. Indica que esa función le corresponde solo a la Asamblea Nacional.

Lo dicho por la jueza coincide con el discurso político de Almeida, quien sostiene que los consejeros no la pueden sacar de su cargo. Ella acusa a la mayoría conformada por Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa de boicotear el trabajo del pleno, de los procesos de designación de autoridades y de impedir la aprobación de presupuesto.

El consejero Ulloa, a través de su cuenta oficial de Twitter, cuestionó el domicilio del recurso presentado por Almeida y, por ende, la competencia de la jueza para conocer el mismo.

Los trámites se llevan a cantones pequeños

Benavides observa que en casos que se llevan a cabo en grandes ciudades, de pronto se presentan acciones de protección en cantones pequeños. “Tomemos en cuenta que en muchos de ellos solo existe un juez multicompetente que va a resolver el recurso porque no hay más. En cambio en ciudades grandes existen más jueces y todo entra a sorteo”.

Para el también constitucionalista Ismael Quintana no está mal que las autoridades públicas utilicen estas figuras legales, “porque finalmente son ciudadanos”. El problema radica, explica, que se las use sin tener la razón. Advierte de casos de actuales vocales del Consejo de la Judicatura que lograron conservar sus cargos.

Jueces de Pastaza y Los Ríos dieron su autorización

Mediante acción de personal Nro. 0278-DTH-FGE, del 28 de enero de 2019, la entonces fiscal general encargada, Ruth Palacios, autorizó a Ruth Barreno que preste sus servicios como vocal del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en noviembre de 2021, dado el déficit de agentes fiscales, la Dirección Nacional de Talento Humano de Fiscalía recomendó a la máxima autoridad que se dé por terminada dicha comisión de servicios.

Ante el pedido de que vuelva a sus funciones, Barreno interpuso una acción de protección en Pastaza, a pesar de que todo el proceso se llevaba en Quito. Ella adujo una supuesta violación de derechos constitucionales. La Fiscalía solicitó al Consejo de la Judicatura que se verifique el proceso de sorteo efectuado en la provincia amazónica “por haber detectado la existencia de inconsistencias en la mencionada causa constitucional”. Todavía no hay una resolución sobre lo ocurrido con el juez que aceptó la acción de protección.

Jueza de Los Ríos tramita casos de Loja y Ambato

Aunque Jenny Patricia Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES),que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja. En ambos casos, la magistrada ha fallado a favor de la firma a cargo de fotorradares, con decisiones que van en contra de los municipios y en los que se juegan millones de dólares. Su accionar levantó sospechas en el Consejo de la Judicatura (CJ).

En 2008 se cambió el ordenamiento jurídico y se permitió a los jueces de primer nivel otorgar medidas cautelares.

Bolivianas, hartas de la violencia y la justicia

Activistas por los derechos de las mujeres protestaron contra la violencia machista y la corrupción de la justicia

La revelación de que un femicida condenado a 30 años estaba libre desató la ira de las mujeres, que organizaron una protesta desde El Alto hasta La Paz.

Redacción EL ALTO

Cientos de activistas por los derechos de las mujeres junto con algunos familiares de víctimas de feminicidio marcharon este 31 de enero desde la ciudad de El Alto hasta La Paz contra la violencia machista y la corrupción de la justicia en Bolivia.

La captura de Richard Choque Flores, un femicida liberado a pesar de que tenía una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y en cuya casa se encontraron al menos dos cadáveres de mujeres, motivó la movilización que llegó hasta las puertas del Tribunal de Justicia de La Paz.

La protesta congregó a una multitud en la vivienda del delincuente en El Alto para iniciar un recorrido de más de 12 kilómetros hasta el centro de La Paz.

La caminata comenzó alrededor de las 09.00 hora local (13:00 GMT) y las manifestantes portaban carteles con pedidos de justicia, críticas a los operadores judiciales y memoriales de varias mujeres víctimas de la violencia machista.

«¡Alerta, alerta!, puede ser tu madre, puede ser tu hija, puede ser tu hermana», era uno de los cánticos que algunos grupos entonaban para captar la atención de los transeúntes y pedirles que se adhieran a la marcha. (EFE)

Lasso prevé incluir reformas laborales y judiciales en consulta popular

El presidente Lasso dio una entrevista este martes 18 de enero de 2022 y habló de la consulta popular.

El Mandatario señaló que buscará consultar al pueblo el mismo día de las elecciones seccionales del año 2023. 

Este martes 18 de enero de 2022, el presidente Guillermo Lasso realizó un nuevo programa ‘Encontrémonos’. En esta ocasión la temática fue la ciudadanía. El Mandatario aseguró que ya se trabaja para una posible consulta popular que planteará temas relacionados con la justicia y el trabajo.

“Estamos trabajando en el tema de la consulta popular. Podemos hacerla coincidir con las elecciones seccionales de 2023. Para facilitar y evitar costos excesivos al país”, respondió el Mandatario ante la pregunta del periodista Wilson Moposita.

¿Qué temas se abordarán?

El Mandatario indicó que se propondrán temas relativos a la justicia. “Nadie está contento con la justicia en Ecuador. Esto impacta negativamente en la seguridad ciudadana. Usted ve a diario que ingresan a la cárcel algunos delincuentes e inmediatamente salen por decisiones y sentencias de jueces”.

Para el Jefe de Estado, es importante la reforma para tener una justicia “institucionalmente fuerte”, que sirva incluso para promover la inversión extranjera. “Para que nos vean como un país absolutamente serio que administra la justicia con total imparcialidad”.

El Presidente añadió que le gustaría preguntar a los ecuatorianos sobre una nueva arquitectura institucional en la justicia para evitar “conflictos” que se presentan entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura.

Ante la pregunta de Moposita de si se manejaría la justicia sin un Consejo de la Judicatura, Lasso respondió: Eso es por lo que yo me inclino. Pero estamos consultando con especialistas, lo vamos a hacer con especialistas del exterior y haremos una propuesta que calce con la realidad actual del Ecuador.

Comentó que en el pasado, “Ecuador tuvo buenas etapas de buenas cortes supremas de justicia”, donde la propia entidad tenía sus departamentos de administración y financiero.

Otras preguntas que prevén ser planteadas en la posible consulta están relacionadas con la seguridad ciudadana, las funciones que deben cumplir organismos como el Consejo de Participación Ciudadana.

Lasso señaló que se podría incluir una pregunta para aprobar una normativa laboral distinta al Código de Trabajo que está vigente. “Inclusive estoy pensando en la posibilidad de incluir la Ley Laboral en esta consulta popular porque el 70% de la fuerza laboral de Ecuador no tiene un empleo formal. Es decir, la mayoría de ecuatorianos. Entonces, que esa mayoría de ecuatorianos resuelva si está de acuerdo o no con una nueva ley”.

La Corte Constitucional debe aprobar las preguntas que serán propuestas en la consulta. Luego, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar el proceso y para llamar a las urnas a la población. (DPV)

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Las luces y sombras de los jueces que buscan presidir la Corte de Pichincha

Trayectoria. Dilza Muñoz se desempeña como jueza de lo penal, entró en la función judicial en 2002.

El titular de esa instancia es el responsable de llevar procesos contra alcaldes, concejales, prefectos, notarios y jueces de primer nivel, entre otros.

La carrera para ocupar la presidencia de la Corte Provincial de Pichincha se concentra en tres jueces: Gustavo Osejo, Óscar Chamorro y Dilza Muño. Las elecciones se realizarán mañana (14 de enero del 2022) desde las 08:10 hasta las 16:00.

El sufragio se realizará de forma escrita y secreta durante toda la jornada. El ganador debe obtener la mayoría de votos de un total de 46 jueces provinciales. Quien gane, dirigirá la representación de Pichincha por dos años.

 ¿Por qué es importante llegar a la Presidencia?

Quien la dirija conocerá los juicios de gobernadores, prefectos, alcaldes, intendentes de Policía, jueces de primer nivel, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Policía. Así está reglamentado en el Art. 208 del Código de la Función Judicial.

El Presidente puede llamar y suspender audiencias, ordenar diligencias y sobre todo resolver los casos en los que estén involucradas estas autoridades.

Cualquiera de los tres reemplazará al juez Wladimir Jhaya, quien fue posesionado como presidente el 10 de enero de 2020. Él estuvo al frente en el inicio del juicio por peculado por la adquisición de pruebas Covid-19 que involucra al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y que ahora pasará al nuevo presidente. Lo mismo ocurre con el proceso penal por supuesta rebelión en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

 Dilza Muñoz Moreno

Ingresó a la función judicial en 2002. Trabajó en la Fiscalía 11 años y trabajó en la unidades contra inteligencia organizada, delitos aduaneros, plagios. Desde 2013 conforma la sala penal de la Corte provincial. Es abogada por la Universidad Católica del Ecuador,  magíster en derecho penal por la Universidad Central y magíster en derecho procesal, con mención en materia penal por la Universidad Indoamérica.

Se desempeñó, por encargo, como jueza de la Corte Nacional de Justicia entre el 2019 y 2020.

Ella señaló, en una entrevista con Teleamazonas, que buscará que “el rango de productividad de la Corte sea excelente” para mejorar los resultados para los usuarios. También, resaltó la necesidad de que una mujer lidere el organismo de justicia provincial.

Casos polémicos

Ratificó la condena en contra de los procesados del caso Sobornos 2012-2016; lo mismo ocurrió con Pablo Romero, exdirector de la Secretaría de Inteligencia (Snai), por el ‘secuestro’  a Fernando Balda y ratificó la condena a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos

Sin embargo, los sentenciados en el caso 30-S la responsabilizan por ser parte de los jueces que fallaron en su contra. Luis Guanotasig, quien fue declarado inocente por la Corte Nacional en diciembre último, apuntó a Muñoz por su actuación. “Usted no aceptó nuestro pedido (de nulidad). Por esa razón fuimos sentenciados a 12 años”. La magistrada respondió que el fiscal puso el delito de magnicidio y que ella no encontró vicios de procedimiento en primera instancia. “Eso no quiere decir sentencia. Decimos no hay violación de procedimiento y continúe a la siguiente etapa. Nosotros no sentenciamos. Actuamos en derecho”, dijo.

Elección. Óscar Chamorro es juez de la sala laboral. Es egresado de una maestría en derecho procesal
Elección. Óscar Chamorro es juez de la sala laboral. Es egresado de una maestría en derecho procesal

Óscar Chamorro González

Ingresó a la función judicial desde agosto de 2012. Es juez de la Sala Laboral de la Corte. Obtuvo el título de abogado por la Universidad Católica y según una hoja de vida que compartió a esta redacción es egresado de la Maestría Profesional en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Críticas

Trabajó como Director Nacional Jurídico del Consejo de la Judicatura Transitorio, entre septiembre de 2011 y abril de 2012, cuando lo presidía Paulo Rodríguez. Este organismo ha sido señalado por diversas organizaciones como el mecanismo que permitió al correísmo tener control sobre jueces y fiscales para conseguir sentencias a su favor.

El juez se desmarcó de esas acusaciones e indicó que sus sentencias “hablan de la independencia permanente en sus funciones”. Por ejemplo, señala que aceptó la acción de habeas corpus en el caso conocido como los 10 de Luluncoto, en el que jóvenes fueron acusados de terrorismo por el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Entre sus propuestas está vigilar la independencia de la magistratura en casos de denuncias y sumarios disciplinarios de sus colegas.

CANDIDATO. Gustavo Osejo Cabezas se desempeña como juez de la familia y asegura que buscará propiciar la independencia de la Corte.
CANDIDATO. Gustavo Osejo Cabezas se desempeña como juez de la familia y asegura que buscará propiciar la independencia de la Corte.

Gustavo Osejo Cabezas

Es juez de la sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte. Se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo una maestría en Educación por la Universidad Tecnológica América. Ejerció de manera particular hasta  2010 y se ha desempeñado como juez de primera instancia en tránsito e inquilinato y ha ejercido la docencia universitaria.

“Quiero conocer que existen buenos fallos, jueces de la corte provincial que se convertirán en referentes”, indicó.

Él fue parte del tribunal que negó el habeas corpus a la prefecta Paola Pabón sobre el proceso por rebelión. Indica que la justicia no puede politizarse.

Sobre su supuesta falta de experiencia en temas considerados polémicos, respondió que, como juez de la familia y adolescentes infractores, conoce el Código Integral Penal y tiene que resolver con base en las normativas, “con la diferencia que en adolescentes infractores se dicta medidas socio educativas”.

Nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora

AUTORIDAD. Frank Caamaño, Presidente de la Corte Provincia de Justicia de Zamora Chinchipe.

Frank Caamaño Ochoa, fue elegido como Presidente de la Corte Provincial para el período 2022 – 2024.

ZAMORA CH. Frank Caamaño reemplazará a Carlos Jácome, quien se desempeñó como presidente de la Corte Provincial de Justicia, desde el 13 de enero de 2020.

Los integrantes de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe eligieron al doctor Caamaño Ochoa, por unanimidad con cuatro votos de un total de cuatro jueces que conforman este organismo.

La elección se hizo en cumplimiento al artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial, (COFJ), que determina que “la Presidenta o el Presidente de la Corte Provincial será elegida o elegido de entre las juezas y jueces, en la primera quincena del año correspondiente, por votación escrita, secreta y por mayoría de votos (…)”.

Carlos Jácome, tomó el juramento al doctor Frank Caamaño y lo posesionó en el cargo. “Nuestra gestión estará enfocada en dos ejes: en primera instancia con la capacitación constante de los servidores judiciales y el fortalecimiento institucional a través de reuniones periódicas con las y los jueces de la provincia, con el objetivo de consolidar el sistema de justicia en Zamora Chinchipe”, precisó, Frank Caamaño Ochoa, nuevo Presidente de la Corte Provincial de Justicia.

El artículo 212 del COFJ señala como atribuciones y deberes del Presidente de la Corte Provincial, elaborar el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Pleno; supervisar la instrucción fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial, garantizando los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal, entre otros aspectos.

Muertes mantienen en zozobra a los empalmenses

En Quevedo se registró la muerte del primer empalmense estilo sicariato.

Ciudadanos muestran su preocupación por los asesinatos de dos hombres acribillados fuera del cantón.

Las muertes de dos empalmenses fuera del cantón han   encendido las alarmas entre los habitantes de esta localidad de la provincia del Guayas.

Esto, debido a que se “percibe” el olor a inseguridad, pese a que los sicariatos se dieron en Quevedo y Balzar, (Guayas), respectivamente. Y no es para menos, pues la diferencia entre ambos fallecimientos es de apenas dos días.

 “No podemos bajar las alertas, esos asesinatos son muestras claras de que algo no anda bien, se deben recoger los indicios necesarios para que se inicien las investigaciones, es lógico que lo que pasa es muy grande”, comentó Francis Vergara, sicólogo.

Marta Vera, docente de secundaria, también señaló sentirse preocupada. “Son jóvenes nuestros, hijos de esta tierra y muy aparte de los motivos hay que investigar y dar con los responsables, las cosas no pueden quedar así”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Ortega, jefe de la Policía Nacional distrito El Empalme, manifestó que el hecho de que los crímenes no fueron en el cantón no deja de ser preocupante. “Hacemos lo que está a nuestro alcance y más para evitar no solo este tipo de hechos, sino también otros delitos, tenemos operativos constantes, mantenemos comunicaciones perennes con la policía de otras ciudades y eso nos permite actuar de inmediato”, refirió.

Los hechos

El domingo 2 de enero en horas de la tarde fue disparado William Antonio Paredes Cueva, sucedió en las calles Cuarta y La G, parroquia Siete de Octubre (Quevedo). El ahora occiso se encontraba junto a Ángel U., este último recibió siete impactos de bala por lo que debió ser trasladado hasta el hospital Sagrado Corazón de Jesús. Ambos se encontraban en el interior de una camioneta Mazda.

Mientras que la noche del martes 4 de enero fue acribillado también dentro un vehículo Ángel Vidal Santillán Ponce, conocido como “Marimba”. En esta ocasión el escenario fue el redondel de Balzar. Se informó que motociclistas lo interceptaron para obligarlo a parar y aprovecharon para matarlo.

Aún no hay detenidos por ninguno de los dos casos, aunque las investigaciones siguen, según las versiones policiales.

Se reinstala audiencia contra policía Santiago Olmedo

Audiencias. El proceso judicial se lleva a cabo en Riobamba, por un delito que podría condenar a Santiago Olmedo de 10 a 13 años de prisión.

Redacción IMBABURA

La audiencia de juzgamiento contra el policía imbabureño Santiago Olmedo, por el presunto delito de extralimitación de la fuerza, al abatir a delincuentes en medio de un robo, se vuelve a instalar este 5 de enero de 2022.

El proceso judicial, con esta jornada, llegará a su tercer día, tras los desarrollados el 29 y 30 de diciembre de 2021.

“Todo lo que está pasando es para llegar a un veredicto, a un resultado que vaya a favor de nosotros, que es lo que esperamos de las autoridades, que juzguen en beneficio de toda la ciudadanía, que es a quienes nos debemos nosotros como Policía Nacional, porque esta lucha no es solo de Santiago Olmedo, sino de nuestra institución policial”, dijo el uniformado, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Desde su defensa, por otra parte, se mencionó que “en cualquier país con garantías para la seguridad ciudadana y apego a los Derechos Humanos, el policía Santiago Olmedo hubiera sido condecorado por su valiente accionar. En Ecuador se procesa a policías por luchar contra la delincuencia. Esto es real y está pasando, es un atentado a la seguridad nacional, a los derechos de quienes vivimos respetando las leyes”.

A Santiago Olmedo lo acusan de extralimitación de la fuerza, pues abatió a dos personas involucradas en un asalto a mano armada, cuando intervino para que el delito no se consumara contra un menor de edad, en Riobamba.

Indignación por la muerte de William Paredes

En las calles Cuarta y La G (parroquia Siete de Octubre) fue asesinado William Paredes Cueva.

El hombre murió acribillado la tarde del domingo en Quevedo. Aún no hay detenidos por este caso.

Para hoy está previsto el sepelio de William Antonio Paredes Cueva, el hombre (oriundo de El Empalme) fue asesinado la tarde del domingo anterior en las calles Cuarta y La G, parroquia Siete de Octubre (Quevedo).

El traslado de su cuerpo será a las 10:00 y partirá desde el lugar donde es velado (vía Quevedo, cantón El Empalme) hasta la iglesia Nuestra Señora de Fátima de allí seguirán hasta el cementerio del recinto El Limón.

A través de las redes sociales a más de condolencias se publicaron muestras de indignación por este asesinato, no solo por parte de amigos, sino también de sus familiares. Este es el primer hecho violento que se registra en la provincia de Los Ríos en lo que va del año.

“En estos momentos de dolor ninguna palabra consolará su corazón por la partida irreparable de su hijo, le envío mis sinceras condolencias para usted y toda su familia y pediré a Dios que reconforte su corazón en esta dura situación, un abrazo amiga y compañera”, posteó una de las conocidas de la familia.

Versión oficial

Según el parte oficial, Ángel U. (26 años) informó a los agentes policiales que junto al ahora occiso se encontraban conversando en el lugar antes mencionado cuando llegaron dos personas en motocicleta, los cuales empezaron a dispararles. Agregó que herido llegó por sus propios medios hasta el hospital Sagrado Corazón de Jesús.

En el reporte médico se señala que Ángel U. presentó siete orificios realizados por arma de fuego (tres bajo los pulmones, uno a la altura de la garganta, uno en el hombro izquierdo y dos en la espalda).

El documento indica que dentro de una camioneta Mazda BT50 color concho de vino) se encontraba un hombre sin signos vitales que fue identificado de inmediato. Se hizo conocer que en la escena del crimen se hallaron 10 indicios balísticos. (JO)

William Paredes Cueva tenía 36 años de edad.