Guillermo Lasso reiteró su respaldo a las FF.AA. y la Policía Nacional

CEREMONIA. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presidió el acto conmemorativo del Primer Grito de la Independencia.

Ecuador conmemoró este 10 de agosto de 2022 un año más el día del Primer Grito de la Independencia.

La Ley del Uso Legítimo y Progresivo de la Fuerza que será publicada en los próximos días en el Registro Oficial, enfrentó a Luis Lara, ministro de Defensa Nacional, y a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional.

En clara alusión a la resolución que adoptó el 6 de agosto de 2022 el pleno de la Asamblea de no acoger las observaciones planteadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a esta norma jurídica, el secretario de Defensa, criticó al Parlamento, y dijo que se ha limitado la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas, lo que pone en riesgo el futuro del Ecuador.

“Es el momento de decir las cosas como son: los criminales, los narcotraficantes, los corruptos atentan contra el pueblo, contra la paz y la seguridad; resulta desconcertante que se apoye a la violencia y mucho más grave que se legisle limitando la acción de la Policía, y de las fuerzas del orden porque eso pone en serio riesgo el futuro del Ecuador”, subrayó Lara en su discurso durante el acto conmemorativo por los 213 años del Primer Grito de Independencia, realizado en la Escuela Militar Eloy Alfaro

Lara calificó de “incomprensible el afán” de ciertos sectores políticos de querer proteger a los violentos, de encubrir el terrorismo y atentar contra la democracia, debilitar la acción del Estado para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y la subversión. “Es un ataque directo contra la vida, contra las familias, contra el bienestar de los ciudadanos, y contra la paz de la Nación”, dijo.

 Droga y política

“Más de 300 toneladas de droga incautada en nuestro primer año de Gobierno. A muchos les duele nuestro trabajo y nuestra acción; a muchos políticos les duele en sus bolsillos las 300 toneladas de droga incautadas en un año. Pero no nos vamos a amedrentar porque vamos a continuar con la tarea de extirpar de la sociedad la violencia generada por el narcotráfico y por el crimen organizado transnacional”, dijo  Lasso en la ceremonia.

Mientras el Gobierno desarrolla varios diálogos con el sector indígena, el mandatario aseguró que el gasto por subsidios es de casi $4 mil millones cada año, cifra superior a los $3.300 millones que se destina a salud; o a los casi $3.400 millones en educación.

“Duele decir que en el Ecuador, cuando hacemos tantos esfuerzos para transitar hacia una economía más ecológica, gastamos más en subsidiar combustible que en cuidar a los enfermos”, dijo.

Lasso defendió su política social y aseguró  que en salud, educación, vivienda, trabajo, bienestar social el régimen de Rafael Correa había invertido en promedio $8.100 millones cada año; el de Lenín Moreno, $11.200 millones; mientras que en su Gobierno espera invertir en promedio $13.031 millones hasta fines de 2022.

Aseguró que los beneficiarios de bonos en el Gobierno de Moreno fueron 1’200.000 personas mientras que hoy se atiende a 1’400.000. “Mi Gobierno invierte más en lo social que los anteriores, quiero que eso quede muy claro para los ecuatorianos”, resaltó.  (SC)

Saquicela responde a Lara

Al término de la ceremonia militar, el titular del legislativo, Virgilio Saquicela, contradijo al Ministro de Defensa, Luis Lara y aseguró que la Ley del Uso de la Fuerza, sí fue aprobada. “No es tan cierto lo que el señor ministro ha sostenido”, resaltó, e incluso aseveró que desde el Gobierno se sostiene que un 85% de la ley es “formidable”. Reconoció, sin embargo, que existen discrepancias sobre algunos conceptos. La ley garantiza y da un marco jurídico, conciso y concreto para que haya seguridad en las actuaciones de la Policía Nacional, lo cual ha sido ratificado a pesar del veto parcial. “Pero el Ejecutivo se metió en otros ámbitos que no le correspondían,  como es la protesta social”.

En cuanto al tema de la delincuencia (al que hizo referencia Luis Lara),  las sanciones están previstas en el Código Orgánico Integral Penal  (COIP). “A veces son criterios que no vencen a la realidad”. En todo caso, aseveró que en democracia siempre se producen puntos de vista distintos.

Recapitulación de  hechos violentos

Luis Lara aprovechó la ceremonia para destacar el combate a delitos y a la violencia,  con firmeza,  pero dijo que es “imprescindible” que a esta lucha se sumen los otros poderes del Estado para configurar un sólido marco legal e institucional para enfrentar el narcotráfico, el blanqueo de capitales, la corrupción y la violencia indiscriminada. Lara pidió el apoyo de los operadores de Justicia para que se aplique de manera rigurosa la Ley y la Constitución.

También recapituló los hechos de violencia registrados durante los 18 días (del 13 al 18 de junio) que duró el paro nacional protagonizado por la Conaie.

En  la ceremonia militar  fueron ascendidos de generales de Brigada al grado de generales de División, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto;  Gustavo Acosta, comandante del Ejército; y Agustín Proaño, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las FF.AA.

Gobierno emitirá Reglamento a Ley del Uso Progresivo de la Fuerza

El ministerio de Gobierno explicó que el nuevo marco jurídico entregará a la Policía Nacional lo que el Legislativo negó.

El Ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad de emitir un Reglamento General a la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, para dentro del marco jurídico nacional entregar a la Policía lo que el Legislativo negó.

Esta fue la respuesta del ministerio de Gobierno ante la decisión de la Asamblea que decidió no acoger el veto presidencial que -según el régimen- corregía algunos vacíos legales que limitan la capacidad de acción de la Policía Nacional.

El 7 de junio, el gobierno remitió a la Asamblea sus objeciones parciales a esta normativa para “corregir las ambigüedades existentes en la ley aprobada por el Legislativo y permitir una actuación legítima de la Policía y las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en el país”, declaró  la secretaría de Estado.

Este sábado 6 de agosto de 2022,  con 96 votos a favor, la Asamblea ratificó el texto aprobado el 7 de junio en torno a quince artículos pero que fueron vetados parcialmente por el Ejecutivo. Los legisladores sólo se allanaron a la quinta objeción relacionada con el uso de la fuerza en virtud de la situación o amenaza. (SC)

Asamblea ratifica el texto original en 20 de los 21 artículos del proyecto que regula el uso progresivo de la fuerza

Con 96 a favor la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de los textos originales.

Al límite del plazo, la Asamblea resolvió la objeción parcial al proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El parlamento aceptó 1 observación presidencial y rechazó las otras 20, ratificando el texto que originalmente se aprobó

Este sábado 6 de agosto, la Asamblea Nacional retomó el debate en el que se debía brindar una resolución a las 21 objeciones del presidente Guillermo Lasso sobre el Uso Progresivo de la Fuerza. Con 123 votos  la Asamblea negó el veto de 20 de las 21 observaciones que envió el Ejecutivo, allanándose solo a la objeción quinta del artículo 14, relacionada con el nivel de uso legítimo de la fuerza ante una amenaza, donde se establece que podrán emplearse de manera combinada, con el objeto de lograr la neutralización de la resistencia o agresión de la persona intervenida.

El texto de la Asamblea establecía que para hacer uso diferenciado de la fuerza se podrían aplicar subniveles, párrafo que fue eliminado por el gobierno y aceptado por la Comisión, que se allanó en este tema.

Después de un extenso debate, el Parlamento realizó dos votaciones: una para el allanamiento y otra la ratificación. Los votos para este segundo punto vinieron de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID). El pleno necesitaba cumplir con al menos 92 votos, se consiguieron 96.

El paso 7 de julio de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional 21 objeciones al proyecto de Ley que se había aprobado el 7 de junio.

Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encontraban temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones, rendición de cuentas,  participación de militares en estado de emergencia y excepción, fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza, y, que los servidores (policías y militares) regulados por la ley no cometen infracción penal en el cumplimiento de su deber legal. Ninguna de estas objeciones fueron aceptadas.

Sin embargo, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática), presidente de la Mesa de Soberanía, dijo en varias ocasiones que se debía hacer un “análisis profundo” de la propuesta presidencial ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza. (MP)

 

La Asamblea conocerá el veto parcial del Ejecutivo a Ley del Uso de la Fuerza al filo de que termine el plazo.

Este domingo 7 de agosto de 2022 se terminan los 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse sobre el veto. Lasso entregó sus objeciones el 7 de julio.

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional suspendió para este sábado 6 de agosto  de 2022, la  sesión para conocer el informe  de la  Comisión de Seguridad sobre el veto parcial que el Ejecutivo realizó al proyecto de Ley de  Uso Progresivo de la Fuerza.

Esta Mesa Legislativa  recomendó al Pleno que se ratifique en 20 de las 21 observaciones que el presidente, Guillermo Lasso, había realizado al texto que aprobó en segundo debate esta función del Estado.  Los asambleístas necesitan reunir 92 votos para acoger las recomendaciones de la Comisión.

La única observación aceptada del Ejecutivo es la relacionada con el nivel de uso legítimo de la fuerza ante una amenaza, donde se establece que podrán emplearse de manera combinada, con el objeto de lograr la neutralización de la resistencia o agresión de la persona intervenida.

El texto de la Asamblea establecía que para hacer uso diferenciado de la fuerza se podrían aplicar subniveles, párrafo que fue eliminado por el gobierno y aceptado por la Comisión, que se allanó en este tema. (SC)

Asamblea convocará a expertos en seguridad para que aporten a la discusión del veto a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza

El Ejecutivo realizó  observaciones a 16 artículos y a cinco disposiciones reformatorias en el texto que fue remitido a la Asamblea el 7 de julio de 2022.

La Comisión de Soberanía  y Seguridad  avocó conocimiento de la objeción parcial de Guillermo Lasso, presidente de la República, al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea el 7 de junio de 2022. El Ejecutivo realizó  observaciones a 16 artículos y a cinco disposiciones reformatorias.

Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encuentran temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones,  rendición de cuentas, uso de la fuerza por niveles,  participación de militares en estado de emergencia y excepción, fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza, y, que los servidores  (policías y militares) regulados por la ley no cometen infracción penal  en el cumplimiento de su deber legal.

Ramiro Narváez (Izquierda Democrática), presidente de la Mesa de Soberanía, dijo que las observaciones del Ejecutivo representan el 16% del total del proyecto.

Sin embargo, subrayó que se debe hacer un “análisis profundo” de la propuesta presidencial ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza.

Informó, también que para empezar a abordar la objeción parcial convocarán en los próximos días -para que entreguen sus aportes-   a expertos en temas de seguridad y uso de la fuerza.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) la Asamblea examinará la objeción parcial dentro de un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega. Los plazos empezaron a correr desde el 7 de julio  de 2022 cuando Guillermo Lasso remitió su decisión al Legislativo. (SC)

Asamblea tiene 30 días de plazo para pronunciarse sobre objeción parcial a Ley del Uso Legítimo de la Fuerza

Hasta el 6 de agosto de 2022 el  pleno de la Función Legislativa deberá pronunciarse sobre la objeción parcial del Ejecutivo a esta ley.  

La Policía Nacional, como parte de sus actos de servicio, y los servidores de las Fuerzas Armadas en estado de emergencia o estado de excepción están autorizados para utilizar la fuerza en el contexto de control del orden público y seguridad ciudadana en varias circunstancias.

Esta referencia corresponde a una de las objeciones parciales planteadas por Guillermo Lasso, presidente de la República, al proyecto de Ley del Uso Legítimo de la Fuerza que fue remitido a la Asamblea Nacional la noche del 7 de julio de 2022.

En este texto del artículo 21, el Ejecutivo sugirió incorporar que, cuando no sea posible proteger por otros medios los derechos y garantías constitucionales y bienes jurídicos protegidos por la legislación,  se haga uso legítimo de la fuerza.

Además,  en caso de que se ejerzan acciones de violencia en contra de terceras personas,  policías o militares, o bien se realicen amenazas  por parte de una persona que se encuentre armada y que ponga el peligro la  vida y la integridad física, de terceros y de los uniformados.  Asimismo, en  las circunstancias en que la persona intervenida desobedezca  una disposición o ponga resistencia al accionar policial o militar en caso de delito flagrante,  registros, incautaciones, allanamientos,  operativos o requisiciones,

La sugerencia del Ejecutivo también se circunscribe cuando no puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieran la orden de detenerse o cuando evadan el control militar o policial.

El presidente de la República plantea que no cabe recurrir al uso de armas de fuego con munición letal para detener un vehículo en evasión o fuga si este no representa una amenaza inminente.

En todos los casos el uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal será excepcional y con el único propósitos de proteger la vida de terceros o de policías o militares y cuando resulten insuficientes las medidas menos extremas para cumplir los objetivos.

Estándares del debido proceso  y la presunción de inocencia

En su objeción al artículo 54, el Ejecutivo pide a la Asamblea que éste debe reformarse para adecuarse a los estándares del debido proceso  y la presunción de inocencia.

Los servidores tienen el derecho a la presunción de inocencia y se les garantizará el debido proceso en todo momento

Los servidores regulados por la ley (policías y militares) no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber legal, y podrá iniciarse una investigación cuando existan elementos que hagan presumir la existencia del uso indebido de la fuerza.

El Estado a través de las entidades competentes del sistema judicial implementará programas de capacitación permanente a los servidores judiciales a fin de promover la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva procurando que en las investigaciones por uso indebido de la fuerza los servidores puedan defenderse en libertad.

Mientras dure un proceso de investigación penal por un hecho relacionado con el uso de la fuerza en cumplimiento del deber legal, los  servidores no podrán ser separados de la entidad  y conservarán sus derechos laborales.

Ascender o descender,   según lo exija la situación

El Uso Legítimo de la Fuerza o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida y la integridad  de la persona o situaciones que pretende proteger, procede solo cuando sea estrictamente necesario , y en consecuencia deberán adecuar su doctrina, formación y equipamiento a la realidad  de la situación que deben enfrentar. No será excesiva en relación con el objetivo legítimo que se pretenda alcanzar

La proporcionalidad se determina caso por caso y en función de la  gravedad de la amenaza  y no a los medios empleados por el presunto infractor, por lo que atendiendo a las circunstancias, el uso de la fuerza podrá iniciarse en niveles medios o superiores,  y ascender o descender  según lo exija la situación.

Varios parámetros

Para determinar el nivel de fuerza correspondiente se deberá considerar lo siguiente:  la intensidad y gravedad de la amenaza, la forma de proceder de la persona intervenida, las condiciones del entorno, los medios que disponga o estén al alcance del servidor público para abordar la situación que se le presente

El estado garantizará que los servidores de las entidades reguladas tengan a su disposición una variedad de instrumentos y técnicas para el uso de la Fuerza

En el  artículo 10 se sugiere que no usarán la fuerza de manera discriminatoria contra ninguna persona  o grupo de personas.

 Ante situaciones que pongan en riesgo la vida de terceros o su vida,  el servidor podrá iniciar el uso legitimo  en el nivel que sea razonable y necesario para neutralizar la amenaza ,agresión o resistencia incluyendo la fuerza potencialmente letal y la fuerza intencionalmente letal, en los casos determinados en la ley y como último ratio.  

En el artículo  14, el Ejecutivo propone a la Asamblea que el “nivel del uso de la fuerza  dependerá de la actuación de la persona intervenida, por tanto,  el uso legítimo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente dependiendo  del nivel de amenaza, resistencia, ataque o agresión” . (SC)

Fuerza de Tarea Conjunta permanecerá en Esmeraldas entre ocho meses a un año hasta que la provincia se “estabilice”.

Los militares tienen indicios de que los grupos violentos se “han congelado o están quietos”, dijo Alexander Levoyer, jefe de la Fuerza de Tarea  Conjunta en Esmeraldas.

A casi un mes de que la provincia de Esmeraldas fue declarada por el gobierno como “Zona Especial de Seguridad”,  y se oficializó la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC),  la evaluación de Alexander Levoyer, general de Brigada a cargo de esta unidad especial,  es  alentadora.

La provincia está afectada por varios factores de riesgo: grupos ilegales armados de Colombia,  narcotráfico, delincuencia común, delincuencia organizada, corrupción,  delitos en el mar, entre otros.

Antes de la presencia militar y policial  en esta zona del país,  los sicaritos y las muertes violentas registraban un promedio de entre ocho y nueve muertos diarios.   

Levoyer aseguró que, si bien todavía se producen hechos violentos, esas cifras empiezan a descender.  Según sus estadísticas todavía ocurren “una o dos muertes violentas,  pero pasando uno o dos días”, indicó.

Las Fuerzas Armadas calculan que la Fuerza de Tarea Conjunta permanecerá  en Esmeraldas entre ocho meses y,  un año  y medio hasta que la provincia se “estabilice”  . “Queremos garantizar que la provincia viva y se desarrolle en paz y con seguridad”, señaló el oficial.

El turismo y el comercio también se empieza a reactivar

Anteriormente los propietarios de los locales comerciales cerraban sus puertas al mediodía,  pero hoy trabajan incluso hasta las 23:00.

Las Fuerzas Armadas tienen indicios de que los grupos delincuenciales se han trasladado a otras provincias,  y además  a países como Colombia y Perú como consecuencia del  denominado efecto “balón”.

“Cuando se marca, se presiona o se controla una zona, la delincuencia tiende a trasladarse hacia otro sector”, expresó Alexander Levoyer,  quien por razones de  seguridad prefirió no mencionar las provincias a la que se habrían replegado los grupos delictivos.

Adicionalmente conocen que los grupos violentos se “han congelado; están quietos, nos están viendo cómo trabajamos para ellos variar sus patrones de conducta; pero ellos también saben que el Estado está presente y actuando».

Sin fecha de clausura

Los estados de excepción tienen fecha de inicio y fecha de clausura, y son una herramienta que usa el Estado para el control de áreas específicas y puede durar entre 30 o 60 días.

La Zona Especial de Seguridad es otra herramienta  con la que se dispone,  pero no tiene fecha de clausura.

El Estado y el mando militar pueden decidir si esto se extiende por dos o cuatro meses. Incluso puede durar un año o dos, una vez que la situación haya mejorado.

El general Levoyer  dijo que el paro  en Quito (que finalizó el 30 de junio de 2022),  fue un agravante para que los grupos delincuenciales puedan circular, y   obligó  a los militares a  salir a las carreteras y a las ciudades. Pero en Esmeraldas eso no ocurrió porque “aquí hay una importante cantidad de medios terrestres, navales y aéreos para realizar el control”.

La FTC   trabaja  desde el 3  de junio de 2022 con más de mil efectivos en territorio esmeraldeño a través de unidades especializadas del Ejército, Marina, Aviación, y la Policía Nacional para combatir y disminuir la inseguridad.

Los barrios  más conflictivos en Esmeraldas están ubicados a las orillas  de los ríos,  y en el sector de Santa Martha.  (SC)

Leyes nacionales e internacionales validan el uso progresivo de la fuerza 

En tres artículos del COIP están claras las condiciones para que la Fuerza Pública utilice otros elementos de disuasión en las manifestaciones.  

Mientras las protestas sociales y las manifestaciones convocadas por la  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde hace 12 días escalan en violencia, con el transcurso de las horas también se examinan nuevas alternativas para que la fuerza pública (militares y policías) puedan elevar el nivel para el control de las protestas amparados en la jurisprudencia estatal, y en el ámbito internacional.

Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía, insistió que la escalada de violencia está llegando a niveles altos. Por ello fue enfático en señalar que la actual legislación sí permite a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la legítima defensa.

Mencionó, por ejemplo, el artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla de la existencia del “estado de necesidad” cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra.

Sin embargo, aclaró que esta condición debe cumplirse siempre y cuando se reúnan varios requisitos:  que el derecho protegido (ciudadanía o bienes del Estado) esté en peligro real, o que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar.

Inclusive -señaló Mantilla- el “Código de Ética para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” aprobado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la cual el Ecuador es signatario, consta el principio del uso diferenciado de la fuerza letal.

Esta normativa internacional detalla que, cuando está en peligro la vida de un uniformado o de un tercero (un ciudadano), el uniformado puede hacer uso racional y proporcionado de la fuerza letal.

Grupos focalizados

Mantilla aclaró que, si bien es cierto, no todos los manifestantes son violentos “porque los indígenas no tienen armas”, hay grupos focalizados que se encargan de causar el caos y tratan de buscar un fallecido para culpar a la Policía, que impere el caos y que las manifestaciones suban de tono.

Balas de goma

Los uniformados están en desventaja porque el gas lacrimógeno que contiene un agente químico ya no produce el efecto deseado, es decir, ya no disuade. En ese caso -explicó Mantilla- la Policía puede usar armas no letales como balas de goma para aplicarlas sobre aquellos que portan armas y así responder con la misma proporción.

¿Cómo se puede identificar a los grupos armados? Ramiro Mantilla sugirió la utilización de las cámaras del Sistema Ecu 911 para individualizar e identificar a grupos armados que inclusive están desplegados en varias provincias con la consigna de causar daños.

En los videos se puede ver el lugar exacto en donde están los grupos violentos reunidos entre cuatro o cinco personas. “Es sobre ellos que los grupos especiales de la Policía deben actuar para su captura; y si el momento del procedimiento son recibidos con armas de fuego, los uniformados también pueden hacer uso de un disparo certero en una de sus piernas para herirlo, desarmarlo, inutilizarlo, detenerlo y ponerlo a órdenes de las autoridades”.

Artículo de la legítima defensa

El artículo 33 del COIP se refiere a la existencia de legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: agresión actual e ilegítima, y necesidad racional de la defensa.

Fernando Adatty, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta “Quito” del Ejército, alertó que las acciones violentas, premeditadas y coordinadas de grupos (infiltrados) se están saliendo de control pues usan escudos, voladores, y armas, como carabinas. Advirtió que lo que están buscando es el caos y que la fuerza pública reaccione en exceso. 

“Hasta el momento nuestra actuación ha sido firme, pero con la cautela que la situación amerita”, subrayó el jefe de la fuerza militar.

Llamó a la ciudadanía a denunciar estos hechos violentos, y no permitir que un pequeño grupo secuestre a la totalidad de la población. “Es hora de poner un freno y un alto a esta actitud violenta que daña y perjudica al país”.

Presunto delito de omisión

Ramiro Mantilla también recordó que el artículo 28 del COIP que se refiere a la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona (militar o policía) que, deliberadamente, prefiere no actuar a pesar de encontrarse en una posición de garante.

Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad del bien público o privado.

Sin embargo, para el oficial en servicio pasivo no se requeriría de una disposición presidencial para actuar. “Si algún miembro de la Fuerza Pública es testigo de un delito flagrante puede actuar”, señaló.

Sugirió que policías y militares deben empezar a reunir evidencias, videos, y fotografías donde se determine quiénes son los que utilizan armas de fuego, y, a futuro, una vez que sean detenidos, entregar las pruebas a la fiscalía.  En videos que circulan en redes sociales se observa que los policías son atacados por los manifestantes con armas de fuego. (SC)

FF.AA. : «Grupos violentos buscan el caos y que la fuerza pública reaccione en exceso»

«Se va haciendo uso progresivo de la fuerza para ir controlando el nivel de violencia que se genera por parte de los manifestantes». 

Fernando Adatty, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta «Quito», detalló hoy, 24 de junio de 2022,  que producto de los hechos violentos y «salvajes” ocurridos la noche de este jueves en Caspigasí (via a Calacalí), existen 17 militares heridos, tres vehículos incendiados y una retroescabadora destruida.

«Las acciones violentas, premeditas y coordinadas de estos grupos se están saliendo de control; usan escudos, voladores, y armas como carabinas», dijo el jefe militar quien advirtió que lo que están buscando es el caos y que la fuerza pública reacciones en exceso 

“Hasta el momento nuestra actuación ha sido firme, pero con la cautela que la situación amerita, el uso máximo de la fuerza solo se puede dar cuando está en riesgo la vida de los miembros de la fuerza pública”, subrayó Adatty en una rueda de prensa en las instalaciones del Cuartel Epiclachima (sur de Quito).

El suceso  de la noche del jueves 23 de junio de 2022 se produjo cuando un convoy de militares buscaba permitir el flujo logístico de más de 1.000 camiones (que transportan alimentos, medicinas y combustible) que permanecen detenidos en la vía Calacalí-Nanegalito-Los Bancos y que está afectando seriamente al abastecimiento para la capital.

Videos difundidos en redes sociales “demuestra la brutalidad” con la que actuó el grupo violento en contra del personal militar, refirió el comandante.  Hasta el momento, en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta «Quito” se registran 33 heridos.

«Invitamos a la ciudadanía a que denuncien estos hechos violentos, no permitamos que un pequeño grupo secuestre a la totalidad de la población; es hora de poner un freno y un alto a esta actitud violenta que daña y perjudica al país», dijo. (SC)