Cali, entre la pobreza, el narcotráfico y las protestas contra el Gobierno

Varias personas protestan en el barrio Siloé, escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, en Cali (Colombia). (EFE)

La ruptura del tejido social está en la base del estallido de las movilizaciones de las dos últimas semanas en la ciudad colombiana de Cali, epicentro de las protestas contra el Gobierno, en opinión de analistas.

Cali, capital del departamento agroindustrial del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia, pero con el 21,9% de su población viviendo en la pobreza, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esa cifra, si bien es inferior a la de otras ciudades como Quibdó (60,9 %) o Riohacha (49,3 %), en Cali, por su población de 2,27 millones de habitantes, hace más evidentes sus problemas sociales, agravados por la violencia del narcotráfico.

«Cali es un cóctel explosivo muy complicado donde el narcotráfico juega un papel muy importante», asegura a Efe el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia y experto en políticas públicas, derechos humanos, justicia, y política social.

En opinión de Cuervo, las imágenes que espantaron al mundo el pasado 9 de mayo de 2021, de hombres armados disparando desde camionetas blancas contra un grupo de indígenas que se dirigían a una manifestación e intentaron entrar a algunos conjuntos residenciales, son un reflejo de esa situación.

Actores violentos

Cali es además la principal ciudad del suroeste de Colombia, una de las regiones más convulsas del país no solo por la actividad de la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN) y de disidentes de las antiguas FARC, sino por el narcotráfico, que tiene en esa zona los mayores cultivos de coca del país y las rutas marítimas de salida de la droga hacia Estados Unidos por el océano Pacífico.

Pero aunque esos fenómenos también se dan en otros lugares de Colombia, como Medellín, que en los años 80 y 90 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo por el terrorismo de Pablo Escobar, el experto asegura que la situación de Cali es más compleja porque allí hay una ruptura del tejido social.

«En Cali hay una fractura de lo que se llama el tejido social, mientras que en Medellín hay cierto tejido social, hay un tejido social promovido por la propia institucionalidad, por los barrios, por las comunas; las juntas de acción comunal todavía juegan un papel importante, los líderes comunales», señala Cuervo.

Según la ONG Cali Cómo Vamos, la Comuna 20, formada por 11 barrios pobres, entre ellos Siloé, tuvo en 2020 un índice de pobreza multidimensional del 23%, es decir, sus habitantes tienen serias deficiencias en el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y servicios públicos; un componente que alimenta la insatisfacción popular, principalmente de los jóvenes, que no ven un futuro.

Parte del problema tiene que ver con el narcotráfico porque, añade Cuervo, «hizo que todos los lazos de confianza, de solidaridad, lo que llaman capital social, se vinieran abajo» en esos barrios de Cali.

Diálogos como herramienta ‘salvadora’ 

Resolver una crisis como la de Cali requiere «acciones de corto plazo, desescalar la violencia muy pronto y un diálogo con actores sociales», señala el analista, quien recuerda que a comienzos de los años 90 la Alcaldía de Cali tuvo una experiencia muy exitosa en ese sentido, que sin embargo no tuvo continuidad.

Por ello sugiere un diálogo en el corto plazo liderado, por ejemplo, por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, un cardenal muy comprometido con lo social y con mucha ascendencia sobre los sectores populares de la ciudad, así como vincular a líderes comunales para hacer «una microgestión del conflicto, barrio a barrio, comuna a comuna».

«Los alcaldes de Cali creen que gobernar (…) es construir obras, cemento, y se olvidan lo social», dice el experto, y añade que ante eso los jóvenes se rebelan y optan por la violencia para ser escuchados y reclamar «por qué nos olvidaron».

Mientras tanto, el Gobierno colombiano le reiteró al Comité Nacional de Paro, formado por sindicatos y organizaciones de la huelga del 28 de abril, la necesidad de «un diálogo urgente» y que se siente a la mesa de negociación para solucionar la crisis desencadenada por las multitudinarias protestas que vive el país.

Grupos armados de autodefensa se organizan en Cali

Manifestaciones. Manifestantes bloquean una vía y se enfrentan a la Policía colombiana, durante una protesta realizada en Cali (Colombia). EFE

Redacción CALI

«No vamos a permitir que los vándalos sigan destruyendo la ciudad», se escucha a algunos vecinos de barrios acomodados de Cali, el epicentro de las protestas en Colombia, donde las escenas de civiles armados en las calles por donde pasan manifestantes han hecho saltar todas las alarmas los últimos días.

Efectivamente, en algunas de las zonas donde viven las familias más privilegiadas de la tercera ciudad más importante de Colombia, los vecinos cuentan que hay asambleas para organizar «redes de seguridad civil».

«No vamos a permitir que los vándalos sigan destruyendo nuestro patrimonio», dijo a la agencia de noticias EFE un hombre que prefiere mantener el anonimato y que reveló que entre sus dotaciones hay una subametralladora.

En las unidades residenciales ahora se convoca para la organización de lo que algunos consideran grupos paramilitares, como si se tratara de una reunión para una fiesta infantil. Los aportes son pistolas, revólveres y fusiles. El servicio incluye patrullaje a las calles de las barriadas.

También se conoce de un grupo de WhatsApp llamado «Cali Fuerte», con 150 integrantes que planean «estrategias» para remover los bloqueos en la ciudad.

Colombia vive una de las mayores crisis políticas, después de 14 días de protestas y movilizaciones contra las políticas del Gobierno.

Las tragedias de las noches en Cali durante las protestas

Las manifestaciones en Cali, siguen presentes

En Cali las manifestaciones no cesan. El paro inició por las reformas tributarias y una vez retiradas, las peticiones son otras.

Su respiración se escucha tan rápido como si acabara de jugar un partido de fútbol, pero en realidad su cuerpo está inmóvil, parece muerto. La adrenalina viene del tiroteo que ocurre a pocos metros de donde está, tendido en una de las principales vías de la ciudad colombiana de Cali, mientras graba todo con su teléfono móvil.

Después, José Dávila se levanta, camina en medio de la oscuridad hasta donde está la misión médica y en medio del barullo se escuchan nueve balazos más.

Todo es caos otra vez en el sector de La Luna, uno de los sitios más convulsionados de la tercera ciudad más importante de Colombia, desde que se inició el Paro Nacional el pasado 28 de abril.

Esos disturbios dejan dos personas heridas con impacto de arma de fuego, una de ellas es amigo de José.

Estas dos personas donaban insumos médicos y alimentos a quienes mantienen vivas las protestas en ese sector céntrico de Cali.

 

Las protestas no cesan

Las movilizaciones fueron convocadas como parte del rechazo a una reforma fiscal,

propuesto por el presidente Iván Duque. El proyecto fue retirado, pero ahora las peticiones son otras.

Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité Nacional del Paro y el Presidente colombiano no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada el lunes, tras trece días consecutivos de movilizaciones sociales.

Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero, y después de que este domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena.

«El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (…) no dijo nada en concreto», dijo a Efe  el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Sindicalistas, organizaciones sociales, los profesores, entre otros los que se agrupan bajo la sombrilla del Comité Nacional del Paro convocaron para el próximo miércoles a un nuevo paro (huelga) nacional, el tercero de las protestas, pues hoy no hubo humo blanco.

A la reunión, realizada en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, asistieron además del jefe de Estado, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.

Además, acudieron como mediadores el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, y el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao.

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Cali se convierte en el epicentro de las protestas y represión

Violencia. Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las protestas en Cali (Colombia). (EFE)

Colombia vive una semana de manifestaciones contra el Gobierno, donde se han reportado decenas de muertos y desaparecidos.

Redacción CALI

Todas las miradas en Colombia se dirigen a la ciudad de Cali, que en el sexto día de protestas contra la ya retirada reforma fiscal del Gobierno vivió momentos de incertidumbre por la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que provocan desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Las manifestaciones en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se han realizado simultáneamente en diferentes zonas, principalmente en las salidas de la ciudad, a donde llegan a diario miles de personas a expresar también su disconformidad con la violencia policial que ha dejado ahí un número indeterminado de muertos, desde la semana pasada

«Ya se ha derramado demasiada sangre aquí en Cali, en el país, necesitamos que se vaya (el presidente Iván Duque)», dice a Efe Maritza, nombre ficticio de una mujer que prefiere no revelar su verdadero nombre por temor.

Muertes y agresiones contra misión de derechos humanos

Según la Defensoría del Pueblo, la violencia asociada a las protestas deja al menos 19 muertos en toda Colombia, así como 254 civiles y 457 policías heridos; pero otras fuentes, como la ONG Temblores, señalan que esas cifras se quedan cortas y aseguran que hay 26 víctimas mortales por la brutalidad policial.

Incluso, la representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció disparos de la Policía contra una misión humanitaria que estaba en Cali (suroeste) verificando la situación por las protestas contra el Gobierno colombiano.

«Mientras dábamos seguimiento a situación de DD.HH. (en) Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado», informó De Rivero en Twitter.

Rivero no dio detalles de qué organizaciones, además de la ONU, integraban esa misión humanitaria.

Desde Ginebra, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció este 4 de mayo de 2021 también que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un «excesivo uso de la fuerza» durante la ola de protestas que vive el país y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para el próximo 5 de mayo.

Las fuerzas de seguridad «utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos», añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

A la par con la ONU, la Unión Europea (UE) condenó la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes que protestan por la ya retirada reforma tributaria del Gobierno y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión.

Mientras tanto, las manifestaciones continúan en una ciudad que es foco de atención por la crudeza de la violencia que ha marcado las protestas.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas ayer en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

«¡Nos están matando!»

«¡Nos están matando! Nos están tirando a los cañaduzales, queremos justicia para nuestro país», asegura una mujer, que achaca los crímenes a la brutalidad policial.

Y es que según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, solo en las últimas horas fueron asesinados dos jóvenes durante las protesta e incluso uno de ellos, Nicolás Guerrero, era hijo de un primo suyo.

«Ayer asesinaron a dos jóvenes en la madrugada. Dos muchachos, uno de 21 años y otro de 23 (…). Nicolás era un joven talentoso, líder, artista. Desafortunadamente las circunstancias le significaron la muerte por una herida con arma de fuego en la cabeza», expresó Ospina a periodistas.

Lo que se conoce hasta el momento de este caso es que el joven fue asesinado durante un enfrentamiento entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, el 3 de mayo de 2021, cuando estaban realizando una «velatón», un caso que ya está siendo investigado por las autoridades.

Una ciudad desabastecida

Las manifestaciones también han dejado decenas de comercios destruidos y tienen paralizada la vida de la principal ciudad del suroeste de Colombia.

Las imágenes de largas filas para abastecer combustible y los estantes de alimentos vacíos en algunas plazas de mercado y tiendas tienen en vilo a las autoridades caleñas, que buscan una solución a un problema que aún no es crítico pero que crece velozmente.

«Continuamos (trabajando) con la fuerza pública, con las autoridades locales, para poder garantizar el suministro en el departamento del Valle del Cauca, particularmente en Cali», expresó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

El funcionario agregó que si persisten los bloqueos de carreteras va a haber «algunas situaciones de desabastecimiento en Cali», por lo que está trabajando en conjunto con otras autoridades para garantizar el suministro de combustibles.

Igualmente, dicen las autoridades, se necesita oxígeno en algunos hospitales, además de alimentos para gallinas y cerdos, entre otros animales de granja, que pueden morir en fincas del Valle del Cauca a donde no están llegando los transportistas por los bloqueos.

Los manifestantes han montado barricadas en algunas zonas periféricas por las que suelen movilizarse las personas que entran y salen de Cali todos los días.

Violentos enfrentamientos en Cali entre la policía y ciudadanos

El lunes 03 de mayo de 20201, Cali vivió uno de los días más violentos del paro nacional. Policías y ciudadanos se enfrentaron.  

Cali vivió la noche del lunes uno de los días más violentos del paro nacional. Una de las zonas más perjudicadas fue Siloé, en la zona occidental de la ciudad colombiana, donde habría tres muertos. “Más de un centenar de policías motorizados, apoyados por helicópteros, irrumpió en la zona de la masiva protesta. (…). Los habitantes de la zona  registraron, en videos que después inundaron las redes sociales, imágenes de ráfagas de armas de fuego, fuertes explosiones, redadas y personas heridas de gravedad”, así describe a la situación El País de Colombia.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció  que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un «excesivo uso de la fuerza» durante la ola de protestas que vive el país, con al menos 19 muertos y 800 heridos, y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para mañana, 05 de mayo.

Uso excesivo de la fuerza

Responsables de la misión de esa agencia de Naciones Unidas en Cali «han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía», destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Las fuerzas de seguridad «utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos», añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

«Ante la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados, pedimos calma y recordamos a las autoridades su responsabilidad de proteger los derechos humanos», subrayó la portavoz, de cara al llamamiento general a nuevas manifestaciones este miércoles 5 de mayo.

La oficina se mostró «profundamente alarmada» por los acontecimientos ocurridos el lunes en la ciudad de Cali, «en los que la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales, causando varios muertos y heridos».

El alto comisionado indicó que desde que los incidentes comenzaran el pasado 28 de abril ha recibido noticias de al menos 14 muertes, sin contar con los de la pasada noche en Cali, mientras que la Defensoría del Pueblo colombiana eleva la cifra a 19 fallecidos.

Aunque la mayoría de las muertes se han producido en Cali, la oficina de Naciones Unidas ha recibido también noticias de decesos en Yumbo, otra localidad del departamento del Valle del Cauca, así como en otras zonas del país tales como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.