La Asamblea se convierte en un ring político-jurídico

La Asamblea sigue estancada en conflictos políticos y no avanza en su trabajo.

Cada vez se vuelve más tensa la situación entre la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y los asambleístas de oposición.

El asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, promovió el llamado a comparecer a la fiscal Diana Salazar, luego de que el día viernes la Policía entregara en la oficina de gestión documental de la Asamblea Nacional la notificación del inicio de la indagación previa por parte de la Fiscalía a los 93 asambleístas que votaron por el cambio del día que terminó con la conformación de la comisión multipartidista.

A las 10:00 de este miércoles 11 de mayo, la Fiscal deberá comparecer ante la Comisión de Transparencia.

Mientras tanto, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, notificó ante el Tribunal Penal de Pichincha el presunto incumplimiento de las medidas cautelares dictadas a su favor. A la salida del Tribunal, el asesor de Guadalupe Llori, Julio César Sarango, insistió en que la Corte Constitucional debería destituir a los asambleístas (81) que mocionaron, el 26 de abril de 2022, la conformación de la comisión multipartidista que evalúa a Llori y a los demás integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Sarango dijo que están pensando presentar esta solicitud de destitución; argumentó: “no podemos estar inmersos en una inseguridad jurídica terrible” (GVL)

Proceso contra Abdalá Bucaram vuelve a indagación previa

Jueza Verónica Medina dictaminó la nulidad de lo actuado en el proceso que por presunta delincuencia organizada se inició contra el exmandatario y seis personas más.

La Fiscalía anunció que apeló oralmente, este 21 de junio de 2021, la decisión de la jueza Verónica Medina de anular lo actuado en el caso por supuesta delincuencia organizada establecido contra el expresidente Abdalá Bucaram O. y otros seis procesados, entre ellos el hijo del exmandatario: Jacobo Bucaram Pulley

La magistrada acogió el pedido planteado por la defensa de Jacobo Bucaram P. en el caso por la venta de pruebas rápidas de detección de Covid-19. El abogado de Bucaram Pulley, según la Fiscalía, argumentó que su defendido no fue notificado de la orden de detención 72 horas antes de su captura.

Al final, sin embargo, prevaleció la decisión de la jueza, quien argumentó la existencia de errores procesales, y la causa regresó a la etapa de indagación previa.

La decisión de Medina fue anunciada durante la reinstalación de la audiencia donde se conocería si los implicados serían llamados a juicio.