CorteIDH ordena a Nicaragua liberar a opositora

DECISIÓN. La Corte Interamericana de Derechos muestra preocupación por la situación humanitaria y de derechos en Nicaragua.

Redacción SAN JOSÉ

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó la inmediata libertad y protección a la vida de la opositora nicaragüense Daisy Tamara Dávila Rivas.

Como parte de las medidas provisionales en el asunto «Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua», la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, resolvió otorgar medidas urgentes en favor de Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar.

Dávila es una de los opositores, precandidatos y activistas encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega bajo la acusación de tramar conspiraciones contra Nicaragua.

«La Presidencia observa que la detención de la señora Dávila Rivas se habría realizado en el mismo contexto descrito (…) De modo que ha estado precedida de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución», cita el texto de la Corte.

Según el Tribunal internacional, los actos han sido cometidos en ausencia del estricto respeto de la legislación nacional y en contravención con los estándares interamericanos en la materia.

Con esta resolución, la CorteIDH amplía el caso de Dávila y lo agrega dentro de la orden para su inmediata liberación junto a los demás líderes opositores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla, solicitada el pasado 24 de junio. EFE

Ecuador es condenado por desaparición de persona con discapacidad

El tribunal internacional ubicado en San José de Costa Rica juzga casos en el hemisferio.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo estaba internado en el Hospital Julio Endara, en Quito, cuando despareció sin dejar rastro en 2004.

SAN JOSÉ, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este 23 de junio al Estado de Ecuador por violación al derecho a la salud y al de no discriminación contra Luis Eduardo Guachalá Chimbo. El joven de 23 años, con discapacidad y quien padecía de epilepsia, desapareció de un centro médico en 2004 sin que se conozca su paradero.

El caso se remonta al 10 de enero de 2004, cuando Guachalá fue internado en el Hospital Julio Endara, en Quito, luego de que su madre Zoila Chimbo firmara la autorización de ingreso. Según la historia clínica, ahí estuvo hasta el 17 de enero, día en el cual habría abandonado el hospital.

El recuento de los hechos indica que el enfermero encargado del cuidado de Guachalá lo llevó a la sala de televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que no estaba en la sala. Inmediatamente lo buscó por el hospital, pero no informó a los guardias de seguridad. Desde ese momento se desconoce su paradero.

En el veredicto, la CorteIDH subrayó que la utilización de la discapacidad de la víctima para justificar que era innecesario su consentimiento informado para el internamiento y medicación, y la falta de acceso a los medicamentos, constituyó una discriminación en razón de la discapacidad.

Los representantes de la familia presentaron un hábeas corpus ante el alcalde de Quito el 29 de noviembre de 2004. Ante la falta de respuesta para investigar, en 2005 la familia presentó un recurso ante el entonces Tribunal Constitucional, el cual resolvió que las investigaciones debían continuar hasta encontrar el paradero de Guachalá Chimbo.

Sin embargo, eso nunca ocurrió. Frente a esta situación, Zoila Chimbo presentó una denuncia, que tras un proceso de investigación fue desestimada el 19 de julio de 2006 por parte de la Justicia ecuatoriana.

La CorteIDH también concluyó que «la internación y tratamiento médico recibido por Guachalá en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara no contó con su consentimiento informado; no fue accesible, ni de calidad, así como tampoco se tomaron las medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida e integridad, ni tampoco el derecho a la salud sin discriminación».

Sobre el hecho de la desaparición de Guachalá, el tribunal internacional señaló que Ecuador «incumplió con sus obligaciones de iniciar de oficio y sin dilación una investigación, realizar una labor de búsqueda seria de la presunta víctima e investigar lo sucedido con la debida diligencia».

Además, señaló que se violaron los derechos a un recurso efectivo, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a que no se garantizó un recurso de hábeas corpus efectivo para atender la desaparición e investigar los hechos en un plazo razonable.

La Corte estableció en su sentencia que Zoila Chimbo y la hermana de la presunta víctima, Nancy Guachalá Chimbo, han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, violando su derecho a la integridad personal, por lo que ordenó al Estado cumplir con el pago por daños inmateriales y brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El tribunal, igualmente, estableció que Ecuador debe investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables,  determinar el paradero de la víctima, así como regular la obligación internacional de brindar apoyos a las personas con discapacidad para que estas puedan dar su consentimiento informado a tratamientos médicos. EFE

Ecuador y CorteIDH reconocen violación a la libertad de expresión en caso El Universo

Juicio. El periodista Emilio Palacio y el diario El Universo fueron demandados por el expresidente Rafael Correa por supuestas calumnias.

Emilio Palacio y los directivos de El Universo afirman que fueron perseguidos, insultados y estigmatizados por Correa durante años antes, durante y después del proceso penal al que fueron sometidos.

Ecuador reconoció este martes 15 de junio de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), su responsabilidad por la violación al derecho a la libertad de expresión del periodista Emilio Palacio y del diario El Universo.

«El Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, a las garantías judiciales, protección judicial y el principio de legalidad, en perjuicio del señor Emilio Palacio y los señores Pérez», declaró en los alegatos finales de una audiencia ante la CorteIDH la agente estatal María Fernanda Álvarez.

La funcionaria, quien aclaró que se trata de un «reconocimiento parcial de responsabilidad», agregó que el Estado también «reconoce que la sanción penal e indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias».

Añadió que esas sanciones tuvieron «la capacidad de producir un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión» para todos los periodistas, los medios y la sociedad ecuatoriana.

Este caso se refiere a una condena penal de tres años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.

En 2011 fueron demandados por el entonces presidente, Rafael Correa, y condenados por el delito de «injuria calumniosa» a raíz de un artículo de opinión.

Tras la conclusión de la audiencia este martes, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses. EFE

Ecuador debe eliminar cualquier registro judicial la sentencia contra Palacio y El Universo.

Ecuador reconoce violación de derechos en caso El Universo

El periodista Emilio Palacio fue el autor de la columna por la que fue demandado él y diario El Universo.

La representante del Estado ecuatoriano estableció que se trata de un reconocimiento parcial. Demandantes exigieron a la CorteIDH medidas reparatorias.

SAN JOSÉ. Ecuador reconoció este 15 de junio de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la violación al derecho a la libertad de expresión del periodista Emilio Palacio y del diario El Universo.

En 2011, el periodista y el medio fueron demandados por el entonces presidente del país, Rafael Correa, y condenados por el delito de «injuria calumniosa» a raíz de un artículo de opinión.

«El Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, a las garantías judiciales, protección judicial y el principio de legalidad, en perjuicio del señor Emilio Palacio y los señores Pérez (propietarios del diario)», declaró en los alegatos finales de una audiencia ante la CorteIDH la agente estatal María Fernanda Álvarez.

La funcionaria, quien aclaró que se trata de un «reconocimiento parcial de responsabilidad», agregó que el Estado también «reconoce que la sanción penal e indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias».

Añadió que esas sanciones tuvieron «la capacidad de producir un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión» para todos los periodistas, los medios y la sociedad ecuatoriana.

Este caso se refiere a una condena penal de tres años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo: Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga.

El motivo: la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión sobre la crisis política que vivió el país en septiembre de 2010.

El medio fue condenado a pagar 10 millones de dólares.

Álvarez afirmó que las penas nunca se ejecutaron porque en 2012 fueron perdonadas, por lo que pidió a la CorteIDH que solo tome en cuenta los hechos ocurridos entre 2011 y 2012, y no los supuestos daños a las víctimas en los años siguientes.

El periodista Palacio alega que en 2011 tuvo que exiliarse en Estados Unidos y que la sentencia le causó un daño irreparable a su proyecto de vida, cuyas consecuencias se extendieron por años y persisten en la actualidad.

Palacio y los directivos de El Universo afirman que fueron perseguidos, insultados y estigmatizados por Correa durante años antes, durante y después del proceso penal al que fueron sometidos.

Pedido de sentencia

Los representantes de Palacio y El Universo, calificaron el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado como «ambiguo» y pidieron a los jueces que emita una sentencia para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en Ecuador y en la región.

El abogado Carlos Ayala señaló que el caso se refiere a «una persecución arbitraria del expresidente Correa (2007-2017) contra la libertad de expresión, en concreto contra uno de los periodistas más emblemáticos como es Emilio Palacio y uno de los diarios más emblemáticos y sus directivos».

Ayala afirmó que se trató una campaña para «silenciar la crítica y las denuncias contra el Gobierno» y que incluyó «persecución y hostigamiento desde poder público, ataques estigmatizantes continuos y la utilización del aparato judicial».

Agregó que las «acciones terminaron haciendo un daño grave no solo a las víctimas de este caso, sino a la libertad de expresión y la democracia en Ecuador«.

Ayala pidió a la Corte una sentencia en la que repare integralmente a las víctimas y que ordene medidas legislativas para adecuar el Código Penal de Ecuador a estándares internacionales y que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

Además, pidió a la Corte que ordene a Ecuador eliminar por completo de cualquier registro judicial la sentencia contra Palacio y El Universo.

Tras la conclusión de la audiencia este 15 de junio, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses. EFE