Balas guerrilleras en fiesta infantil

Los guerrilleros se disputan territorio en varios puntos de Colombia.

Un enfrentamiento a bala entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC durante una celebración del Día del Niño dejó tres heridos, incluido una menor.

Redacción BOGOTÁ

Una menor de edad, un civil y dos militares resultaron heridos luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC se enfrentaran en el municipio de El Tarra, Norte de Santander (Colombia), donde la comunidad estaba celebrando un acto público por el Día del Niño.

«Estábamos reunidos en la celebración del Día del Niño. En un cruce de balas, lamentablemente, sale herida una niña y un adulto», aseguró el alcalde de este municipio cercano a la frontera con Venezuela, Yair Díaz Peñaranda, citado por medios locales.

En un video publicado en redes sociales se ve a los niños tirados en el suelo intentando esquivar las balas mientras que la profesora trata de calmarlos diciendo que la situación pronto pasará, mientras se escuchan los fuertes disparos.

Un comunicado del Ejército aseguró que los grupos guerrilleros atacaron «con ráfagas de fusil y explosivos a la población civil, sin importar la presencia de niños, niñas y adolescentes».

Los grupos también atacaron la base militar ubicada a las afueras del municipio, según fuentes castrenses. (EFE)

Exmilitares colombianos reconocen que mataron a campesinos y los hicieron pasar por guerrilleros

Parte de los exmilitares colombianos que reconocen casos de ‘falsos positivos’.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza audiencias de reconocimiento de los crímenes conocidos como ‘falsos positivos’. Familiares de las víctimas exigen el nombre de quienes ordenaron las muertes.

BOGOTÁ. Un grupo de 11 militares colombianos reconoció este 26 de abril su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos‘, uno de los capítulos más negros del conflicto armado, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que aseguraron que asesinaron a campesinos inocentes.

«Lo reconozco, asesinamos campesinos inocentes«, aseguró frente a múltiples víctimas el suboficial retirado el Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, que como cabo primero y miembro de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército ejecutó entre 2007 y 2008 a varios jóvenes inocentes y es uno de los imputados del auto emitido por la JEP el pasado 6 de julio.

Gutiérrez fue preciso e insistió en su declaración ante la audiencia de reconocimiento llevada a cabo hoy en Ocaña (Norte de Santander) por la JEP.

«Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente, poniéndolos un arma y diciendo que eran guerrilleros. Y manchando el nombre de esa familia», reconoció.

Esta audiencia de reconocimiento, en la que participaron él y los otros 10 militares y un civil imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad y responsabilizados de al menos 120 asesinatos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre 2007 y 2008, es el paso previo a que la JEP proponga las sanciones contra ellos y acordadas con las víctimas.

«Si los comparecientes reconocen verdad completa, detallada y exhaustiva y reconocen su responsabilidad podrán ser elegibles a una sanción que no es privativa de libertad, sino que tiene un componente reparador, restaurador», recordó la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, a la entrada de la audiencia.

Para ello, los imputados tienen que reconocer sus crímenes y aportar verdad que ayude esclarecer los hechos de este «patrón macrocriminal», como lo ha denominado la JEP, en el que miembros del Ejército que actuaron en connivencia con paramilitares asesinaron a por lo menos 6.402 jóvenes inocentes y los presentaron como «bajas en combate» para conseguir premios y reconocimientos.

«Yo asesiné a sus familiares»

Gutiérrez Salazar, quien fue uno de los primeros militares que reconoció su participación en estos crímenes en la justicia ordinaria, se dirigió a Sandra Barbosa, cuya pareja, Javier Peñuela, un campesino del Catatumbo, fue una victima de los ‘falsos positivos’.

Este exmilitar fue quien dio su nombre, un día que Peñuela fue al odontólogo en Ocaña, a un batallón para que se lo llevaran y le pusieran un fusil que ya tenían preparado. Estaba todo planeado, relató el acusado, para matarlo y presentarlo como baja en combate.

«Para la muerte de Javier Peñuela, un campesino (…) maquinamos; hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos», aseguró Gutiérrez, quien repitió, tras el pedido de las víctimas de que limpiaran el buen nombre de sus familiares asesinados, que eran «campesinos, gente inocente».

«Eliceider Peñaranda, trabajador, campesino de la región de El Carmen, engañado, asesinado por nosotros, miembros de la fuerza pública. Diosimiro Chinchilla, Álvaro Chogón, Gerardo Quintero, Eduardo Villegas, Samuel Rincón, Wilfredo Durán, Eber Peña, Wilfredo Quintero, Álvaro Guerrero, Jesús Hermides Quintero… Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos y que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente», añadió.

Víctimas piden más

Las víctimas, vestidas con las camisetas negras y el logo que ilustra la pregunta aún sin respuesta de «Quién dio la orden» y que tuvieron la voz antes que sus victimarios, reclamaron que los militares reconocieran sus crímenes y que sus familiares no eran guerrilleros.

«Queremos que hoy ante este público y ante el mundo digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes ni guerrilleros como lo dicen», pedía Eduvina Becerra, una mujer campesina que lleva 14 años pidiendo justicia por el asesinato de su compañero, José Eliécer Ortega.

Pero les reprocharon que lo que han reconocido ante la JEP, «se conocía delante de la Justicia ordinaria», por la que muchos ya han sido condenados, pero de la que han salido para ser juzgados por esta justicia especial.

«¿Si ustedes están aquí comprometidos con la verdad, por qué no hablan de las cabezas, de la estructura criminal, que ustedes actuaron por órdenes de superiores?», les preguntó María Consuelo Daza, maestra rural y hermana de Luis Alfonso Daza, otro de los inocentes ejecutados.

Justamente, Sebastián Escobar, abogado de derechos humanos del Colectivo José Alvear Restrepo, lamentaba ayer que, a pesar de que es positivo que los responsables reconozcan sus crímenes, «la audiencia tal y como está planeada, y su preparación no han sido procesos verdaderamente restaurativos».

«Se indujo a que los encuentros y la audiencia tuvieran entre sus propósitos el perdón y la reconciliación, sin que surgieran estos como necesidades de las víctimas, contrariando el enfoque restaurativo», aseguró el abogado, quien cree que no se propició «un estándar mínimo de reconocimiento».

Las audiencias se extenderán hasta mañana y es la primera de todo el Caso 03, que estudia los ‘falsos positivos‘ y por el que ya se han emitido dos autos (serán al menos seis) que involucran a un total de 26 militares, de los cuales 22 han reconocido su responsabilidad. EFE

Violaciones masculinas, una herida de la guerra en Colombia

Alberto Coneo es una de las víctimas que ha decidido denunciar. Cree que su condición homosexual lo expuso al abuso que sufrió.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que juzga los hechos del conflicto, ha documentado 82 casos, pero se cree que superarían los 2.000.

Redacción BOGOTÁ

No es mucho lo que se sabe de la violencia sexual contra los hombres en Colombia, pero los registros dicen que fueron más de 2.000 víctimas de este delito durante el conflicto armado que desangró al país por más de medio siglo y que no termina de cerrarse.

Sin embargo, Joel Toscano, Ómar Aguilar y Alberto Coneo han comenzado a hablar de lo que les pasó con la esperanza de que esa tragedia no afecte a más personas y que los culpables paguen.

Los tres hacen parte de un informe que recoge 82 de estos casos y que fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que le piden abrir un macrocaso que investigue la violencia sexual contra hombres durante el conflicto armado.

Una película de horror

Ómar Aguilar define lo que vivió como «una película de horror» de la que no habló durante 25 años por «temor, por miedo al qué dirán». Lo violaron en 1992 guerrilleros de las FARC que dominaban la región agroindustrial de Urabá, limítrofe con Panamá.

«La guerrilla llegó preguntando por mi mamá, que se había ido a una cita médica. Los guerrilleros me metieron en la mitad de ellos», cuenta a Efe, y unos 20 se lo llevaron a una parte boscosa.

«Ahí comenzó todo», recuerda. Varios guerrilleros lo violaron y perdió el conocimiento. «Eso comenzó como a las 10:00 y me desperté alrededor de las 17:00. Como pude me vestí y me devolví a mi casa. Mi madre todavía no había llegado. Nunca le conté lo que pasó».

Ahora reclama justicia por un delito que se ensañó, sobre todo, con las mujeres pero que también afectó a hombres.

Un drama oculto

La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, sigue siendo un foco del conflicto armado por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares que controlan el narcotráfico.

La primera vez que Joel Toscano vivió los horrores de la violación fue a los nueve años. Fueron los paramilitares.

«Era un niño y me quedé callado porque la persona que propició esa situación fue un familiar que me amenazó si decía lo que había pasado. Él estaba involucrado o era cómplice de los paramilitares«, dice Toscano, quien no considera regresar al Catatumbo porque de «allá solo hay malos recuerdos». (EFE)

La lucha entre los ex FARC y el ELN llega a Venezuela

A seis años de la firma del Acuerdo de Paz, la violencia guerrillera no cesa en Colombia. Ocurre, sobre todo, en la zona fronteriza con Venezuela.

El combate por el control del territorio entre la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene lugar en el estado fronterizo de Apure.

Redacción CARACAS

La disputa por territorio y control de los negocios como el narcotráfico que ocurre hace meses en los departamentos de Arauca y Santander (noreste de Colombia) se ha desplazado en los últimos días al fronterizo estado de Apure (Venezuela).

Los contendientes, según dieron a conocer fuentes locales al portal informativo Infobae, son integrantes de dos guerrillas colombianas: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el reporte, una columna del ELN avanza en sectores como Puerto Páez, La Capilla, Tres Esquinas y El Ripial (Apure), combatiendo a las disidencias de las FARC, ocupando las fincas, asesinando a pobladores, imponiendo toques de queda, amenazando, instalando alcabalas, imponiendo un impuesto de guerra.

Mientras tanto, pobladores de la zona se quejan de que las autoridades venezolanas callan ante los hechos e incluso los ocultan.

Aldemar García Contreras, dueño de una finca en Tres Esquinas, asegura que en los primeros días de enero fue asaltado por gente del ELN, quienes le robaron reses, un vehículo, una planta eléctrica e incluso ollas. Dice que él se salvó porque le avisaron que los guerrilleros iban a su propiedad y logró huir en una motocicleta.

Algo similar ocurrió en la finca Los Pinos, propiedad de Édgar García. Los propietarios se quejan de que las autoridades, incluido el Ejército chavista, los tienen abandonados. Y que incluso tienen prohibido salir de sus propiedades. (LAG)

Disidencia ataca a indígenas en el Cauca

Dos indígenas murieron, entre ellos un menor de edad, en un ataque armado ocurrido en un caserío del departamento colombiano del Cauca (suroeste), que los nativos atribuyeron a las disidencias de las FARC.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), dijo en un comunicado que la acción ocurrió en el resguardo Las Delicias, ubicado en el localidad de Buenos Aires «por parte de la Columna Móvil Jaime Martínez, que hasta el momento deja dos asesinados y un herido de gravedad».

Las autoridades indígenas tuvieron información de la presencia de hombres armados en el resguardo por lo que dispusieron el envío de la guardia a «hacer la verificación». Pero cuando llegaron, fueron repelidos a balazos. (EFE)

Ex FARC y ELN luchan por territorio y drogas

La disidencia de las FARC intentan reingresar a zonas en las que su guerrilla matriz hacía y deshacía antes del acuerdo de paz firmado en 2016.

En el primer fin de semana de 2022, enfrentamientos entre miembros de ambos grupos guerrilleros dejaron, al menos, 24 muertos, en el departamento de Arauca.

Redacción BOGOTÁ

Al menos 24 personas murieron el fin de semana en violentas disputas entre disidencias de las FARC y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en tres municipios del departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela. Fuentes venezolanas señalan que también hubo enfrentamientos en ese lado de la frontera, en el estado de Apure.

En el caso de Colombia, la ola de violencia ocurrió en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita.

En el departamento de Arauca hay fuerte presencia del ELN, disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes, que se disputan el control territorial.

Arauca es un departamento petrolero y agropecuario donde hace décadas se hizo fuerte el Frente de Guerra Oriental del ELN, el más poderoso de esa guerrilla, fuerza ahora desafiada por el Frente 10 de las disidencias, que ocupó espacios dejados por las antiguas FARC y que se financia principalmente con extorsiones, secuestros y narcotráfico.

«El centro del conflicto es el territorio; tanto las FARC como el ELN llevan mucho tiempo ahí. Ambos llevan cuatro décadas en ese territorio, lo conocen, y desafortunadamente las FARC han vuelto a tener una dinámica en el territorio», dijo a Efe Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). (EFE)

Droga en la frontera con Ecuador

En la frontera entre Colombia y Ecuador, el narcotráfico también mueve dinero e intereses.

Un informe de la revista ‘Semana’ señala que el negocio lo maneja, en buena parte, el cártel de Sinaloa. Hasta principios de 2021, la zona entre Tumaco (Colombia) y Esmeraldas (Ecuador), era dominada por el grupo ‘Óliver Sinisterra’, disidente de la FARC. Sin embargo, ‘Los contadores’, más del agrado de Sinaloa y sin pasado guerrillero, empezaba entonces a filtrarse y a dominar el área.

Allí operaría también la disidencia ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, apoyada por el cártel de Jalisco.

En la parte selvática, en el límite entre Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador), el control está en manos de la Segunda Marquetalia (también disidente) y otros grupos, a las órdenes del cártel del Golfo. (LAG)

Ahora los delincuentes ‘te perdonan’ la vida por dinero

La Policía aconseja requerir su ayuda en caso de extorsión.

Los delitos de extorsión aumentaron 20% en Ecuador en 2021. Un nuevo método que se ha vuelto común son llamadas amenazantes de supuestos guerrilleros.

Eran las tres de la mañana de un sábado cuando Edison Aulla recibió un mensaje de WhatsApp en el que un desconocido preguntaba por su hermana. No fue hasta la mañana siguiente que él decidió contestar; dos horas después, recibió una llamada de un número desconocido.

“Me dice que es un comandante del grupo ELN de las guerrillas colombianas y que dos abogados han ido al campamento de este señor, de esta agrupación, a solicitarles un sicariato por $5 mil para mí, para mi mujer y para mi hija”, recuerda Aulla.

Para ese punto, los antisociales conocían los nombres y algunos datos personales de las víctimas. Sin embargo, la llamada de estos sujetos fue para ‘perdonarles la vida’ a cambio de dinero.

Un caso similar lo vivió Wilson Mediavilla, quien ha sido extorsionado por tres ocasiones. Él relata que le llamaron de un número colombiano para preguntar por su sobrino. Los victimarios también se identificaron como “la guerrilla colombiana”, pero para ellos “la vida era importante” y le aseguraron que no le harían nada ni a él ni a su familia si les depositaba $ 1.000.

Según la Policía Nacional del Ecuador, el delito de extorsión se ha incrementado este año un 20% en comparación a 2020. De esa cifra, “existe un aproximado de 120 eventos en los cuales los victimarios se han identificado como supuestos miembros de grupos guerrilleros”.

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) es la encargada de brindar asesoramiento sobre las futuras comunicaciones con los criminales. Una vez realizada la denuncia, “la víctima recibirá el acompañamiento permanente por parte del servidor policial de la UNASE mientras sea necesario en base a las disposiciones y delegaciones fiscales recibidas”, asegura la entidad.

Aulla siguió este protocolo y se contactó con la Policía tras recibir la amenaza. Él menciona que la Policía los ayudó a calmar la situación en ese momento. Sin embargo, “como lo llamaron a WhatsApp no tenían registrado ningún dato sobre esa persona, ni sobre ese teléfono” por lo que no podían localizar a los antisociales que estaban al otro lado de la pantalla. En cambio, Mediavilla decidió no denunciar porque asegura que es “mucho trámite” para lo que pueda hacer la Policía.

Por su parte, la Policía afirma que, si el número utilizado se encuentra en otro país, se coordina con la Fiscalía General del Estado para realizar la Asistencia Penal Internacional con la Fiscalía del país donde presuntamente se encuentre el número o equipo telefónico.

Así como la tecnología es una herramienta útil para las personas, también puede ser usada como un arma para los delincuentes. A medida que avanza el tiempo, nuevos tipos de extorsión salen a la luz. Por eso, la Policía recomienda estar alerta ante cualquier mensaje o llamada sospechosa.

Emily Tobar, especial para LA HORA