Embarazos en niñas aumentaron en pandemia

DATOS. Entre 2020 y 2021 se registraron, a nivel nacional, al menos 3 mil casos de niñas embarazadas.

Melina (nombre protegido) dejó de jugar con las muñecas a sus 10 años para ser madre, cuando en 2021 quedó embarazada de un primo.

La menor vivía con sus padres, pero no se dieron cuenta de su estado, sino hasta los ocho meses de gestación, por lo que nunca recibió atención médica y tuvo al bebé en su casa.

Pero esta no es la única historia, Daniela Cueva de ‘Toma mi mano’, una fundación sin fines de lucro que brinda ayuda legal y sicológica a menores con abuso sexual, dice que los casos son frecuentes pero las familias no denuncian o llegan únicamente hasta la parte inicial del proceso.

Cueva afirma que la mayoría de los casos de niñas embarazadas, se dan en el seno familiar, por ello pocos se atreven a denunciarlo.

 

Estadísticas

Dichas cifras están apegadas a los datos que maneja la Fundación Desafío, donde se habla de que entre 2020 y 2021, durante la pandemia, se registró la atención a más de 3 mil niñas embarazadas.

Según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta octubre de 2020, el número de atenciones en salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, de 10 a 14 años, se redujo el 37.56 % en el Ecuador en comparación al año 2019.

La disminución de este tipo de atenciones, el que las niñas y adolescentes, menores de 14 años, no informen lo los abusos a nadie, debido a la falta de confianza y credibilidad que sienten frente a las personas adultas, trae como resultado que solo una tercera parte del total de este grupo etáreo que fue violentado sexualmente recibiera alguna atención.

Desde el MSP se muestra que, entre enero y octubre del 2020, se realizaron 3 mil 390 primeras consultas de control prenatal a niñas y adolescentes entre 10 a 14 años.

Cecilia Chacón, exsecretaria de Derechos Humanos e integrante de la fundación, afirma que se siguen vulnerando los derechos de las menores y muchas veces los abusos sexuales son silenciados por la misma familia de la víctima.

Chacón asegura que el trabajo integral del Estado, así como de la sociedad, es la única medida de protección que garantizará acabar con estos delitos, donde las niñas pierden la inocencia para hacerse cargo de otro ser humano.

Chacón también se refirió a la Ley del Aborto en caso de violación que se aprobó en febrero de este año, y dijo que eso no solo se trata de un derecho que la víctima tiene.

Aquí se debe dejar claro que este proceso es opcional y como una responsabilidad estatal donde se involucra a salud, educación y familia, de forma que se trate con cuidado inclusive la recuperación integral de la víctima.

De esta forma, se evitará satanizar a quienes lo deciden o quienes lo practican, insistió Chacón.

 

Denunciar es una obligación

En el país se establece que, si una persona es testigo de maltrato, de cualquier tipo, hacia un menor debe hacer la respectiva denuncia.

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 17 se indica que: “toda persona que conozca de un caso de vulneración de derechos (físico, psicológico, sexual), tiene la obligación de poner en conocimiento a la autoridad competente (Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Jefaturas Políticas, etc.)”.

Al respecto, Klever Peñaherrera, director del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato, manifestó que hay casos que son denunciados, pero, el proceso que exige el sistema a veces resulta tedioso y doloroso para la víctima, por lo que prefieren no someterse a ello.

Sin embargo, dijo que la ley es clara en cuanto a la protección de los derechos de los menores y en el caso de las niñas embarazadas deben tener el tratamiento de recuperación y atención de salud psicológica en conjunto con su entorno familiar.

 

El impacto en la niña embarazada

El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema médico con un alto riesgo de complicaciones hasta en el parto, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal según la Organización Mundial de la Salud.

Para la ginecóloga Rocío Bombón eso se debe al impacto de un embarazo precoz lo que predispone a problemas psicológicos como depresión posparto, baja autoestima, así como incapacidad para cuidar de su hijo, el truncamiento de sus planes vitales y el rechazo de la pareja o social.

Según el MSP, la muerte materna es un grave problema de salud pública que afecta sobre todo a los países pobres y presenta un gran impacto individual, familiar, social y económico. Las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel mundial, según la OMS. (CNS)

 

Lo que dice la ley

  • COIP

El numeral 3 del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que violación es “el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo”. Cuando la víctima sea menor de 14 años quien cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.

El numeral 2 del artículo 422 del COIP señala que las o los profesionales de la salud, de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la comisión de un caso de este tipo tienen el deber de denunciarlo.

 

  • CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 48 horas.”

 

Según el MSP, cada día, siete niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en Ecuador.

 

Una madre adolescente gana 23% menos en comparación con una adulta.

 

Ecuador destina 270 millones de dólares anuales para solventar los embarazos adolescentes.

Conoce la lista de entidades no autorizadas para receptar dinero

Situación. Solo en este año se han detectado ocho empresas de este tipo.

La Superintendencia de Bancos del Ecuador detectó ocho nuevas entidades financieras no autorizadas para funcionar en el país.

Con esto se amplía la lista de entidades que ofertan la generación de grandes sumas de dinero a través de pirámides como ‘Big Money’.

Para efectuar intermediación de dinero, las entidades o personas deben contar con un permiso del Estado y constar en los listados autorizados de las entidades de control como la Superintendencia de Bancos o de Economía Popular y Solidaria.

Desde abril del 2019 hasta marzo 2022 se han generado un total de 70 alertas sobre entidades no autorizados a realizar actividades financieras, de las cuales todas se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Entre otras acciones realizadas por este ente de control constan campañas comunicacionales de alerta a través de la página web institucional y redes sociales para conocimiento del público en general.

En el caso de las entidades sin autorización, varias de ellas tienen nombres que se prestan para confundir al ciudadano con otras entidades de renombre y que sí están autorizadas. (RMC)

RECUADRO

Entidades detectadas en 2022

  1. Decentralized Investors Association, antes denominada IX Inversors.
  2. Credyunion.
  3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.
  4. Sapphire-Group Cia. Ltda.
  5. Clicktrades
  6. Créditos Litoral
  7. Ua Works
  8. Grupo Renacer

Pagos de servicios públicos mayores a $76 a través del sistema financiero solo por medios electrónicos

Las transacciones en efectivo por ventanilla están limitadas al monto en bancos y cooperativas.

Las empresas públicas, con excepción del IESS, seguirán recibiendo pagos en efectivo de cualquier monto a través de sus ventanillas.

A través de un comunicado, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció que el pago de obligaciones patronales, tanto de empleadores como afiliados, solo se recaudará por canales digitales o electrónicos cuando sean superiores a los $76.

“El pago por medios virtuales agiliza el servicio y brinda seguridad al usuario; además, garantiza que los empleadores cumplan a tiempo con sus obligaciones y los trabajadores, acceden a las prestaciones y servicios del IESS, de manera ininterrumpida”, señaló la institución.

Desde el 1 de enero de 2022 entró en vigencia la resolución 672-2021-F  de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. En esa resolución se establece que «El pago de servicios públicos, por montos superiores a $76,00; que se realicen a través de las entidades financieras corresponsales del Banco Central del Ecuador, se efectuará exclusivamente a través de débito a cuenta, transferencia electrónica de dinero, pago con tarjeta de crédito, pago con tarjeta de débito u otros medíos de pago electrónicos autorizados por el Banco Central del Ecuador»

La Junta aclaró que los pagos iguales o inferiores a $76 se podrán realizar en las ventanillas de los bancos y cooperativas, ya sea como pago electrónico o físico. De igual manera, las ventanillas de las entidades públicas podrán realizar la recaudación física independientemente del monto.

A través de correos electrónicos o comunicados en redes sociales, varias entidades financieras comenzaron a notificar estos cambios a sus clientes para que tomen los recaudos necesarios.

La medida, aprobada en agosto 2021 por la Junta Monetaria y Financiera, busca fomentar el uso de medios digitales de pago. Esos medios son hasta siete veces más baratos que las operaciones hecha de manera presencial. (JS)

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Las cinco entidades públicas de peor desempeño en 2021

Banecuador registra pérdidas por más de $118 millones solo este año.

Entre los puntos críticos está la banca pública, el sistema de contrataciones y Petroecuador. La calidad del gasto público es uno de los principales problemas.

Ecuador tiene un problema serio en sus cuentas públicas. Cada mes faltan alrededor de $400 millones para pagar todas las obligaciones y cuentas. Por eso, uno de los retos más importantes del Gobierno de Guillermo Lasso es identificar dónde existe malgasto o gasto público improductivo para que los escasos recursos se destinen a donde mayor valor agregado le aportan a los ciudadanos.

Este 2021 cerrará con un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de alrededor de $4.000 millones; y existen entidades públicas que han aportado menos de lo esperado, o incluso han producido pérdidas para el país.

A continuación se detallan cinco ejemplos de ese tipo de instituciones:

Corporación Financiera Nacional (CFNI)

Esta institución financiera pública, junto a Banecuador deben liderar uno de los proyectos estrellas del actual Gobierno: créditos al 1% a un plazo de hasta 30 años. Sin embargo, más de una década de malos manejos deja saldos en rojos para la CFN.

Las pérdidas ascienden a $ 415 millones este año. Una de las principales causas de esta realidad son las decisiones políticas, y no técnicas, en temas como la concesión de crédito y manejo de cartera. Hasta octubre de este año, la morosidad llegó al 25,45%; mientras en el porcentaje en el sistema financiero privado no supera el 4%.

Además, como ha ocurrido durante mucho tiempo en las empresas públicas, los estados financieros y económicos de la institución son poco confiables y hay grandes vacíos sobre los costos operativos.

Incluso, las actuales autoridades ha reconocido que en los últimos años se presentaron supuestas utilidades y buenos resultados; pero a costa de incluir información incompleta y no transparentar el mal manejo de la cartera.

Esta situación se repite en otras instituciones como Banco Pacífico, que obtuvo ganancias más altas a través de provisionar menos reservas sobre su cartera vencida.

Banecuador

Hasta febrero 2022, esta institución financiera pública debe fusionarse con la CFN; pero se repiten los mismo problemas de mal manejo, politización y pérdidas.

Al cierre de este año, el saldo en rojo llega a los $118,8 millones este 2021. En 2020, la pérdida registrada alcanzó los $38,6 millones.

En general, la banca pública está llena de manejos irregulares; y además, no ha cumplido con su principal función de entregar la mayor cantidad créditos, en las mejores condiciones posibles, a los productores y emprendedores más pequeños.

Así, por ejemplo, solo el 10% de los pequeños y medianos agricultores a lo largo de todo el país han conseguido financiamiento para impulsar sus actividades.

Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)

Cada año, las compras públicas fraudulentas le cuestan a Ecuador alrededor de $1.500 millones en pérdidas. Si bien el Sercop no hace directamente los contratos para obras o adquisición de bienes y servicios, si es la entidad que regula y controla todos los procesos.

Sin embargo, aunque la cifra de pérdidas ha sido reconocida por funcionarios de alto nivel como el ministro de Producción, Julio José Prado, no se ha establecido ninguna hoja de ruta para atacar el problema.

Los procesos de contratación son engorrosos y lentos, incluso con declaratoria de emergencia se demoran más de tres meses aunque tengan que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de medicinas en la red de salud pública.

Cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso, la ineficiencia del sistema se vio reflejado en que habían más de 1.200 procesos represados de compras de medicamentos.

Ya sean estas demoras, como también los vacíos en la ley que permiten que los contratos queden en pocas manos, generan millonarias pérdidas diarias y mala calidad en los servicios públicos.

Petroecuador

La falta de acciones eficaces y a tiempo, frente a los problemas de erosión regresiva en el Río Coca y sus afluentes, provocó que se tuviera que paralizar completamente las operaciones del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Las advertencias de que podría haber nuevas afectaciones a las tuberías estaban a la vista de todos, pero no se hizo nada hasta que ocurrió el desastre. El resultado es que la producción petrolera cierra 2021 con una caída de más del 80%, lo que representa ingresos perdidos por, al menos, $600 millones.

Asimismo, Petroecuador ha quedado debiendo en su proceso de optimización empresarial. No se cumplió con el ofrecimiento de que los gerentes de área sean designados a través de concurso de méritos; además, tampoco se avanzó en el proceso de modernización, lo que incluye su transformación en una empresa por acciones y la evaluación técnica de cuál es el tamaño optimo de nómina luego de la fusión con Petroamazonas.

Por otra parte, la petrolera pública, junto con el ministerio de Energía, no ha cumplido con la reglamentación para que se fije una ruta clara hacia el mejoramiento de la calidad de los combustibles.

Actualmente, las gasolinas y el diésel que se venden en el país no superan los estándares Euro II, cuando el promedio en la región en Euro IV; y en los países más desarrollados se llega al Euro VII.

El resultado es más contaminación, más enfermedades, menor oferta de autos, y pérdidas económicas.

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

Luego de un hackeo masivo a sus sistemas, que nunca fue completamente aclarado en sus circunstancias y consecuencias económicas y operativas, CNT fue declarada en emergencia institucional.

A pesar de ser considerada una de las joyas de la corona dentro de las empresas públicas, las autoridades tuvieron que reconocer que ni siquiera se tiene sustentos fiables del sistema de compras, facturación y cyberseguridad.

En otras palabras, aunque ha reportado ganancias en los últimos años, una auditoría integral podría revelar que esos aparentes buenos números encubren múltiples ineficiencias y despilfarros.

Uno de las principales metas de esa declaratoria de emergencia es precisamente transparentar de una vez por todas la real situación de la empresa.

Además, alrededor de cinco de cada diez quejas de usuarios de operadoras móviles apuntan a la mala calidad de los servicios ofrecidos por CNT, lo que representa un punto de alerta sobre las operaciones y el manejo. (JS)

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XI Encuentro de los Recursos Hídricos

PROGRAMA. En el evento se dialogará sobre el agua y sus conflictos.

Con la finalidad de propiciar un espacio propositivo, de diálogo y debate amplio sobre los asuntos urgentes del agua, se desarrolla el XI Encuentro Nacional del Foro de los Recursos Hídricos, organizado por el consorcio ecuatoriano CAMAREN.
El evento se realiza de forma virtual desde este miércoles 25 de agosto hasta el viernes 27 del mismo mes. Durante los tres días de ponencias, habrá la participación de representantes de los gobiernos centrales y descentralizados, centros educativos de tercer nivel como la Universidad Nacional de Loja, gremios de productores, juntas de agua y riego, comunidades, ONG, empresas y sociedad civil.
Luis Sivisaca, presidente del Comité de Gestión del Sector Noroccidental del Cantón Loja, manifiesta que el foro es gratuito y está dirigido a la ciudadanía en general que muestre interés en temas relacionados con el recurso hídrico. Señala que la agenda comprende siete mesas temáticas y dos plenarias, coordinadas por las siguientes instituciones: Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNDES), CARE Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) y el Proyecto UrkuÑán, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, PROTOS, el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE), y el Consorcio CAMAREN.
Como parte de la agenda planificada, se presentarán y analizarán estudios y sistematizaciones de Costa, Sierra y Amazonía, sobre asuntos actuales relacionados con el acceso al agua y derechos; agua y cambio climático; agua, paisajes y recreación; territorios de desarrollo bajo riego; agua y ecosistemas; agua y extractivismo; agua para el consumo humano y saneamiento, entre otros.
Sivisaca comenta que, al finalizar el foro, los asistentes obtendrán certificados de participación, por lo que invita a la ciudadanía lojana a que se capacite en este evento sin fines de lucro. Las personas interesadas pueden encontrar el formulario de inscripción en www.camaren.org

TOME NOTA
El foro cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
EL DATO
La plataforma del Foro de los Recursos Hídricos se creó en el año 2000.

15 entidades de la Función Ejecutiva arriendan en Tungurahua

DISPONIBILIDAD. El centro comercial Caracol es un espacio con oficinas disponibles para ser ocupadas por entidades del Estado.

En Tungurahua, el Gobierno tiene 15 entidades que pagan arriendos para sus oficinas, en estos se gastan 374.411 dólares por cánones anuales de alquiler.

Según los registros de autorizaciones, que constan en los archivos de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, desde el año 2017 hasta el año 2021, las entidades de la Función Ejecutiva arriendan bienes inmuebles pese a que se cuenta con espacios estatales que se pueden ocupar.

Esto se dio a conocer luego de que Fernando Gavilanes, Gobernador de Tungurahua, pidiera un inventario de los espacios disponibles que no terminan de ocuparse, pese a que administraciones de Gobierno anteriores lo anunciaran.

Gavilanes aseguró que hará oficial la ocupación de las instalaciones tanto en el Centro Comercial Caracol, como el Palacio de Justicia para ahorrar recursos que serán utilizados en otras prioridades.

 

Registros

Inmobiliaria tiene competencias para autorizar arrendamientos de bienes inmuebles privados para uso de las entidades de Gobierno.

Las entidades arriendan un total de 23 bienes inmuebles para uso institucional para 661 funcionarios.

Hasta el momento en el Centro Comercial Caracol, esta Secretaría Técnica mantiene 181 predios (96 locales, 67 parqueaderos, 18 bodegas), de los cuales están arrendados 14 locales, cuatro parqueaderos, dos bodegas; 61 locales, 33 parqueaderos y seis bodegas se han entregado a ocho entidades del Gobierno, con la finalidad de optimizar recursos.

El 18% restante (21 locales, 14 parqueaderos – excluidos los 16 de visita – y 10 bodegas) están en proceso de asignación a instituciones públicas con un trabajo conjunto con la Gobernación de Tungurahua.

El traslado de las entidades se proyecta hasta finales de este mes debido a que al momento se realizan adecuaciones dentro de sus instalaciones.

 

EL DATO
Se tiene previsto el traslado de varias de estas 
instituciones hasta finales de este mes o inicios de agosto

 

Traslados sin concluir

Aunque esta información no es nueva debido a que en años anteriores ya se anunciaba traslados que nunca se dieron, los gobernadores desconocían por qué nunca se dejó de arrendar pese a tener disponibilidad de espacios.

Un ejemplo es en 2019, donde se identificó que tres instituciones gastaban 10 mil dólares por concepto de arriendo, en 2018 el traslado de las instalaciones ahorraría al Estado más de 223 mil dólares anuales, inclusive se habló de plazos de tiempo y jamás sucedió. O en 2017, siete instituciones gubernamentales generaban un gasto superior a los 19 mil dólares mensuales.

Todos estos casos tenían el mismo discurso, ahorrar recursos del Estado, pero nunca se hizo efectivo lo prometido. (CNS)

Identificadas 113 entidades financieras falsas en el país

Los esquemas de estafa proliferan en épocas de crisis

Los entes de control reaccionan cuando las estafas se vuelven masivas. Entre $150 millones y $200 millones al año mueven los esquemas fraudulentos en el país.

Las últimas noticias sobre un supuesto esquema de estafa piramidal en Quevedo han puesto nuevamente en la mira el fenómeno de las “inversiones milagrosas”, donde se ofrece a la gente un rendimiento alto en poco tiempo.

Según la Superintendencia de Bancos, hasta la fecha se han podido detectar 113 entidades financieras falsas que ofrecen ese tipo de inversiones; además de créditos inmediatos sin ningún tipo de requisitos.

“Las señales para identificar una oferta de servicios financieros falsa pueden ser esquemas secretos, altos rendimientos, comisión por nuevos miembros y la más común es que la oferta la harán a través de redes sociales o WhatsApp. Ninguna institución financiera controlada opera de esa forma”, dice el ente de control.

Según un estudio de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre $150 millones y $200 millones al año se mueven en esquemas financieros ilegales en el país; no solo inversiones sino también a través de los llamados chulqueros (prestamistas informales).

Y alrededor de $2.000 millones del patrimonio de los ecuatorianos se han perdido en medio de estafas en los últimos 10 años.

Diego Olmedo, economista y socio fundador de Olmedo Inversiones y Finanzas, explicó que el problema se ahonda por dos factores. En primer lugar, las autoridades de control solo actúan de manera reactiva; es decir, cuando las estafas se vuelven masivas y se convierten noticia.

En segundo lugar, la sociedad ecuatoriana sigue teniendo bajos niveles de educación financiera, por lo que es fácil de convencer con promesas de ganancias inmediatas. Alrededor del 50% de la población adulta no sabe cómo hacer un presupuesto y afirma que vive sobre endeudada.

¿Cómo identificar una estafa piramidal?

Las estafas piramidales consiguen respaldo mientras tengan una base sólida. Al igual que un triángulo, los que aportan contribuyen invitando a otras personas para captar más dinero con la promesa de que obtendrán mejores beneficios. Y los recibirán durante los primeros meses, en tanto sigan consiguiendo más aportantes.

«Puede tranquilamente durar un año o dos, mientras que los que entran a la pirámide sean mayoría sobre los miembros antiguos», explicó el economista Jorge González.

Así, por ejemplo, en el último caso en Quevedo, la oferta es recibir un 90% de retorno en apenas 8 días. El monto mínimo es de $300, pero en el fondo no hay ninguna inversión o negocio que lo respalde. Simplemente, se paga los altos rendimientos con el dinero de los nuevos aportantes; es decir, se pasa los recursos de un bolsillo a otro.

González recomendó que los interesados en inversiones ingresen primero a la página web de la Superintendencia de Bancos, en donde hay un catastro de las empresas autorizadas.
Además, alertó que espacios como Facebook y Twitter son empleados para captar dinero con falsas promesas.

«Los informales usan redes sociales porque si emplean otro tipo de publicidad, los descubren», señaló. «Este negocio va a existir siempre. La única forma de que deje de existir no es con una ley, sino que nadie le crea», agregó.

En su opinión, la normativa vigente no permite detectar casos rápidamente. «Este negocio es informal y resulta muy difícil descubrirlo», afirmó.

De acuerdo con un estudio de la Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia, los gestores de los esquemas piramidales se llevan entre el 5% y 10% de cada nueva inversión. En el caso de Quevedo, el monto sería de más de $150.000 directos para beneficio inmediato de los creadores del esquema. (JS)

DATO.- En caso revelado en Quevedo, se calcula la participación de alrededor de 5.000 personas; es decir, hay alrededor de $1,5 millones en juego.

DATO.- En 2005, en el famosos caso del notario Cabrera, se involucraron alrededor de 35.000 personas.

TOME NOTA.- Las vías para hacer denuncias a la Superintendencia de Bancos son el WhatsApp 098 486 3621 o escribir al correo atencionquito2@superbancos.gob.ec.

Entre más riesgo, más retorno

Un banco o una cooperativa invierten el dinero que reciben de sus depositantes en entregar créditos e invertir en papeles de empresas y gobiernos. En otras palabras, los recursos van a negocios y actividades reales. Así, el retorno no puede ser mayor al 15% anual.
Cuando se ofrecen altas ganancias en poco tiempo, eso quiere decir que hay un alto riesgo de que no recuperes ni siquiera tu inversión inicial.

Pablo Lucio Paredes, decano de la escuela de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ), explicó que, en el mejor de los caos, en un mundo de inflación en activos y novedades tecnológicas en finanzas, puede haber altos rendimientos de 50% anual, pero nunca del 90% en 8 días como en Quevedo.

Claves para detectar una estafa piramidal

1.-Promesa de altos beneficios en poco tiempo. Si el negocio es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad.

2.- El origen de los beneficios no está claramente explicado o la explicación no tiene sentido financiero. Se montan empresas ficticias y se ofrecen inversiones en negocios que no existen.

3.- El negocio se basa en un inversor que invierte en algún tipo de activo extraño, con alguna fórmula mágica o gracias a sus buenos contactos¨

4.- Para ser miembro de la estructura tienes que hacer un aporte inicial y, posteriormente, para ganar más dinero tienes que atraer a más personas.

5.- La empresa en la que tienes que invertir no está registrada en ningún ente de control y tiene poco tiempo de existencia.

6.- Las personas que te presentan la inversión tienen una reputación dudosa o están acusados de estafa. Con una buena búsqueda en internet se puede encontrar mucha información.

7.- Las ofertas se hacen a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Implementan sistema de información local

PROYECTO: Autoridades de diferentes entidades, coordinan el proyecto informativo.

Se propone método innovador de información en Zamora, proyecto se ejecutaría en ocho meses.

ZAMORA. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, liderado por el prefecto Cléver Jiménez, participó de una reunión de trabajo con representantes de entidades gubernamentales, para coordinar el inicio de un nuevo proyecto que busca transparentar la información local, aquello con el apoyo técnico de Pro Amazonía, un proyecto regional financiado por el programa de las Naciones Unidas, PNUD.
La propuesta que tienen las autoridades es elevar un solo diagnóstico técnico y estadístico sobre los planes que se ejecutan en territorio, y de forma virtual analizar en tiempo real los avances y cumplimientos de los mismos.
Iniciativa
Según Génesis Romero, directora de Gestión Ambiental de la Prefectura, el asesoramiento de Pro Amazonía en cuanto a los Sistemas de Información local, es indispensable para la implementación, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas, encaminadas a evitar y/o reducir la deforestación, además de los efectos del cambio climático.
Dicho proyecto una vez ejecutado permitirá a la ciudadanía, revisar desde una plataforma digital los porcentajes y avances de las actividades productivas. Para ello las entidades públicas se comprometen en entregar los resultados del trabajo, para posteriormente consolidar y presentar una sola base de datos provincial.
Según el equipo técnico de Pro Amazonía, la Prefectura sería la pionera en implementar este sistema de información en el ámbito regional, por ello se destinarán los recursos necesarios a través del personal técnico para avanzar con la propuesta.
En una primera fase estará compuesto por el equipo que liderará la información provincial, y luego se levantará la información con cada entidad involucrada, hasta la fecha se encuentran dentro del mismo proyecto; el Ministerio de Ambiente y Agua, MAE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Existe un cronograma de trabajo, y se aspira en ocho meses contar con los primeros resultados.

TOME NOTA
La Prefectura es pionera al implementar el sistema de información en el contexto regional, según Pro Amazonía.
EL DATO
Se planifica que los ciudadanos tendrán la oportunidad de revisar desde una plataforma digital los porcentajes y avances de las actividades productivas.