Corte Nacional retira terna para titular de la Judicatura «para evitar su archivo»

El presidente de la CNJ anunció su decisión acompañado por los magistrados que integran el organismo.

En un oficio de dos páginas dirigido al presidente del Consejo de Participación,  Hernán Ulloa, la Corte Nacional le notifica su decisión de retirar la terna.

El pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anunció este 17 de mayo de 2022, que procedió al retiro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la terna de profesionales del derecho para la designación de presidente titular del Consejo de la Judicatura (CJ).

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, explicó en una rueda de prensa, que la decisión busca evitar que se «consume la arbitrariedad del archivo la terna«, y anunció que volverán a enviar la propuesta una vez que se evidencien que existen garantías constitucionales.

“Creemos que es absolutamente necesario comentar al Ecuador que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte al Consejo de Participación para que se designe al presidente de la Judicatura”, expuso Saquicela, ante la -a su juicio- negativa del Consejo de nombrar al nuevo presidente de la Judicatura.

Saquicela responsabilizó al CPCCS por las fallas y problemas institucionales que devengan de las actuaciones del actual pleno del CJ al no estar conformado con apego a lo establecido en la norma legal. Para las próximas horas se espera un pronunciamiento del titular del Consejo de Participación. (SC)

Congreso peruano bloque propuesta de asamblea constituyente

El Gobierno peruano enfrenta una férrea oposición en el Congreso del país.

Los miembros de la comisión legislativa que archivó el proyecto del presidente peruano, Pedro Castillo, argumentaron que la propuesta tenía errores de fondo y forma.

LIMA. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de Perú aprobó este 6 de mayo de 2022 el «archivamiento de plano» de un proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno del presidente Pedro Castillo para promover una asamblea constituyente en el país andino.

La medida fue tomada con 11 votos a favor y 6 en contra tras debatir durante más de cuatro horas una propuesta técnica suscrita por la presidenta de la comisión legislativa, la fujimorista Patricia Juárez.

El proyecto fue presentado el pasado 25 de abril por Castillo y planteaba una reforma constitucional para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un referéndum para consultar en octubre próximo a los ciudadanos si desean una nueva carta magna.

En su decisión, la comisión aseguró que el proyecto del Ejecutivo era «incompatible con la Constitución» y mencionó que carecía de un análisis de costo-beneficio y de rigurosidad, porque se encontraron «copias de textos no citados-plagio».

En ese sentido, el archivo se adoptó de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso «que señala que, sin emitir dictamen, puede rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución Política, o por ser copia de otros proyectos, entre otras causales».

«Hemos priorizado por encima de cualquier pedido anterior el pedido del Ejecutivo y hemos encontrado no solo problemas de forma, sino también de inconstitucionalidad. Por eso el reglamento señala que, cuando existe eso, de plano tiene que ir al archivo«, explicó Juárez.

Durante el debate de este viernes, el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros de Castillo, aseguró que el planteamiento de archivo no tenía «una motivación objetiva, seria», por lo que planteó «que se devuelva a asesoría para que se pueda motivar».

«Tomen en cuenta argumentos sólidos y, a partir de ello, aperturemos a nivel nacional el debate real», dijo antes de admitir que un grupo de la población desea que se mantenga la actual Constitución y otro «sector importante» avala un cambio de la carta magna.

Entre los legisladores que se opusieron al planteamiento del Ejecutivo, la fujimorista Rosangella Barbarán afirmó que la convocatoria a un referéndum le costaría al Estado más de 450 millones de soles (unos 118 millones de dólares).

Añadió que la propuesta del Ejecutivo era «una burla porque es un copia y pega» de otros planteamientos y agregó que recibieron «un proyecto sin fundamentos».

Cuando presentó el proyecto, Castillo envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para solicitarle que la iniciativa sea sometida pronto a debate y votación por tener «carácter de urgencia», ya que proponía un referéndum para el 2 de octubre próximo, cuando los peruanos acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales y regionales.

El primer ministro, Aníbal Torres, aseguró en ese momento que ni el presidente ni los miembros del Gobierno redactarían «una sola letra» de la nueva Constitución, que planteaba sustituir a la vigente, promulgada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Añadió que la propuesta buscaba acabar con la inestabilidad política que afronta su país desde hace varios años, aunque remarcó que si el Congreso la rechazaba, el Ejecutivo no iba «a hacer nada» frente a esa decisión.

La semana pasada, tras recibir el proyecto del Ejecutivo, el Congreso decidió enviarlo a la Comisión de Constitución, donde Juárez informó que iba a ser «priorizado» en la agenda de trabajo de ese grupo legislativo. EFE

Fiscalización recomienda archivar juicio a contralor subrogante

Los ánimos se caldearon durante la sesión de la Comisión de Fiscalización,

En una conflictiva sesión, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe con la recomendación. La decisión final depende del Pleno de la Asamblea.

Este 17 de marzo de 2022 se reunió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para decidir si se recomendaba o no al juicio político contra el contralor subrogante Carlos Riofrío.

El informe de la Comisión recomienda el archivo del juicio político por no existir pruebas suficientes de que Riofrío haya incumplido sus funciones.

El pedido de juicio político fue presentada por el asambleísta de Unes, Ronny Aleaga.

La sesión se desarrolló en un ambiente de tensión desde que el legislador Roberto Cuero (Unes) acusó a la mayoría de la Comisión de «intentar defender a quien fue parte del mismo grupo de Celi»

El presidente del organismo parlamentario, Fernando Villavicencio, rechazó las insinuaciones y aclaró que se decidiría al momento de votación.

Pedro Velasco, asambleísta de BAN criticó que se insista en poner un juicio político a partir de «tuits»

Comps Córdova de Unes acusó a Riofrío de ser «puesto a dedo» por Celi.

Ronny Aleaga, ponente del juicio, quiso participar, pero el Presidente de la Comisión le negó intervenir debido a que es quien acusa. Esto caldeó los ánimos de la bancada correísta.

La sesión se mantuvo entre intercambios de acusaciones y críticas. Al asambleísta Aleaga le costó mantener su micrófono apagado.

Al final, con participaciones atropelladas, con 5 votos a favor y 3 en contra, se aprobó el informe que recomienda el archivo de un nuevo intento de cuestionar a otra de las dignidades del Estado.

Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea

Ahora, el informe irá al Pleno de la Asamblea, cuyos integrantes deberán decidir si aceptan la recomendación de la Comisión o interpelan a Riofrío.

Por el momento, Carlos Riofrío seguirá como contralor subrogante hasta que la Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de paso al concurso para nombrar a quien asuma el cargo como Contralor oficial. Actualmente solo se ha logrado aprobar el nuevo reglamento que regirá el concurso. (GVL)

Recorte presupuestario pone en peligro a la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit

La institución custodia medio millón de libros, una cantidad similar de documentos históricos, la hemeroteca nacional más completa del país y dos decenas adicionales de colecciones especializadas.

La institución sufrió un recorte de 68% en su presupuesto, luego de que el Ministerio de Cultura optara por reinterpretar la ley. 

En diciembre del año pasado, el personal de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit se llevó una amarga sorpresa al recibir la asignación anual de parte del Estado. No solo que los recursos habían llegado con varios meses de retraso, sino que se había reducido en 68%. Sin previo aviso ni oportunidad alguna de expresar su posición, la institución pasaba de contar con 600 mil dólares al año, a tener apenas 195 mil.

Desde 1995, cuando se expidió la Ley de la Biblioteca Ecuatoriana y se la nombró Institución de Interés Nacional, la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit ha recibido una asignación, contemplada en el Presupuesto General del Estado.

La ley dicta que esta “no será inferior al equivalente a mil quinientos salarios mínimos vitales generales”. Sin embargo, a fines del siglo pasado —a raíz de la severa crisis económica y de la dolarización—, el salario básico llegó a desplomarse hasta la irrisoria suma de cuatro dólares, lo que conllevó una distorsión extrema de todas las asignaciones y fondos que estaban atados a él. La biblioteca no fue la excepción; al ver que su asignación anual había caído a 6.000 dólares al año, que no permitían cubrir ni los costos más elementales, elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado.

Lo que manda la ley

El procurador general del Estado, José María Borja, se pronunció al respecto el 6 de julio de 2006. Estableció que la ley tenía “un piso, más no un techo” y que la asignación “en ningún caso puede ser inferior a un mil quinientos salarios mínimos”. Concluyó además que “tal asignación debería corresponder a una suma que tenga un poder adquisitivo similar a aquella que tenía el momento en que se creó el beneficio”.

Los costos operativos de la biblioteca requieren del apoyo del Estado para preservar la memoria nacional.
Los costos operativos de la biblioteca requieren del apoyo del Estado para preservar la memoria nacional.

Desde 2006 hasta 2020, el Estado ajustó la suma según el valor del salario mínimo vigente; así, el año pasado le hubiese correspondido a la biblioteca la suma de 600 mil dólares y en 2022, tras el reciente aumento salarial, 637.500. Sin embargo, el año pasado, los funcionarios del Ministerio de Cultura, amparados en cálculos propios, juzgaron que a la biblioteca le correspondía apenas 195 mil dólares.

Para el padre Iván Lucero, director ejecutivo de la institución, dicha medida implica que el Ministerio de Cultura se está arrogando la capacidad de interpretar la ley, algo que, en este contexto, le corresponde apenas a la Procuraduría General, y desacreditando el proceder del Estado durante los catorce años previos. El recorte ha tenido consecuencias gravísimas para la biblioteca y Lucero cree —teniendo en cuenta la cantidad mínima que eso representa en el marco de todo el Presupuesto General del Estado— que no ha sido producto de la mala fe, sino apenas de falta de conocimiento.

Un reconocimiento

 La asignación estatal, destaca Lucero, es un reconocimiento al esfuerzo que llevó a cabo la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit desde 1929 hasta 1995, sin apoyo gubernamental alguno, para preservar la memoria nacional durante toda esa época en la que el Estado no contaba con los recursos ni la capacidad de hacerlo. Eso no significa que se trate de una institución incautada o de propiedad del Estado; el núcleo de la biblioteca —tanto en infraestructura como en materiales y en personal— ha sido y sigue siendo producto de la gestión privada de la institución.

Hasta hoy, la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit es la base de operaciones, una ‘parada obligada’, para todos los investigadores del país. Ningún otro archivo iguala la riqueza de su catálogo ni sus estándares de orden y conservación. El servicio, pese a las constantes adquisiciones y tareas de digitalización que lleva a cabo a institución, siguen siendo gratuitos. Igualmente, su prestigio hace que, año a año, destacados intelectuales, académicos e investigadores donen sus archivos personales a ella para su preservación. Cuenta con apenas 18 funcionarios.

Ante un remezón tan profundo e inesperado, Lucero reconoce que la institución ha necesitado apelar al endeudamiento para mantenerse operativa. Confía en que las cosas vuelvan a su cauce y que el Estado retome sus obligaciones. Por el momento, solo han apelado a la opinión pública para expresar su inconformidad con lo sucedido. No tienen claro aún cuál será el camino que, si es necesario, habrá que seguir en lo político o legal para remediar la situación, pero tiene claro que el panorama actual resulta insostenible.