Pensionistas pernoctan en terrenos del ISSFA

Se acogieron al derecho de la resistencia para impedir que expropien más áreas.

Hace aproximadamente un mes varios pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), improvisaron carpas en una parte de los terrenos ubicados sobre la avenida Abraham Calazacón para cuidar lo que consideran su patrimonio.

Nuevamente resurgen los inconvenientes con el Municipio de Santo Domingo, administración que expropió alrededor de 32 hectáreas con el objetivo de construir el parque ecológico ‘Jelen Tenka’.

No hay acuerdos

A pesar de las instancias legales todavía no hay nada definido entre las dos partes. El cabildo local depositó alrededor de 7 millones 454 mil dólares ante el Consejo de la Judicatura como pago de los terrenos.

Sin embargo, los pensionistas no están de acuerdo con este rubro y cuestionan el mecanismo utilizado para realizar el avalúo previo a la expropiación.

Alex Alvarado llega constantemente a las carpas para continuar en la lucha con sus excompañeros de uniforme. Asegura que hasta el 2019 cancelaron los impuestos prediales en base a un avalúo que supera los 15 millones de dólares.

“Ahora quieren pagar 7 millones 400 mil. Eso es lo que estamos luchando, el justo precio”, expresó mientras compartía con otros miembros pasivos de las Fuerzas Armadas.

Acciones

Han llegado en comitiva a la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, pero hasta el momento todavía no consiguen respaldo a sus peticiones.

Wilson Escobar, abogado y pensionista del Issfa, reveló que se acogieron al derecho de la resistencia e insta a los directivos de la entidad para que protejan estos predios.

“En el Tribunal Contencioso de Quito se está estableciendo para resolver el justo precio. Todavía no está nada definido, puede ser que esos terrenos vuelvan a través de un proceso rescisorio a las manos del Issfa”, manifestó.

Pronunciamiento

“Los terrenos son de Santo Domingo, porque se pagó con el dinero del pueblo”, ese fue el pronunciamiento del alcalde Wilson Erazo y aseguró que los trabajos para construir el parque iniciarán en los próximos días.

La primera inversión del Municipio en este proyecto será superior a los 5 millones de dólares, que contempla la construcción de una pista de patinaje, monumentos y otros aspectos ecológicos. (JD)

EL DATO
Aproximadamente 34 mil pensionistas hay a nivel nacional. 800 radican en Santo Domingo.

Discrepancia por derrocamiento de un predio

Proceso. La infraestructura fue derrocada. Anuncian acciones de protección.

Moradores del sector afectado interpondrán acciones legales. Consideran que hay vulneración de derechos.

Asombrados y molestos. Así se mostraron las personas que habitan en la cooperativa de vivienda Abdón Calderón al ver como la maquinaria municipal destruía las instalaciones de un espacio comunal, ubicado en la avenida La Lorena.

Aproximadamente a las 06:30 de ayer, jueves 7 de octubre, se enteraron de la novedad. En medio de la confusión solicitaron ayuda a la Policía Nacional, pero nada hizo que se detenga la destrucción de la infraestructura.

Accionar

Volquetas y maquinarias pesadas se usaron en la actividad. Se sumó una cuadrilla de trabajadores, funcionarios y un pelotón de agentes municipales, quienes aseguraron que únicamente daban seguridad a las personas que hacían el derrocamiento.

En cuestión de segundos desplomaron las infraestructuras de cemento. Años atrás el lugar era arrendado para el funcionamiento de una unidad educativa y después se habilitó una mecánica.

Privado

Jorge Castañeda, integrante del comité promejoras Abdón Calderón, dijo que el predio lo compraron en el 2006 e indicó las escrituras que avalaron su teoría.

«Somos dueños de la propiedad, con escritura registrada en una notaría mediante compraventa. No es comodato, tampoco es prestada como otros espacios», expresó.

Creen que los representantes municipales vulneraron derechos, ya que no les habrían indicado ningún documento que autorice la destrucción de la infraestructura.

Rosa Morocho, presidenta del comité promejoras Abdón Calderón, denunció una supuesta persecución desde el año 2019. Según ella, las autoridades locales creen que adquirieron las escrituras de manera ilegítima.

«Sin aviso previo irrumpieron, abrieron puertas e ingresaron a las instalaciones. Si el Municipio necesita la propiedad, que siga el debido proceso para expropiar». (JD)

Silencio
Los funcionarios que participaron en el derrocamiento no se pronunciaron al respecto. Horas más tarde, a través del departamento de Comunicación, se informó que el hecho se dio por ser una estructura en completo abandono y deterioro, sin embargo, no justificaron si era procedente o no hacerlo a pesar de la existencia de las escrituras.

El dato
El predio lo compraron en el 2006, se indicó las escrituras que avalan esta teoría.

Litigios legales empiezan antes de la ampliación

Preocupación. Las personas que no tienen escrituras de sus predios, no serían indemnizadas.

Algunas familias no cuentan con escrituras de sus predios. Temen perder la indemnización económica.

A los problemas legales por el tema de la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo KFC-Unión del Toachi, se suma la acción de protección que interponen varias personas que durante más de 45 años han habitado o mantenido sus negocios en este tramo.

Los procesos de expropiación se ejecutan hace varios meses, a pesar que todavía no existe una solución judicial a los inconvenientes por el tema del contrato entre: el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Hidalgo & Hidalgo y el Consorcio Tsáchila.

Reclamos

Segundo Zaruma teme que lo saquen del lugar donde ha vivido durante aproximadamente cinco décadas. Es de la tercera edad y solo comparte con un nieto, además presenta problemas de salud que le demandan gastos mensuales.

“Aquí llegué cuando no había nadie, todo esto era una hacienda y regalaron terrenos a los trabajadores. He querido sacar las escrituras en el municipio, pero no he podido”, expresó el adulto mayor.

Diego Taco reveló que les solicitaron toda la documentación y una declaración juramentada para realizarles el pago correspondiente, esto después de una inspección de los peritos acreditados.

“Nos ha llegado una resolución del Gobierno Provincial donde nos dicen que pueden ocupar el terreno para hacer la ampliación de la vía. Nos sentimos devastados porque nos pidieron documentos para indemnizarnos y al final nos dicen que tenemos que seguir una acción de protección”.

José Rivera es otro de los afectados, quienes viven a la altura del kilómetro 6 de la vía Quito, sector Chigüilpe. “Quieren el derrocamiento de nuestras propiedades, tengo un documento en el que nos previenen sobre el desalojo. Nuestros padres habitaron más de 60 años, no es invasión por eso pedimos el derecho a la vivienda”, replicó.

Tiempo. Todavía no se conoce cuando iniciará la ampliación, pero ya trabaja en las expropiaciones.
Tiempo. Todavía no se conoce cuándo iniciará la ampliación, pero ya trabaja en las expropiaciones.

Procesos

Polivio Flores, procurador síndico del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, explicó que ha sido un proceso largo y que son alrededor de 70 predios los que se van a expropiar en el tramo KFC-Unión del Toachi.

El funcionario aceptó que existen problemas con tres familias, quienes no cuentan con las escrituras y por ende no podrían ser vinculados al proceso de expropiación. Sin embargo, se les ha dado alternativas para que la afectación no sea total.

“Entendemos que hay un nivel de inversión. Hemos dejado a salvo el derecho de reclamar a estas personas, lo que corresponde a infraestructura construida”, manifestó Flores. (JD)

El dato
Lo que se preguntan los perjudicados, es cómo es que empiezan con la expropiación sin tener aún claro el tema de la ampliación.

 

Acción de protección
Las familias afectadas presentaron una acción de protección para que se los indemnicen por estos predios. Aseguran que el proceso judicial les demanda una fuerte inversión económica, que bordea los 5 mil dólares.
Sueño de Bolívar-KFC
En este tramo los trabajos de ampliación ya se visualizan, pero también se ha dado un promedio de 11 expropiaciones en base a los informes elaborados por peritos acreditados en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).