Securitismo vs. derechos humanos

Casi al cumplir un año de mandato, Lasso tropieza en sus acciones y omisiones. Particularmente, la inseguridad dejó de constituirse en un problema de percepción, como lo calificaban los personeros correístas, y se convirtió en la principal preocupación de la gente.

La escalada de robos, sicariatos, ajustes de cuentas, feminicidios, masacres carcelarias, coches bomba, infanticidios, guerra entre bandas criminales, etc., exponen a un gobierno inmovilizado, desbordado por el poder de las mafias que están camufladas incluso en la misma Policía y Fuerzas Armadas.

Está claro que el discurso de combatir la inseguridad con represión no tiene resultados positivos. Durante el mandato de Lasso, la violencia se disparó: en el 2021 la tasa de asesinatos se duplicó y mucho antes del primer semestre del 2022 superará, con creces, las muertes violentas ocurridas en todo el año anterior.

Ante la sensación de vulnerabilidad social y la exigencia de soluciones concretas, Lasso dispuso algunos cambios institucionales coincidentes con la convocatoria a “una cruzada permanente por la seguridad ciudadana” que consuman una política securitista.

El propósito central de esa concepción reaccionaria es una sociedad plana sin conflictos y con déficit democrático, pues a nombre de recuperar la paz se instituirá la seguridad por encima de todo y a cualquier precio, así los derechos individuales y colectivos serán sometidos bajo un régimen totalitario encargado de vigilar y castigar desde sus valores morales conservadores.

El securitismo que Lasso quiere imponer conllevará a incrementar el número de policías, las penas por delitos y, por ende, la población carcelaria; además permitirá la legalización del porte de armas y la militarización permanente de las ciudades.

Ese modelo tendiente a normalizar la violencia estatal es equivocado, ya fracasó, basta advertir lo sucedido en Colombia y México, países en los cuales, a nombre de combatir el narcotráfico, se sembraron con fosas comunes y falsos positivos los territorios más pobres.

En el Ecuador, la mayoría de muertes violentas fueron jóvenes entre los 20 y 30 años. Urge políticas estatales mínimas que garanticen empleo y salarios dignos, inversión en educación de calidad, caso contrario esa franja juvenil seguirá siendo cautivada por las mafias.

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@PanchoEscandon

Sinvergüenzas

Después de cuatro años y medio, a través de una escandalosa maniobra, Jorge Glas salió de la cárcel. El juez que aceptó el recurso de habeas corpus sustituyó la prisión de libertad por medidas alternativas, lo que no significa que Glas sea inocente.

La excarcelación de Glas refleja dos situaciones: la veracidad del pacto entre Rafael y Lasso, prolongado desde el fraude electoral de la primera vuelta presidencial del año 2021, y que la descorreización del Estado es una tarea inconclusa.

Aunque lo nieguen en Bélgica y Carondelet, hay un compromiso de legalizar la impunidad a cambio de gobernabilidad. Lasso logrará que se aprueben algunas de sus leyes neoliberales y evadir la fiscalización de la cúpula gubernamental en la Asamblea Nacional, en tanto que los cómplices y autores de la corrupción correísta pagarán sus fechorías desde la comodidad de su hogar o del autoexilio.

Existen pruebas de lo expuesto. Los asambleístas de Rafael, al no archivar la reforma tributaria, dieron cabida a su legalización, y también desaceleraron los juicios políticos de algunas autoridades gubernamentales; en cambio, antes de la excarcelación de Glas, Ricardo Rivera ya fue liberado, Alexis Mera tramita medidas sustitutivas y no se recupera lo robado.

Para colmo, Lasso justifica la inacción de su gobierno, en la liberación de alias “Vidrio”, con la parodia del respeto a las decisiones de otras funciones del Estado. Nada más falso; dicho acato es discrecionalmente mediado por los intereses de clase: acepta las decisiones parcializadas de las otras funciones mientras beneficien a las élites y hace caso omiso de las pocas que reivindican derechos de los trabajadores; el incumplimiento de la equiparación salarial del magisterio es fiel reflejo de lo planteado.

Es evidente que el Estado sigue secuestrado por las élites. En él subsisten jueces fanáticos del prófugo que guardan las espaldas del caudillo, en tanto los órganos superiores de justicia ni siquiera investigan qué hay detrás de la inaudita celeridad con la que se despachó el trámite, que tiene 1973 fojas anexadas, para excarcelar al corrupto Glas en un solo día.

Todo está podrido. Pero nada dura cien años, ni hay cuerpo que lo resista; en las calles y en las urnas recibirán su merecido.

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@PanchoEscandon

Derrota presidencial

Nuevamente el gobierno fue derrotado. La Asamblea Nacional archivó la Ley de Inversiones e implícitamente retó a Guillermo Lasso a convocar la muerte cruzada para resolver la crisis política vigente.

No era una ley más. Para el régimen era la oportunidad de oro para privatizarlo todo. A nombre de concesiones o delegación de funciones a privados, el banquero pretendía vender el patrimonio nacional por 30.000 millones de dólares, imponer el libre comercio y precarizar más el trabajo con la apertura al régimen de maquilas.

Desde el inicio del mandato, Lasso sabía que su bloque parlamentario, agregados los aliados de alquiler, era insuficiente para aprobar sus iniciativas legislativas. Durante su gestión los acuerdos que consiguió se inscriben a la inicial elección de las autoridades de la Asamblea y a un pacto oscuro con el correísmo que permitió la vigencia, por el ministerio de la ley, de la reforma tributaria. Lo restante es un tropiezo tras otro.

Las rabietas del banquero, por el archivo de su ley fondomonetarista, están fuera de lugar. El autoritarismo no le permite reflexionar que el proyecto neoliberal tampoco tiene cabida en la calle. Su designación como presidente es la consecuencia de un fraude en la primera vuelta electoral y un voto reactivo ante la amenaza del retorno del correísmo en el balotaje.

El gobierno está castrado, deambula en un laberinto cada vez más estrecho y enrevesado. Como salidas posibles le queda convocar a muerte cruzada a riesgo de no ser reelecto, pactar con el correísmo a cambio de impunidad a los corruptos o agonizar sin legitimidad alguna.

Hasta tanto, Lasso deberá probar que algunos asambleístas pidieron cargos públicos y dinero para suscribir la Ley de Inversiones, de no hacerlo será cómplice de esos avivatos o pasará como mentiroso a la espera de otra tormenta en la Asamblea Nacional.

Es evidente que será difícil sortear la parálisis institucional, pero más complejo es resarcir el débil apoyo popular del gobierno. Contrario al proyecto político y económico de Lasso está germinando un movimiento social que puede desembocar en un nuevo levantamiento que exija la salida de todos.

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@PanchoEscandon

Muerte cruzada

Nuevamente la institucionalidad del Estado, como tantas otras veces en la vida republicana, atraviesa una crisis. Este sismo político es la herencia de unas elecciones presidenciales con fuerte tufo de fraude y de un inicio legislativo escabroso en el que se eligieron autoridades de la Asamblea Nacional en polémicas sesiones.

La ruptura del pacto Lasso-Correa-Nebot le dejó sin mayoría parlamentaria al gobierno para impulsar su proyecto neoliberal. La suma de independientes, desertores de los partidos por los cuales fueron electos, tampoco es suficiente para aprobar las leyes con las que sueña el banquero. El régimen está castrado de iniciativa legislativa, al punto que la única ley aprobada requirió del apoyo tapiñado de los correistas para imponer nuevos impuestos. Dentro de la misma Asamblea Nacional las contradicciones políticas derivaron en división de los bloques y se puede prolongar hasta la remoción de Guadalupe Llori y otras autoridades del Consejo Administrativo de la Legislatura.

La disputa trasciende la relación entre el gobierno y el parlamento. Detrás del discurso maquillado de respeto a las instituciones del Estado, Lasso está obsesionado por convertirse en la versión actualizada autocrática de Rafael. La destitución y reemplazo de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de una cuestionable mayoría alineada con el oficialismo, terminará con concursos hechos a la medida de los amigos del banquero para cooptar los órganos de justicia y control.

Ese escenario de pugnas es el justificativo para que algunos aliados al régimen exijan la muerte cruzada como solución a la crisis. Pero en realidad el banquero tiene pánico a la convocatoria a nuevas elecciones que cambie la correlación de fuerzas, disminuya su influencia política y sea insuficiente para repetir un mandato presidencial.

Las élites sueñan que la ingobernabilidad se resuelva en los límites institucionales burgueses, en donde el pueblo no está convocado. Son miopes, la muerte cruzada o la convocatoria a consulta popular pueden convertirse en un referéndum donde se juzgue el incumplimiento de las ofertas electorales, la agenda del Fondo Monetario y la precarización de la vida.

La crisis política se reflejará en una mayor conflictividad política y social.

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@PanchoEscandon

Consecuencias de la guerra

La guerra de agresión y de disputa entre las superpotencias continúa su marcha. Por encima de los derechos humanos de los pueblos, son los intereses geopolíticos y económicos de los países imperialistas los que predominan, en tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue demostrando inutilidad para garantizar la paz y seguridad internacional.

El conflicto está provocando un alineamiento de los mandatarios de los países detrás de los actores de la guerra. Hay quienes se ponen a la cola del imperialismo norteamericano y la Organización del Tratado Atlántico Norte haciendo falsa apología a la libertad y la democracia, mientras que otros se alinean con los rusos pretextando la necesidad de un mundo multipolar. Ambas posiciones son cómplices de la guerra y pecan de sumisión.

Al mismo tiempo que se imponen sanciones económicas, los bombardeos se intensifican y millones de seres humanos huyen de la muerte. Entre esos desplazados hay centenares de ecuatorianos que están sufriendo la desatención estatal. El gobierno de Lasso apenas les ofreció un ticket para abordar un avión de retorno, mientras las ofertas que garanticen la continuidad académica y el trabajo digno no pasan de un vago discurso.

Otro efecto de la guerra es la revalorización del petróleo. El barril rebasó la barrera de los cien dólares. Eso representa mayores ingresos para el país, pero hay el riesgo del encarecimiento de los combustibles: es un hecho el alza del precio de la gasolina súper y amenazan los incrementos mensuales de la ecopaís y del diésel que provocarán inflación y contracción del consumo.

Las exportaciones ecuatorianas que tienen por destino la zona euroasiática también se verán afectadas. Esas ventas (banano, camarón, flores, café y enlatados de pescado) caerán por debajo de los 1200 millones de dólares que ingresaron al país el año anterior, los compradores internacionales se reducirán y la recaudación tributaria sufrirá.

Las perspectivas del sector agrícola son inciertas. La importación de fertilizantes y herbicidas desde Eurasia reflejará mayores costos de producción; en el mercado interno y externo los productos se encarecerán.

Urge la paz y el fin de la lucha imperialista por el reparto del mundo; caso contrario, el pueblo ecuatoriano también será víctima de la guerra.

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@PanchoEscandon

Populismo penal

El auge de la violencia y la inseguridad en el país es una realidad que está siendo usada por los grupos de poder para instalar el debate de securitización de la seguridad pública.

Desde esa lógica, la solución a estos conflictos sociales exigiría el endurecimiento de penas, el mejoramiento del armamento policial, mayores recursos para la represión, la legalización de la extralimitación de la fuerza, el porte legal de armas, etc.

La securitización pretende imponer un orden que naturalice las desigualdades, esconda los conflictos sociales y pacifique toda oposición a los intereses oficiales. Así, el uso y abuso de los estados de emergencia o de excepción están convirtiendo a los cuerpos armados castrenses en actores de la seguridad pública; en consecuencia, los asuntos de jurisdicción policial se narran como propios de una guerra y se militarizan los territorios.

A propósito de los delitos vinculados al sicariato y el narcotráfico, viralizados por diversos medios, el populismo penal pretende flexibilizar los controles legales para el uso desproporcionado de la fuerza como remedio para combatir la criminalidad, aunque ese artificio demagógico en el fondo no solucione los problemas. Un debate semejante, durante el correísmo, engendró el actual Código Orgánico Integral Penal, que introdujo setenta nuevos tipos penales y la construcción de cárceles regionales que, lejos de derrotar a la delincuencia, triplicó el número de personas privadas de la libertad.

Las políticas recientemente dictadas por el del gobierno de Lasso (alza salarial para la cúpula de la policía, mayor presupuesto para combatir al hampa, reubicar mil policías en la provincia del Guayas o la ley para garantizar la impunidad represiva) son parte de esa tendencia que establece medidas policiales para resolver problemas sociales.

Esas medidas anunciadas pretenden recuperar la credibilidad del gobierno, pero son escasas para lograr cambios estructurales y no disimulan las intenciones reales del banquero que busca agudizar la criminalización de la protesta social contraria al neoliberalismo.

El abuso del derecho penal solo abona el terreno para una espiral de violencia mayor. La raíz del problema es la pobreza, el desempleo y la precariedad; mientras el Estado cierre los ojos a esa realidad, los conflictos sociales continuarán.

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@PanchoEscandon

Consulta distractiva

Desde el retorno a la democracia, 1979, el control del sistema judicial, teóricamente independiente de las otras funciones del Estado, fue motivo de disputa política de las élites que convirtieron a la justicia en un apéndice de sus intereses.

Cada intervención para imponer una nueva estructura institucional o nuevos jueces se la justificó como mejoría del sistema. Los procedimientos fueron diversos. Hubo episodios violentos, como cuando Febres Cordero rodeó con tanques de guerra a la Corte, otros que requirieron de mayorías legislativas (‘los patriarcas de la componenda’, ‘el pacto de la regalada gana’, ‘la pichicorte’) e incluso aquellos que refrendaron regímenes autocráticos que permitieron “meterle la mano a la justicia”.

Cada uno de esos momentos expresa el cambio de gerente propietario de la función judicial, es el reflejo de la miseria política de un dueño del país y el intento por consolidar la hegemonía de otro caudillo.

Esa es la reciente aventura anunciada por el presidente Lasso. El banquero impulsa otra consulta popular para apropiarse de la justicia en medio de una escalada brutal de asesinatos, inseguridad ciudadana, impunidad de la corrupción y crisis carcelaria.

Ese anhelo antes de ser sometido al sufragio del pueblo deberá pasar por dos filtros: el dictamen de la Corte Constitucional que dirimirá si se trata de una reforma parcial o una enmienda y muy probablemente, por ser una consulta concerniente a la estructura del Estado, requerirá el consentimiento previo en la Asamblea Nacional.

A simple vista, el camino está cuesta arriba para el régimen. Asumiendo, a priori, la aprobación de la Corte Constitucional, de no lograr un acuerdo legislativo con el correísmo y los socialcristianos, la propuesta de consulta popular, que le dé el control de la justicia a Lasso, está caída. Pero si llegara a las urnas, el pueblo hará de esas elecciones un plebiscito en la que se juzgará la gestión y credibilidad del gobierno que ya está deteriorada.

Al parecer la intención de controlar el poder judicial no pasa de un globo de ensayo al que lo inflan con dosis de populismo penal, en el fondo el anuncio de consulta es un distractivo para ganar tiempo en lo esencial: las privatizaciones y la reforma laboral.

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Banco del Pacífico

Las privatizaciones son factor común del gobierno de la banca y del correísmo. En los últimos quince años, esas élites subastaron bienes públicos a través de operaciones financieras fraudulentas.

Durante el mandato del prófugo, el ingenio azucarero y la cementera Guapán, localizados en la provincia del Cañar, fueron vendidos al Grupo Gloria por debajo del costo real de su patrimonio; incluso la Corporación Financiera Nacional, entonces gerenciada por Camilo Samán, le prestó plata a la multinacional para que comprara estas rentables empresas que pertenecían al Estado.

El preámbulo del actual interés de privatizar el Banco del Pacífico también es obra del correísmo. En el año 2016 planteó su venta; esa propuesta fue secundada por Lenín Moreno y ahora Lasso quiere ejecutarla.

En esa ruta, el gobierno busca desvalorizar el Banco del Pacífico, deshuesarlo, para que banqueros privados lo compren a precio de gallina enferma. Tal es la coincidencia que mientras las utilidades de todo el sistema financiero crecieron en un 65%, el banco en cuestión reportó que sus ganancias se redujeron el año anterior de 80 a tan sólo 5 millones y desde el inicio del mandato de Lasso tuvo pérdidas de 12 millones de dólares.

Esas maniobras revelan que existe una campaña de destrucción programada de lo público y un afán de posicionar la idea de ineficiencia de la administración estatal; por si fuera poco, el Estado adelanta el trabajo sucio de los inversores al cerrar casi una veintena de agencias del banco en el país y despedir al 30% del personal en nombre de la reducción de costos operativos.

Es evidente el conflicto de intereses. El gobierno protege a buitres que están acechando a la más grande institución financiera estatal. Esos carroñeros buscan ser favorecidos en la venta de un banco premeditadamente desmantelado y de yapa comprometieron que su identidad sea reservada por los próximos quince años.

El Banco del Pacífico es rentable, deshacerse de él es un mal negocio. Hacerlo es consolidar el oligopolio y evitar que el Estado tenga una posición relevante para definir las tasas de interés activas y pasivas.

Si a Lasso le estorba la banca pública debería entregarla al IESS, como abono de la deuda que el gobierno tiene con la institución. Así se podría expandir y abaratar el crédito en beneficio de los afiliados y pensionistas, además de regular por competencia al sistema financiero.

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Virus de la desigualdad

La contradicción entre burgueses y proletarios expuesto por Marx y Engels en el ‘Manifiesto comunista’, hace más de 170 años, tiene vigencia. Existe un proceso inescrupuloso de concentración y centralización de la riqueza que está acrecentando la brecha entre ricos y pobres en el planeta.

Durante 2021, la pandemia no fue un obstáculo para que las fortunas crecieran. Los veinte millonarios más ricos del planeta incrementaron su patrimonio en 500 mil millones de dólares. Solo el patrimonio de Elon Musk, el magnate cofundador de Tesla y SpaceX, creció 116 mil millones hasta llegar a acumular 277,3 mil millones de dólares, cifra inimaginable que para registrarla requeriría cerca de nueve mil personas contando billetes de un dólar cada segundo, todo un año, sin dormir o comer.

Por otro lado, al terminar el año anterior, más de 800 millones de personas padecieron hambre y desnutrición crónica vinculada a la pobreza, menores salarios, desempleo y reducción de la jornada laboral que afectó principalmente a mujeres y jóvenes.

La pandemia golpea más a los hogares de bajos ingresos. Mientras los Estados inyectan recursos a las grandes empresas, aprovechan la psicosis del virus para imponer políticas de ajuste económico sumado a privatizaciones y precarización laboral.

Esas elites son las que dicen que ‘el covid-19 es un igualador social’. Así quieren anular las diferencias clasistas, impedir la reacción de las masas empobrecidas e impulsar su enriquecimiento disfrazado con el discurso del ‘sacrificio colectivo para salir de la crisis’.

El coronavirus no es la fuente de la desigualdad actual, es solo un disparador; la esencia está en el sistema capitalista que fermenta la oposición entre producción social y apropiación monopólica privada de la riqueza generada.

Urge transformar el sistema. Inmediatamente deben instituirse mecanismos de redistribución: impuestos a la riqueza de los millonarios, inversión estatal para generar empleo, crédito barato, nacionalizaciones de áreas estratégicas, programas de renta básica en beneficio de los desprotegidos y control a la evasión tributaria de los magnates, etc. Esas son algunas políticas que podrían reducir la actual concentración del ingreso y el patrimonio.

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