$5 millones del caso de corrupción Petroecuador, en Panamá

El procurador Íñigo Salvador viajó a Panamá tras la alerta de que en ese país están cinco millones del caso Petroecuador. Foto: Procuraduría.

Ecuador pide a la justicia del país centroamericano que lo incluya en un juicio como víctima; allá estarían más fondos robados de la estatal petrolera.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, presentó este 11 de enero de 2022 en el juzgado III de Causas Penales de Panamá la documentación para que Ecuador se constituya como víctima en el proceso penal por blanqueo de capitales que se desarrolla en ese país. Esto, dentro del caso de corrupción conocido como Petroecuador.

Las autoridades panameñas habían alertado al Estado ecuatoriano que, además de los $4 millones depositados en bancos panameños, los sentenciados Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburnos; Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y procesados habían enviado $1 millón más a ese país.

En total, la Procuraduría ecuatoriana considera que en Panamá se encuentran $5 millones de los condenados por cohecho.

La Justicia ecuatoriana ordenó, en este caso, una reparación integral de $12 millones. Al momento tiene comisado $120.000 de Álex Bravo por el avalúo municipal del 50% de derechos y acciones de una vivienda de dos pisos en el barrio La Concordia en Esmeraldas, 50% de derechos y acciones de un terreno en Esmeraldas y otro 50% en derechos y acciones de otra casa en esa provincia. Además, $37.423 de Álex Bravo, que tenía en efectivo en su cuenta. (DVP)

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El Procurador se defendió de las acusaciones hechas en el pedido de juicio político

La bancada de Unes presentó pedido de juicio político en su contra. El funcionario defiende su gestión y sostiene que no ha incumplido funciones.

El procurador Íñigo Salvador rechazó del pedido de juicio político planteado en su contra por la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), acusándole de incumplimiento de funciones.  El pedido de interpelación aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero el funcionario defendió su gestión.

En una rueda de prensa ofrecida este martes 5 de octubre de 2021, rescató como hitos de su gestión la sentencia en el casoSobornos‘, en el que se sentenció, entre otras personas, al expresidente Rafael Correa; también resaltó la presentación del proyecto de ley de repetición, para que los funcionarios que generaron perjuicios económicos al Estado reparen los daños.

La bancada correísta presentó la solicitud de juicio argumentando que Salvador, quien es el abogado del Estado, no actúo en favor del país en los procesos arbitrales planteados por las petroleras Perenco y Chevron-Texaco. Estos procesos que se iniciaron durante el Gobierno de Rafael Correa.

Según Salvador, lo quieren acusar por acciones que sucedieron también durante la administración correísta, específicamente con el procurador Diego García, en los casos Burlington y Murphy. «Cuando él (García) perdió los casos, el gobierno pagó sin chistar laudos similares por un total de 363 millones de dólares», dijo el funcionario.

Recordó que en su gestión presentó un recurso de anulación en el caso Perenco, que inició en 2008, con lo que logró reducir la sentencia final en 36,6 millones de dólares. Algo que sostuvo- no se hizo en los casos Burlington y Murphy.

«No se trata de incumplimiento de funciones, se trata de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago», afirmó.

Respecto a la acusación de una supuesta injerencia en otras funciones del Estado por haber recomendado a un candidato a defensor del Público, Salvador aseguró que la recomendación se hizo dentro de los requisitos legales del mismo concurso.

El Procurador afirmó que se trataría de saldar una deuda, «quizás una deuda de honor; los mafiosos también tienen honor”, sentenció. (RR)

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Contraloría debe entregar información a los asambleístas

HECHO. El Contralor subrogante hizo la consulta a la Procuraduría

El organismo de control deberá entregar la documentación de los exámenes especiales que contengan responsabilidades civiles y administrativas, o indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la información seguirá siendo reservada

La Procuraduría General del Estado dio luz verde para que la Contraloría entregue la información requerida por los asambleístas respecto de los procedimientos y resoluciones que dicta el organismo de control, en el ámbito de sus competencias.

La decisión se la dio a conocer mediante un comunicado de prensa, este miércoles 22 de septiembre de 2021, por el cual se da respuesta a la consulta formulada el pasado 6 de septiembre, por el contralor subrogante Carlos Riofrío.

“La Procuraduría concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político”, señala el comunicado

Sin embargo, “los asambleístas, de conformidad con la Ley, deberán mantener la reserva”.

La consulta del contralor Riofrio al procurador Íñigo Salvador se dio en medio de las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a un supuesto intento de ocultamiento, por parte del Contralor, de información respecto a glosas establecidas contra actuales asambleísta. RR

La Asamblea puede desenredar vacío legal de la Contraloría

Edificio de la Contraloría General del Estado.

El concurso público de méritos y oposición para designar al nuevo Contralor está en fase de preparación. Designar a la nueva autoridad tardaría 6 meses.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) exhortó, la mañana de este viernes 2 de julio de 2021, a la Asamblea Nacional (AN), para que elabore una Ley interpretativa a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (CGE). El objetivo de ello es nombrar un reemplazo en caso de la ausencia temporal o definitiva, tanto del Contralor y del Subcontralor.

El pedido lo realizó Sofía Almeida, presidenta del CPCCS. Indicó que el parlamento ecuatoriano debe dejar claro a quién corresponde asumir el cargo de Contralor y determinar qué organismo o autoridad es la competente para designar un encargado de la institución.

Juan José Dávalos, concejero del CPCCS, mencionó que paralelamente a solucionar el procedimiento para nombrar un encargo en la Contraloría, se presentará en los próximos días el concurso público de méritos y oposición para la designación del nuevo Contralor. El proceso durará alrededor de 6 meses.

Previamente, la Procuraduría General del Estado se pronunció sobre el tema y manifestó que existe un vacío legal sobre quién estará a la cabeza de la Contraloría ante la ausencia del Contralor y Subcontralor.

Desde el 25 de junio la CGE está a cargo de Carlos Riofrío González, quien fue designado como subcontralor, subrogante. Este a su vez subroga en funciones a Pablo Celi, contralor subrogante, en prisión desde el 14 de abril de 2021. (AS)