El Gobierno tiene pendiente cumplir con 11 compromisos con el FMI hasta finales de 2022

IMPORTANCIA. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, tiene el reto de terminar exitosamente el programa con el FMI.

La elaboración del presupuesto para 2023 y una mejor legislación contra el lavado de dinero están entre las tareas para acceder a $700 millones.

Luego del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el segundo mayor financista del presupuesto público es el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la fecha, el saldo de la deuda con ese multilateral está en alrededor de $7.500 millones.

Los préstamos de organismos internacionales son los más baratos que se pueden conseguir en las actuales circunstancias. El promedio de la tasa de interés es menor al 4% y los plazos de pago llegan por lo menos a 17 años.

Por eso, ante la subida constante de las tasas de interés a escala mundial, la mejor opción del Gobierno de Guillermo Lasso es mantener el acuerdo con el FMI, y cumplir con los compromisos pendientes hasta diciembre de 2022.

Así se asegurará el último desembolso por $700 millones dentro del acuerdo de financiamiento vigente. Además, se mantiene la puerta abierta para posibles líneas de crédito en los próximos años.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante su última rueda de prensa en Guayaquil, recordó que desde hace más de veinte años no se ha logrado culminar con éxito un acuerdo con el FMI. Esto ha abonado al perfil de país incumplido y riesgoso que tiene Ecuador.

“Nosotros estamos trabajando por el bienestar de los ecuatorianos y es el mejor interés de los ecuatorianos culminar con éxito un acuerdo con los multilaterales y seguir trabajando en equipo, porque son ellos los que nos facilitan recursos en las mejores condiciones: plazos amplios, tasas bajas e inclusive años de gracia para, con esos recursos, asegurar el gasto social”, puntualizó.

Puntos claves

Para culminar con éxito el acuerdo con el FMI, y poder recibir los $700 millones restantes hasta finales de este año, Arosemena tiene varios retos. Por ejemplo, hasta octubre debe presentar el presupuesto estatal para 2023 ante la Asamblea Nacional.

En ese cálculo se deben ver reflejados los compromisos de optimización de gasto, sobre todo en nómina y temas administrativos. Según Eduardo Mora, economista y consultor internacional, para este año se espera un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de alrededor de $2.200 millones; mientras en el último informe del FMI se proyecta que el monto no supere los $741 millones de déficit para el próximo año.

Arosemena no ha dado todavía mayores detalles sobre el presupuesto, pero puntualizó que se trabajará con prudencia, debido a que “los recursos son escasos y el precio del petróleo es muy volátil”.

El Gobierno de Lasso también tendrá que cumplir con la emisión de una ley más robusta contra el lavado de dinero; más transparencia en los balances de Petroecuador y la banca pública; aumento de la cobertura de los programas sociales; auditorías y mejores procesos en la contratación pública; y más transparencia en los miles de millones de atrasos y obligaciones pendientes que se arrastran desde hace años con instituciones públicas como el IESS y proveedores privados; entre otros que suman en total 11 compromisos.

Ana Belén Endara, economista y docente, comentó que ya se cumplieron pasos previos como la emisión, durante el 20 de junio de 2022, de decretos ejecutivos para optimizar el gasto y evitar procesos no competitivos en las compras estatales.

Además, en mayo de 2022, se firmó un convenio para auditar y luego pagar la deuda histórica (sobre todo en salud) con el IESS.

“El Gobierno debe encontrar un difícil equilibrio entre mantener controlado el déficit fiscal, pero no descuidar el pago de las deudas heredadas, la inversión pública, y los crecientes gastos sociales. La focalización de los subsidios de los combustibles y un mejor sistema de compras públicas podrían ayudar en ese fin”, aseveró. (JS)

$800 millones de ingresos adicionales permanentes desde 2023 aportará la reforma tributaria. Una mejor administración tributaria debería contribuirr con $400 millones más.
La última carta de intención fue firmada el 6 de junio de 2022 por el exministro Simón Cueva y el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán.

Detalle de las tareas pendientes con el FMI

1.- Emitir nueva legislación antilavado de dinero en la línea de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional. El plazo es hasta octubre de 2022.

2.- Elaboración y publicación de auditorías independientes de los balances de Petroecuador y Petroamazonas correspondientes a 2019 y 2020. Además, la auditoría de los balances de 2021 de la nueva empresa fusionada bajo el nombre de Petroecuador.

3.- Balances auditados de todos los bancos públicos de 2019 y 2020.

4.-Identificar claramente todos los pagos y obligaciones pendientes con el IESS en temas de salud, además de otros atrasos con los gobiernos locales, sistemas de seguridad social, proveedores privados, etc. Se debe establecer la naturaleza del gasto, desde cuándo está pendiente la obligación y los beneficiarios.

5.- Hasta finales de septiembre de 2022, el Sercop debe publicar y transparentar la información de los beneficiarios finales de las 100 empresas con más contratos con el Estado.

6.- Emitir legislación para fortalecer el sistema de prevención y manejo de conflictos de interés en el sector público. Ampliar el actual sistema de declaración patrimonial, con el fin de incluir todos los ingresos e intereses de altos funcionarios y personas políticamente expuestas.

7.- Publicar información detallada y explicativa de la deuda con el IESS y las revisiones que se hacen para saldar esa obligación.

8.- Compartir con el staff del FMI los resultados de las auditorías a los gastos tributarios de las 100 mayores empresas contratistas del Estado durante 2020 y 2021.

9.- Presentar un presupuesto público para 2023 bajo los parámetros del acuerdo con el FMI en temas como déficit fiscal, reducción de gasto, entre otros

10.- Completar las auditorías del sistema de salud correspondientes a los años 2020 y 2021

11.- Expandir la cobertura de los programas de asistencia social a no menos del 70% de las familias en los tres niveles de más bajos ingresos.

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HECHO. El ministro de Economía, Simón Cueva, tiene que manejar un presupuesto lleno de problemas.

Las autoridades aseguran que están comprometidas a bajar el gasto, pero el presupuesto estatal para 2022 aumentó un 4%. Los recortes grandes llegarían desde el próximo año.

Una de las principales críticas que recaen sobre el aumento en el impuesto a la renta de las personas naturales es que, como contraparte, no se ve un esfuerzo real del Gobierno por reducir “el obeso sector público y su burocracia ineficiente”.

Así, por ejemplo, María Luisa Carrera, abogada y docente, comentó que no tendría problema en pagar más al fisco si la gran parte de los recursos no se malgastaran o despilfarraran para mantener una estructura estatal que ni siquiera da buenos servicios.

Para 2022, el presupuesto presentado por la administración de Guillermo Lasso establece un aumento de casi el 4% en los gastos totales, en comparación con 2021. En concreto, se proyecta gastar $27.898 millones en todo el año, o alrededor de $77,49 millones diarios.

Altos pagos pendientes

El ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que ese mayor gasto se da por mayores transferencias sociales,  a Gobiernos locales, y pagos de intereses y amortizaciones de deuda.

Sin embargo, Verónica Rodríguez, economista, dice que no hay cambios sustanciales con respecto al manejo presupuestario del Gobierno anterior.

“Se ha repetido muchas palabras como eficiencia y prioridades, pero se sigue castigando la inversión pública (obras y mantenimiento); mientras los principales problemas no tienen estrategias de solución”, dijo.

El ajuste en serio comenzará en 2023

José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, aseguró que el ajuste en el gasto público si es una prioridad, pero no se podía hacer de buenas a primeras sin antes entender la funcionalidad de cada sector.

Desde 2023, y una vez que se espera que se consolide la recuperación de la crisis pandémica, el Gobierno prevé encaminar todos sus esfuerzos para reducir los egresos estatales en alrededor de $3.000 millones, o 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

En primer lugar, Castillo puntualizó que se avanzará gradualmente en la focalización del subsidio a los combustibles. Esto quiere decir que el congelamiento de precios, decretado a finales de 2021, solo se mantendrá hasta tener una solución definitiva para compensar a los sectores más pobres y la transportación.

“La discusión de si es bueno o malo el subsidio tiene que superarse porque claramente la estructura que se mantiene es ineficiente y contraproducente con políticas relacionadas con el ambiente. Asimismo, es tremendamente inequitativa”, dijo

El horizonte a mediano plazo es de precios e importación de combustibles totalmente liberados.

Reducción de personal

En segundo lugar, también se trabajará en reducir la masa salarial “de manera gradual y coordinada”. El enfoque será eliminar duplicidades en funciones e instituciones, además de nuevas contrataciones con menores sueldos.

En tercer y cuarto lugar, de 2021 a 2022 se están realizando auditorías financieras a toda la banca pública, empresas estatales y Gobiernos locales. Con eso se espera corregir el malgasto y despilfarro.

Dentro de la banca pública, también se hacen auditorías para concretar la fusión entre la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador.

Combatir la ineficiencia en las compras públicas

Cuatro de las acciones para reducir el gasto improductivo están relacionadas con reformas y mejoras en el sistema de compras públicas. En ese sistema, a través de procesos fraudulentos, se pierden al menos $1.500 millones cada año.

Uno de los principales problemas es que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.

Para enfrentar esto, Castillo recalcó que se está trabajando con el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) para mejorar el registro de información de beneficiarios finales. El objetivo es alertar tempranamente riesgos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

Compras irregulares en pandemia

Por otro lado, se ha decidido auditar los 100 contratos más grandes, como respuesta a los exámenes de Contraloría sobre irregularidades dentro de los procesos por la emergencia de la COVID-19.

Como un primer resultado de esos esfuerzos, el 13 de enero de 2022, Sercop entregó 14 denuncias en Fiscalía sobre seis delitos encontrados en compras públicas: falsificación de documentos, tráfico de influencias, ataque a la integridad de sistemas informáticos, cohecho, estafa y peculado.

LA HORA pidió mayores detalles sobre esas denuncias y reformas que se buscan implementar para reducir las pérdidas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta desde Sercop.

Mejorar la contratación pública

El viceministro Castillo puntualizó que la contratación pública necesita mejores sistemas tecnológicos, y aspectos aparentemente tan simples como la interconexión con otras bases y sistemas dentro del mismo Estado.

Además, también se deben hacer cambios para reducir el creciente número de procesos que se declaran desiertos; o que se realizan con un solo oferente (40% del total), a pesar de que se catalogan como supuestamente competitivos. (JS)

Nuevos impuestos y contribuciones no solucionan el problema fiscal

De acuerdo con José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, la reforma tributaria no soluciona los problemas del Estado.

“Es una reforma moderada, pero que contribuye estructuralmente a modificar los déficits fiscales que se han mantenido por años”, dijo.

Es decir, el hueco entre ingresos y gastos no se va a cubrir con lo que se recaude con el aumento en el impuesto a la renta y la creación de las contribuciones temporales sobre el patrimonio.

En 2022, por impuesto a la renta de las personas naturales se tendrán ingresos por $72 millones; mientras las contribuciones darán alrededor de $728 millones. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado será de casi $3.000 millones.

En 2023, la recaudación adicional será de $1.129 millones (renta y contribuciones); y a partir de 2024, ya sin el impuesto temporal sobre el patrimonio, el fisco recibirá $662 millones todos los años.

Ecuador pierde $1.500 millones al año en compras públicas

PROBLEMA. El Estado compra mal y se reducen los recursos para temas importantes.

De cada $100 gastados, $25 se pierden en procesos fraudulentos, al año. Las entidades públicas planifican mal sus contrataciones y los procesos engorrosos facilitan las irregularidades.

En los últimos cinco años, se ha gastado un promedio de $6.000 millones en compras públicas. Sin embargo, alrededor de $1.500 millones se pierden en procesos fraudulentos e ineficientes.

En otras palabras, de cada $100 contratados, al menos $25 terminan destinados a favorecer negociados, contratos sin beneficio para el Estado, y el despilfarro de recursos públicos en medio de un país en constante crisis económica.

Estos $1.500 millones malgastados representan cubrir más de dos veces lo que se necesita para rehabilitar la red de escuelas públicas en todo el país; o para financiar 24 veces los insumos y medicamentos que necesita un hospital grande como el Carlos Andrade Marín.

Durante el foro ‘Ecuador Open for Business’, el ministro de Producción, Julio José Prado reconoció que las compras públicas fraudulentas suman esos millonarios montos; pero aseguró que se están trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para solucionar el problema.

Sin embargo, Rocío Marín, economista e investigadora en temas de compras públicas, comentó que el actual Gobierno se ha llenado de discursos y buenas intenciones, aunque no se ve una ruta clara ni acciones concretas para ir frenado el despilfarro y que se adquiera lo que realmente se necesita.

“El sistema de contratación es engorroso, poco práctico y permite múltiples resquicios para la corrupción. La mala gestión en las compras no solo significa perder dinero, sino incluso también pérdidas de vidas, en el caso de la falta de provisión de medicamentos en los hospitales”, dijo.

Las promesas de mejora y más agilidad en el sistema se vienen dando desde el Gobierno de Rafael Correa, sin embargo, las pérdidas continúan.

LA HORA consultó al Sercop sobre los puntos críticos de corrupción y despilfarro que se han detectado; y cómo se está trabajando para revertir la situación; pero, hasta el cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas.

Nadie se hace responsable

Durante una entrevista televisiva, el subdirector del Sercop, Luis Alberto Andrade, aseguró que la institución no es responsable de la creación de los procesos de compras; y solo se limita a cumplir lo que dicen las leyes vigentes.

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales problemas es que la mayoría de las instituciones públicas planifica mal las contrataciones necesarias para cada año.

Esa mala planificación abre la puerta a la deficiente ejecución de los presupuestos y el despilfarro.

“Yo quiero creer que es impericia o ineptitud. No sabemos si hay otros temas adicionales a ello”, acotó

Por su parte, desde ministerios, hospitales, empresas y entidades públicas, se argumenta que los mecanismos de contratación, incluyendo las aprobaciones, son lentos y se mantienen figuras que facilitan la corrupción.

Así, por ejemplo, se apunta a que es excesiva la existencia de ocho etapas o pasos para las compras. Incluso, el gerente encargado del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Andino, ha puntualizado que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.

Marín recalcó que a todo esto se suma que, a pesar de los avances en el establecimiento de bases de datos abiertos para cierto tipo de contrataciones, la mayor parte del sistema todavía tiene vacíos que permiten la discrecionalidad y la poca transparencia. (JS)

El sector de la salud describe el caos en la contratación pública

Actualmente, el nivel de abastecimiento de medicinas ha caído del 69% al 52% en todo el sistema de salud pública.

Esta realidad es el resultado directo de un sistema sin controles efectivos y donde la ejecución de los presupuestos en algunos casos no llega ni al 20%.

Daniel Rodríguez, gerente general del hospital Carlos Andrade Marín, ha cuestionado que existan “muchas mañas” en todo ese sistema.

Por ejemplo, se han denunciado prácticas como la llamada entrega circular, donde el proveedor de medicinas o insumos supuestamente desembolsa la mitad del pedido en la tarde; sin embargo, en la noche del mismo día saca los productos y al día siguiente los vuelve a entregar, como si estuviera cumpliendo con la totalidad del contrato.

Estas irregularidades se magnifican también por la falta de tecnología que permita rastrear efectivamente el destino de los insumos que se compran.

Al inicio del actual Gobierno, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció varias medidas correctivas; pero no hay información de que se las esté aplicando y cuáles son sus resultados.

La regularización completa del abastecimiento de medicinas se ofrece recién para marzo de 2022.