‘Millonarios’ contratos mientras falta dinero para la vialidad en Pichincha

Mural Grito de la Memoria, de Pavel Egüez, costó $300.000 y fue inaugurado en 2014

Como contraparte, la Prefectura de Pichincha estableció una contribución especial a los vehículos para mejorar la vialidad.

La adjudicación de contratos es cercana al millón de dólares. Estrictamente se trata de $910 000 por dos contratos. Los proyectos en los que se invertirá el dinero público se enmarcan en el proyecto de la Prefectura para conmemorar los 200 años de la Batalla de Pichincha, que están próximos a celebrarse el 24 de mayo. Las iniciativas se concretaron en medio de las festividades decembrinas en 2021.

La primera adjudicación corresponde al “servicio de creación artística de un mural histórico” por $480.000. La obra fue asignada a Pavel Egüez, artista ecuatoriano cercano a la Revolución Ciudadana.

La contratación se dio por medio de la figura de Régimen Especial en el que Egüez fue el único en participar. Según el informe que calificó su oferta, el muralista cumplió “todos los requisitos” que se pedían para esta obra.

La ubicación del mural será la fachada oriental del edificio de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito. Se utilizará cerámica policromada. Existe un informe técnico que indica que dicha edificación soporta cargas adicionales para colocar la porcelana.

El tamaño de la obra será de 597, 87 metros cuadrados. El artista señaló en su propuesta que para tener máxima adherencia de los materiales que utilizará se realizará un “cepillado, picado y limpieza” del muro oriental. También se contempla la iluminación de la pieza artística. El proceso para la adjudicación del contrato tomó 11 días.

El nuevo mural será colocado en el costado oriental del edificio de la Prefectura en el centro de Quito. Su valor es de $480.000.
El nuevo mural será colocado en el costado oriental del edificio de la Prefectura en el centro de Quito. Su valor es de $480.000.

 Egüez ya pintó un mural en la Fiscalía 

Era 2014 y el entonces el fiscal general Galo Chiriboga, y exministro del correísmo, participaba de la inauguración del mural ‘Grito de la Memoria’, develado en los exteriores del edificio de la Fiscalía que funciona en las calles Patria y 12 de Octubre. El autor de la obra, que costó $300.000, también fue Pavel Egüez.

Gabriela Rivadeneira, entonces presidenta de la Asamblea, y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia de la época, acompañaron en el develamiento de la ‘millonaria’ obra. Ahí se plasmaron, según una interpretación del artista, “historias de centenares de víctimas de violaciones  a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”. El contrato se firmó el 15 de julio de 2014, después de un proceso por Régimen Especial, en el que, al igual que ahora, Égüez fue el único invitado para participar.

Un contrato entre conocidos

En el sistema del Servicio de Contratación Pública consta como adjudicado otro contrato por “régimen especial entre entidades públicas”. Se trata de un proceso para la “creación de contenido, promoción y difusión para fomentar las actividades comunicaciones del proyecto Bicentenario”, otorgado a Pichincha Comunicaciones EP, entidad del propio gobierno de Pichincha, representada por Orlando Pérez, también afín al correísmo.

El monto de lo destinado en este proyecto es de $430.000 más IVA. El proceso del contrato se dio en 35 días. Los servicios que se plantean son, por ejemplo, el diseño, creación y distribución de paquetes con herramientas didácticas para la enseñanza de la historia de la Batalla de Pichincha. Ahí se incluyen juegos, cuentos, actividades, pósters, stickers, entre otros materiales “para poner en valor la memoria social y cultural del Bicentenario”.

Pérez trabaja en la televisora Telesur, cercana al chavismo, y dirigió el diario El Telégrafo mientras Rafael Correa fue presidente. En su cuenta de Twitter ha defendido lo realizado en el gobierno de la Revolución Ciudadana y ahora dirige Pichincha Comunicaciones EP, la empresa pública que opera Radio Pichincha, la radio de la propia Prefectura.

Supuesta falta de recursos

Para Natasha Rojas, asesora de la Federación de Barrios de Quito, existe, al menos “incoherencia en el discurso del Consejo Provincial”. Comentó que por un lado, la Prefectura señala que no hay recursos para vialidad rural, pero sí hay dinero para un mural y publicidad del Bicentenario.

En base a lo primero, la Prefectura de Pichincha aprobó el cobro de una contribución especial para que desde este año, se cargue un valor a la matrícula de los vehículos en la provincia para financiar obras viales, ante la falta supuesta de recursos. Por esta tasa, la Prefectura planea recaudar este año más de $6 millones.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tras conocer los procesos de contratación del Bicentenario y la contribución especial de mejoras, pidió la información correspondiente a la Prefectura. “Que sepan los gobiernos locales que no están exentos de la Fiscalización”, indicó. Sin embargo, las autoridades locales, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no son sujetas a sanción por parte del Legislativo. (DPV)

Ex contralor Pablo Celi y otros 12 son llamados a juicio

Pablo Celi, quien fue Contralor General del Estado, subrogante.

El ex contralor del Estado lleva detenido desde el 13 de abril de 2021 en la Cárcel 4 de Quito; ha intentado cambiar su arresto por medidas cautelares.

El juez Felipe Córdova resolvió este lunes 24 de enero de 2022 llamar a juicio al ex contralor general del Estado, Pablo Celi, y 12 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso conocido como Las Torres.

Según Fiscalía, los miembros de esta supuesta red criminal habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de $20,3 millones que la estatal Petroecuador adeudaba a Nolimit (una compañía que presta servicios petroleros). Es decir, $4,3 millones.

Las investigaciones apunta a que los implicados conformaron una supuesta estructura para exigir a una empresa contratista de Petroecuador sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con la estatal petrolera y gestionar pagos pendientes.

La audiencia evaluatoria y preparatoria que se había suspendió el pasado 16 de diciembre de 2021 tras la presentación de la acusación de la Fiscalía y los descargos de los defensores, se retomó esta mañana.

Así, el ex contralor Pablo Celi, el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y 11 procesados más fueron llamados a juicio. La delincuencia organizada es un delito que se sanciona con entre siete y 10 años de prisión para los autores y de cinco a siete años de cárcel para los colaboradores.

El 13 de abril de 2021, la Fiscalía ejecutó 25 registros en Quito y Guayaquil, en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, relacionada con actos de corrupción en la empresa pública Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia. Celi fue detenido y enviado a la Cárcel 4 de Quito.

Él pidió salir en libertad, pero el juez Felipe Córdova negó la revocatoria a la prisión preventiva el 23 de junio del 2021. (DPV)

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Audiencia contra Jacobo Bucaram y siete más no se reinstaló

En Guayaquil se debía reinstalar la audiencia por posible delincuencia organizada. Foto: Fiscalía.

Diligencia se aplazó porque abogada defensora presentó un certificado COVID-19 positivo; el caso inició en marzo de 2020.

La Fiscalía informó este lunes 24 de enero de 2022 que la audiencia de juicio contra Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS; Jacobo Bucaram y otros seis procesados por el supuesto delito de delincuencia organizada no se reinstaló en Guayaquil. La diligencia se aplazó porque una abogada, de uno de los procesados, presentó un certificado positivo de COVID-19.

Las autoridades investigan el posible delito de delincuencia organizada por la presunta adjudicación irregular de contratos, a través de la figura de convenios de pago en los que, además, existirían sobreprecios en hospitales del Seguro Social en Guayaquil.

La investigación fue abierta en marzo de 2020, en relación con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia. La defensa de Paúl Granda insistió este lunes 24 de enero, por escrito, que se definan con claridad fechas para que termine el juicio ya que «no existe prueba alguna para inculparlo». Víctor Granda, su abogado, señaló que el expresidente del IESS no era competente para firmar contratos que correspondían a las administraciones hospitalarias.

Este Diario conversó con Paúl Granda el 14 de enero último, y manifestó que es inocente.

La Corte Nacional le concedió un habeas corpus que establece que no hubo los elementos suficientes para vincularlo a juicio y menos para retenerlo en su domicilio. Por eso le concedió el cambio de medidas para que se defienda en libertad.

La Fiscalía plantea que hubo una estructura delincuencial para favorecer contratos en casas de salud del IESS. Granda dice que todo se dio antes de que asumiera la presidencia de la institución en diciembre de 2018. Considera que además, negaron su fuero de Corte Nacional, lo que anularía todo lo actuado y que él no fue el responsable de suscribir ningún contrato. (DPV)

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24% de los ecuatorianos con empleo adecuado tiene contrato de trabajo

REALIDAD. La formalidad es la excepción y no la regla en el mercado laboral.

La reforma laboral es uno de los principales retos de 2022. Menos de 700.000 ecuatorianos se benefician de las ventajas del actual código laboral

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un ecuatoriano tiene empleo adecuado si gana al menos el Salario Básico Unificado (SBU) y trabaja 8 horas diarias.

En total, 2’857.882 personas encajaban en esa clasificación al cierre de 2021; y, en teoría, se encontraban en mejor situación que los 5’247.548 subempleados o informales.

Sin embargo, solo el 24% de los empleos adecuados, es decir, 696.546 personas tenían un contrato formal y estaban cubiertos bajo el paraguas del actual código laboral.

En otras palabras, la normativa y sus derechos vigentes solo beneficiaron a un poco más de dos de cada diez ecuatorianos que ganaron $400 o más durante 2021.

Estrategia para generar beneficio

Alicia Vera, economista y especialista en mercado laboral, explicó que las leyes se quedaron rezagadas frente a la realidad de un país con altos costos y baja productividad.

“Durante los últimos 14 años, a pesar de tener un segundo boom petrolero y condiciones externas favorables, no se hicieron reformas para que la contratación y la creación formal de empresas sea un buen negocio”, dijo.

Así, la engorrosa tramitología y los altos costos -no solo de contratación, sino también de despido– hacen que para la mayoría de las micro y pequeñas empresas sea más rentable mantenerse completa o parcialmente informales.

De acuerdo con Vera, el solo hecho de no firmar contratos laborales, con las condiciones vigentes, representa una reducción de entre el 35% y 40% de costos para los emprendimientos más pequeños. Sin embargo, los trabajadores quedan fuera de beneficios como la seguridad social.

“Se debe idear una reforma laboral que fomente la contratación con todos los beneficios de ley, pero sin poner una soga al cuello a los empresarios. La flexibilización es una realidad de facto en el mercado de trabajo ecuatoriano”, acotó.

Made with Flourish

Depurar el sistema

Actualmente, según el último reporte disponible en el sistema de datos abiertos públicos, el sistema laboral ecuatoriano tiene más de 25 modalidades de contratación. Sin embargo, más del 90% de los contratos vigentes están relacionados a siete de esas modalidades.

En el Gobierno de Lenín Moreno, el exministro de trabajo, Andrés Isch, aseguró que se dejaba a las nuevas autoridades una reforma que depuraba todo ese sistema; además de un nuevo mecanismo para que las decisiones no se sigan tomando en el círculo cerrado de empresarios y sindicatos.

Esas modificaciones no se incluyeron en el fallido proyecto de Ley de Oportunidades, que fue presentado en septiembre de 2021; pero recibió el rechazo de la Asamblea y de la mayoría de la opinión pública.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, reconoció que hubo fallas, e incluso excesos en ciertos artículos de ese proyecto, pero consideró que los legisladores debían corregirlos y no limitarse a cerrarle el paso a la iniciativa.

En las últimas semanas de 2021, el actual ministro de Trabajo, Patricio Donosos, recalcó que se corrigieron las distorsiones, pero en el nuevo texto se mantiene la creación de un régimen laboral especial y alternativo, con nuevas modalidades de contratación; la eliminación de la jubilación patronal; y cambios en la jornada laboral, en las horas de descanso y en las licencias de maternidad y de paternidad.

Casi el 70% de los contratos de trabajo vigentes se concentran en las tres principales provincias del país: Guayas, Pichincha y Azuay.

Cambio de estrategia

A pesar de tener un nuevo proyecto de Ley, la estrategia del Gobierno, según el presidente Lasso, será presentar primero el texto a la sociedad antes que a la Asamblea. Es decir, el Gobierno buscará dialogar con diferentes sectores como sindicatos, academia, empresarios y ciudadanía en general.

El objetivo es generar una propuesta de consenso; pero el principal problema es que las mismas autoridades prevén que ese proceso de diálogo demore entre 90 y 120 días.

Así, la reforma laboral, en el mejor de los casos, llegará al trámite legislativo recién entre mayo y junio de 2022.

En este contexto, sectores como el textil han expresado su preocupación de que esa reforma se vaya relegando y no se pueda poner en vigencia en menos de un año.

Pedro Ribas, pequeño empresario textil, lamentó que no se entienda la necesidad de una mejor normativa de contratación para impulsar la reactivación económica. “Si se deja pasar todo 2022, las mejoras en el empleo adecuado se podrían revertir, e incluso profundizar aún más la informalidad”, concluyó. (JS)

Incertidumbre en 281 trabajadores que terminan sus contratos

TRABAJO. Contratos terminan a finales de diciembre.

Los trabajadores ya fueron notificados desde mediados de diciembre. Algunos serán ratificados y otros cambiados.

El viernes 31 de diciembre de este 2021 concluyen varios contratos de trabajadores en las instituciones públicas y principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados como municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En el sector privado existe mayor estabilidad, debido a que son contratos indefinidos.

Rodrigo N., es uno de los empleados del sector público, el 31 de diciembre concluye su contrato. Ahora está laborando los últimos días, debido a que ya fue notificado, sin embargo, no sabe si será ratificado o deberá buscar otro empleo, por ahora está dedicado a preparar y dejar listo el informe del año, antes de su salida. Labora cerca de nueve meses en el cargo de técnico, el proyecto continúa, pero no sabe si será considerado para el 2022, puesto que la última palabra la tiene el empleador.

Municipio de Loja

Ronald Rodríguez, director de Talento Humano del Municipio de Loja, manifestó que es habitual este tipo de situaciones a finales del año, debido a que hay contratos que finalizan cada 31 de diciembre. En esta institución, varios contratos de servicios ocasionales finalizan la relación laboral este mes, algunos serán renovados y otros cambiados, de acuerdo a la evaluación de cada departamento.

Además, la contratación en el 2022 señaló que dependerán de las necesidades institucionales, mediante una planificación. Hasta diciembre de 2021 existen 187 contratos ocasionales que finalizan, sin embargo, más del 50 % serán renovados, porque son prioridad para la institución como: personal técnico, analistas jurídicos, arquitectos, ingenieros civiles y otras personas que laboran en dependencias que brindan el servicio a la ciudadanía. En total, la nómina de trabajadores en este 2021 es de 2.918 personas entre obreros, servidores, dignatarios, entre otros, como concejales, alcalde y más.

Prefectura de Loja

Por su lado, Juan José Orellana, director de Talento Humano de la Prefectura de Loja, manifestó que la institución empezó a notificar la terminación de los contratos a los empleados que laboran en proyectos de inversión. “La Prefectura tiene contratos para proyectos de riego, vialidad, desarrollo productivo y la Dirección de Acción Social, pero por ser proyectos de la institución, se procederá a emitir la prórroga de los contratos, es decir, se mantendrá el mismo personal para el 2022”, reveló.

En el caso de Acción Social, como son convenios con el MIES, dependerá mucho si continúan en 2022, de darse el caso se mantendrá el mismo personal. Hasta finales de diciembre existen cerca de 94 empleados que se les termina su contrato, de los cuales, 40 pertenecen al convenio con el MIES y el resto son técnicos de la institución. En total, la nómina de empleados es de cerca de 547 personas, de los cuales 158 cuentan con nombramiento, 217 con código de trabajo, 94 ocasional, y 47 eventuales.

 

EL DATO

En el sector público también hay terminación de contratos.
El gobernador solicitó la disponibilidad del cargo a sus colaboradores.

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Gobierno declara fuerza mayor para no incumplir contratos petroleros

La producción en ciertos campos y pozos se suspende; mientras. se depende del crudo guardado.

La suspensión del bombeo de crudo por los oleoductos pone en aprietos al Gobierno. La erosión regresiva en el río Quijos puede provocar pérdidas millonarias.

El ministerio de Energía, mediante la emisión de una resolución, declaró la Fuerza Mayor para las empresas petroleras que mantienen contratos bajo la modalidad de prestación de servicios en el país.

La decisión se toma debido a que el avance de la erosión en los afluentes del río Quijos (incluyendo Piedra Fina) llevó a detener, desde la semana pasada, el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), así como de derivados en el poliducto Shushufindi Quito.

La Fuerza Mayor es una cláusula establecida en los contratos petroleros que permite
suspender ciertos compromisos cuando se produce una circunstancia imposible de resistir,
imprevisible, o que no pueda ser evitada.

Esa circunstancia puede ocasionar la obstrucción o demora, total o parcial del cumplimiento de las obligaciones entre las partes, como es el caso del fenómeno natural de erosión que pone en riesgo la infraestructura petrolera.

Según un comunicado oficial, con esta declaratoria se viabiliza la implementación de planes de acción y contingencia para minimizar el impacto de la situación en toda la cadena de hidrocarburos: exploración, producción, refinación e industrialización, transporte y almacenamiento y comercialización interna y externa de hidrocarburos y sus derivados.

Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado los cambios en los cronogramas de entrega de crudo, incluyendo los compromisos de exportación.

De acuerdo con Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, la suspensión de bombeo no puede dilatarse más allá de 30 días. Más allá de ese plazo, las reservas se agotarán y el  país comenzará a perder alrededor de $750 millones en ingresos mensuales.

Actualmente, se construyen variantes emergentes del SOTE y OCP que permitan retomar lo más pronto posible el bombeo de crudo.

Mientras no existan las condiciones técnicas para reiniciar normalmente las operaciones, Petroecuador anunció que implementará el Plan de Contingencia Operativa, el cual incluye el apagado progresivo de pozos.

Esto implicará el cierre de campos, de acuerdo a la disponibilidad de almacenamiento en cada uno de ellos y en las instalaciones del SOTE y el OCP.

Además, se realizarán las coordinaciones técnicas y logísticas para mantener el
abastecimiento de combustibles a escala nacional.

«Se ratifica que Petroecuador cuenta con el stock suficiente de gasolinas, diésel, jet fuel, fuel oil para generación eléctrica y GLP de uso doméstico en todas sus terminales. Los productos derivados de petróleo se comercializan con normalidad a la ciudadanía», aseguraron las autoridades. (JS)

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Alzas políticas de salario elevan inflación y no generan empleo

Ni 10% de contratos de trabajo es para mayores de 45 años

Imagen referencial. La edad es una limitante para encontrar oportunidades laborales.

A pesar de tener experiencia y cualificaciones, este segmento de personas sufre  niveles de desempleo cuatro veces mayores que el promedio nacional.

Entre 2019 y 2020, el número de contratos de trabajo para personas mayores de 45 años cayó de 101.646 a 69.483. Esto equivale a un retroceso del 32% y representa una pérdida de capital humano con experiencia y conocimientos.

Actualmente, el Ministerio de Trabajo registra un total de 696.546 contratos formales, lo que quiere decir que menos del 10% se concentra en los ecuatorianos entre 46 y 64 años.

En promedio, casi nueve de cada 10 avisos de empleo apuntan a reclutar personal que tenga 30 años o menos; y además, se buscan perfiles con altos niveles de inglés y conocimientos técnicos.

Roberto Villavicencio, consultor en recursos humanos, comentó que cada vez hay menos apertura en las empresas para contratar colaboradores de mayor edad para mandos medios. Incluso en los niveles más altos, donde se esperaría mayor espacio para la experiencia, las oportunidades escasean.

Durante 2021, menos del 5% de los 344.832 empleos formales recuperados involucran a los mayores de 45 años. En este segmento, la mayoría son jefes o jefas de familia y, ante la falta de opciones, la  vía de reactivación, en el mejor de los casos, ha llegado en la forma de trabajos informales y con baja remuneración.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo entre los 46 y 64 años (16,5%) es más de cuatro veces mayor que el promedio nacional (4,6%).

Villavicencio puntualizó que, en una edad en donde se esperaría una consolidación laboral y mejores ingresos, una gran parte de los mayores de 45 años están en modo sobrevivencia y con una reducida capacidad de ahorro.

Esta situación es uno de los factores que provocan que solo 14% de la Población Económicamente Activa (PEA) alcance una pensión completa de jubilación luego de cumplir su recorrido como trabajadores activos.

Castigo por trabajar después de los 65 años

Actualmente, solo el 2,5% de los ecuatorianos mayores de 65 años tiene un empleo adecuado. Las opciones en este segmentos son incluso más restringidas en el mercado laboral que para los mayores de 45 años.

Además, si ya se obtuvo una pensión por jubilación, la opción de volver a trabajar tiene un castigo o penalidad. Así, existe el riesgo de que le reduzca un 40% esa pensión a cuenta de que está ganando otra vez un sueldo.

La llamada economía plateada, que toma en cuenta a los mayores de 65 años como un motor del crecimiento y el consumo, no está en la agenda del sector político y empresarial del país.

Esto a pesar que, en medio de las pocas oportunidades y el bajo acceso a la jubilación del IESS, los miembros de la tercera edad mueven alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año. (JS)

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El nombre de María Paula Christiansen vuelve a generar sospechas

María Paula Christiansen fue funcionaria del gobierno de Ecuador en la época de Rafael Correa.

El nombre de María Paula Christiansen volvió a la palestra por las investigaciones dentro del juicio político al superintendente de bancos por el caso ‘ISSPOL’. La exfuncionaria pública ha sido mencionada en presuntos en actos de corrupción; sin embargo, fue absuelta por el delito de supuesta asociación ilícita y una acusación de tráfico de influencias lleva tres años investigándose.

El nombre de María Paula Christiansen volvió a a la coyuntura nacional en el marco del juicio político al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, a quien se corresponsabiliza de la desaparición de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).

El lunes, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, proyectó la copia de un cheque por $230 mil girado en 2018 por Jorge Chérrez – principal acusado de la desaparición de fondos de la ISSPOL- a nombre de María P. Christiansen.

Esto ocurrió durante la comparecencia telemática del exministro del Interior José Serrano, a quien Villavicencio preguntó si tenía conocimiento sobre el documento; esto  a propósito de que Christiansen ha sido señalada como exfuncionaria cercana a Serrano.

Aunque el también expresidente de la Asamblea admitió conocer sobre el cheque, no pudo justificar el objetivo de ese dinero y se limitó a señalar que se relacionaría con la inversión en un SPA, leyendo el documento. Además, aseguró no conocer personalmente ni tener relación alguna con Chérrez. Esto a pesar de que inclusive lo condecoró.

Trayectoria laboral

Según los registros de la Contraloría General del Estado (CGE), Ma. Paula Christiansen D. ingresó al sector público en 2014 como Coordinadora General Administrativa Financiera, en el Ministerio del Interior. En el mismo año también fue Directora Administrativa de la misma entidad; después, fungió como Coordinadora General Administrativa Financiera en la Coordinación Zonal 1 Del Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda, culminando sus labores en esa entidad en 2016.

En 2017 es el año en el que más cargos registró en el sector público. Primero fue Gerente General en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP, luego pasó a ser Asesora 2 en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en donde también ocupó el cargo de Coordinadora General Administrativa Financiera. En la Unidad Nacional De Almacenamiento ‘UNA EP’ fue Gerente Administrativa y Talento Humano, mientras que, en la Empresa Pública Yachay fue Gerente Administrativa Financiera.

De acuerdo con la su Declaración Patrimonial Jurada, Christiansen inició sus actividades en el sector público con un Patrimonio total de $50 mil y finalizó con un Patrimonio de $11.709.

Presunta red de sobornos

Un reportaje de investigación del medio Plan V, que se titula “El carrusel de los contratos en el Ministerio del Interior”, publicado en agosto de 2021, señala que personas cercanas al círculo del exministro José Serrano (durante el Gobierno de Rafael Correa), fueron procesadas por, presuntamente, pertenecer a una red de sobornos a cambio de la entrega de contratos por bienes y servicios. La operación habría consistido en la petición por parte de los funcionarios de una comisión del 10% para la tramitación de dichos contratos.

A lo largo de este relato, que cuenta con el soporte del expediente del caso e informes de la Fiscalía, se menciona que, luego de interceptaciones fiscales, Christiansen habría entablado una conversación con Boris Platonoff Serrano – ex director administrativo del Ministerio del Interior y principal implicado en la investigación por asociación ilícita– en donde María Paula dice: “yo he sido la mano derecha del José durante siete años”.

Sin embargo, en el informe se menciona que María Paula Christiansen no ha podido ser vinculada en el caso.

El proceso

En noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un proceso de investigación porque existían sospechas de que en el Ministerio del Interior se habrían cometido actos de corrupción en la adjudicación de contratos para la compra de caballos, chalecos, municiones y automotores, según detalla información de diario El Comercio.

En este proceso, mientras se investigaba un supuesto delito de concusión, la fiscalía encontró elementos que involucraban a Christiansen y otros sujetos en un presunto delito de tráfico de influencias.

Aunque Contraloría y Fiscalía analizaron estas irregularidades y, pese a que esta última institución determinó que María Paula Christiansen, junto con dos sujetos más se habrían asociado para exigir pagos a proveedores del Ministerio del Interior, durante 2014, su abogado, Diego Chimbo, aseguro que no hubo una investigación por concusión y que su defendida no fue vinculada ni acusada directamente.

La fiscal de ese momento (2018), Claudia Romero, dijo que Christiansen había salido del país con su esposo y que ella no manejaba cuentas bancarias ni registraba bienes a su nombre.

Al ser consultado sobre estado actual de los procesos de Christiansen, su abogado Diego Chimbo dijo que su defendida no tiene ninguna orden de detención. “Ella estuvo involucrada en un caso de asociación ilícita de funcionarios del Ministerio del Interior en donde se le sacó una orden de captura, que ya fue levantada porque no se le encontró ningún indicio de participación”, relató.

Contratos de emergencia

Un examen especial de la Contraloría, que se determinó luego de las investigaciones del caso, señaló que entre convenios de pago y procesos de contrataciones, el Ministerio del Interior suscribió contratos por un total de $243’960.515,49, de acuerdo con información divulgada por Expreso en 2017.

“Los contratos bajo la mira se otorgaron de manera directa amparados por una emergencia institucional que Serrano declaró el 4 enero de 2013 y que fue extendida a través de varios acuerdos ministeriales”, señala el medio.

En 2014, María Paula Christiansen D. junto con el entonces ministro del Interior, José Serrano, viajaron a la India para la firma de un contrato por $24’479.500 con la empresa india MKU Private Limited para la compra de 41 mil chalecos de protección balística.

Mientras que, en 2015, Christiansen habría formalizado un convenio de pago de $1’834.894,65 con la empresa Road Track Ecuador S.A. por el servicio de monitoreo y rastreo satelital de los vehículos de la Policía.

ESTADO. María Paula Christiansen, en 2013, ocupaba el cargo de Directora Administrativa Financiera del Ministerio del Interior.
ESTADO. María Paula Christiansen, en 2013, ocupaba el cargo de Directora Administrativa Financiera del Ministerio del Interior.

Actualidad

Se conoce que actualmente María Paula Christiansen reside en Miami, Estados Unidos, en donde es propietaria de Mint Wellness Center, centro estético que cuenta con una sede en Quito.

En diferentes notas de prensa internacional a Christiansen se la cataloga como una esteticista médica con experiencia en la industria de la belleza y el bienestar, sin mencionar sobre su trayectoria en el sector público del Ecuador.

Fue premiada por el Women Economic Forum (WEF) en la categoría de “mujeres icónicas” y, de acuerdo con el Diario Las Américas, en mayo de 2021, abrió una nueva empresa de diseño, decoración y remodelación de interiores denominada ‘Mint Design’, en Miami.

Según su página de Linkedin, en donde no registra su experiencia en el sector público, es General Manager en Mint Wellness Center desde noviembre de 2017, en Fort Lauderdale, Miami.

Caso estafa ISSPOL

Frente a la mención del cheque por $230 mil girado a su nombre por el principal acusado del caso ‘ISSPOL’, el abogado de Christiansen, Diego Chimbo, dijo desconocer del tema. “De eso yo no me puedo pronunciar, no conozco y tampoco me ha autorizado la señora María Paula Christiansen, imposible que yo le de un argumento”, mencionó de manera cortante.

Contrato para la adquisición de vehículos para la Policía Nacional

En 2015, María Paula Christiansen, como coordinadora general administrativa financiera del Ministerio del Interior, firmó un contrato de Emergencia Internacional para la adquisición de vehículos para el restablecimiento del control del orden, en el que Juan Francisco Herdoiza registra como distribuidor autorizado de la fábrica INKAS ARMORED VEHICLE MANUFACTURING y contratista. En el documento no se especifica el valor del contrato.

Este sería uno de los contratos emergentes autorizados por María Paula Christiansen, mediante los cuales, según un informe de Contraloría, se habría destinado un monto total de $243’960.515,49.

“Hay una investigación previa que nació a partir del primer proceso en el que dijeron que ella (Christiansen) no tiene que ver, pero no existe una instrucción fiscal o un proceso formal. Es una investigación previa que ya tiene tres años de antigüedad y que incluso ya se encuentra cerrada porque no existen elementos ni indicios”, Diego Chimbo, abogado de Ma. Paula Christiansen. 

“Este caso es uno de los mayores perjuicios cometidos en este país a la Policía Nacional. Hablamos de alrededor de $940 millones de estafa al ISSPOL. Robaron a la Policía y eso es un hecho sui generis”, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Ecuador concretó más de $480 millones en nuevas inversiones mineras

El Gobierno de Lasso busca atraer más de $30.000 millones de nuevas inversiones hasta 2025.

Dos contratos impulsarán la exploración de oro y cobre en Imbabura y Los Ríos. El Gobierno emitió dos decretos para facilitar la llegada de capitales privados.

En el marco del Ecuador Open for Business, el Gobierno ecuatoriano firmó dos nuevos contratos de inversión este 19 de noviembre 2021.

Esos contratos están relacionado con el sector minero en el país. En primer lugar, la empresa Lumina Gold Corp se hace cargo de cuatro concesiones en la provincia de Los Ríos, específicamente en el completo llamado Cangrejos.

Con una inversión inicial de $35,6 millones, se desarrollarán operaciones de exploración de oro y cobre. Sin embargo, si se encuentran minerales suficientes, las concesiones abren la puerta a una producción por 25 años.

En segundo lugar, la empresa SolGold Ecuador se comprometió a iniciar los trabajos de exploración de oro y cobre en el proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura.

La concesión es por 15 años; y la inversión inicial se estableció en $430 millones.

Guillermo Lasso, presidente de la República, explicó que estos dos contratos se elaboraron en los últimos dos meses, lo que significa una reducción significativa de tiempo porque normalmente este tipo de entendimientos demoran hasta dos años en construirse.

«Una de las principales funciones como Presidente de la Republica es actuar como facilitador. Estoy aquí para luchar contra los procesos burocráticos», dijo.

Los anuncios de nuevas inversiones se dan un día después de que el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, asegurara que el catastro minero se abrirá desde enero 2022. La meta del Gobierno es concretar más de $4.000 millones en nuevos proyectos en el sector hasta 2025.

Dos decretos para impulsar la inversión

A la par del anuncio de los nuevos contratos, el presidente Lasso firmó dos decretos ejecutivos. En el primero se da viabilidad a la creación de la Ventanilla Única de Inversiones, cuyo objetivo es reunir los trámites de 35 instituciones públicas en una sola plataforma virtual.

Así, el Gobierno busca simplificar y reducir los procesos que se necesitan para iniciar una inversión en el país.

«Queremos evitar tenerlos de un edificio a otro, de una plataforma a otra. Ustedes como inversionistas vienen al Ecuador a hacer negocios y no a hacer papeleo», afirmó el primer mandatario a los participantes en el Ecuador Open for Business.

El segundo decreto, por su parte, da paso al establecimiento de la secretaria técnica de Asociaciones Público-Privadas y gestión delegada. Esta instancia debe convertirse en el interlocutor directo entre las autoridades y los inversionistas.

Lasso recalcó que Ecuador es una tierra de oportunidades para los negocios; e incluso invitó a los empresarios internacionales para que pongan oficinas regionales y analicen la posibilidad de venirse a vivir en el país.

«Cada nuevo proyecto es una fuente de generación de empleo para padres y madres de familia y jóvenes», concluyó. (JS)

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