Moradores piden que se detenga el cobro excesivo de impuestos

PROTESTA. Los moradores están preocupados por el juicio de coactiva.

Con la tercera notificación del juicio de coactivas en mano, los moradores del barrio El Mirador de La Península pidieron audiencia con el Alcalde de Ambato para pedir soluciones sobre el excesivo pago de impuestos.

Los afectados cuentan que en 2020 el incremento fue exuberante y ahora tienen la tercera notificación de juicio de coactivas.

Elena Abril, moradora del sector, pagó 380 dólares hasta 2019, luego de una revisión hecha por el Municipio, en 2020 le dijeron que el pago ahora sería de 4 mil 451 dólares.

Darwin Ortiz, también es un afectado y ahora está preocupado porque el proceso de incumplimiento sigue y el rubro por las mejoras realizadas es imposible de pagar.

Paulina Torres, presidenta del barrio,  contó que desde el Municipio se manifestó que se buscará una solución para este problema, sin embargo, aún no han recibido ninguna respuesta. (CNS)

Estado recibió casi el doble de lo que necesitaba para cerrar la brecha digital, pero lo malgastó

REALIDAD. La educación y los sectores rurales son los más afectados

Desde 2015, se ha cobrado impuestos a las operadoras por casi $400 millones, pero ni un centavo se fue efectivamente a mejorar y ampliar el alcance de los servicios.

Para cerrar la brecha digital y dotar de conectividad a todo el país se necesita una inversión de $230 millones, según la ministra de Telecomunicaciones Vianna Maino.

La tragedia actual es que el Estado no cuenta con esos recursos, aunque desde 2015 ha recaudado de las operadoras casi $400 millones, es decir, un monto cercano al doble de lo que hace falta ahora.

“Se ha privilegiado la recaudación antes que la conectividad. Desde 2015, se ha recaudado una cifra ingente, gigante. Sin embargo, nunca llegó a su destino porque se fue a la cuenta común del Estado”, dijo.

En otras palabras, se les ha exigido altos pagos a los proveedores privados del servicio, pero todo se desvió para gasto corriente en todo tipo de temas en el sector público (incluso sueldos de la burocracia), menos para fortalecer las telecomunicaciones del país.

Castigo por invertir

En el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se establece un impuesto llamado de concentración de mercado. Ese impuesto funciona más o menos así: cada operador que tenga 30% del mercado o más, debe pagar un porcentaje creciente al fisco, por cada nueva inversión que haga.

Así, de acuerdo con Hernán Viteri, ingeniero en telecomunicaciones, se ha generado un perverso desincentivo para las empresas privadas.

“Los proveedores se cuidan de no crecer o crecer muy poco, de no aumentar de manera sustancial su infraestructura y tecnología, sobre todo en sectores rurales, porque cada dólar que pongan les cuesta más caro y les rinde poco”, acotó.

En este contexto, el Estado ha venido castigando la inversión privada en el sector, con el único fin de sacar más dinero para gastar mal y en otros fines.

Por eso, la ministra Maino recalcó que, dentro de la reforma tributaria se incluye la eliminación del impuesto por concentración de mercado.

“El objetivo es impulsar el desarrollo de la industria y permitir que los operadores fomenten su crecimiento e inviertan en mejoras de infraestructura y servicios”, puntualizó.

La farsa del servicio universal

Si se suman todos los impuestos, tasas y contribuciones, el sector de telecomunicaciones aporta el equivalente al 4% de todos los ingresos tributarios del Estado. De esta manera, se ubica en segundo lugar, después del petróleo, como la actividad que más le paga al fisco.

A pesar de esto se registran problemas de calidad del servicio, tarifas más altas que en otros países de la región; pero, sobre todo, menos conectividad en sectores fuera de las grandes ciudades.

La razón de fondo es que la política pública ha visto a las operadoras como cajas registradoras de donde extraer dinero, pero no como socios estratégicos para beneficiar a los ciudadanos.

Otro ejemplo de esto es la contribución del 1% sobre la facturación, que están obligados a pagar los proveedores cada año. Esa contribución debía ir a un fondo para lograr el servicio universal de conectividad, es decir, que todos accedan a internet y buenas comunicaciones.

En su lugar, los recursos se han ido a la caja chica del Gobierno de turno. De 2015 a 2020, el Estado ha recibido más de $162 millones; y solo para 2021 la recaudación sumaría $23 millones.

La administración de Guillermo Lasso, dentro de la reforma tributaria, propone que el 50% de ese pago ya no se vaya al fisco, sino que se libere para que las operadoras lo inviertan en proyectos reales de expansión de infraestructura y mejoras tecnológicas. (JS)

Los impuestos que paga el sector de telecomunicaciones equivalen al 4% de la recaudación anual del fisco ecuatoriano.
Cada aumento del 10% en la conectividad, puede generar un crecimiento económico del 1% al 3% del PIB

Informe sobre Pandora Papers es el caballo de batalla de tres grupos políticos para destituir a Lasso

Decisión. El presidente ha asegurado que no se prestará para el juego político en la Asamblea.

La Comisión de Garantías Constitucionales generó un documento con suposiciones y no aportó evidencias sobre las supuestas vinculaciones del presidente con paraísos fiscales.

El ministerio de Gobierno, el gabinete presidencial y la bancada de CREO han salido a rechazar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers y las supuestas vinculaciones del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales.

En ese informe, aprobado por los seis votos de mayoría conformada por correístas y Pachakutik, se enuncia que el primer mandatario incumplió la Ley del Pacto ético de 2017, pero no aportan evidencia de pruebe que mantiene actualmente, o tenía dentro de su patrimonio al momento de candidatizarse, empresas offshore.

Asimismo, la prueba madre de la supuesta evasión es que existe una diferencia entre los pagos de impuestos de Lasso como persona natural equivalentes al 34,48% de sus ingresos; mientras el Banco de Guayaquil, en promedio, tributa un poco más 3% sobre los suyos.

“Eso es perfectamente normal, según Gonzalo Beltrán, abogado tributario, y poner sospechas sobre eso solo demuestra la ignorancia de los asambleístas que avalaron el informe.

“Los mismos registros públicos del SRI establecen que, entre 2002 y 2020, Lasso pagó $17’805.250,12 en impuesto a la renta; es decir, un promedio de casi $900.000 anuales”, acotó.

A través de un comunicado oficial, el ministerio de Gobierno aseguró que se pretende dar un golpe de Estado sin argumentos e incumpliendo la ley.

“La resolución del informe propone al pleno de la Asamblea la inconstitucionalidad e ilegal destitución del presidente de la República. No causa sorpresa y se podía advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática señalada con absoluta nitidez por el pueblo en las urnas”, puntualizó esa instancia del Ejecutivo.

Asimismo, la bancada legislativa de CREO y el gabinete ministerial aseguraron que quien debe auditar el patrimonio del presidente, y establecer si hay irregularidades o evasión, es la Contraloría General del Estado.

“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que deseche este informe por absurdo, inconsistente y solamente útil para los intereses desestabilizadores y golpistas. También valoramos la posición de varios sectores políticos, que a pesar de estar opuestos a la línea del Gobierno. no están dispuestos a prestarse al resquebrajamiento democrático del país”, expresaron los ministros de Lasso.

Luego de dar a conocer la postura del Gobierno, el Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado en el que aclaró que si bien se encuentra en oposición y no respaldará el aumento de impuesto, tampoco respalda un supuesto complot para destituir al Presidente.

“Continuaremos rebatiendo calumnias, insultos y disparates. Pero sin que aquello signifique apoyar la destitución de un Presidente de la República, al margen de la Constitución y la ley”, dijo el PSC.

Demócratas proponen más impuestos a los ricos en EE.UU.

El proyecto busca que el Estado tenga recursos para el ambicioso plan social del presidente Joe Biden.

La propuesta plantea aumentar la carga tributaria de quienes ganan más de $100 millones al año, o cuyos activos superen los $1.000 millones.

WASHINGTON. Tras semanas de negociaciones a puerta cerrada, los demócratas del Senado de EE.UU. revelaron su propuesta para subir los impuestos a los multimillonarios y así pagar por el gran plan de gasto social del presidente estadounidense, Joe Biden.

El cambio en el código fiscal afectaría a quienes ganan más de 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares, de acuerdo con la propuesta que anunció en un comunicado el presidente del comité Financiero del Senado, el demócrata Ron Wyden.

En total, a partir del año próximo, unos 700 estadounidenses tendrían que pagar más impuestos si este cambio entra en vigor.

Además, la propuesta de Wyden incluye un nuevo impuesto del 15% para las empresas con mayores ingresos.

El objetivo del llamado «impuesto de ingresos para los multimillonarios» es evitar que los más ricos de EE.UU. evadan tributos, ya que actualmente esas personas no tienen que declarar al fisco las ganancias que obtienen de sus inversiones hasta que las venden.

Por ejemplo, quienes tienen acciones en bolsa ahora no pagan impuestos por sus ganancias, pero la nueva propuesta cambiaría eso. EFE

El 68% del pasaje aéreo desde Ecuador son tasas e impuestos

El transporte aéreo sigue siendo caro en el país, a pesar de la eliminación del ISD al sector.

Una de las cargas más pesadas es el tributo llamado Ecodelta, el cual grava con $50 todo pasaje emitido desde Ecuador hacia otro país

Se considera que una de las principales trabas para potenciar a Ecuador como destino turístico es el alto costo de los pasajes aéreos. Desde 2015, organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han recomendado constantemente que se revise la estructura de tasas y tributos que terminan pagando los ciudadanos.

Por ejemplo, un pasaje Quito- Bogotá para la próxima semana tiene una tarifa por servicio de $96; pero a ese valor se suman $203,35 en una serie de recargos.

Recargos

  • Cargo por seguridad Quito: $3
  • Impuesto Aeropuerto Bogotá: $41
  • Impuesto Aeropuerto Quito: $57,67
  • Impuesto transporte Ecuador: $11,52
  • Impuesto turismo Colombia: $15
  • Impuestos facilidades aeroportuarias Ecuador: $5
  • Impuesto turismo Ecuador: $50
  • Impuesto tarifa administrativa Ecuador: $2,16
  • Tarifa administrativa web: $18

En otras palabras, el 68% de lo que se está pagando por el pasaje se paga a los gobiernos y a los administradores de los aeropuertos.

A través de su cuenta de twitter, Nicolás Larenas, piloto aeronáutico y analista de temas del sector, explica que solo reduciendo el impuesto al turismo en Ecuador (conocido como Ecodelta) se podría ver una diferencia apreciable en el costo final.

«Colombia también tiene un impuesto al turismo, pero es de $15 y se cobra a quienes viajan hacia el país. Acá se cobra $50 por salir de Ecuador», dijo.

El Gobierno de Guillermo Lasso ha reconocido que uno de los aspectos más perniciosos de ese tributo es que no solo que encarece el pasaje, sino que el 98% de lo recaudado no va a su supuesto objetivo de financiar la promoción turística del país, sino a la caja fiscal para todo tipo de gasto público.

Los altos costos no solo afectan a los viajes al exterior, sino que también se mantienen como un problema en el mercado interno. A vísperas de un feriado largo (cinco días) en noviembre, usuarios como Tito Torres comentó que los vuelos nacionales duplicaron su valor desde el inicio de la pandemia.

Así, por ejemplo, un vuelo Quito Guayaquil se puede encontrar en, al menos, $135 (adquirido con anticipación); pero llegar a más de $240 si se adquiere a última hora.

En estos casos, las tasas e impuestos representan entre el 40% y 60% del costo final.

La solución no es el control de precios

Larenas considera que se puede bajar los costos para los usuarios, pero la vía para hacerlo no es a través de controles de precios o la imposición de techos mínimos y máximos.

«La aviación mundial funciona en base a las reglas básicas del mercado de oferta y demanda, por lo que obligar a las aerolíneas a operar con topes o mínimos se contradice a la auto regulación del mercado e incluso, contra lo que podríamos decir, buenas prácticas impulsadas por IATA y otras organizaciones», sostiene.

En este sentido, lo que sí resultaría efectivo es impulsar la llegada de la mayor cantidad posible de nuevos competidores al mercado. Esa llegada no afectará a los operadores existentes, pero sí reducirá los precios.

En el caso de los impuestos, se puede trabajar en establecer un IVA diferenciado o reducido para el sector; bajar o eliminar el Eco delta y el tributo Ecuador Potencia Turística (se cobra sobre los pasajes emitidos en el extranjero con destino a Ecuador).

Por otra parte, aunque las tasas aeroportuarias y de seguridad financian el funcionamiento de los aeropuertos y las inversiones en infraestructura por parte de los concesionarios privados, sí se puede hacer optimizaciones para reducir la carga.

En Chile, por ejemplo, se logró reducir el 40% de esas tasas en el aeropuerto, según Arturo Merino Benítez, de Santiago.

¿Qué pasa con la eliminación del ISD?

A inicios de septiembre 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso concretó su ofrecimiento de eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para el sector aeronáutico.

Ese impuesto, sin embargo, no se estaba cobrando en los pasajes, sino que se cargaba a los ingresos de las operadoras o aerolíneas. En este sentido, su eliminación no tiene un impacto directo e inmediato en el costo para los usuarios.

Su real beneficio es que reduce los costos de operar desde el país y abre la puerta a que haya más competencia en el mercado. Así, con más jugadores ofreciendo vuelos, los costos deben ir reduciéndose en el mediano plazo.

El reto, tanto para los actuales como para los nuevos participantes, es establecer ahorros y optimizaciones en sus operaciones para que puedan obtener una buena utilidad sin depender de pasajes caros. (JS)

DATO:- Para evitar pagar más por compras de última hora, se recomienda que, en la medida de lo posible, se adquiera pasajes para rutas internacionales con tres meses de anticipación; y con un mes en caso de rutas domésticas.

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Reforma incluye reducir impuestos por más de $180 millones

El ejecutivo necesita más ingresos; pero las reducciones tiene criterios sociales y de reactivación.

El Gobierno insistirá en su iniciativa con pequeños cambios. El sacrificio fiscal viene a través de tarifa 0% de IVA e ICE a una serie de bienes y servicios.

Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, el Gobierno hará un segundo intento de enviar una reforma tributaria a la Asamblea. Entre el 21 y 22 de octubre 2021, se espera que un proyecto, solo sobre materia de impuestos, vuelva al legislativo luego del rechazo de la Ley de Oportunidades.

Normalmente, el debate se concentra en las cargas adicionales, tanto para empresas como ciudadanos, que se buscan con este tipo de iniciativas. Sin embargo, también existe un componente de sacrificio fiscal (menos recaudación), debido a que se eliminan o modifican impuestos o regímenes impositivos.

En primer lugar, la reforma incluye el establecimiento de 0% de IVA para productos de higiene femenina y pañales. Esa medida reducirá en $39 millones la recaudación de impuestos en 2022. Otros $13 millones se dejarán de cobrar por el 0% de IVA a los turistas extranjeros.

En el caso del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el fisco dejará de recibir $35 millones por la tarifa 0% para los planes de telecomunicaciones, calefones y calentadores de agua.

Asimismo, por otros ajuste en el ICE y el aumento de 5 a 10 años en la amortización de las pérdidas del turismo, el sacrificio fiscal será de $8 millones en 2022.

Si se aprueba el proyecto en 2021, la reducción en la recaudación durante el año siguiente será de $92 millones; en 2023 subirá a $97 millones; y, del 2024 en adelante, sumará $99 millones. Es decir, $189 millones solo en los dos primeros años.

Nuevo régimen de microempresas costará más de $70 millones al año

Como prometió en campaña, Lasso persistirá en la propuesta de eliminar el régimen vigente de microempresas, donde se cobra 2% de impuesto a la renta sobre las ventas.

La alternativa es un esquema donde los negocios populares, es decir, los que tiene ingresos de hasta $20.000 al año, pagarán una cuota fija de $60 en cada ejercicio fiscal.

El resto (más de $20.000 hasta $300.000) tendrá que tributar de acuerdo con una tabla creciente. Por ejemplo, un emprendedor con ingresos por $80.000 pagaría un Impuesto a la Renta de aproximadamente $750 al año.

Roberto Vinueza, asesor tributario, comentó que este nuevo esquema debe durar más de los tres años que establece la propuesta original; y además, ampliar el crédito tributario por pago a tiempo y adecuado del 10% al 20%.

Según las previsiones del Gobierno, la implementación de ese régimen no producirá más recaudación para el fisco, sino que supondrá una reducción de $14 millones en 2022, $54 millones en 2023; y, desde 2024 en adelante, el sacrificio fiscal será de $72 millones. (JS)

DATO.- Sin tomar en cuenta el impuesto temporal al patrimonio, la reforma tributaria generaría ingresos adicionales permanentes por alrededor de $700 millones al año

DATO.- En 2020, la recaudación total de impuestos cerró en $12.359 millones, es decir $1.030 millones al mes.

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Conozca si debe pagar el impuesto del 2% sobre las ventas

Trámite. Varios son los contribuyentes que deben pagar este impuesto.

El Régimen Impositivo de Microempresas se estableció en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria aprobada en 2019 y se debe cancelar en octubre de cada año.

Se trata del 2% de los ingresos brutos que los contribuyentes deben cancelar al ser considerados como microempresa.

Desde su creación, este impuesto ha sido duramente cuestionado debido a que grava impuestos sobre las ventas y no sobre las utilidades.

Y aunque el número de contribuyentes en el catastro de Régimen Impositivo de Microempresas se redujo con los períodos fiscales 2020 y 2021, según las autoridades aún son más de 781 mil contribuyentes.

Si una persona desea verificar si aún consta en el catastro del Régimen Impositivo de Microempresas para el período fiscal 2022 puede seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a Catastro de Régimen Impositivo de Microempresas que se encuentra en la página del SRI, https://www.sri.gob.ec/catastros
  • Allí debe seleccionar información de contribuyentes del Régimen Impositivo para Microempresas para el período fiscal 2022.
  • Se descargará un documento de Excel con el detalle de quienes están incluidos en el catastro.
  • Si aún consta en este registro debe cancelar el impuesto del 2%. (FCT)

El Estado se reducirá del 36% al 32% del PIB hasta 2025

El presidente Lasso tiene un reto económico difícil de cara a los próximos cuatro años.

El Gobierno establece el ajuste como una de sus principales prioridades dentro de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la carta de intención, firmada por el ministro de Economía, Simón Cueva, y el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, con el FMI, una de las principales prioridades económicas del Gobierno es reducir el tamaño del Estado del 36% al 32% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2025.

La administración Lasso le apuesta a la inversión privada como la única salida a los problemas de empleo en el país. Sin embargo, no se ve una política clara para reducir costos financieros nui tasas de interés.

A continuación se detallan 10 claves de la carta de intención firmada por Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1.- Cuatro decretos para atraer inversiones.- El Gobierno asegura que, a través de los decretos ejecutivos 68, 95, 123 y 151, ya se está allanando el camino para que exista más inversión privada en los sectores mineros y petroleros, además de más flexibilidad laboral y competitividad.

2.- El 80% de los más pobres con bonos y ayudas sociales. Desde julio de 2020 a abril de 2021 se incluyó en el registro y las ayudas a 443.619 nuevos beneficiarios de bonos y ayudas sociales. Hasta diciembre 2021, se incluirán al menos 181.981 más. El objetivo es que el 80% de los ecuatorianos en los tres segmentos más bajos de ingresos (hasta $1.600 al año) reciban transferencias directas del Estado. Actualmente, ya se invierten más de $1.600 millones al año en esas ayudas.

3.- Más de $1.000 millones de gasto adicional para 2021. A pesar de que el Gobierno está comprometido con reducir el déficit fiscal, las condiciones actuales exigen un incremento de $1.020 millones en los gastos estales en comparación a 2020. Ese aumento tiene varias fuentes de los recursos, pero el 55% está relacionado con inversiones en salud y educación.

4.- Reducción del tamaño del estado.- La administración de Guillermo Lasso ha establecido como meta, dentro de al carta de intención con el FMI, reducir el tamaño del sector público del 36% al 32% del Producto Interno Bruto (PIB). Para lograr ese objetivo, se busca liquidar y vender más empresas y dependencias públicas (todavía no hay una lista definida); y reducir el gasto total en $3.500 millones hasta 2025.

5.- Aumento del 1,5% del PIB en la recaudación de impuestos. El Gobierno busca recaudar $700 millones con la reducción de las deducciones de gastos personales y eliminación de exenciones de pago para empresas. Otros $300 millones vendrían de medidas de lucha contra la evasión y mejores controles a grandes contribuyentes. Finalmente, $500 millones adicionales viene de fuentes temporales y permanentes: impuesto al patrimonio para personas y empresas (2022 y 2023) y regularización de activos en exterior que no están declarados.

6.- Mayor ajuste en compras pública. En el actual periodo presidencial, se busca reducir el gasto en salarios en $1.200 millones; mientras las compras públicas caerán en $1.500 millones. Solo los gastos sociales y otros como seguridad social se incrementarán en $1.000 millones.

Según el plan del Gobierno de Lasso, alrededor de $600 millones se conseguirán con la estandarización, modernización y simplificación de los procesos de compras públicas. Otros $900 millones llegarán por el fortalecimiento del sistema nacional de contratación y relaciones más cercanas y transparentes con proveedores.

7.- No hay meta de reducción de tasas de interés. Dentro de la carta de intención, el Gobierno espera que que se apruebe la nueva metodología de cálculo de las tasas de intereses dos meses después de que se posesionen los nuevos miembros de las Juntas Monetarias y Financieras. La conformación de esas juntas está detenida luego de que la Asamblea rechazara las ternas propuestas por el Ejecutivo.

Sin embargo, no se establecen metas sobre reducción de costos financieros y tasas, solo objetivos generales como aumentar la competencia, promover la inclusión financiera y tener un sistema más técnico de fijación de tasas de interés.

8.- Impulso a los pagos electrónicos. El Gobierno resalta la eliminación del costo por recibir transferencias de otros bancos; pero no se prevén más cambios en el tema del valor de los servicios financieros. Sin embargo, se prevé que desde enero de 2022 entrará en vigencia la disposición de que todos los pagos de servicios públicos que sean mayores a $76 se realicen solo por vías electrónicas.

9.- Auditoría de bancos y petroleras públicas. Hasta mediados de 2022, las autoridades nacionales se han comprometido ha publicar los resultados de auditorías integrales de los bancos públicos, además de Petroecuador y Petroamazonas (antes de la fusión de las petroleras estatales). Se estima que todavía se debe develar las pérdidas reales por malos manejos, corrupción e ineficiencia. La oferta de campaña de entregar créditos al 1% y a 30 años para sectores como el agrícola no se podrá efectuar mientras no se sepa la real situación de Banecuador, CFN y Banco del Estado. El Gobierno de Lasso busca fusionar Banecuador y CFN.

10.- La ley de Oportunidades es la única apuesta para generar empleo. Todos los planes del ejecutivo para crear 2 millones de nuevos empleos de calidad hasta 2025 pasan por la Ley de Oportunidades. El Gobierno no tiene plan B para esa iniciativa. Dentro de la carta de intención se asegura que se busca incrementar la flexibilidad en las relaciones laborales; reducir la rigidez en los contratos temporales o a medio tiempo; e incluir políticas de economía violeta (más empleo femenino).

La administración de Lasso considera que la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en 2020, es un ejemplo de que la flexibilidad redujo el impacto de la crisis. Así, se resalta que se salvaron 74.000 empleos y se crearon 240.000 adicionales con esa normativa. (JS)

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Recorte del gasto público será de $3.500 millones hasta 2025

El ministro de Economía, Simón Cueva, tiene retos grandes desde el próximo año.

Hasta 2025, se recortará alrededor de $900 millones en burocracia y $1.500 millones en optimización de procesos de compras públicas.

La tarde de este 7 de octubre 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su último informe sobre la situación de la economía ecuatoriana. En ese informe se establecen las metas de recorte del gasto público y aumento de ingresos vía impuestos hasta 2025

Por cada $78 que se ajusten en el Estado, el Gobierno de Guillermo Lasso pedirá un aporte a los ciudadanos y empresas de $22 por vía de reducir exenciones tributarias, combate a la evasión y regularización de activos en el exterior, entre otras medidas.

Así, durante el actual periodo presidencial se establece un recorte total del gasto público de alrededor de $3.500 millones; es decir, 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ese monto se desglosa en cuatro acciones principales. En primer lugar, un ahorro de $1.500 millones (1,5% del PIB) se obtendrá  a través de mejoras en el proceso de compras públicas. Según el multilateral, se necesita una  revisión de procesos, mayor transparencia y lucha contra la corrupción.

En segundo lugar, $ 900 millones (0,9 % del PIB) se logrará con la eliminación de gastos extraordinarios asociados con la pandemia, considerando que durante 2020 y 2021 ya se utilizaron recursos para diversos programas de apoyo y el proceso de vacunación.

En tercer lugar, otros $900 millones serán resultado de recortes en la burocracia, pero, según el Gobierno, sin afectar servicios esenciales como salud, educación y apoyo a los más vulnerables.

Finalmente, $200 millones se recortarán mediante la revisión a los gastos de capital (inversión), continuación de la eliminación de los subsidios a los combustibles y mejoras en el manejo de atrasos.

En un comunicado, el ministerio de Economía resaltó que en el acuerdo original con el FMI, firmado por el Gobierno de Lenín Moreno en octubre 2020, se establecía un ajuste total de 5,5% del PIB.

Pero ahora, el esfuerzo será de 5% del PIB. Ese porcentaje se divide en el 3,5% de recorte en el gasto público y 1,5% del PIB ($1.500 millones) mediante una reforma tributaria.

El compromiso de la anterior administración era un aumento de la recaudación tributaria de $2.500 millones. Sin embargo, el presidente Lasso ha optado por una vía que no incluye aumentos en el IVA ni la implementación de impuesto a la renta a ingresos como los décimos y otras bonificaciones de los trabajadores.

Tres vías para obtener más impuestos

El 47% de los nuevos ingresos tributarios, es decir, $700 millones, vendrá gracias a dos medidas. Por un lado, la reducción de las deducciones de gastos personales para los que ganen $2.000 o más. Por otro lado, la eliminación de exenciones y deducciones sobre el impuesto a la renta de las empresas.

Otro 20% de los impuestos adicionales, es decir alrededor de $300 millones, será resultado de medidas de lucha contra la evasión, mayores controles a grandes contribuyentes e intercambios de información financiera con otros países.

El 33% restante, el cual equivale a $500 millones se conseguirá por dos vías. En primer lugar, las contribuciones especiales sobre el patrimonio de personas y empresas. En segundo lugar, la regularización de activos en el exterior que no han sido declarados en el país.

El Gobierno de Lasso todavía está evaluando cómo insistirá en el proyecto de Ley de Oportunidades, el cual fue rechazado el pasado 29 de septiembre 2021 por el Consejo de administración Legislativa (CAL).

Mayor crecimiento depende de cambios estructurales

El informe técnico del FMI sobre el Ecuador proyecta, además, un mayor crecimiento de la economía nacional (promedio de 2,8 % entre 2022 y 2026) en comparación con el escenario anterior (1,8%).

Sin embargo, se establece que la mejora de la economía podría acelerarse con base en el impulso de reformas estructurales en materia laboral, mercados de bienes, mercados financieros (que garanticen mejor acceso), y en las prácticas de gobierno corporativo del Estado para que sea más eficiente y transparente.

Sobre el sistema financiero nacional, el FMI destaca su solidez por la liquidez elevada que posee, capital adecuado, crecimiento de los ahorros, altos niveles de reservas internacionales, entre otros.

En el tema petrolero, el informe señala que el Ecuador necesita reducir la dependencia de las cuentas públicas de los ingresos petroleros y mitigar los riesgos climáticos. Se reconoce que el país ya cuenta con un marco legal que le permite ahorrar los ingresos extraordinarios del petróleo, por el alza de su precio, el momento que tenga una situación fiscal sólida.

Del mismo modo, se destaca la transparencia con que está actuando el país en los procesos de compras públicas (por los mecanismos que lleva adelante el Servicio de Contratación Pública); las auditorías que se ejecutan a los mayores 100 contratos de compras públicas (tras publicación de exámenes especiales a compras durante la emergencia de la Covid-19); la mejora en la legislación para fomentar transparencia y alinearse con estándares internacionales, y la auditaría a los estados financieros de Petroamazonas y Petroecuador, que concluirán en 2022. (JS)

DATO.- Con un mejor manejo de los recursos fiscales, se espera reducir la deuda pública de más del 66% del PIB a menos del 50% hasta 2025.

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