Contraloría recupera 43.000 documentos afectados en incendio de 2019

Equipos de trabajo recuperan documentos de la Contraloría

La Contraloría General del Estado reconoció que sí se perdieron documentos, pero que estos no afectan a los procesos de sanciones.

Después de 14 meses de trabajo, la entidad ha recuperado 43.000 documentos, que fueron afectados en las manifestaciones de octubre de 2019.

Los documentos contienen información de sanciones administrativas y civiles se encontraban en el archivo de la Dirección Nacional de Responsabilidades de la Contraloría y otras unidades, cuando ocurrió el incendió que afectó a la institución de control.

Entre los documentos que se recuperaron constan órdenes de pago, boletas de notificación, certificaciones; mismos que son parte de los procesos de juzgamiento de la Contraloría.

«En mayo de 2020 se inició este trabajo que significó la evaluación, validación, organización y codificación de documentos. La recuperación no se suspendió ni por efectos de la pandemia, es un trabajo minucioso, de hoja por hoja” señaló en el comunicador, Carlos Riofrío, contralor subrogante.

 

 

Aprobado reglamento para designar al nuevo Contralor

El Consejo de Participación Ciudadana sesionó al menos siete horas para aprobar el reglamento.

Entre gritos y cuestionamientos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el reglamento para elegir al reemplazo de Pablo Celi.

Con cuatro votos afirmativos se aprobó el reglamento para la elección de Contralor. La aprobación ocurrió en la sesión extraordinaria que se desarrolló la tarde y noche de este domingo 18 de julio de 2021 de manera virtual. Los siete consejeros se dieron cita para conocer y aprobar este proyecto, que incluiría los aportes de la sociedad civil.

El secretario dio lectura al texto, pero su contenido generó incertidumbre en los consejeros de minoría Hernán Ulloa, Francisco Lorenzo Bravo y María Fernanda Rivadeneira; denunciaron que el documento habría sido mutilado, pues se modificó el artículo 38 y se eliminó el artículo 40, 42 y 45 del reglamento que hace referencia a la evaluación práctica y a la convocatoria del equipo de catedráticos y pedagogos. Además, se cambió la puntación del cuadro de valoración en relación a la formación, experiencia y capacitación.

El proyecto borrador original señalaba que los postulantes debían rendir una evaluación práctica calificada con 20 puntos; no obstante, la propuesta aprobada eliminó este requisito y estableció 50 puntos para la prueba de conocimiento y 50 puntos para los méritos, lo que suma los 100 puntos necesarios.

También en el proyecto presentado este 18 de julio, se eliminó la frase que determinaba que los postulantes que no concurran a rendir la prueba de conocimientos en el lugar día y hora fijados sean descalificados del proceso.

Estas son algunas de las modificaciones aprobadas con los cuatro votos de mayoría, correspondientes a Sofía Almeida, presidenta; David Rosero, vicepresidente; y los consejeros Juan Javier Dávalos y Gabriela Iveth Estupiñan.

Tras la lectura de proyecto de reglamento, el vicepresidente del Consejo David Rosero mocionó que se apruebe de forma integral el proyecto. Esto disgustó a los consejeros de minoría que pedían debate.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dio paso a las intervenciones de los consejeros. Hernán Ulloa explicó que la eliminación de la evaluación práctica sugerida por la ciudadanía no fue motivada ni explicada. Por lo cual cuestionó que esta se haya  eliminado del reglamento y propuso que en la prueba escrita se incluya la prueba práctica. 

Según Rosero, la propuesta de eliminación vino del ciudadano Byron Andrés López Ríos y él argumentó que la “prueba práctica puede tener altos niveles de subjetividad, con lo cual el concurso puede volverse inestable y vulnerable”. En este sentido, Rosero dijo que se acogió este criterio. No obstante, en el documento ingresado por López no consta esta explicación.

Por los cambios realizados en el proyecto, Ulloa mocionó la suspensión de la reunión por 24 horas, para analizar artículo por artículo, es decir, las 26 páginas y 53 artículos de la propuesta. Esta moción no fue puesta a votación del pleno del Cpccs. La presidenta, dijo: “Hemos tenido un mes para trabajar y necesitamos dar respuestas a la ciudadanía”.

La consejera Rivadeneira señaló que no se está tomando en cuenta a la ciudadanía porque al Cpccs llegaron 14 aportes de instituciones y personas naturales con 87 observaciones para el proyecto y que solo ocho fueron tomados en cuenta. Mediante Quipux, la consejera envío sus modificaciones al reglamento.

Por su parte, el consejero Bravo señaló que las modificaciones actuales cambian los valores y porcentajes a la formación y capacitación de los postulantes.  Preguntó cuál fue el criterio técnico para dichas modificaciones, pero no obtuvo respuesta.

Cerca de las 22:00, la presidenta del Cpccs aseguró que se había debatido lo suficiente y llamó a votación de dos mociones: una, la incorporación de todos los cambios sugeridos por los consejeros al reglamento, y dos, la aprobación integral del reglamento en sí. Esta propuesta fue hecha por el vicepresidente Rosero.

Los tres consejeros de minoría cuestionaron esta moción porque -a su juicio- hasta el momento de la sesión se desconocían si sus observaciones iban o no a ser incluidas y en el caso de serlas cuáles serían los cambios que se van incluir, en qué parte se harían las modificaciones y cómo quedará la versión final del texto.  No obstante, la presidenta dio paso a la votación.

Rivadeneira insistió en que no eran ilegales las observaciones de la ciudadanía y empezó a explicar sus modificaciones; en ese momento, la presidenta del Cpccs la interrumpió y le exigió que consignara el voto. Los gritos de Almeida y Rivadeneira se entrecruzaron. Almeida la acusó de dilatar el proceso, mientras que Rivadeneira le decía que no mintiera al país. Tras no conseguir el voto, se silenció el micrófono a Rivadeneira. El consejero Bravo objeto este accionar y también fue silenciado. Almeida gritaba: “no le mienta al país, no difame el proceso, usted está difamando el proceso y deslegitimando, qué intereses tendrá usted consejera”.

El ambiente se caldeo más en la votación del reglamento. Almeida acusó de dilatar el proceso a los tres consejeros de minoría. Dijo “no lo van a lograr”. En ese momento,  Hernán Ulloa pidió la apelación de la presidenta Almeida, es decir, que la sesión sea dirigida por el vicepresidente del Consejo hasta que el peticionario motive la apelación y la presidenta se defienda; luego se llamaría a votación al pleno. Esta acción tampoco avanzó, Ulloa presentó sus argumentos y Rosero llamó a votación. Tras el cruce de palabras, la presidencia volvió a Almeida y Ulloa fue silenciado.

Sin conocer la versión final del reglamento se pasó a la votación. Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos y Gabriela Iveth Estupiñan votaron a favor. Mientras que Francisco Lorenzo Bravo y María Fernanda Rivadeneira votaron en contra y Hernán Ulloa se abstuvo.

Ahora, la secretaría general del Cpccs trabaja en la incorporación de los cambios sugeridos. Se prevé que en estos días, el Consejo de Participación Ciudadana con el reglamento aprobado solicité el presupuesto  al Ministerio de Finanzas. (MC)

Dato:

Entre seis y ochos meses durará el proceso de designación de la nueva autoridad de Contraloría General del Estado que reemplazará al excontralor Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 por el supuesto de delito de delincuencia organizada.

Subcontralor defiende ante la Asamblea legalidad de su cargo

El subccontralor Carlos Riofrío fue interrogado por integrantes de la Asamblea Nacional.

Carlos Riofrío aseguró que no tiene impedimento para ejercer las funciones de Contralor General del Estado subrogante ante las preguntas de los asambleístas.

La tarde de este 12 de julio de 2021, Carlos Riofrío fue convocado por primera vez a comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos de la Asamblea Nacional. El subcontralor general, nombrado por Pablo Celi, empezó su exposición señalando los hechos que legitimarían su nombramiento.

Citó que el excontralor general del Estado, Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 de Quito por el caso Las Torres, tenía licencia por enfermedad entre el 14 al 24 de junio. Un día después aceptó la renuncia de la subcontralora Valentina Zarate y luego, en ejercicio de sus funciones, lo nombró como subcontralor general y contralor subrogante desde la cárcel.

Esto generó una lluvia de preguntas. La asambleísta Sofía Sánchez, Victoria Desintonio y el legislador Virgilio Saquicela lo interrogaron sobre la legalidad de su designación, su perfil profesional para ocupar el cargo y le pidieron la documentación para revisar. También se cuestionó el origen de la designación de los dos últimos contralores procesados: Pablo Celi y Carlos Polit, prófugo en Estados Unidos.

El  contralor subrogante Carlos Riofrío se defendió asegurando que cumple con el perfil para ejercer las funciones de Contralor General del Estado y que jamás ha visitado o ha tenido contacto con Celi.

Las respuestas del contralor subrogante no disiparon todas las dudas de los asambleístas. Con ocho votos, la Comisión aprobó suspender la sesión para verificar la documentación. Además, la asambleísta Desintonio mocionó que las preguntas no constatadas por el contralor Carlos Riofrío, sean requeridas como dispone los artículos 75 y 76 de la Ley de la Función Legislativa. Por unanimidad se aprobó el pedido.

También hoy (12 de julio), a la misma hora en que compareció el contralor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aceptó la renuncia del excontralor Pablo Celi y dispuso que se notifique del particular a la Asamblea Nacional. (MC)

Calificado el juicio político a Pablo Celi

Pablo Celi, contralor, subrogante, guarda prisión en la Cárcel 4 de Quito.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó, la tarde del 30 de junio, el juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celi, que fue presentado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.

La moción fue presentada por el legislador Pedro Velasco. Los nueve legisladores de la comisión votaron a favor de esta petición. Tanto Lloret cómo Celi tienen un plazo de 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo.

Pero este es solo uno de los problemas que se deben resolver al interior del parlamento. El juicio contra René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno, está represado.

El plazo para su sustentación venció el 28 de mayo. No existió el informe respectivo y sus dos interpelantes, los socialcristianos, Mercedes Serrano y Dennis Marín ya no son legisladores.

En un intento por solventar este aspecto, la Asamblea designó, el 25 de junio, a Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), como los nuevos interpelantes.

Pero la Comisión de Fiscalización no tiene en sus planes inmediatos dar trámite al tema de Ortiz. Por ello, el 29 de junio resolvieron por unanimidad, remitir un informe a Guadalupe Llori, presidenta del legislativo, recomendando el archivo del caso.

La tarde del 30 de junio, la Asamblea hizo público un comunicado en el que se lanzó la convocatoria para el 1 de julio, en donde se abordará el caso de Ortiz.

Guadalupe Llori: el «CPCCS debe nombrar Contralor encargado»

Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

La presidenta del legislativo ecuatoriano utilizó sus redes sociales para sugerir que el CPCCS nombre un Contralor encargado.

Para Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), «debería nombrar un Contralor encargado» hasta que se nombre el Contralor definitivo.

Estas declaraciones la realizó a través de sus cuentas en redes sociales, en medio de críticas que el Legislativo recibe por no agilizar un juicio político en contra de Pablo Celi, el actual Contralor subrogante. Celi se encuentra en prisión desde el 14 de abril de 2021, acusado de formar parte de una estructura delincuencial que involucra a altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno.

«Este organismo (el CPCCS) tiene plena y exclusiva competencia para designar autoridades», acotó. Según Llori, el pleno de la Asamblea «no ha privilegiado un juicio político por sobre otro».

La funcionaria sostuvo que no existe una «intención» de «impedir un juicio político» en contra de Celi, sino que hay un impedimento legal que no permite que al mismo tiempo se desarrollen más de un juicio.

Se refiere al artículo 81 de la Ley Orgánica de la Ley de la Función Legislativa. «Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión».

Los juicios políticos en contra de René Ortiz, exministro de Energía; Freddy Carrión, actual Defensor del Pueblo; y, Pablo Celi; Contralor (s), se encuentran en la mira del legislativo. (AS)

Pablo Celi no contempla renunciar a su cargo

Pablo Celi, Contralor General del Estado.

La presunta estructura criminal en la que estaría involucrado Celi, habría operado en Petroecuador, la secretaría de la Presidencia y la Contraloría.

La renuncia, una de las tres alternativas para que Pablo Celi, Contralor General del Estado subrogante, deje el cargo, no está entre las posibilidades que la autoridad maneja. Así lo reveló su abogado Marcelo Ron, en una entrevista con El Comercio.

Al contrario de lo que sectores políticos y sociales han manifestado, la intención de Celi es regresar a su cargo para «reivindicar su nombre«. Y logrado ese cometido sí presentar la renuncia y dejar a cargo de esta institución a un subcontralor. Así lo manifestó Ron.

Pablo Celi permanece en la cárcel 4 (norte de Quito), desde el 14 de abril de 2021. Es acusado por la Fiscalía General del Estado (CGE) de formar parte de una estructura criminal que se encargaba de desvanecer glosas de empresas que mantenían deudas con el Estado.

Esta estructura criminal habría operado en Petroecuador, la secretaría de la Presidencia y la Contraloría.

Para que Celi pierda su condición de Contralor se manejan tres alternativas: la renuncia voluntaria; juicio político y posterior censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional; o que pese sobre él una sentencia ejecutoriada en firme que lo saque del cargo. (AS)

Juez ratifica prisión preventiva para Pablo Celi

El contralor subrogante es acusado del presunto delito de delincuencia organizada.

El contralor subrogante permanecerá en la Cárcel 4, de Quito, en espera del término del proceso que se le sigue por supuesta delincuencia organizada.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Felipe Córdova ratificó la orden de prisión preventiva dictada al contralor subrogante Pablo Celi, por lo que el funcionario permanecerá recluido en la Cárcel 4, al norte de Quito.

Celi es investigado, junto a otros implicados, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres. Según la hipótesis de la Fiscalía, Celi habría desvanecido glosas a cambio de dinero que recibía de empresas que se beneficiaban por no ser sancionadas y poder seguir contratando con el Estado.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, Diana Salazar, fiscal general del Estado, incorporó varios elementos de convicción, como documentos y chats, producto de las pericias de desmaterialización de los dispositivos electrónicos que se encuentran en cadena de custodia.

Entre los elementos presentados constan conversaciones entre el contralor subrogante Pablo Celi con varios de sus subalternos, quienes dijeron no haber actuado bajo las disposiciones de él, en sus versiones ante Fiscalía. Sin embargo, en dichos chats se confirma que se actuó de manera contraria.

Además, se presentaron documentos que señalarían el desvanecimiento de glosas que concuerdan –en sus fechas– con el modus operandi de la estructura. Según la teoría del caso de Fiscalía, se emitieron glosas a las entidades, se recibía el pago a través de las empresas cuyos representantes son procesados y luego la glosa era desvanecida.

El juez Córdova señaló que, pese a los argumentos expuestos por las defensas de los procesados, no se han desvanecido las situaciones que motivaron la orden de prisión preventiva y por esa razón se acogió el pedido de Fiscalía.

El magistrado también rechazó la solicitud de revocatoria y sustitución de medidas cautelares, y ratificó la orden de prisión preventiva en contra del procesado por el mismo caso Luis A..